Tras la campaña antimapuche, una realidad: van por la tierra

05/09/2017
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Un bombardeo mediático que apunta a instalar nuevamente, como hace 150 años, la idea de que los pueblos originarios son salvajes y violentos. Todo a base de mentiras y burdas generalizaciones. La desaparición de Santiago, y la indiferencia oficial, pareciera dar el mensaje de que cualquier joven de la ciudad debe pensar bien antes de solidarizarse con las causas indígenas.

 

El Gobierno Nacional ha desatado una fuerte campaña de estigmatización y criminalización del pueblo mapuche y sus organizaciones, en ese marco se produce la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Un bombardeo mediático que apunta instalar nuevamente, como hace 150 años, la idea de que los pueblos originarios son salvajes y violentos. Todo a base de mentiras y burdas generalizaciones. La desaparición de Santiago, y la indiferencia oficial, pareciera dar el mensaje de que cualquier joven de la ciudad debe pensar bien antes de solidarizarse con las causas indígenas.

 

Sin embargo, no es solo contra el Pueblo Mapuche. Ya en noviembre del año pasado tanto el Diario La Nación como Clarín publicaron varias notas sobre casos en los que acusaban a “falsos indígenas” de “usurpar” campos de empresarios e inversores. Las notas hacen referencia a Salta, Santiago del Estero y Jujuy.

 

En abril de este año, Gabriel Levinas, tituló en Clarín: “El fantasma de los Diaguitas, y una disputa absurda y cruel en los Valles Calchaquíes”, nota en la cual niega la existencia de los Diguitas, miente y descalifica a los referentes indígenas de la zona y luego arremete en defensa de un empresario.

 

¿Cuál es la motivación de esta sucia campaña? Aquí un posible hipótesis

 

Pretenden anular la ley 26160, y generar las condiciones para que el capital financiero internacional profundice la subordinación de nuestras tierras y territorios a sus dinámicas especulativas.

 

En el marco de la crisis global del capitalismo, los capitales especulativos desarrollaron estrategias para mantener sus tasas de acumulación de la mano de la mercantilización de la tierra y los bienes naturales. Lo que se tradujo en una ofensiva en todo el mundo, empresas y capitales que operaron procesos de acaparamiento y concentración de la tierra.

 

Argentina no fue una excepción, sin embargo, el  kirchnerismo tomó cuenta de las luchas y demandas de diversas organizaciones y movimientos y se sancionaron una serie de Leyes que adquieren un carácter estratégico en ese contexto.

 

En el año 2006, la ley 26160, amparada en el artículo 75 de la Constitución Nacional, declara la Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. En el año 2009, fue sancionada, la ley 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que plantea un ordenamiento territorial para evitar el desmonte indiscriminado, en el año 2011 la Ley de Tierras rurales (26137) que regula y pone freno a la extranjerización de la Tierra, y en 2015 la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar que entre varias medidas, legisla la suspensión de los desalojos a familias campesinas.

 

A medio camino quedó la inclusión de la función social de la propiedad en el nuevo código civil, aunque se dio paso en el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena. Estas leyes, que bien se pueden analizar desde la perspectiva de nuevos derechos, (avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, las comunidades campesinas y los agricultores familiares) también son herramientas que ponen al Estado en un rol de control y regulación de los movimientos del capital financiero y conformaron un gran avance en la perspectiva de preservar los bienes comunes frente al avasallamiento privatizador del Neoliberalismo.

 

La concepción sobre el necesario desarrollo colectivo para lograr el bienestar individual, podemos encontrarla en la mayoría de los habitantes del campo profundo, (agricultores familiares, campesinos y pueblos originarios), pues en la vida rural, se vive y sobrevive de la mano de la solidaridad. Además la relación con la tierra, la naturaleza y la producción es una relación que va mucho más allá de la ganancia, es una forma de vida, la tierra, es trabajo, es cultura, es memoria y es identidad. Esto plantea una contradicción fundamental con la lógica del capital financiero, lo que se traduce en conflictos territoriales que en innumerables ocasiones derivan en situaciones violentas, pues empresarios inescrupulosos intentan apropiarse de la tierra al costo que sea, que en muchos casos ha sido vidas humanas. Esta conflictividad es permanente, aunque no tiene la visibilidad que debiera por darse alejada de los centros urbanos.

 

En el año 2013, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la nación publicó un “Revelamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares” dando cuenta de 857 situaciones de conflictos en todo el país, abarcando una superficie del territorio nacional del orden de 9.293.233,80 hectáreas que afectan a 63.843 familias de agricultores familiares.

 

Los gobiernos kirchneristas crearon condiciones para que estos conflictos adquieran visibilidad institucional, así surgieron las leyes mencionadas, y también quedaron otras en el camino. La democracia llegó también para los campesinos indígenas y se dio un intenso proceso de formación política de las organizaciones que quizás no estaban del todo preparadas para los escenarios institucionales.