El 2017 un importante movimiento social en El Salvador logró la aprobación de una ley nacional que prohíbe la minería metálica en su territorio. Se trata de una victoria socio-ambiental muy importante que demuestra que es posible vencer a las empresas y sus estrategias para implementar sus proyectos extractivos, y que además deja lecciones muy importantes que pueden ser útiles a otros movimientos en América Latina y el mundo.

El año 2017 El Salvador fue escenario de una de las victorias socio-ambientales más importantes de las últimas décadas en Latinoamérica.  Un importante movimiento social  de este  país centro americano logró la aprobación de una ley nacional que prohíbe la minería metálica en su territorio. La ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 29 de Marzo del presente año, apenas 6 meses después de que un Tribunal del Banco Mundial fallara a favor de El Salvador en un caso de arbitraje internacional presentado por una corporación minera canadiense.  Sin duda se trata de una victoria muy importante que merece la atención de otros movimientos alrededor del mundo, que al igual que las organizaciones salvadoreñas luchan por  proteger el agua y el medio ambiente de las actividades extractivas promovidas principalmente por las empresas multinacionales.

Sería imposible resumir en un solo recurso más de una década experiencias y reflexiones de todos los actores involucrados en este movimiento. No obstante, quisiéramos contribuir al esfuerzo por rescatar el legado y algunas de las lecciones de esta lucha, de voz de cinco personas que forman parte del movimiento a nivel nacional e internacional. Se trata de  Vidalina Morales,  de la Asociación de Desarrollo Económico Social – ADES; Pedro Cabezas, de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador – CRIPDES; Saúl Baños, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho- FESPAD;  Manuel Pérez-Rocha del Instituto de Estudios Políticos de Washington D.C. – IPS; y Jen Moore de Mining Watch Canadá.   Estos compañeros y compañeras comparten sus reflexiones  sobre las estrategias que durante años utilizó la empresa minera  Pacific Rim/Oceana Gold en su intento de extraer oro en El Salvador, así como la forma en que el movimiento enfrentó estas estrategias  y construyó el camino hacia la prohibición total de la minería metálica. Esperamos que sus experiencias y reflexiones sean retomadas por otros movimientos que enfrentan amenazas similares en su intento por detener la destrucción de sus territorios.

1. Minería en El Salvador

El Salvador no es un país tradicionalmente minero.  En el país se practica la actividad minera en menor escala, aunque también existen experiencias de proyectos mineros corporativos que en el pasado dejaron daños importantes en el medio ambiente y el agua. El conflicto armado interno que sacudió al país en los años 70 y 80 alejó por un tiempo  a las grandes empresas mineras, que sin embargo volvieron en la década del 90 después de la firma de los acuerdos de paz. Fue cuando comenzó la apertura económica neoliberal y se implementaron programas mineros mediante una serie de regulaciones  favorables al sector.   En ese contexto llega a El Salvador  la corporación canadiense Pacific Rim el año 2002. Su objetivo era extraer el oro del  yacimiento “El Dorado”, ubicado en el departamento de Cabañas, en la cuenca del Río Lempa.  Como respuesta a la empresa y a la actividad minera en general, las comunidades comenzaron a organizarse, y el año 2005 fundaron la Mesa Nacional contra la Minería Metálica (MNFM). Se trata de una coalición de organizaciones sociales y comunitarias que tiene el objetivo de proteger el agua de la minería en El Salvador, un país  muy vulnerable al cambio climático, que tiene  más del 90% de sus aguas contaminadas y que sufre un alto grado de deterioro ambiental.

Desde su llegada, Pacific Rim – absorbida el año 2013 por la corporación minera canadiense-australiana  Oceana Gold -,  desplegó una serie de estrategias corporativas para lograr su objetivo.  Se trata de un viejo libreto usado por las empresas para materializar sus proyectos, y al que el movimiento en El Salvador tuvo que enfrentarse por más de una década.

Vidalina Morales junto a otros integrantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica brindando una conferencia de prensa. Fuente: Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (2012).

2. El libreto corporativo de Pacific Rim/Oceana Gold en El Salvador

Basadas en la forma en que operan, estas  estrategias pueden situarse en dos escenarios. Uno de carácter  “persuasivo”, que incluye la creación de una fundación destinada a  realizar actividades filantrópicas para buscar el apoyo de las comunidades;  pero también las viejas estrategias de lobby destinadas a influir en el sistema político. El segundo escenario tiene un carácter más “coercitivo”, e incluye los intentos de la empresa por dividir a las comunidades locales, que luego derivaron en la generación de tensiones sociales, además del aumento de  los riesgos y amenazas hacia los activistas ambientales. En este escenario se adscribe por supuesto la millonaria  demanda que entabló Pacific Rim el 2009  en contra de El Salvador en un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones – CIADI (del Banco Mundial), después de que el gobierno le negara los permisos para explotar el yacimiento de “El Dorado”.

A continuación desarrollamos la forma en que la empresa aplicó estas estrategias, pero también la forma en que las comunidades y la campaña de solidaridad internacional respondieron.

• Creación de la Fundación “El Dorado”

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La creación de fundaciones “filantrópicas” por parte de las corporaciones es una vieja estrategia que permite a las empresas insertarse en las dinámicas locales y ganarse la confianza de la población local. En El Salvador, el año 2005, con la certeza de la existencia de oro en el país, Pacific Rim creó la Fundación “El Dorado” en el departamento de Cabañas. Amparada en un discurso de responsabilidad social empresarial, esta fundación se ha convertido en la cara pública de la empresa y la principal promotora de sus intereses. Para ello implementó una serie de programas y proyectos sociales en salud y educación,  capacitación de grupos de mujeres, proyectos de infraestructura, etc., que le permitieron presentarse ante las comunidades como una entidad benefactora de “desarrollo”. La fundación incluso habría llegado a donar recursos y  a apadrinar equipos de futbol y fiestas patronales, involucrándose en espacios mucho más íntimos de la población local.

Para Saúl Baños, es claro que la Fundación se constituye en el brazo social de la empresa, que se aprovecha de las necesidades de la gente para buscar adeptos y personas simpatizantes a la minería. “Hay que decir que Cabañas, de acuerdo al mapa de pobreza, es uno de los 14 departamentos de El Salvador en condiciones de pobreza… Entonces la empresa, a través de su fundación El Dorado, encontró un nicho de personas altamente necesitadas”, afirma.

Jen Moore por su parte, señala que la fundación maneja un doble discurso de cara a las comunidades y a sus accionistas.  “Los estatutos (de la fundación) dicen que están haciendo programas para generar desarrollo en comunidades aledañas a su proyecto minero, pero cuando la empresa habla a sus accionistas sobre la fundación, está diciendo que las actividades están dirigidas a construir la ruta hacia la minería en esa zona”, señala.  Esa es la lógica con la que la empresa y su fundación llevan adelante sus actividades, algunas de las cuales  han sido muy conflictivas, como cuando se asociaron con alcaldes pro-mineros para la realización de actividades educativas sin autorización del gobierno nacional, de tendencia anti minera.  Jen Moore, en entrevista con el Centro para la Democracia,  advierte  que “esto puede generar no solamente tensiones políticas, sino también tensiones sociales entre familiares que están recibiendo beneficios, y otros que se oponen fuertemente a la minería… sembrando semillas para la violencia”.

Durante años las comunidades y organizaciones aliadas han denunciado la intromisión de esta Fundación en la dinámica local, instrumentalizando las necesidades de la gente para ganar apoyo a su proyecto minero.  Esto no ha hecho más que generar  tensiones y divisiones en el tejido social, que, como bien señalan los expertos, ha “sembrado las semillas de la violencia” que a lo largo de los años se ha hecho más explícita.

• Promesas de riqueza y empleo

Junto con sus promesas de inversión e ingresos, Pacific Rim también prometió empleos a la gente para ganarse su apoyo, generando falsas expectativas e ilusiones en la población.  La empresa incluso habría promovido listas de potenciales candidatos para obtener empleos en el proyecto. Lo que la empresa no menciona, y que confirman varios estudios, es que los grandes proyectos mineros son economías de enclave altamente maquinizadas, en la que  la mano de obra local es  destinada generalmente a trabajos menos remunerados y en peores condiciones que los trabajos especializados. Por sus características propias,  se trata de una actividad que no genera el tan prometido desarrollo local, y que por el contrario, cuando terminan, sólo deja ríos contaminados  y comunidades divididas.

En opinión de Jen Moore, las promesas de desarrollo y empleo de Pacific Rim/Oceana Gold, “son promesas muy engañosas”. Según la experta, esto puede contribuir a elevar todavía más las tensiones e incluso amenazas, debido a que la empresa “está generando falsas expectativas de trabajo entre ciertos grupos… y que pueden generar represalias para quienes siguen en la resistencia en contra de la minería, generando una situación general muy tóxica”.

Para Saúl Baños estas promesas también son un engaño. “Las empresas mineras, sobre todo las transnacionales como Oceana Gold, tratan de que los gobernantes y la gente en los países empobrecidos crean que la minería es una tabla de salvación para su maltrecha condición económica, cuando eso no es así. Los empresarios mineros aquí (en El Salvador) han planteado que a través de la minería se van a crear miles de empleos directos e indirectos… lo cual hemos desdicho”, señala.

• Campaña de comunicación y relaciones públicas

“Los niños son el futuro de San Isidro”, “Trabajamos en base a valores para mejorar nuestra comunidad”, “La Minería Responsable cuida el medio ambiente”.  Éstas son algunas de las consignas que la Fundación El Dorado y Minerales Torogoz (subsidiaria de Oceana Gold en El Salvador) difunden en sus redes sociales.  Se trata de sus estrategias de comunicación y relaciones públicas con las que la empresa busca abrir el camino de la minería en El Salvador.

Fuente: Página de FB de la Fundación El Dorado.

Según Pedro Cabezas, esta campaña se intensificó después de Octubre de 2016, fecha en la que el CIADI emitió su fallo en la demanda de la empresa en contra de El Salvador, en el que desestimó el  millonario pago que la empresa le exigía al gobierno por no haberle otorgado los permisos de explotación en “El Dorado”.  Después de esto, afirma Cabezas, “la empresa contrató a una firma de relaciones públicas para montar una campaña de ‘Minería Responsable’”, un concepto ampliamente explotado por la empresa en todas sus comunicaciones. Esta estrategia  se tradujo en la contratación de  más espacios en los medios de comunicación, periódicos, revistas,  etc., destinados a buscar apoyo social y político.  En respuesta a estas acciones,  la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica denunció públicamente la conducta de Oceana Gold, exhortándole  a pagar los 8 millones de dólares por gastos procesales que había ordenado el CIADI, además de exigirle abandonar el país. En entrevista con el Centro para la Democracia, Vidalina Morales afirmó indignada: “Imagínese! la empresa Oceana Gold, que está obligada a pagar esta demanda, recobra fuerzas  intentando convencer a las comunidades de que la industria minera es buena”.

Campaña sobre “Minería Responsable”. Fuente: Página de FB de Minerales Torogoz.

Oceana Gold por su parte se limitó a decir mediante un comunicado que estaban revisando el fallo del CIADI, pero que continuarían realizando sus actividades en El Salvador. Lo que la empresa estaba diciendo es que el fallo no cambiaba su estatus legal en el país. Para Pedro Cabezas, “es el régimen legal que les favorece lo que les permitió quedarse después de haber perdido el laudo arbitral…  y eso siguió haciendo (la empresa), cabildeando y en campaña permanente para lograr su objetivo final, que era la de conseguir los permisos para explotar el oro”.

En opinión de Jen Moore, el problema de fondo era que esta nueva campaña “de Minería Responsable” impulsada por la empresa, podía “restablecer esperanzas entre actores económicos y políticos que podrían tener un interés en revivir el proyecto minero, y que podrían incluso fomentar las condiciones para aumentar la violencia”.

• Lobby en las esferas de gobierno

El Lobby o cabildeo es una de las prácticas más comunes que llevan adelante las corporaciones para  lograr apoyo político a sus proyectos. En opinión de Jen Moore, Pacific Rim  utilizó muy bien su rostro filantrópico para este fin. “Jugó a la política al llevar adelante esfuerzos para forjar relaciones y realizar actividades sociales con los alcaldes locales que apoyaban la minería en Cabañas, aún sin la aprobación de la administración departamental y nacional, cuya tendencia era de rechazo a la minería”, señala.

La empresa también intentó incidir en las esferas del gobierno de forma directa, principalmente después de la moratoria a la explotación minera implementada por los gobiernos salvadoreños a partir del año 2008.  En ese contexto,  la empresa habría intentado convencer a las autoridades para cambiar la Ley de Minería. Incluso redactaron un proyecto de ley, intentando – sin éxito – convencer a la Asamblea Legislativa para que lo aprobara.  En palabras de Saúl Baños, “los funcionarios de turno siempre han sentido la presión de las empresas transnacionales, así  como de los gremios y empresas nacionales, que tienen interés en desarrollar la minería en el país”.

En una entrevista con un medio local, el Abogado Defensor de El Salvador en la demanda en el CIADI, el Dr. Luis Parada, afirmó que “desde que Oceana Gold compró a Pacific Rim en 2013, tuvo ciertos acercamientos directos con funcionarios del gobierno de El Salvador”.  Para el abogado esto transgredió la formalidad en litigios convencionales,  en donde lo normal es que cuando una de las partes quiere llegar a un acuerdo, debe comunicarse a través de sus abogados. Parada afirma que la empresa incluso intentó  detener la emisión del fallo del laudo en el CIADI en los últimos momentos, con el objetivo de negociar con el gobierno de El Salvador.  “Me enteré que la empresa habría estado haciendo ofrecimientos desde antes de que saliera el laudo a algunos funcionarios,  con el deseo de llegar a un arreglo que le permita a la empresa explotar oro y plata en El Salvador”, afirma Parada. Según el experto, si bien el fallo del CIADI no les obliga a irse del país, no tiene sentido que continúen insistiendo en quedarse, a no ser que tengan alguna esperanza de tratar con funcionarios de alto nivel.

Para Manuel Perez-Rocha del IPS, es un descaro que Oceana Gold todavía se encuentre en El Salvador, tratando de incidir en el gobierno para que le permitan operar los yacimientos mineros. Según indica, esta actitud es parte de una estrategia de la empresa que consiste en esperar a que los vientos políticos cambien a su favor. “Ellos no tienen nada que perder quedándose y esperando en El Salvador. Ellos saben que el oro está en el subsuelo, y pueden esperar todo el tiempo que quieran. A ellos lo que les interesa son sus acciones, y mientras puedan seguir diciendo que tienen una mina en El Salvador, que van a operar en el futuro, ellos pueden seguir esperando… así son las operaciones que tienen que ver con la financialización de la naturaleza”, afirma el experto.

• Violación de DD.HH. y asesinatos de ambientalistas

A parte de impulsar acciones engañosas y corrosivas en los territorios, las corporativas multinacionales también se han visto envueltas históricamente en hechos de violencia y asesinato de ambientalistas alrededor de sus proyectos de extracción.  El caso del conflicto minero en El Salvador no ha sido la excepción. Lo más grave que ha sucedido en ese contexto, ha sido los asesinatos de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera Gómez, Dora Recinos Sorto (de 8 meses de gestación), y Juan Francisco Durán. Todos defensores ambientales que se oponían a la minería y que fueron asesinados entre 2009 y 2011.