El modelo de los TLC en Guatemala: la necesidad de una evaluación

Juan Pablo Ozaeta

09/02/2015

Opinión

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La firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos, y la República Dominicana (DR-CAFTA por sus siglas en inglés), marcó un tránsito en el modelo económico de la región, en la cual la principal apuesta para el crecimiento macro sería la apertura al comercio y el fomento de las inversiones extranjeras utilizando como estrategia la firma de acuerdos comerciales y de inversión. Ya sean estos de carácter regional o bilateral. Todo junto al proceso de reducción del aparato estatal.

Previo a la aprobación del DR-CAFTA, los sectores a favor y en contra señalaban escenarios totalmente opuestos. Por un lado, se habló de que los TLC significaban nuevas oportunidades de inversión y empleo. Mayores oportunidades de ingresar productos a mercados internacionales y de adquirir mejores mercancías a precios más favorables.

En el otro extremo se hablaba de una privatización de los servicios públicos, descalabro de la economía campesina, y flexibilización laboral; entre otros aspectos.

En marzo de 2015 se cumplen 10 años de la aprobación en el Congreso del DR-CAFTA en un ambiente álgido de movilización del movimiento social, que incluso llevaron a la muerte de un campesino en Colotenango, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

En estos casi nueve años de vigencia, los datos sobre la balanza comercial con los principales socios no convencen acerca de cuánto beneficio ha traído la firma de los TLC. Ni tampoco las cifras de empleo o los costos de los productos (más si se habla de bienes esenciales). Además, otros factores externos como la crisis económica mundial que surgió en 2008, contribuyeron a desvincular el análisis del comportamiento del comercio exterior del país, con los TLC.

No obstante, algunos hechos dan cuenta de algunos impactos negativos de los TLC. Quizás previstos por algunos, pero para la mayoría fueron vistos como hechos aislados y daños colaterales. Por ejemplo, las demandas al Estado de Guatemala (por empresas relacionadas al sector eléctrico, ferroviario y el sector laboral estadounidense); y la aprobación de la Ley Monsanto que generó alarma y fuerte rechazo en la población por situaciones relacionadas a la sanidad en los alimentos, la privatización de las semillas y la patentización de la biodiversidad.

En tanto, las inversiones en territorios rurales, principalmente relacionadas a la explotación de recursos naturales, son la expresión de esa estrategia de apertura al comercio y las inversiones que más rechazo y conflictividad social ha generado en los últimos años, pero que no siempre se analiza relacionandóla con los TLC.

En la otra cara de la moneda, se encuentran sectores económicos que han sido considerados como ganadores de los TLC. Dentro del sector económico nacional se han percibido como ganadores al sector agroexportador, el sector avícola (sobre todo de producción de pollo). Y en menor medida el sector textil, con escaso crecimiento a pesar que fue uno de los que más apostó al TLC. Ganadores pero aun con dudas si son sectores con la capacidad y condiciones de sostener sus beneficios, dado que constantemente buscan nuevos acuerdos o beneficios fiscales (Ej. Acuerdo de Asociación o Ley de Inversión y Empleo).

Ante este panorama, y a diez años de aprobado el DR-CAFTA, surgen distintas interrogantes para la reflexión. ¿Han sido realmente los TLC la materialización del actual modelo económico?, Están realmente los TLC, relacionados con la actual situación económica del país (en sus principales componentes: inversión, empleo, agricultura y recursos naturales).

Ante los pocos y cuestionados resultados de los TLC, ¿es posible pensar en revertir la estrategia de impulso de los TLC o pensar en renunciar a los acuerdos actuales?

Y observando la respuesta de organizaciones sociales y comunidades rurales frente al impulso de la inversión nacional y extranjera en proyectos de extracción de recursos naturales. En dónde se debe centrar las acciones y los impulsos ¿en la resistencia y disputa del territorio y los recursos? ¿En mejorar los aspectos económicos y comerciales contenidos en los convenios de inversión y comercio? O quizás ¿revisando los aspectos de los tratados relacionados a medio ambiente y derechos humanos?

A diez años del DR-CAFTA, es importante promover este debate dentro del movimiento social en toda Centroamérica.

Juan Pablo Ozaeta

Colectivo de Estudios Rurales Ixim

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