El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue el vencedor en las urnas de 2002 porque 5.8 millones de votantes (la población del país es de 44 millones, aproximadamente) creyeron sus promesas de que erradicaría la guerrilla alimentando la guerra civil. Las elecciones presidenciales que lo llevaron al poder estuvieron precedidas por elecciones parlamentarias, al cabo de las cuales Salvatore Mancuso se jactó de que su organización controlaba el 30 por ciento de la legislatura. Mancuso es uno de los líderes de las fuerzas paramilitares, las cuales, conforme a observadores de derechos humanos, son responsables de alrededor del 80 por ciento de las matanzas y asesinatos que ocurren cada año. Uribe tomó posesión el 7 de agosto de 2002, mientras la guerrilla -las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- atacaba el palacio presidencial. Por un horrible accidente, proyectiles de las FARC cayeron en uno de los vecindarios más pobres de Bogotá y mataron a 19 personas. En los meses que lleva en el poder, Uribe ha realizado cambios importantes: eliminó el Instituto de la Reforma Agraria. Debido a su privatización de TELECOM, telefónica estatal eficiente, las tarifas aumentaron de manera desmedida, haciendo inaccesible el servicio para muchos. También aumentaron las tarifas de agua y electricidad. Su "reforma" laboral provocó el despido de miles; los trabajadores perdieron muchos derechos y beneficios; y se retiraron miles de millones de la esfera pública. Para preparar la "reforma", paramilitares al servicio del Estado atacaron brutalmente al movimiento obrero. Decenas de sindicalistas han sido asesinados desde que Uribe asumió el poder. En su intento por legalizar las fuerzas paramilitares, Uribe ha "negociado" con éstas y Human Rights Watch, la ONU y muchos otros han documentado los lazos estrechos entre los paramilitares, el Ejército y el Estado; por tanto, hacer gala de esas "negociaciones" resulta absurdo. Pese a que eso lo saben casi todos los colombianos, en noviembre de 2003 se mostró una "desmovilización" de un grupo paramilitar: 850 integrantes entregaron 112 armas ante las cámaras de la televisión nacional. En diciembre, ese mismo grupo, llamado Bloque Cacique Nutibara (BCN), como si ignorara que había sido desmovilizado, asesinó a un político municipal. A los ataques de Uribe se ha opuesto resistencia, y no sólo la resistencia armada de las FARC, a menudo mal dirigida, abusiva y rapaz. Al igual que en el resto de Latinoamérica, han surgido movimientos populares que, pese a la represión, exigen espacio político en distintos frentes. El 25 de octubre de 2003, Uribe lanzó un referéndum para hacer reformas constitucionales que permitirían, entre otras cosas, más privatizaciones; mayores cortes al presupuesto social y a la protección política; y, de paso, su propia reelección, la cual prohíbe la Constitución colombiana. Para aprobar las reformas, Uribe necesitaba la participación de 25 por ciento del electorado (6.25 millones de personas). Los movimientos sociales promovieron la abstención y el electorado se abstuvo: Uribe alcanzó sólo 6 millones de votos, no eran suficientes para aprobar los cambios constitucionales. Ahora busca otros canales. En contraste, al día siguiente, varios millones más acudieron a votar en las elecciones municipales y departamentales. En muchas regiones ganaron dirigentes de movimientos de la izquierda. Lucho Garzón, respetado activista sindical, es ahora alcalde de Bogotá. Otro activista, Angelino Garzón, es gobernador de Valle del Cauca. A partir de esta importante derrota de Uribe, tanto los movimientos sociales -cuyos triunfos nadie esperaba- como el gobierno -que creía asegurada la victoria- han procurado reorganizarse para la acción. Mientras que el gobierno intentó compensar su debilidad política mediante violencia y represión, en contraste, los movimientos han centrado esfuerzos en construir, consolidarse y superar en fuerza política al gobierno. El norte de Cauca: territorio ocupado La lucha entre los movimientos sociales y el gobierno se libra en esferas locales en toda Colombia. Uno de los campos de batalla es Cauca, un corredor estratégico al sudoeste, donde la carretera Panamericana conecta el comercio con el resto de Sudamérica. Durante años, la zona norte de Cauca, montañosa y olvidada, ha sido dominio de las FARC. En valles y ciudades, los amos del azúcar, los cárteles de drogas y los hacendados continúan ejerciendo el poder del dinero, mediante alianzas con el capital trasnacional que explota los enormes recursos naturales de la región (abunda el agua, por ejemplo). El norte de Cauca también es el centro de uno de los movimientos populares más fuertes y políticamente complejos en Latinoamérica, el de los indios nasa, que reúne a una población de 110,000, organizada en cabildos, con un gobierno paralelo y un proyecto político que llaman autonomía indígena. Debido a sus logros autonómicos han sido atacados por las elites tradicionales, el gobierno, los paramilitares y, a veces, las FARC, incapaces de dar espacio a proyectos políticos ajenos al suyo. Su organización, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), se fundó en 1971 bajo la bandera de la unidad, la tierra y la cultura, y se ha convertido en la guía ética y política de otros movimientos en el país, y en simiente fecunda de resistencia en la región. Arquímedes Vitonas expresó el espíritu del CRIC en un discurso pronunciado en Cali, en febrero de 2004. Vitonas, alcalde de Toribío, cuna del movimiento, dijo a los líderes del movimiento indígena del norte de Cauca: "Esta guerra matará a muchos de nosotros, pero no nos puede matar a todos. Los que sobrevivan continuarán nuestra labor. Los que mueran habrán defendido nuestro proceso con su vida". Si las palabras de Vitonas reflejan la tenacidad de los nasas frente a los ataques, el paisaje desde la plaza central en Toribío capta la realidad de la ocupación que sufren. En cada esquina de la plaza hay puestos de la policía nacional. Puestos similares se distribuyen por todo el pueblo, con la presencia de policías armados hasta los dientes, M-16 incluidos. Tacueyó, resguardo indígena en lo alto de las montañas, es un campo de batalla donde el Ejército colombiano intenta desalojar a las FARC del territorio que han dominado durante decenios. Entre Toribío y Tacueyó hay uno o, a veces, dos retenes militares que bloquean el paso. En el retén, el oficial se muestra respetuoso con nuestro grupo, platica con el conductor y expresa su preocupación por la población civil: "Lo importante es que el pueblo está tranquilo", dice. Pero Tacueyó está sitiado. Las mil personas que pertenecen a este resguardo se hallan reunidas en una "Asamblea Permanente" en El Crucero. Más arriba de El Crucero están los puestos de las FARC; abajo, el Ejército continúa avanzando. En vista de la conducta del Ejército en estas tierras, la preocupación del oficial en el retén resulta una burla. En la asamblea la gente ha asignado espacios para comer, dormir y saneamientos; también ha organizado guardias indígenas. Éstas son una innovación nasa: guardias desarmadas que se comunican por medio de radios portátiles y llevan bastones de mando. Vigilan durante la noche y hacen sonar la alarma si un intruso entra en su territorio. Permanecen así reunidos porque, de dispersarse en los campos o en sus hogares, serían blanco fácil o podrían caer entre fuegos cruzados. El Ejército intenta constantemente ganarse la cooperación de los nasas, tanto en Tacueyó como en otros sitios. Los soldados visitan las tiendas de abastos y las habitaciones, y ofrecen dinero a los niños a cambio de información sobre la guerrilla. Hacen obvia su presencia para que la guerrilla emprenda venganzas contra la población civil. No es exagerado decir que la policía está usando a la gente de Toribío y Jambaló como escudos humanos contra la guerrilla. Más aún, está construyendo una estación fortificada en Toribío, no obstante que la comunidad se opone a convertir el territorio en campo para los enfrentamientos que la policía intenta provocar. Cuando se dan combates, los heridos del Ejército son evacuados en helicóptero. Los heridos civiles, en cambio, no tienen salida. La comunidad informa que el fin de esta estrategia es acercar políticamente a los nasas al Ejército. Si los nasas guardan distancia, el Ejército recurre a la represión. El Ejército planta coca, amapola o marihuana en las casas de los campesinos indígenas y los acusa de narcotraficantes; también acusa falsamente de guerrilleros a miembros de la comunidad para encarcelarlos sin proceso legal alguno. Los retenes mismos son una amenaza: si los campesinos no pueden llegar a sus tierras para trabajar, dependen del envío de alimentos que suelen ser requisados en los retenes. El Ejército y, sobre todo, los paramilitares utilizan esta estrategia en toda Colombia, para romper la resistencia de las comunidades. El norte de Cauca: territorio liberado Desde hace más de veinte años, el sacerdote italiano Antonio Bonanomi vive en la misión de Toribío y trabaja para el movimiento indígena. Al preguntarle por qué continúa creciendo el movimiento, no obstante la ocupación militar, responde: "Los nasas viven dos procesos. Uno es externo, la violencia del Ejército y de los modelos económicos traídos del exterior. El otro es interno. Está construido de sueños. Los nasas son un pueblo soñador. Su experiencia histórica les ha enseñado que todo lo demás pasará. Estos Ejércitos llegan y se van. Yo también les hice la misma pregunta y respondieron, 'Padre, la conquista española fue peor. La Guerra de los Mil Días, a fines del siglo XIX fue peor. La Violencia de los años cincuenta fue peor. Los ejércitos van y vienen, los sueños permanecen.' Así, en medio de la violencia, están creando su plan de desarrollo. Viajan a Malasia para recibir el Premio de las Naciones Unidas por su gestión ecológica de la zona. Aguardan el fin del conflicto y, mientras tanto, construyen". Para los nasas, construir autonomía significa construir sobre los cimientos de las luchas del pasado. El primer héroe del movimiento indígena fue La Gaitana, una mujer que, en 1536, encabezó la lucha de su pueblo contra los conquistadores españoles. Unió a las tribus para pelear codo con codo, obligando a los españoles a pagar un alto precio por su conquista. El segundo fue Juan Tama quien, hacia 1670, estudió las leyes españolas y consiguió que se aplicaran las Leyes de Indios que reconocían el derecho de los indígenas a la propiedad y los títulos sobre los resguardos territoriales. Estos logros se perdieron en el siglo XIX, con la independencia de Colombia, pues los nacionalistas intentaron "desarrollar" la nueva nación a costa de la destrucción de los indígenas. En 1910, Manuel Quintín Lame apareció en escena, de nuevo peleando por las tierras, sólo que combinó la lucha política pacífica, la educación y las leyes de la Colombia independiente. Quintín Lame fincó las bases del movimiento indígena actual mediante un proceso de organización clandestina, que exigió varios decenios. Murió en 1968: por su labor fue encarcelado en cien ocasiones. Sin embargo, lo que estos dirigentes ganaron se debilitó con La Violencia, guerra entre liberales y conservadores iniciada en 1948 y que provocó el desplazamiento de millones de campesinos cuyas tierras terminaron en manos de terratenientes. Desarticulada su unidad y organización, los indígenas quedaron como siervos de los terratenientes que les habían robado las tierras; elites y partidos tradicionales tomaron el control de sus comunidades. A fines de los sesenta, los indígenas comenzaron a luchar por la recuperación de sus tierras. Al igual que el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) del Brasil, los indígenas de Cauca recuperaron sus tierras mediante ocupaciones no violentas. Fueron víctimas de una violencia acérrima: cerca de 1,500 cayeron asesinados en esta lucha. Hacia el final, en los ochenta, emergieron las organizaciones indígenas de todo el Cauca, bajo la bandera del CRIC. Hoy por hoy también cuentan con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Asimismo controlan sus resguardos ancestrales y tienen títulos colectivos sobre las tierras. Figura clave en este proceso fue Álvaro Ulcue, sacerdote nasa que estudió lejos de Cauca y regresó en 1975. Durante los setenta y ochenta, imprimió vigor al movimiento de recuperación de tierras, al de las juventudes y a casi todos los aspectos del movimiento. Los terratenientes y las fuerzas de seguridad lo asesinaron en 1984. La muerte de Ulcue no frenó el movimiento, como tampoco lo detuvo el asesinato de Mario Betancur, primer alcalde indígena de Jambaló, quien cayó en 1996 a manos del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). El movimiento tampoco se detuvo cuando en 2001 las FARC asesinaron a Cristóbal Secue, otro dirigente indígena. Las propias comunidades investigaron estos dos últimos asesinatos y concluyeron que habían sido responsabilidad de la guerrilla como parte de su ataque contra el proyecto de autonomía indígena. A fines de los ochenta, con las tierras bajo su control, los nasas descubrieron que sus organizaciones indígenas y sus iniciativas políticas estaban siendo obstaculizadas por las elites y partidos tradicionales que aún controlaban los municipios. Para retomar el poder, los nasas formaron el Movimiento Cívico. Tras perder en tres ocasiones, a mediados de los noventas, los indígenas ganaron las elecciones en varias alcaldías. Hoy, Toribío y Jambaló tienen alcaldes pertenecientes al movimiento indígena. En 1991, la Constitución colombiana reconoció formalmente los resguardos y la autonomía territorial de los indígenas. Los movimientos han usado los espacios conquistados en los municipios y sus derechos constitucionales sobre los resguardos para desarrollar la región, mediante una metodología de descentralización planificada. Derivados de los métodos de educación adulta de Paulo Freire, estos métodos abarcan la capacitación de facilitadores y el recurso asambleario para crear planes de desarrollo que establecen prioridades y definen proyectos entre los que la comunidad distribuye el presupuesto municipal y los pagos a los resguardos indígenas. Así, son los resguardos y los municipios los que elaboran este tipo de planeación. En febrero, los municipios sostuvieron sus asambleas anuales donde fijaron las prioridades. El municipio de Toribío celebró su asamblea en CECIDIC, universidad indígena con programas en agricultura, economía, comercio y derecho. Los 30,000 habitantes de Toribío enviaron a 3,000 representantes a la asamblea, la cual se inició con una presentación por parte del personal municipal, que mostraron carteles con índices socioeconómicos recabados dos meses antes en las aldeas. Se mostraron docenas de índices, desde las cifras de producción y educación, hasta las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en la comunidad. A continuación, los miembros de la comunidad revisaron éstos índices para corregir posibles errores. Seguidamente, el grupo de representantes se dividió en subgrupos para trabajar por temas (educación, desarrollo institucional, salud, cultura, derechos humanos, familia y, de manera conjunta, ecología y economía), y por resguardos (el municipio está formado por cuatro resguardos, Toribío, Tacueyó, San Francisco y los cascos urbanos). Los 28 grupos de trabajo establecieron prioridades presupuestarias, determinaron los proyectos y sometieron sus decisiones a la asamblea. Se ha demostrado que esta planeación descentralizada es un método de administración altamente eficaz. El Proyecto Nasa de Toribío -el plan general del cual forma parte el plan de desarrollo- fue uno de los ganadores del Premio Iniciativa Ecuatorial de Desarrollo Sostenido, otorgado por la ONU el 19 de febrero de 2004 en Malasia. Se premiaron seis proyectos entre 600 planes de desarrollo que reducen la pobreza, al tiempo que conservan y restauran la ecología. Los logros ecológicos del proceso son evidentes para quien viaje por la región: las tierras, tras años de explotación en manos de amos de azucareras, hacendados ausentes y rancheros, ahora están reforestadas y se ha restaurado su uso productivo. Movimientos y contramovimientos Además de subrayar la situación paradójica que experimentan los nasas, la asamblea anual de planeación de desarrollo dio oportunidad para hablar de las familias de ocho personas de Toribío que fueron apresadas de manera sumaria y encarceladas sin procedimiento legal alguno. Una mujer del resguardo de Tacueyó explicó que, el 29 de enero de 2004, su esposo fue señalado por alguien que llevaba un pasamontañas y llevado a Popayán por unos policías y militares armados. La comunidad entera lo conoce: es Hugo Prado Orozco, minero sin nexos con las guerrillas. Pero apareció en la televisión nacional al lado de otros siete miembros de la comunidad, con armas que jamás habían visto, mientras el Ejército se vanagloriaba de haber obtenido una importante victoria sobre la guerrilla con la captura de éstos comandantes clave. Conforme a las leyes antiterroristas de Colombia, estas personas, ahora en la cárcel de Popayn, capital de Cauca, no tienen derecho a enfrentarse a su acusador, de ver la evidencia en su contra o de tener un juicio con jurado. Su destino lo decidirá el fiscal del estado, en privado. Las familias reunieron 3,000 firmas en la comunidad, en un documento donde se jura que estos ocho individuos no tienen vínculo alguno con los insurgentes. En su contra, el fiscal tiene el testimonio del enmascarado. Los ocho continúan encarcelados, en condiciones terribles, en Popayán. Otra paradoja: el mismo día en que el Proyecto Nasa ganó el premio de la ONU, los nasas celebraron una asamblea de 6,000 personas en Caloto. Fue una suerte de juicio, pues conforme a la Constitución de 1991, los indígenas tienen derecho a ejercer la justicia de acuerdo con sus tradiciones cuando se trata de crímenes cometidos en territorios indígenas. Los nasas recurrieron a este derecho para juzgar la conducta del Ejército colombiano. El 31 de diciembre, Olmedo Ui, miembro de la comunidad, fue asesinado al pasar en motocicleta por un puesto militar. Nadie ha sido castigado. Para la comunidad, el caso está claro: ese asesinato, junto con muchos otros abusos cometidos por los militares, no hubieran ocurrido si el Ejército no estuviera en sus tierras. Más aún, la organización política considera que este crimen es un castigo porque se ha negado a permitir que su proyecto de autonomía se utilice como parte de la estrategia contrainsurgente de Uribe. El crimen ocurrió dos semanas después de que la ACIN publicara un comunicado donde la autonomía indígena se deslindaba de la postura del gobierno. El "juicio" y el premio de la ONU se convirtieron en noticia de primera plana en Colombia, y el comandante del Ejército, ante cámaras de televisión, declaró que los indígenas no tenían jurisdicción para juzgar a militares colombianos. Al igual que en otros países, la publicidad suele contribuir a la protección de movimientos como el de los nasas Por eso, la comunicación con otros movimientos en Colombia y en el mundo entero cobra tanta importancia para los nasas y para todas las organizaciones sociales colombianas. La estrategia para destruirlos se ha basado en dividir y aislar, algo que el establishment maneja a la perfección en este país de regiones, de diversidad étnica -pueblos indígenas, afrocolombianos y mestizos-, y con divisiones urbanas, rurales y de clase. Al ser sólo 110,000 de los 44 millones de colombianos, los indígenas, por sí solos, no pueden derrotar las políticas de Uribe, pese a que tengan mucho que enseñar a otros movimientos acerca de la construcción y organización de un proyecto notable en condiciones por demás adversas. Sin embargo no están solos, y al tejer su autonomía y resistencia con otros pueblos, están abriendo posibilidades en Colombia y, quizá, en otros lugares también. Título original: The fight over Colombia Autor: Justin Podur Origen: ZNet,14 de marzo de 2004 Traducido por Margarita Esther González y revisado por Maria Fernández