El proceso de explotación mineral en el mundo y específicamente en Brasil siempre se realizó de manera expoliadora y predadora, facilitando la expansión del capitalismo salvaje, desterritorializando poblaciones, degradando al medio ambiente, con contaminación del aire, el suelo y las cuencas hídricas, provocando deforestación, destrucción del habitat de animales silvestres y de locales arqueológicos.

Los núcleos urbanos próximos a las áreas de minería pasan por rápidas e indeseables transformaciones como el crecimiento de la población que migra motivada por la expectativa de empleo y por otras oportunidades para generar renta. Los efectos hasta ahora incontrolables y más visibles son la elevación del índice de prostitución, de violencia, de accidentes de tránsito y el tráfico de drogas.

Las empresas se tornan mayoritarias y dominantes, manipulando las conciencias  de la población y aprovechando la connivencia de un Estado que se somete a no hacer cumplir las leyes. Las empresas se aprovechan del legislativo y de los gobiernos municipales, en su mayoría incompetentes y corruptos, y de un Código de Minería de 1940 y alterado por el gobierno de la dictadura militar, en 1967, para servir a los intereses internacionales.

En el Estado de Pará, del que la Companhia Vale do Rio Doce, la Vale, se tornó propietaria absoluta, esta empresa está provocando daños sociales y ambientales desde la década de 80, cuando comenzó a explotar la bauxita en Oriximiná, el hierro en Carajás, la producción de alúmina y aluminio en Barcarena y el incentivo a la producción de arrabio en el polo de Carajás.

La Mineração Rio do Norte – MRN, localizada en el municipio de Oriximiná, explota reservas de bauxita , provocando agresión al medio ambiente con detritos de la actividad minera, con la emisión de partículas sólidas (arcilla y bauxita fina) y material estéril (suelo, arcilla y arena).

Las poblaciones locales, como las “comunidades de preto” fueron alienadas del derecho sobre las áreas de los castaños que están al norte de la reserva forestal nacional de Saracá-Taquera, donde la empresa está situada.

La Alumínio Brasileiro S.A – ALBRÁS y Alumina Norte do Brasil S.A. – ALUNORTE, con la producción de alúmina y aluminio, en el municipio de Barcarena, ha causado enormes perjuicios a las comunidades locales vertiendo contaminantes en cursos de agua. Contaminantes que traen en su composición dióxido de aluminio y soda cáustica.

La Pará Pigmentos S.A. – PPSA, extrae y aplica calcáreo en el municipio de Ipixuna. Además de los problemas causados por el transporte del mineral hasta Barcarena, por el río Capim, están también los causados por la construcción de un mineroducto subterráneo, de 180 km.

Los mismos problemas causados a las poblaciones tradicionales por el proceso de desplazamiento de las mismas y/o reducción de sus áreas usadas para la producción agrícola, por la construcción del mineroducto, son causados también por la construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica que afectan varias comunidades quilombolas(1).

En Carajás, la CVRD ya agotó una reserva de oro, del arroyo Bahia. Allí se extrae manganeso, hierro y cobre, y los residuos de esa extracción son depositados en las represas de contención, en las proximidades de las minas y cerca de las áreas de trabajadores rurales.

En el caso de la explotación de oro, fueron usados soda cáustica y cianuro para la separación del mineral de la roca primaria, sustancias químicas que están dispersas en la región.

Para la contención del residuo oriundo de la explotación de mineral de hierro fue construida una represa en el arroyo Gelado, que está causando problemas, principalmente para los agricultores del Área de Protección Ambiental – APA del Gelado.

En 1992, la represa transbordó e inundó el área de 6 agricultores, causando un perjuicio calculado en torno de CR$ 67.793.000 (setenta y siete millones setecientos noventa y tres cruceros). Fueron inundadas áreas con plantaciones de hortalizas (calabaza, tomate, pimiento, quiabo, pepino, sandía, couve y repollo), maíz y açaí.

Otras pérdidas no calculadas son: adobo, ropas, cobijas, vajilla, caños, motores damnificados, mortandad de peces y daños a los bosques.

En este momento, la  preocupación aumenta con la extracción de cobre iniciada en la mina de Sossego y tiende a comenzar en las minas del 118, de Cristalino, de Alemão y de Salobo, en los municipios de Canaã, Paraupebas, Curionópolis y Marabá.

“En las condiciones naturales, el cobre de los yacimientos es de 1% o un poco más”. Para responder a la demanda del mercado, es producido un concentrado con el uso de sustancias químicas y energía, elevando el tenor del cobre a 30%.

De esta manera, “la extracción de cobre va a crear, como subproducto, el mayor volumen de residuos en la historia de la minería en la Amazonia, con el agravamiento de tratarse de escoria contaminada químicamente. En consecuencia, ése será el mayor problema ecológico decurrente de la extracción de minerales. Sólo en la mina de Sossego serán producidas todos los años más de 13 millones de toneladas de material estéril, de las cuales 1,5 millones contendrán productos químicos tóxicos” (Lucio Flavio Pinto).

Tanto es así que la CVRD fue multada por el Instituto del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) en 2005, aunque hasta ahora los cofres públicos no recibieron nada, por verter parte de los residuos en el río Paraupebas, que es afluente del río Itacaiúnas, el importante río que baña la ciudad de Marabá.

No hace mucho tiempo, jóvenes de Canaã de los Carajás distribuyeron una nota por la ciudad diciéndose damnificados por la CVRD, porque desde 2003 participaron de cursos y entrenamientos, prestaron servicios como aprendices, con salario de R$ 385,00  (trescientos ochenta y cinco reales) y nunca se tornaron efectivos como operadores.

Otra nota fue distribuida en la ciudad, reclamando de las acciones negativas de la CVRD para con el municipio. La nota fue firmada por el Movimiento de los Hijos de Canaã, Propietarios de Tierras Níquel do Vermelho. METABASE, Cámara de Consejales, sindicatos y comerciantes.

La extracción de mineral de cobre y la transformación de concentrado de cobre en el municipio de Marabá, proyecto denominado SALOBO, previsto para comenzar en 2010, provocará impactos con la deforestación de 3.600 hectáreas, deposición de material estéril, construcción de represas para captación de agua y contención de residuos en el arroyo Salobo.

Hay indicios de que la represa de residuos producirá un efluente líquido proveniente de las descargas, pudiendo arrastrar partículas (finos) al punto de alterar la calidad de las aguas arrojadas a la represa, en el río Cinzento. El agua de las descargas podrá tener niveles elevados de hierro y cobre.

Habrá una remoción de material estéril del orden de los 25 millones de toneladas por año, que serán acumuladas a lo largo del valle del arroyo Salobo.

El proyecto consumirá, por año: 9.345 toneladas de explosivos, 13.440.000 litros de óleo diesel, 2.680.000 litros de óleo lubrificantes, y toneladas de reactivos, como el amilo xanato de potasio, el poliglicol éter, la poliacrilamida y la cal. Todo esto deberá producir una gran cantidad de subproductos.

Situación irreversible: una cava de 2.300 metros de largura, 800 metros de ancho y 525 metros de profundidad; alteración del padrón topográfico por el aterramiento por deposición de estéril en los valles; alteración del padrón topográfico e interceptación de las camadas de agua en la abertura de la cava de agotamiento.

Una posible contaminación de los arroyos Cinzento y Salobo puede afectar al río Itacaiúnas.

La extracción de manganeso en el municipio de Marabá, por la empresa Mineração Buritirama S.A., en una mina a 5 km de la aldea União, en un área de aproximadamente 10.000 hectáreas, tiene en su entorno familias de agricultores asentados por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) en el proyecto de asentamiento Cinturão Verde.

La actividad es, exclusivamente, de extracción mineral. Se retira el mineral de las rocas, colocado en una trituradora y se separa el granulado del fino, el agua utilizada en el proceso recibe la carga de los residuos, va a parar a una primera represa y después a otra.

Esta segunda represa, construida en el lecho del arroyo Bandeira, sirve también para captar el agua usada en la trituradora, que después de pasar por la represa de residuo vuelve a ser captada. Las familias de agricultores, que siempre usaron el agua del arroyo el agua del arroyo Bandeira, reclaman por la calidad del agua después de la construcción de la represa, así como las familias que siempre usaron el arroyo Grotáo. En éste último, además de disminuir la cantidad de agua, se alteró su calidad. El mayor impacto fue sentido en el período de lluvias del año 2008.

Las familias que dieron las informaciones tienen condiciones de evaluar los impactos porque ya están en esos lotes por más de 15 años.

Como la empresa aplica el procedimiento de distribuir migajas, por medio de “favores”, goza de la amistad con los agentes administrativos y erige así su poder, muchas familias se ven amenazadas si hacen reclamaciones o denuncian la situación.

Las pesquisas realizadas por la Vale, por medio de sus subsidiarias o contratadas, siempre en áreas de proyectos de asentamiento, son motivos de insatisfacción de las familias afectadas por la actividad debido a la forma irrespetuosa con la que tratan a las personas o debido a la manipulación, nunca relacionándose como debería.

Los criterios de pago de la renta por uso de las propiedades muchas veces no son usados como manda el Código de Minería, y muchas veces ni siquiera se hace el pago, ellos se comportan como si fuesen dueños de las áreas.

Otra situación común es cuando no son pagos los perjuicios y daños causados, como en el proyecto Buriti, en el proyecto de asentamiento Cinturão Verde, en el municipio de Marabá. La Vale, por medio de la empresa contratada Boart Longyear Geoserv, desvió un arroyo, damnificó una carretera, contaminó estaciones de captación de agua, de familias de agricultores y no quiere reparar los daños.

La extracción de mineral de níquel y la producción de aleación de hierro y níquel, en los municipios de Ourilândia do Norte, São Félix y Paraupebas, a 25 km de Ourilândia, que comenzará en 2009, desde 2005 causa enormes problemas a la población local.

La población ya pasó de 19.000 a 35.000 habitantes. Sólo el número de los trabajadores que pasaron por la construcción de la usina de transformación del mineral fue del orden de los 7.000. Con esto, las ciudades de Ourilândia y Tucumã (a 10 km de Ourilândia) sufrieron transformaciones rápidas sin que sus precarias estructuras fueran capaces de acompañar el crecimiento.

Citamos los principales trastornos: falta de viviendas, alza de los precios de todos los productos, falta de salas de aula y servicios de salud, falta de suministro de agua potable, aumento del índice de criminalidad, accidentes de tránsito, prostitución. Inseguridad, tráfico de drogas y ausencia del Estado.

Las familias de trabajadores rurales de los proyectos de asentamiento Tucumã, Campos Altos y Colônia Santa Rita, ubicados alrededor de las sierras Onça y Puma, donde están enclavados los yacimientos de níquel, sufrieron falta de respeto por parte de la Vale, su subsidiaria Mineração Onça Puma y por el Instituto de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).

La empresa, por medio de sus funcionarios, de agentes del INCRA y del presidente de la Asociación Campos Nossos, ejerció presión y manipulación sobre 83 familias de agricultores para éstas que vendieran sus lotes y las alejó de los proyectos de asentamiento, creando trastornos para las familias que permanecen en el área, muchas de ellas amenazadas para salir por las nuevas compras que la empresa pretende hacer.

Con la compra de los lotes, la empresa destruyó la producción lechera y la producción de cacao, creó varias lagunas entre los lotes, distanciando a las personas y desestructurando la vida en comunidad. Provocó así el cierre de templos religiosos, de centros comunitarios, de escuelas y llevó a la desistencia de los propietarios de transporte colectivo de mantener la línea que atiende a la población de la región.

Muchos manantiales fueron cerrados, otros fueron perjudicados por la cantidad de tierra transportada por los trabajos realizados en la sierra, trayendo trastornos para la cría de peces en tanques y tornando el agua impropia para el consumo humano.

Como no hay un plan de recolocación de los animales silvestres que habitan esas tierras, a medida en que la empresa va implementando sus trabajos, los animales van desplazándose hacia el monte que aún resta en las tierras de los agricultores o para sus plantaciones de cacao. Con esto, las onças(2) están atacando al ganado y los monos están comiendo el cacao de las plantaciones.

Lo que más preocupa a las familias que permanecen en el área: las represas que están siendo construidas y que serán construidas den los proyectos de asentamiento; la carretera que dará acceso de una sierra  a la otra, que pasará por los lotes de las familias; la contaminación de las aguas, del suelo, del aire; los ruidos y la trepidación causada por las máquinas y por los explosivos; el rescate y la recolocación de los animales; la educación, la salud y el transporte; la recomposición de la economía de las familias; y los criterios para las futuras indemnizaciones que tengan en cuenta el tiempo que las familias tuvieron que invertir para construir sus bienes y dificultades enfrentadas, garantizando la responsabilidad social.

El incentivo de la Vale para la producción de arrabio en el Polo Carajás, a lo largo del ferrocarril Carajás/Ponta da Madeira, con la venta de mineral de hierro como insumo principal y posibilitando el transporte de mineral hasta el lugar donde fueron instaladas las usinas y el transporte del arrabio hasta el puerto, en São Luis, fue factor importante para la destrucción de los bosques para la producción de carbón vegetal.

En marzo de 1988, fueron inaugurados los primeros hornos de dos siderúrgicas en el Distrito Industrial de Marabá, que nunca fue otra cosa que un espacio para implantación de siderúrgicas, llegando, en 2008, al total de 12 siderúrgicas, responsables por la producción de 3 millones de toneladas de arrabio por año.

Este volumen de arrabio producido corresponde a casi la misma cantidad de toneladas de carbón vegetal usadas en los altos hornos, siendo necesario el desmonte de 200.000 hectáreas de bosques por año para satisfacer esta demanda.

Es necesario llevar en consideración que además de la destrucción de los bosques, otros dos procesos son de gran importancia para comprender el modelo perverso del proceso minero siderúrgico implantado en la región.

El primero es la precarización del trabajo en la producción de arrabio en las usinas y en la producción de carbón vegetal, aumentando el índice de trabajo en condiciones análogas a las de la esclavitud en el estado de Pará, que encabeza las listas de los estados que presentan esta modalidad de explotación del trabajo.

El segundo es la contaminación del aire, del agua y del suelo provocada por las usinas de producción de arrabio, con generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, muchos de ellos altamente tóxicos, sin que haya fiscalización suficiente para impedirlo. Tanto es así que el arroyo Caruncho, que atravesaba el área del Distrito Industrial, se tornó un vertedero de detritos para el río Itacaiúnas.

La población de la ciudad de Marabá, principalmente a la noche, no respira más que humo y hollín producidos por los altos hornos de las siderúrgicas.

Viajando por los números

En 2006, la Companhia Vale do Rio Doce encomendó a la Diagonal Urbano la realización de un diagnóstico del Área de Influencia Directa (AID) de la empresa, que incluye a los municipios de Paraupegas, Canaã dos Carajás, Marabá, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Ourilândia do Norte y Tucumã. Trataremos de algunos puntos de este diagnóstico.

Sobre la población de la AID, considerando los años de 2000, 2005 y la proyección para 2010, los datos muestran un crecimiento del año 2000 al 2005, en la totalidad del área, de 22,9%, y una proyección de crecimiento de 2005 a 2010 de 92,9%. En términos absolutos, el total de habitantes en el año 2000 era de 344.386, en 2005 era de 423.36 y la proyección de para el año 2010 es de 817.268 habitantes.

Si el crecimiento total de la población en el área, del año 2000 al 2005 haya sido de 22,95%, el municipio de Canaã tuvo un crecimiento de 88,3%, saltando de 10.921 a 20.570 habitantes.

La proyección del aumento poblacional para 2010, en la totalidad del área, es de 92,9%, pero es bueno subrayar que los índices por municipio varían de 61,2% en Tucumã a 197,9% en Canaã. Los mayores índices de crecimiento poblacional previstos son los de los municipios de Paraupebas, con 107,3%, Ourilândia, con 139,1%, y Canaã, con 197,9%. Los otros municipios son: Marabá, con 81,2%, Eldorado, con 67,2%, y Curionópolis, con 77,2%.

¿Qué puede estar provocando este crecimiento poblacional? La Vale anuncia inversiones de muchos miles de millones de reales en sus proyectos en esta región, para este período, lo que crea una expectativa de generación de empleos y motiva la migración.

En el municipio de Marabá, en este período, se implantará la infraestructura para la extracción del mineral de cobre del proyecto Salobo y de la siderúrgica para producción de acero, emprendimientos de la Vale.

En el municipio de Canaã, la Vale debe de implementar la infraestructura para la extracción del níquel del Vermelho y para la extracción de cobre del proyecto 118, la construcción del ferrocarril de Paraupebas a Canaã, la construcción de playas de recepción del mineral de níquel que será extraído y transformado en Ourilandia.

En la medida en que el mercado internacional abra las puertas para el mineral de cobre de Brasil, la Vale podrá anunciar la implantación de infraestructura para la extracción de mineral y la producción de concentrados de los yacimientos de Alemão, en Paraupebas, y Cristalino, en Curionópolis.

Sobre la red de abastecimiento de agua existente en las ciudades de estos municipios, los índices varían de 27%, en Eldorado, a 73%, en Paraupebas. La red de agua servida varía de 0% en Marabá, Curionópolis y Eldorado a 70% en Canaã. En lo que trata del destino adecuado para los residuos sólidos, todos los municipios poseen índices de 0%. Hay un déficit de 400 km en la red de agua corriente y de 672 km en red de agua servida.

Considerando un incremento de 98.000 unidades habitacionales, para 2010 habrá una demanda de captación de 82.000 metros cúbicos de agua por día, y una demanda para el destino adecuado para 240.000 toneladas de residuos sólidos por año.

En la educación, los datos referentes a la demanda de salas de aula para atender a las necesidades en el año 2010 son los siguientes: 438 para Paraupebas, 165 para Canaã, 820 para Marabá, 110 para Curionópolis y 161 para Eldorado. No constan en la investigación la demanda de los municipios de Ourilândia y Tucumã.

En lo relativo a la salud, nos llamaron la atención las causas de mortalidad en el año de 2002, en los municipios de Canaã y Paraupebas, respectivamente: enfermedades del aparato circulatorio, 29,63% y 21,62%, y enfermedades del aparato respiratorio, 11,11% y 6,42%. En estos dos municipios estaba siendo implantada la infraestructura  y se extraía mineral en ese año.

Sobre la tasa de ocurrencia de robos (cuando hay violencia y uso de armas), Marabá se destaca con 639 ocurrencias por 100.000 habitantes, en el estado de Pará la tasa es de 423 ocurrencias por 100.000 habitantes.

Sobre la ocurrencia de hurtos (sin violencia o uso de armas), la tasa en Marabá es de 661 por 100.000 habitantes, en Paraupebas varía de 574 a 611 y en Canaã varía de356 a 574, mientras en el estado de Pará la tasa es de 423 ocurrencias por 100.000 habitantes.

Sobre la tasa de ocurrencia de homicidios, en Marabá es de 95 por 100.000 habitantes, en Paraupebas es de 70 a 95, en Curionópolis es de 40 a 70, en Canaã es de 29 a 43, en Eldorado es de 12 a 29, en el estado de Pará es de 18,5 y en Brasil es de 27 por 100.000 habitantes. Acá sí matan.

Sobre la tasa de estupros, Marabá tiene 7 por 100.000 habitantes, Paraupebas tiene 6 a 7, Canaã tiene de 4 a 6 y la tasa del estado de Pará es de 4,6.

A propósito de las lesiones corporales, las tasas de la región están debajo de las tasas del estado y del país, un indicio de que aquí las personas no golpean, directamente matan. Por otro lado, no se hizo un diagnóstico sobre la violencia contra la mujer. Pero en la región una mujer es golpeada por minuto.

Sobre las ocurrencias de tráfico de drogas, Paraupebas presenta 17 casos cada 100.000 habitantes, Canaã presenta de 12 a 17, Marabá de 11 a 12, Curionópolis de 9 a 11 y la tasa en el estado de Pará es de 4,86 por 100.000 habitantes.

Considerando los datos ya citados, correspondientes al período de 2000 a 2005, muchas situaciones se modificaron, casi todas empeoraron, con tasas diferenciadas entre los municipios. Estas diferencias merecen especial atención, principalmente en lo que se refiere a las deficiencias en educación, salud y habitación; en la elevación de la tasa de robos, hurtos, homicidios y tráfico de drogas.

En lo que se refiere a homicidios, hay semanas en las que el Instituto Médico Legal de Marabá recibe hasta 30 cuerpos de personas asesinadas en el municipio y en la región. En Ourilândia se tornó frecuente el acto de asesinar, de las formas más variadas, sin que haya una explicación para el hecho.

Con respecto al tráfico de drogas, el diagnóstico no cita Eldorado, ni Ourilândia, ni Tucumã, pero ya es una realidad la ocurrencia de esta práctica en estos municipios. Dicen que Ourilândia no es más la ruta, como hasta hace poco tiempo, sino el punto de llegada, el lugar de recepción. ¿Pero dónde, en la región, no es lugar de consumo?

La falta de viviendas camina junto con la especulación inmobiliaria y el alza de los precios de material de construcción, principalmente en Marabá, Paraupebas, Ourilândia y Tucumã, donde surgieron muchas ocupaciones urbanas, venta de lotes particulares, construcción de apartamentos de un ambiente y alquiler de cuartos o accesorias en las residencias.

Los servicios de salud se tornaron más precarios, no existen lechos suficientes, aumentó la demanda por atención a las víctimas de accidentes y de violencia física y los municipios, que ya eran deficientes en la atención, no consiguen satisfacer el crecimiento de la demanda.

La educación pública, que no era de cualidad, ha empeorado. Hay muchos alumnos por sala, desgaste de los profesionales por la falta de condiciones adecuadas de trabajo y salarios cada día más achatados. Por otro lado, se abre un gran espacio a los mercaderes de la educación, con apertura de cursos variados que no llevarán a la mejoría de la educación, sino a la mejoría de los bolsillos de una minoría.

Durante la implantación de infraestructura de estos proyectos, principalmente los que precisan usinas de transformación, hay procura bastante significativa de un contingente de trabajadores, pero cuando pasa esa fase los trabajadores que no son fijos son dimitidos. Los fijos continúan en la empresa para otra obra.

Entre los dimitidos, cerca de 30% no pueden desplazarse a otros lugares, porque lo que recibieron durante el período de trabajo no fue suficiente para ahorrar ni para garantizar la supervivencia, y no consiguen trabajo porque la ciudad no tiene cómo generar puestos de trabajo, más allá de una pequeña parcela de explotados.

El aumento de la población en las ciudades es resultado de la gran cantidad de migrantes de otros municipios  y de otros estados, y también del desplazamiento espontáneo o forzado de la población rural.

La Vale, desde que comenzó el proyecto de producción de hierro en Carajás, con la construcción del ferrocarril, las playas de maniobra y el puerto, en San Luis, ha expulsado trabajadores de sus tierras, destruyendo, así, comunidades enteras. El caso más reciente es el de Ourilândia, donde la Vale ya expulsó 82 familias de agricultores, dos proyectos de asentamiento en Tucumã y Campos Altos y ya solicitó autorización del Instituto de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) para expulsar más, por el recurso de retirar las áreas de la lista de las afectadas para reforma agraria.

Para la construcción de la siderúrgica en Marabá, la Vale exigió al gobierno del Estado una inversión del orden de 1,5 mil millones de reales en infraestructura (carretera, puerto, esclusas, hidrovía) y adquisición del área, que están llamando “3ª etapa del Distrito Industrial de Marabá”.

El día 16 de julio de 2008, el gobierno del estado, por medio del Decreto nº 1.139, declaró de utilidad pública, con la finalidad de desapropiación, un área de 1.135.707 hectáreas en la “Gleba Quindangue”. El costo de las indemnizaciones llegará a la casa de los 9 millones de reales.

Lo más perverso en esta transacción es que van a expulsar (porque las familias ni sueñan en salir del lugar) a más de 20 familias que ya viven en las áreas de 30 a 50 años, ahora desapropiadas, van a parar a los suburbios de los aglomerados urbanos.

Pero esta es la lógica perversa del capital históricamente gerenciado por una burguesía que siempre sometió el campo a la ciudad, generando esos barrios periféricos y aglomerando a la población, centralizando los medios de producción y concentrando la propiedad de las riquezas.

Es importante que nos preguntemos por qué la Vale no tuvo interés de incluir en el diagnóstico las tasas de degradación socio ambiental e identificar a los verdaderos responsables. Y por qué el Estado no hace este diagnóstico.

¿Existirá un acuerdo entre el estado y las empresas en para crear condiciones que faciliten la acumulación capitalista a cualquier precio, con la apropiación de los recursos naturales, la explotación de mano de obra –por eso ésta tiene que ser abundante y estar concentrada- y flexibilización y falta de respeto a las leyes?

Éste es el ambiente, de una gran masa excedente en las ciudades, desposeída y vulnerable, antes llamado “ejército de reserva”, en el que las empresas ejercen sus maniobras, imponiendo bajos salarios y aumentando la tasa de plusvalía absoluta, garantizando altos lucros.

Y ésta es la masa desposeída, sin techo, sin tierra, sin salario, sin abrigo, sin crédito, sin parientes, la masa marginalizada que forma parte de la constitución de las ciudades de la región, presa fácil de la embriaguez, de las drogas, de la marginalidad, de la pobreza y de la exclusión.

Recientemente, el secretario de Medio Ambiente del estado dijo que para autorizar la construcción de una termoeléctrica por la Vale en Barcarena serán tomadas medidas más rigurosas que las estipuladas por la legislación brasileña. ¿Será posible, si ni siquiera nuestras leyes son respetadas?

Lo que también debe ser un llamado a reflexionar y tomar posición es que todos estos proyectos, con excepción de la explotación del mineral de hierro, tienen vida corta, de 20 a 40 años. Así que dentro de 50 años sólo restarán para nosotros grandes cráteres, montañas de detritos contaminados por sustancias tóxicas cubriendo nuestros valles, las ciudades fantasmas y el recuerdo de cuando existía cobre, níquel, oro, manganeso…

Los accionistas de la Vale (aquéllos que son del exterior obtienen 65% de lucro líquido), los llamados empresarios locales de los diversos ramos de actividad, los alcaldes y concejales, que hoy también defienden esta parafernalia como desarrollo, están garantizando sus buenas condiciones para el futuro. ¿Y nosotros y nosotras?

Frente a esta caótica situación no hay salida fácil, los oportunistas son más fuertes que la gran mayoría de la población desamparada, la única posibilidad para invertir la lógica debe ser por la vía de la sociedad descontenta organizada, movilizada y dispuesta a ir a la lucha. No sirve de nada continuar con la ilusión de que las políticas públicas compensatorias, basadas en canastas familiares y planes de renta mínima van a resolver los problemas, sólo aumenta la dependencia y “vicia  al ciudadano”.


Marabá, 27 de octubre de 2008.


Notas:

1) Descendientes de esclavos que huían de su condición y formaban comunidades.

2) También llamada yaguareté o tigre americano.


Fuentes consultadas:

EIA/RIMA, Proyecto Cobre Salobo, CVRD, 1992.

RIMA, Proyecto Onça Pula, MOP, 2005.

Textos de Raimundo Gomes da Cruz Neto, escritos para periódicos y debates: “Ourilândia é minerada pela Vale”, “Da floresta ao aço”, “Modelo perverso de mineração”, “Projeto Salobo e Problemas causados pela Vale no Pará”.

“Jornal Pessoal”, Lucio Flávio Pinto.


- Raimundo Gomes da Cruz Neto, presidente del CEPASP – Centro de Educação, Pesquisa y Asesoramiento Sindical y Popular, en Marabá, en el estado de Pará.
rgc.neto@yahoo.com.br