La intervención humanitaria

En la primera parte de La construcción de una crisis alimentaria en Venezuela, se delineó como las opciones militares comenzaron a ser utilizadas por la ONU para hacer llegar alimentos a principios de los años noventa a Somalia y Etiopía, evolucionando a la utilización formal del uso de la fuerza, para justificar intervenciones por motivos supuestamente humanitarios, como en Libia en el año 2011; hasta la manipulación de la situación alimentaria venezolana en medio de la imposición de las medidas coercitivas impuestas unilateralmente por EEUU, amparado por la Unión Europea, la OEA, el Grupo de Lima, USAID, grandes empresarios, y a lo interno, la Asamblea Nacional 2016 – 2020, para insertar en el imaginario mundial la necesidad urgente de una intervención militar bajo la ‘responsabilidad de proteger’.

En esta segunda parte se mostrará, la utilización de los organismos multilaterales de la ONU como instrumentos para validar crisis humanitarias, promovidas por los estados de mayor poder, movidos por sus propios intereses y en nombre de la comunidad internacional, mediante actores no estatales, como agencias, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la llamada sociedad civil, actores privados y hasta grandes empresas, advirtiendo y admitiendo a su vez, la posibilidad de intervenciones militares, en la cual no se ponderan las injerencias externas como la de Estados Unidos contra Venezuela, y donde sólo se revelan resultados de ciertas situaciones aislando u ocultando la causa, que generalmente se esconde detrás de guerras convencionales, no convencionales o difusas, y métodos como el bloqueo y el asedio generalizado a Venezuela desde el año 2014.

La alimentación como derecho humano

En este caso, el derecho a la alimentación es arrastrado en este entramado de manipulación de los derechos humanos, los cuales forman parte del proceso de securitización que se llevó adelante con el concepto de la seguridad humana, utilizado formalmente entre los años 1993 – 1994 y promovido finalmente en la Cumbre del milenio del año 2000, donde cualquier deterioro de las categorías generales de este, en los entornos económicos, alimentarios, de salud, ambiente, comunitario, político, personal y otros que, con el tiempo se han ido incorporando, vienen a dar un contenido preventivo, mediante el monitoreo de indicadores, planteándose entre su doctrina de prevención e intervenciones humanitarias, también, la colaboración de grandes corporaciones transnacionales en la resolución de los conflictos.

En este sentido, la segunda parte de La construcción de una crisis alimentaria en Venezuela, está basada en el análisis a cuatro tipos de indicadores de diferentes organismos, donde se llevan a cabo discusiones multilaterales de alto nivel sobre la alimentación mundial, y se decantan los reportes y publicaciones especializadas de los registros en bruto que, como han afirmado miembros de delegaciones oficiales de algunos países; luego académicos, políticos y periodistas sólo reproducen como datos de primera mano, cuyos temas y posiciones pueden cambiar radicalmente de un año a otro, buscando pasar desapercibidas; aclarando con anticipación, sin el ánimo de desvalorizar la situación del incremento de la inseguridad alimentaria en Venezuela, en medio del asedio que sufre el país desde el 2014, donde la población ha sido objetivo para vulnerar el poder nacional.

Entre los indicadores, se tomó el Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS) así como, la Prevalencia de la Inseguridad Alimentaria que se mide a través de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), ambos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); la encuesta CARI o ECRI del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y, el Sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF o IPC) de la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (SFIN), a la cual pertenecen FAO, PMA y otras catorce organizaciones, agencias, ONG, sociedad civil e individuos.

Para ello, es preciso diferenciar que, cuando se habla de IPS o PoU, Índice de Prevalencia de Subalimentación de la FAO, se refiere a las estimaciones nacionales de disponibilidad y consumo de alimentos, así como de necesidades calóricas[1], la cual considera el consumo insuficiente de energía alimentaria en una población, siendo crónico cuando no se consume suficientes calorías, convirtiéndose en este caso, en subalimentación, relacionada al hambre y que, en el mundo actualmente, según el último informe (2021) de la FAO, alcanza a 768 millones de personas, el 9,9 % de la población mundial. Su escala: <5 % es muy baja; de 5 % – 14,9 % es moderadamente baja; de 15 % a 24,9 % es moderadamente alta; de 25 % - 34,9 % es alta y; de 35 % o más es muy alta.

Adicional al IPS, la FAO aplica desde el 2014, la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), en la cual, mediante entrevistas de forma presencial basadas en las experiencias de individuos y hogares, destaca las dificultades para acceder a los alimentos, por falta de disponibilidad o por falta de recursos económicos para obtenerlo[2]. De la cual, se desprenden tres niveles: inseguridad alimentaria leve, moderada (se saltó una comida o se quedó sin alimentos ocasionalmente) y, grave (se queda sin comer alimentos varios días, varias veces al año). Esta última, es el extremo de la escala, donde se encuentran los denominados “hambrientos” o población con hambre, que complementa al IPS o PoU.

Mientras que el PMA, aplica la encuesta del Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores de la seguridad alimentaria (CARI o ECRI), mediante una tabulación matemática de datos recolectados en los hogares, sobre el consumo, déficit, nivel de pobreza, proporción de gastos en alimentos y estrategias aplicadas para sobrevivir, construyendo finalmente una consola, cuyos resultados también basados en la experiencia son cuatro niveles de inseguridad alimentaria que analiza y notifica sobre una población: segura, marginal, moderada y grave[3].

Y, finalmente, el IPC o CIF, Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, que se desarrolló originalmente en 2004 para ser utilizada en Somalia por la Unidad de Análisis de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO, mide junto al indicador Cadre Harmonisé (CH)[4] la inseguridad alimentaria ‘aguda’, teniendo cinco fases, que van desde acceso adecuado y estable a los alimentos o Fase 1 y Fase 2 de estrés, hasta las fases basadas en los parámetros de hambre extrema o Fase 3 (Crisis); 4 (Emergencia); y 5 (Hambruna o Catástrofe).

La Fase 3 o IPC/CH Crisis o Superior (Fase 4 y Fase 5), se caracteriza por la falta crítica y acentuada de acceso a los alimentos, niveles de malnutrición elevados, y agotamiento acelerado de los activos que conforman los medios de subsistencia. Si se prolonga en el tiempo conduce a la emergencia humanitaria por exceso de mortalidad”[5].

Con la CIF o IPC se utiliza la creación del consenso técnico de múltiples actores y agencias, para determinar la severidad de la inseguridad alimentaria, según expertos de diferentes disciplinas que debaten evidencias ‘confiables’, mediante la utilización de datos secundarios, por lo tanto, se ha considerado accesorio de los sistemas de información existentes, cuyo fin es identificar la fase humanitaria, que permita dar respuestas de emergencia, una herramienta para analizar situaciones e implicaciones de futuras intervenciones, según la gravedad de la situación alimentaria, así como, las posibilidades de financiación entre los donantes.

En resumen, con este indicador mediante el consenso, se identifica la necesidad de intervención humanitaria, avalada por múltiples actores, clasificando la inseguridad alimentaria ‘aguda’ y crónica[6]; y desde el 2019, la ‘probable hambruna’ o desnutrición aguda en un país.

Desde el 2017, el CIF o IPC está relacionado a la creación de la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (FSIN), como una iniciativa de la denominada Red Mundial contra Crisis Alimentarias conformada por dieciséis[7] agencias de ONU, ONG, sociedad civil, donantes y hasta individuos agrupados en: la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambrunas de la USAID (Fews Net), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Comité Permanente Interestatal para la Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS), el Grupo de Seguridad Alimentaria (FSC), el Clúster Global de Nutrición (GNC), la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) en el cuerno de África, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) del Consorcio de Centros de Investigación (CGIAR), la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (CIF o IPC), la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Comisión Europea; para publicar un informe anual sobre Crisis Alimentarias en el mundo.

Además, participa a través de la Plataforma Global de IPC, UK Aid (Ayuda Directa del Reino Unido) de la Foreign & Commonwealth Office como agencia de financiamiento; CARE, Salvemos a los Niños y OXFAM (19 Organizaciones No Gubernamentales).

Reportes Globales sobre Crisis Alimentarias que son posibles gracias al ‘generoso’ financiamiento de la Comisión Europea y la USAID, como se reconoce en cada publicación de estos, a parte de constituirse como agencias de financiamiento del IPC o CIF junto a UK Aid.

Sobre el Reporte Global de Crisis Alimentarias en el mundo y el caso Venezuela

En el año 2015 el Centro Común de Investigaciones de la Comisión Europea, elaboró un informe de crisis alimentarias a nivel mundial e invitó a la FAO y al PMA a contribuir con datos adicionales y a partir del 2016, comenzaron a incorporar más socios, con el objetivo de producir un informe basado en el consenso, promocionado por la FAO, el PMA y el IFPRI[8].

Desde el primer informe publicado en el 2017, se intentó incorporar a Venezuela, Cuba y Bolivia, como países en crisis alimentarias, sin embargo, “la falta de evidencias y datos insuficientes impidió al equipo estimar poblaciones en situación de inseguridad alimentaria”[9].

En 2018, nuevamente en el informe se podía leer que había “países de interés” donde “la seguridad alimentaria también era motivo de preocupación como Corea y Venezuela, (también Cuba) pero no pudo hacerse estimación del número de personas en inseguridad alimentaria en estos, debido a la falta de datos”[10] (ver imagen 1).

Imagen 1. Venezuela considerada como país de interés por la Red Mundial contra Crisis Alimentarias en el GRCF 2018. Fuente: FSIN, GRFC 2018.

Sin embargo, se adelantaba que, en Venezuela la crisis alimentaria se podía inferir por la “inestabilidad política agravada por crisis económica”, y además habían “6,7 millones de personas dependiendo del programa gubernamental de distribución de alimentos, y según reportes venezolanos, más de un millón de personas había abandonado el país por la escasez de productos básicos”. En este caso, se recomendaba, “invertir en la recopilación de datos y evaluaciones, para garantizar que no pasarán por alto”. 

Pasado el tiempo, a esta Red aún no le preocupa que en Argentina existan 11 millones de personas comiendo en comedores populares, o sea, dependiendo de programas gubernamentales. 

Uno de los detalles más interesantes del informe del año 2018 sobre Venezuela, es la afirmación con relación a, “las dificultades para pagar la deuda, que podía dar lugar a sanciones económicas más estrictas por su incumplimiento, lo que provocaría el colapso de la economía” y en este caso, “el gobierno tenía limitada la capacidad de proporcionar los servicios básicos”[11]. O sea, las sanciones no eran medidas coercitivas unilaterales de EEUU contra Venezuela, no avaladas por la ONU, sino que eran justificadas por incumplir el pago de deuda. 

En el año 2019, se volvió a incorporar a Venezuela, afirmando que estaba entre los países no declarado con crisis alimentaria en el informe, por falta de datos validados (ver imagen 2), por lo tanto, se subrayaba nuevamente la necesidad de hacer campaña a favor de las inversiones en sistema de medición de seguridad alimentaria a nivel nacional y regional[12].

Imagen 2. Venezuela considerada como país de interés por la Red Mundial contra Crisis Alimentarias en el GRCF 2019.  Fuente: FSIN, GRFC 2019

Sin embargo, en este, se identificó a Venezuela, cómo unos de los países del mundo con “mayor número y proporción de población en situación de inseguridad alimentaria en 2018”[13] en Fase 3 de Crisis IPC/CH o superior, por tres poblaciones de migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú que alcanzaban “los 0,4 millones en Suramérica”, o sea, 400.000 personas (0,3 en Colombia; 0,02 en Ecuador y 0,04 en Perú según base de datos). 

Particularmente, se consideraba que el ‘choque económico’[14], categoría utilizada por primera vez en 2018, para definir el impulsor de la inseguridad alimentaria en Burundi, entre otras cosas, por “las restricciones comerciales impuestas por los países vecinos, EEUU y la UE con implicaciones para todos los burundeses”[15]; fue justamente la seleccionada para considerar el principal impulsor de la inseguridad alimentaria en Fase 3 (IPC/CH crisis o superior) en Venezuela, aunque sin mención a la imposición de las medidas coercitivas unilaterales o “sanciones” contra el país como impulsor del shock económico; y justificada porque los migrantes en Colombia, Ecuador y Perú “habían agotado sus medios para comprar alimentos”^[16].

Además, basándose en las organizaciones locales que realizaban encuestas en el país, principalmente ENCOVI, apuntaban a una situación humanitaria cada vez más grave, sin embargo, se reafirmaba que “el número de personas que necesitaban asistencia humanitaria urgente, no estaban claros debido a la ausencia de datos fiables hasta ese momento”, aunque se insistía que era “evidente la profundización de la crisis por el aumento de la migración a otros países, principalmente hacia Colombia”. 

Y finalmente resumían, que los impulsores y riesgos del número de personas en Crisis o peor (IPC/CH Fase 3 o superior) en Venezuela, eran un ‘choque económico’ y otro ‘climático’ (ver imagen 3), relacionado al desplazamiento de personas, con altas probabilidades que siguiera empeorando en los siguientes catorce meses, coronado por “el estancamiento político” generado en medio de la declaración de Juan Guaidó como “lider interino” reconocido por varios países quienes “aumentaban la presión para respaldar al autoproclamado presidente”.

Imagen 3. Representación gráfica de los impulsores de la inseguridad alimentaria ‘aguda’ en Venezuela según, la Red Mundial contra Crisis Alimentarias en el GRCF 2019. Fuente: FSIN, GRFC 2019

Evidencias de un año para otro: la cuarta crisis alimentaria más grave del mundo.

En abril de 2020, y como costumbre, a Venezuela nuevamente se le incorporó en el Informe Global sobre las Crisis Alimentarias (GRFC), encontrando las evidencias de un año para otro, y ubicando finalmente al país “como la cuarta crisis alimentaria más grande del mundo con 9,3 millones de personas en situación ‘aguda’ de inseguridad alimentaria”, esto sería con el 32 % de la población en Crisis o peor (Fase 3 de IPC/CH o superior); en un informe con inconsistencias dentro del mismo porque, en otro lado, se puede leer, que son 9,4 millones. Y es que, hasta para la construcción de estas publicaciones cuesta ponerse de acuerdo, o mejor dicho cuesta el consenso.

Imagen 4. Venezuela considerada como crisis alimentaria del mundo, por la Red Mundial contra Crisis Alimentarias en el GRCF 2020. Fuente: FSIN, GRFC 2020

En este informe del 2020, con datos recabados de julio a septiembre de 2019, se afirma que, “alrededor de 9,3 millones de personas padecían inseguridad alimentaria ‘aguda’”; y transcribo textualmente, “de estos, 2,4 millones, se consideraron en situación de inseguridad alimentaria grave y 7 millones en inseguridad alimentaria moderada”[17]. Cifras que al sumarlas no arrojan el dato total reportado.

Este número, resultado de la encuesta CARI llevada adelante por el PMA, publicada en febrero de 2020, donde estimó “que el 7,9 % de la población de Venezuela (2,3 millones) estaba en inseguridad alimentaria ‘grave’ y un 24,4 % adicional (7 millones) en inseguridad alimentaria moderada”[18]. Un total de 32,3 % de la población “necesitando ayuda”.

Y aunque, la inseguridad alimentaria ‘aguda’ y crónica es la que se verifica a través del consenso de la Red Global para clasificar crisis alimentarias, en este caso a Venezuela se le tomó el total de población identificada en la encuesta, tanto en inseguridad moderada como grave (aguda), para Crisis o peor (Fase 3 de IPC/CH o superior) y de esta forma, convirtiéndola automáticamente en una de las crisis alimentarias del mundo y al mismo tiempo, en unas de las peores (ver imagen 5), ambas, por primera y única vez.

Imagen 5. Venezuela considerada como la peor cuarta crisis alimentaria del mundo por la Red Mundial contra Crisis Alimentarias en el GRCF 2020. Fuente: FSIN, GRFC 2020

Además, se sumaron 1,2 millones de migrantes venezolanos entre Colombia y Ecuador, estando en la misma situación en estos países, que efectivamente puede interpretarse en la no mejoría de la calidad de vida de las personas que emigran del país y por esto, como en efecto está sucediendo, existe una migración a la inversa, desde el inicio de la pandemia mundial por la COVID-19.

Sin embargo, el relato sobre la crisis alimentaria en Venezuela viene imponiéndose política, diplomática y mediáticamente, como se delineó en La construcción de una crisis alimentaria en Venezuela I, desde el año 2015 y sin datos verificables, hasta llegar finalmente a los organismos multilaterales, especialmente de la ONU, donde se buscan validar las intervenciones humanitarias, y en este caso particular, bajo ‘la responsabilidad de proteger’, y ocultando los intereses geopolíticos en juego.

Además, en el Informe Global de Crisis Alimentarias (GRFC) 2020, se construye que, en Venezuela hay adicionalmente 17 millones de personas, que representarían el 60 % de la población en inseguridad alimentaria marginal (IPC/CH Fase 2), imponiendo en total al 92 % de la población venezolana dentro del país con insuficiencia alimentaria. Esto sería, sólo un 8 % no alcanzado por esta situación, alrededor de 2 millones, según sus “cálculos”, donde asumen que Venezuela tiene 28,5 millones de personas.

Resaltado como hecho extraordinario, porque se dibuja a una Venezuela y así lo reflejan en sus “cálculos”, con el mayor porcentaje de población en inseguridad alimentaria en el mundo, superando incluso, a las poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad de Sudan del Sur (89 %), Yemen (83 %), Afganistán (68 %), Haití (66 %), República Árabe Siria (50 %) o Sudán (42 %), posicionando al país, en una proporción que sugería la más alta en el planeta (ver imagen 6).

Imagen 6. Según la Red Mundial contra Crisis Alimentarias en Venezuela en el 2019, el 92 % de la población sufría inseguridad alimentaria, una proporción que sugería la más alta del planeta.

Todo, para justificar la ubicación de Venezuela como la “cuarta crisis alimentaria más grande”, generada nada más y nada menos que por un ‘choque económico’, casualmente, al tono de Elliot Abrams, “provocada por el hombre”[19]. Y sólo en un pie de página, se puede leer: “las sanciones económicas impuestas a Venezuela limitaron aún más los ingresos por exportaciones y el acceso a financiamiento externo”.

Sin embargo, en el panorama general de desnutrición “en términos de Prevalencia de Subalimentación eran siete países: Sudán del Sur, Yemen, República Centroafricana, Zimbabwe, Afganistán, República Árabe Siria y Haití, las principales crisis alimentarias del mundo, cada uno con más del 35 por ciento de su población analizada en Crisis o peor (Fase 3 de IPC/CH o superior)”.

Y si no parece exagerado afirmar que, el 92 % de la población venezolana, sufre de inseguridad alimentaria, por encima de otras naciones, realmente afectadas por el hambre, y en condiciones extremas de conflictos armados y abiertos de tipo convencional y desastres naturales desde hace décadas, esta Red Global contra Crisis Alimentarias “espera que las dificultades económicas se intensifiquen sobre los venezolanos que quedan en el país” y con la pandemia en el año 2020, el hambre se extendiera al 100 % población.

El fin último de este informe 2020, es sentar las bases sobre Venezuela, como una de la crisis alimentaria peores del mundo, donde es requerida la asistencia humanitaria urgente, insertando como se ha mencionado, en el imaginario mundial, la necesidad de la intervención militar “humanitaria” o “la responsabilidad de proteger”.

De un año para otro: no hay evidencias.

Y como el informe GRFC se publica cada año, en el 2021, volvió su quinta edición en la cual sigue apareciendo Venezuela como país de interés de esta Red Global contra Crisis Alimentarias, aun cuando se explica que, “aunque la República Bolivariana de Venezuela se encontraba entre las diez peores crisis alimentarias en 2019, no hubo evidencia suficiente para incluirlo en 2020”. 

Pero, se sigue insinuando que, “aunque las estimaciones de inseguridad alimentaria ‘aguda’ para Venezuela no están incluida en el GRFC 2021 debido a evidencia insuficiente (…) los datos sugieren que esta importante crisis alimentaria de 2019 ‘probablemente’, empeoró en 2020”, aun cuando se puede leer explícitamente en el mismo que, “se refleja la existencia de lagunas de datos/evidencia insuficiente para producir estimaciones de personas en Crisis o peor (IPC/CH Fase 3 o superior), y no sólo en Venezuela, desaparecieron las evidencias en la población migrante de Colombia, Ecuador y Perú de un año para otro. 

O sea, no tienen, quizás porque no existen las evidencias que sugieran que en Venezuela existió la cuarta crisis alimentaria más grave del mundo en el 2019, y que, de un año para otro, dejó de serlo. Una extraordinaria suerte con la que no han contado otros países como se mostrará más adelante. 

Y aunque, se reporte en el GRFC 2021, que Venezuela fue incluida por una sola vez desde el 2017 – 2021 como crisis alimentaria mundial y, además considerada una de las peores del mundo, puesto compartido supuestamente de ‘única vez’ con la República Democrática Popular de Corea y Sierra Leona, la realidad es que ninguna fue mostrada como una de las peores crisis alimentarias (aun estimándole a la primera 10,1 millones de personas y a la segunda 3,3 millones en inseguridad alimentaria aguda, en el mismo informe 2020), cómo sí sucedió con Venezuela, después de haber sido seleccionada regularmente y año a año, para su inclusión. 

Sin embargo, el que existan “lagunas de datos” y “falta de evidencias” para seguir promoviendo a Venezuela como una de las peores crisis alimentarias del mundo, no impide insistir en que el “colapso económico, restricciones por la COVID-19, inseguridad y los extremos climáticos alimentaron una ya severa crisis humanitaria”, siendo ese, el fin último, la construcción de un relato, que facilite la intervención militar, como último medio para alcanzar el cambio de régimen propuesto por Estados Unidos, avalado por la Unión Europea y Reino Unido, llámese como se llame, e intenten disfrazarla con diferentes atuendos. 

Y por supuesto, en el informe 2021, no puede dejar de hacerse referencia, a la perspectiva de la USAID con respecto a Venezuela y el empeoramiento de la escasez de combustibles, además de la COVID-19, que “probablemente” limitaran la distribución de alimentos y el acceso a los mercados; así como, expresa la preocupación por las grandes afluencias de migrantes que regresan a la supuesta crisis humanitaria durante la pandemia que, en todo caso, significa menos necesitados para justificar a los donantes interesados en aportar ayuda humanitaria para estos, en el exterior.

Agencia de los Estados Unidos que aparte de financiar los informes de crisis alimentarias año a año, junto a la Unión Europea, donó 507 millones de dólares para atender la “crisis humanitaria” en Venezuela, desde el 2017 – 2019, y tal cual, ha reportado “alineó su adjudicación y decisiones encaminadas a reforzar la credibilidad del gobierno provisional de Juan Guaidó”, minimizando la entrega de fondos a las agencias de la ONU con infraestructura en el país para entregar productos humanitarios, porque al “interino” le preocupaba el apoyo de la Naciones Unidas al gobierno de Nicolás Maduro[20].

Llegando a financiar, sólo solicitudes de Organizaciones No Gubernamentales venezolanas, que apoyaban a los intereses de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela, desembocando en la manipulación y el uso de la ayuda humanitaria para fines políticos, de cuyas donaciones sólo 2 millones de dólares fueron utilizados para comprar y transportar 368 millones de toneladas de productos humanitarios, de las cuales únicamente, 8 toneladas métricas fueron entregadas al país a agosto de 2019[21].

¿Por qué Venezuela y no otros países de América Latina y el Caribe?

En el 2021, también se publicó Puntos calientes del hambre. Alertas tempranas FAO-PMA sobre la inseguridad alimentaria aguda. Perspectivas de marzo a julio de 2021[22], donde se plantea que “la situación de la seguridad alimentaria en Venezuela es probable que se deteriore aún más como resultado de la hiperinflación”, o sea, por el shock económico y; por primera vez, se considera “al endurecimiento de las sanciones internacionales”, aunque no se refieran a la forma coercitiva unilateral de las mismas, principalmente por Estados Unidos.

Además, en concordancia con la preocupación de la USAID, suman “el impacto de las restricciones relacionadas con la COVID-19 y la escasez de combustible, con afectaciones a las actividades logísticas y agrícolas” que, aunque se presenten como variables independientes, en Venezuela su afectación tiene mucha relación con la imposición del bloqueo económico, financiero y comercial contra el país, sobre todo lo concerniente a suministros esenciales, como la energía.

Y en este sentido, se refleja nuevamente a Venezuela junto a Siria, dentro de los 23 países con mayor número de personas en situación de inseguridad alimentaria ‘aguda’ en el mundo, aun cuando la población no es considerada en Crisis o peor (IPC/CH Fase 3 o superior) (ver imagen 7), soportándose en la misma encuesta CARI aplicada por el PMA en el año 2019, con la cual, se consideró al país, un año antes, como la cuarta crisis alimentaria peor del mundo.