Tal como ocurriera con los “Panama Papers”, el reciente escándalo mundial de los “Pandora Papers”, ha provocado críticas a la forma que los ricachos utilizan no solo para esconder y garantizar sus fortunas, sino para incrementarlas, a costa de los Estados en los que eluden y evaden impuestos. Como sostiene uno de los artículos del diario El País, de España, que dio a conocer los Pandora Papers, “Tener una cuenta en un paraíso fiscal no es ilegal, pero debería serlo. Su existencia muestra cómo billonarios y políticos han creado un sistema legal a modo de sus intereses”. Sin embargo, también debería hablarse de los orígenes de esas riquezas, para preguntar si son igualmente legales o ilegales.

 
En América Latina la dualidad riqueza/pobreza tiene una larga historia. El punto de partida está en la conquista y en la época colonial. En virtud de la apropiación privada de tierras, minas y principales recursos productivos, así como de la subordinación de la fuerza de trabajo indígena, afrodescendiente o mestiza a las condiciones de explotación laboral impuestas por los blancos y criollos propietarios, se consolidaron haciendas, estancias y plantaciones en poder de una clase terrateniente que solo así acumuló riquezas y poder.

 
Las independencias no lograron alterar la herencia colonial, de modo que, durante la época republicana, en los países latinoamericanos se reprodujo la riqueza terrateniente y la pobreza generalizada de la población. Los instrumentos para mantener esa estructura fueron las herencias, legados y donaciones, el mayorazgo, la compra-venta de tierras, la asignación estatal, provincial o municipal de tierras a determinadas personas o familias, el crecimiento arbitrario de las “cercas” o dominios y, sin duda, la superexplotación de la fuerza de trabajo rural y campesina, sujeta a variadas formas de servidumbre, que supervivieron hasta bien entrado el siglo XX. Los comerciantes ricos normalmente provenían del poder terrateniente o estaban asociados a él. Podían enriquecerse con las variadas formas de especulación con bienes, el contrabando o las ventas fraudulentas al Estado. Los banqueros aparecen con el avance del siglo XIX y frecuentemente a mediados del mismo. Acumularon riqueza sobre la base de la movilización monetaria de los depósitos, el cobro de intereses, los préstamos, las transacciones internacionales e incluso el endeudamiento de los Estados, ya que no existieron bancos centrales. Manufactureros e industriales, que aparecen solo en contados países durante la segunda mitad del siglo XIX, solo crecen en la región con el avance del siglo XX y en la mayoría de naciones en forma lenta. Su riqueza provino del uso de la fuerza de trabajo asalariada o semiasalariada, sujeta a jornadas extenuantes y remuneraciones miserables. La legislación social se impone en América Latina recién en el siglo XX (la Constitución mexicana de 1917 es su punto de partida) y conforme avanzan las relaciones capitalistas que se generalizan en la segunda mitad de este siglo. Como siempre ocurre, la riqueza individual o familiar es apreciada por los propietarios como fruto exclusivo de su “trabajo”, aunque la historia económica demuestre socialmente lo contrario. Este tema lo traté en un artículo anterior: “¿Por qué tiene que haber ricos?”. En definitiva, ninguna riqueza notable proviene del trabajo personal sino de la acumulación de valor socialmente generado.

 
El afianzamiento y generalización de las relaciones capitalistas en América Latina, esconde esos orígenes históricos de las condiciones propicias para la acumulación de riqueza. Cada “emprendedor” luce como constructor propio y único de riqueza personal. Pero se hace abstracción de los distintos mecanismos reales que la sociedad capitalista dispone para que se concrete la concentración de la riqueza y se reproduzca. A la extracción de plusvalía, en el sentido marxista del término, hay que unir la especulación con el precio de bienes y servicios, la obtención de intereses sobre préstamos dinerarios, la inversión en bolsa, la adquisición de giros, acciones u otros documentos representativos de valor, los depósitos en fiduciarias, el reparto de utilidades entre gerentes, directores y accionistas, etc., que son mecanismos privados que, si bien están reconocidos por las legislaciones nacionales e internacionales, son los que permiten distribuir y concentrar la riqueza en una elite social. También se aprovecha de otras fórmulas que igualmente sirven al mismo propósito: privatización y concesión de bienes y servicios públicos o negocios con el Estado sobre la base de aprovechar sus recursos. Pero además hay formas ilegítimas de acumulación, sancionadas penalmente, pero que se practican: contrabando, evasión y elusión de impuestos, sobre y subfacturaciones, o también crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y mafias, etc. La inventiva para hacer “buenos negocios” escapa a cualquier listado. Y, sin duda, cuenta el ocultamiento de patrimonios en los paraísos fiscales.

 
A través de los Pandora Papers, investigación de la ICIJ, ha sido posible confirmar, con nombres y apellidos, algo que toda persona informada conoce: gentes con dinero esconden sus riquezas, conscientes de que será difícil o imposible detectarlas; y lo hacen con el claro propósito de eludir impuestos y continuar beneficiándose del incremento de sus patrimonios mediante las inversiones que realizan sus intermediaros en cualquier tipo de negocio. Solo que las tecnologías contemporáneas han llegado a tal nivel que se vuelve posible descubrir el camino de esos capitales. Con toda razón, el mismo diario El País no puede menos que escandalizarse con lo descubierto y su titular resulta expresivo: “Los ¨Papeles de Pandora¨ en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales” (https://bit.ly/3mz52E6). Directamente se identifica al chileno Sebastián Piñera, el dominicano Luis Abinader y al ecuatoriano Guillermo Lasso, además de exmandatarios, 90 políticos de alto nivel, congregaciones religiosas, artistas, multimillonarios y hasta el gobernador de un banco central. Con razón la referencia concluye: “una constelación de personajes poderosos de Latinoamérica ha hecho uso a lo largo de los años de paraísos fiscales. Pese a habitar la región más desigual del planeta, esta élite ha empleado una telaraña de fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos en sitios como las Islas Vírgenes Británicas o Panamá para evitar el escrutinio público de una parte sustanciosa de sus bienes”. 

 
La conciencia social mundial cada vez reacciona más contra la concentración de la riqueza. Avanzan los impuestos sobre los patrimonios de los ricos. Ya no es posible decir que quien tiene dinero puede hacer con él lo que le viene en gana, porque los Estados actúan y progresan los controles sobre el capital, formulan políticas de redistribución de la riqueza y procuran el bienestar generalizado de la población, afectando a quienes más tienen. La conciencia sobre la falta de ética con el uso de los paraísos fiscales está más clara. El principal editorial de El País, que presenta la investigación sobre el tema, afirma: “La investigación periodística internacional Papeles de Pandora a la que contribuye este periódico, y en curso de publicación, desvela el perverso funcionamiento de los paraísos fiscales. También transmite el alcance masivo de la elusión (y en ocasiones evasión) fiscal de gobernantes, famosos y empresas. Las jurisdicciones sospechosas son su instrumento y caldo de cultivo para enriquecerse a costa de los demás, trasladando a los contribuyentes leales la carga de su absentismo. En ocasiones esas operaciones financian delitos mayores como blanqueo de capitales, comercio ilegal de armas o narcotráfico. La dimensión multimillonaria del descubrimiento, la afectación de sujetos pasivos de más de 90 países y la reiteración del fenómeno tras anteriores revelaciones como la de los Papeles de Panamá constituyen una triple señal de alarma”.

 
Como se advierte, en la sociedad contemporánea los millonarios ya no pueden engañar con impunidad. A pesar de ello, todavía falta tiempo para que la misma sociedad cuestione el origen de la riqueza y, en consecuencia, ponga límites bien definidos a la acumulación millonaria de ella. Sin embargo, los países de la OCDE acaban de dar un paso históricamente inédito en ese camino, al aprobar una reforma fiscal mundial que crea un impuesto del 15% sobre las multinacionales a partir de 2023 y fija límites al volumen de los beneficios residuales de las empresas. Es el camino que urgentemente necesita seguir América Latina, aplicándolo también sobre empresas y millonarios nacionales.