Este miércoles 28 de abril fue un día de paro nacional y de movilización callejera. Los ciudadanos nuevamente ocupan masivamente las calles, el espacio público, para manifestar su rechazo a la reforma tributaria presentada por el gobierno de Duque y a un proyecto de reforma a la salud que, en contra de toda evidencia, pretende profundizar el modelo fracasado de privatización y lucro que se instauró en el sistema de salud desde el año de 1993 con la aprobación de la ley 100 y que ha hecho agua en esta crisis ocasionada por la pandemia del covid-19. Dos factores debieron sortear los manifestantes para decidirse a concurrir al espacio público. El primero el tercer pico de la pandemia que tiene a Colombia sumida en la crisis con 87.312 muertos, pues, las cifras del Ministerio de salud tienen un sub registro superior al 15%. Los datos del Dane corresponden a mediados del mes de abril. La cifra del Ministerio de Salud para este 28 de abril era de 72.725 muertos. Una de las cifras más elevadas del mundo por millón de habitantes, por supuesto, superior a la de la India y a la de EEUU.

Un segundo factor que debieron sortear los manifestantes fue la prohibición judicial de la protesta. Una magistrada del Tribunal Superior de Cundinamarca horas antes de la movilización ordenó a las autoridades y a los organizadores la suspensión del paro y de las marchas, supuestamente para proteger a la ciudadanía y al personal de la salud, por el contagio que se presentaría. Según la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, solo se podría protestar cuando se haya conseguido la inmunidad de rebaño. Es decir que al paso que va la lenta vacunación que no llega aún al 5% del total de la población colombiana la protesta solo se podría ejercer por allá a finales del año 2022. Este exabrupto jurídico que viola flagrantemente la Constitución Política no fue atendido ni por los organizadores ni por las autoridades locales que no tienen atribuciones para desautorizar las protestas ciudadanas. Es obvio que la magistrada extralimito sus funciones, pues, claramente el artículo 37 de la Constitución Nacional estipula: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Y esa ley ha establecido que solo pueden limitarse estos derechos en razón de graves hechos que conlleven la declaratoria de los estados de excepción y este no es el caso hoy en el país. 

Así pues, deberían superar estos dos grandes obstáculos y por supuesto los temores por contagiarse con el temible virus. Aún con estos factores en contra y del gobierno y los grandes medios de comunicación que se fueron en contra de la protesta ciudadana. Pues bien, pese a todo, la protesta fue multitudinaria en por lo menos 600 de los 1100 municipios del país. Se calcula por los organizadores que tomaron parte en el paro y en las marchas por lo menos 7 millones de personas, destacándose la movilización en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira y otras muchas ciudades del país. En algunas ciudades del país al final de las multitudinarias marchas se presentaron enfrentamientos entre los manifestantes y los escuadrones del Escuadrón antidisturbios, ESMAD, que es un organismo provocador al cual las autoridades judiciales han ordenado su reforma, sin que ello haya ocurrido. Los enfrentamientos fueron severos en Cali y en Bogotá. En la primera ciudad se decretó el toque de queda a partir de las 3 de la tarde para controlar las manifestaciones. Este es un verdadero problema que no se puede ocultar. Muchas de estas provocaciones como se comprobó en las marchas del 21 de noviembre de 2019 fueron ocasionadas por infiltrados de la propia policía sin que se haya investigado y sancionado. El vandalismo es enemigo de la movilización y los movimientos sociales no han podido controlarlos pese a las brigadas que se han organizado para ello. Hay que insistir en que la masividad de la protesta depende del carácter pacífica de la misma. Hay que insistir en deslegitimar la violencia y la presencia de los vándalos en las manifestaciones. Así lo han hecho los organizadores, pero, falta mucha pedagogía ciudadana. Los grandes medios de comunicación se centran en cubrir los desmanes ocultando los motivos de la protesta. Esto vuelve a ocurrir ahora ante esta expresión de fuerza ciudadana que no puede ser desconocida.

Manifestación de un profundo descontento con el gobierno y sus políticas     

La masividad de las protestas aún en medio de la pandemia se expresó además en un cacerolazo que se realizó a partir de las ocho de la noche, que fue particularmente nutrido en las principales ciudades del país. Una encuesta previa realizada el 27 de abril ya presagiaba que la jornada iba a ser masiva. El 73% de los encuestados manifestó su apoyo al Paro Nacional y el 35% señaló que estaría dispuesto a salir a las calles a la protesta. Fue lo que ocurrió con las marchas y con el posterior cacerolazo.

Para que esto ocurra y para tratar de explicarlo hay que entender que la crisis es muy profunda. Esta crisis viene de tiempo atrás, pero, se ha profundizado con la pandemia. Esto no lo puede ocultar ni el indolente desgobierno que nos rige. La semana pasada el gubernamental Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, volvió a señalar que un 32% de los y las colombianas no consumen sino dos comidas al día, es decir, 17 millones de colombianos, mientras que cerca de 6 millones no consumen sino una comida al día. Hoy jueves este mismo organismo publicó su último estudio sobre pobreza en Colombia. En el último año la pobreza por ingresos monetarios avanzó 6.8% y se ubicó en 42.5% lo que significa que 21.2 millones de colombianos no tienen suficiente ingreso para suplir sus necesidades básicas. La línea de pobreza en Colombia esta fijada en 327 mil pesos mensuales por persona, es decir, unos 93 dólares. La pobreza extrema también cubre ahora a más personas y familias, el 15.1%, el país pasó de 4.6 millones de personas en esta condición a7.4 millones de los cuales Bogotá puso más de 764.000 personas. Las personas en pobreza extrema tienen recursos mensuales inferiores a 135.000 pesos mensuales o menos de 500.000 pesos por hogar.

En medio de esta situación de hambre y de miseria, este gobierno ha presentado una reforma tributaria que busca gravar con un Iva de 19% a una parte de los productos básicos de la canasta familiar como los huevos, la carne, el pescado, el café, la sal, por ejemplo, y de gravar insumos para su producción también con un Iva del 19% lo que se traduciría en un aumento de otro paquete de productos de la canasta básica que ha sido calculado entre el 5 y el 10%, propone poner a pagar renta sobre los salarios superiores de 2.4 millones de pesos mensuales, congelar por cinco años los salarios de los trabajadores y empleados públicos, gravar las pensiones superiores a 7 millones de pesos mensuales, es lo que los colombianos llaman el paquetazo de Duque. En medo de la mortandad por el virus proponen en la reforma un impuesto a los entierros. Esto último ha sido tan escandaloso que se le pregunto a Duque porque estaba incluido ese impuesto a lo que respondió que no sabía por qué. Con ello confeso su desfachatez pues tácitamente reconoció que no conocía al detalle el proyecto de la reforma. Ese es el talante de este desvergonzado presidente. Su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla por su parte señaló que la docena de huevos costaba 1.800 pesos cuando en la realidad cuesta mas del doble de este precio. Con ello han dejado ver que no conocen como vive la gente sencilla y humilde, la clase trabajadora de nuestro país.

Pero a esta difícil situación económica se suma el asesinato de los líderes y lideresas sociales, cerca de mil desde el inicio del proceso de paz en el mes de noviembre de 2016, el asesinato de 267 excombatientes de las FARC en proceso de reinserción, según cifras de la JEP en reciente estudio presentado al país, a la comunidad internacional y en el cual solicita medidas eficaces y políticas públicas para enfrentar el fenómeno, pues, las que se están aplicado han fracasado. Este gobierno hace todo lo posible por llevarnos de nuevo a la guerra. Esto lo entiende un cada vez mayor número de colombianos/as que no están de acuerdo con esta fallida política. El orden público es critico en bastas regiones del país en dónde mandan las bandas criminales y los grupos armados. Los programas de sustitución voluntaria de cultivos de coca no tienen los recursos para ello y en cambio se pretende retornar a las fumigaciones aéreas que han sido un completo fracaso.

Bueno esta es la realidad. Una tasa de desempleo superior al 16%, más de 500 mil pequeñas y medinas empresas quebradas y el gobierno pretendiendo que para pagar la deuda externa y mantener los privilegios de los ricos y super ricos se debe gravar con Iva los productos de la canasta familiar ha llenado de indignación a las mayorías en el país. Esta es la razón por la que la gente salió aún a riesgo de contagiarse con el coronavirus. Como dijo lucidamente un poblador colombiano no es que vayamos a salir pues desde hace muchos meses tenemos que salir porque tenemos que rebuscarnos como sea lo del sustento ahora vamos a salir, pero a protestar. Esta indignación debe transitar al campo de la política hay que derrotar al régimen oligárquico representado en el uribismo y en la coalición política que lo sustenta. Este es el reto, de la indignación social a la indignación política.

Bogotá 29 de abril de 2021.       

- Pedro Santana Rodríguez es Director Revista Sur