Los meses de mayo a agosto del 2020 han sido en especial excepcionales en cuanto al incremento de la pandemia, el repercutir en la violación y exposición de vulnerabilidades y derechos como el acceso al agua, la continua deforestación de los bosques en Darién y el PILA, el incremento de la inseguridad para los defensores ambientales a nivel nacional, así como la puesta en práctica de mecanismos de permisibilidad por parte de las autoridades de salud y laboral para flexibilizar situaciones que ponen en riesgo condiciones de vida, salud y comunidad como la reapertura de proyectos mineros. La pandemia atraviesa de forma vertical cada uno de los ejes monitoreados, los cuales son: agua, extractivismo y gobernabilidad en sus dimensiones sociales, económicas, políticas y ambientales.

Representa un reto para la buena gobernanza ambiental asumir “nuevas” condiciones post pandemia que encierren un proyecto de país. Si bien, las mesas de diálogos se han instaurado, en especial las mesas de diálogo consultivas organizadas por el Ministerio de Ambiente, entre los meses de mayo a junio, teniendo en cuenta la reactivación post pandemia. Teniendo un alcance de convocatoria, así como la vinculación de los múltiples sectores que conforman el ethos social y ambiental nacional. Los conflictos como tal, entiéndase conflictos como expresiones naturales entre la disonancia y la consonancia, producto de una clara necesidad de expresión. Los “choques” o resultados a partir de la criticidad y el debate analítico de lo socio ambiental deben ser entendidos como un elemento que nos ayuden a determinar de la mejor manera los rumbos y partidas de objetivos comunes que se logren identificar de forma clara en la veeduría permanente de los fenómenos sociales y ambientales a nivel nacional.

Agua

El cuatrimestre comprendido entre mayo y agosto de 2020 está marcado por los efectos de la pandemia del COVID 19. Para este análisis se identificaron 55 notas publicadas que abordan de alguna manera el tema “agua en Panamá”, luego analizadas en sus actores, ubicaciones y problemas específicos.

De las 55 notas recogidas, 48 se refieren a hechos que ocurren en la ruta interoceánica y su periferia (ciudad de Panamá, San Miguelito, Panamá Este y las provincias de Panamá Oeste y Colón) o la incluyen, al ser notas generales sobre el país. Solamente 7 notas se ocupan de hechos que ocurren en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas y el “occidente” del país, 11 si se incluyen las notas que se ocupan del nivel “nacional”.

Lo anterior puede significar una de dos cosas: que el agua no constituye un problema o asunto de mayor importancia más allá de la ruta interoceánica, o que la información que la población recibe “sobre el país”, incluyendo aquella que vive fuera de esta región, se construye casi en su totalidad en función de lo que ocurre en la ruta, la ciudad de Panamá y sus alrededores. En otras palabras, lo que ocurre en “provincias” no llega a constituirse en “noticia”.

Esta última opción parece explicar mejor la situación, reconociendo tanto la historia de conflictos socioambientales por el agua en las provincias y comarcas del país; la centralización del poder político, económico y mediático alrededor de la ruta interoceánica; y las posiciones de acceso privilegiado o control que las élites vinculadas a la ruta ejercen sobre los medios de comunicación como espacios de producción del discurso.

A lo interno de las 48 notas sobre la ruta y su periferia también se observan asimetrías ya conocidas: 30 se ocupan del sector Pacífico en diferentes áreas, 10 de la zona de la ruta en sentido estricto y solamente 4 se ocupan del sector Atlántico, la provincia de Colón. Las otras 4 notas son de carácter nacional.

De las 55 notas recogidas, 39 tienen “suministro de agua potable” como asunto principal, distribuido en todas las regiones del país, mientras 7 tienen como asunto principal el “Canal de Panamá”.

Las notas sobre “suministro de agua potable” se refieren principalmente a “daños y fugas” (13), “protestas y quejas” (10) y similares como “suspensión” (2), “sectorización”, “reparaciones” y “distribución por empresas”, con una aparición cada una.

En el contexto de la pandemia, la irregularidad en la prestación del servicio público de agua potable ha sido el problema principal, expresado en las notas sobre daños y fugas, protestas y quejas en las comunidades populares de las regiones de Panamá Oeste, Panamá Este, San Miguelito, Panamá Norte y Colón, así como en las acciones de reparación, sectorización y otros trabajos para atender las irregularidades del servicio.

No se identifican reportes sobre problemas en el suministro de agua fuera de las áreas habitadas por los sectores populares, posiblemente porque la vivienda de clase media-alta ocupan las zonas con mejores infraestructuras de servicios públicos y disponen de los recursos de espacio y dinero para almacenar o comprar agua en situaciones de emergencia.

En el mismo sentido, con seguridad no habitan en las zonas de desarrollo urbanístico sin planificación hacia las zonas norte, este y oeste de la ciudad, donde los servicios públicos, incluyendo el agua potable, son deficientes o casi inexistentes.

A lo anterior hay que añadir las notas sobre problemas en el suministro de agua potable a la población penitenciaria del país (2) y sobre centros educativos sin servicio permanente de agua potable, más de 1000 según la nota, en las que se proyectaba trabajar en la instalación de sistemas de suministro y tanques de reserva.

La situación que se desprende de estas notas, permite plantear la interrogante respecto al discurso sobre altos niveles de consumo individual de agua en Panamá, comparado a nivel global y regional, ¿quiénes consumen realmente los 507 litros por habitante/día, si en las áreas habitadas por los sectores populares, que son la mayoría de la población, en la periferia de la ruta interoceánica, en las comunidades de provincias y comarcas, la constante es la queja y la protesta por la irregularidad en el servicio público de agua potable?

La cotidianidad de problemas en el suministro, quejas y protestas, y acciones del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) para resolver los problemas en el suministro a sectores populares, también contrasta con el contenido de las notas cuyo asunto es el “Canal de Panamá”.

En estas últimas, el problema inmediato es la variación en la cantidad de lluvia, usualmente por debajo de promedios históricos en los últimos años, que repercute en el nivel de los embalses de Gatún y Alajuela para garantizar el tránsito de naves por el Canal de Panamá y las tomas de agua para potabilizadoras, además de los efectos actuales y riesgos a futuro derivados de la crisis climática en el planeta.

En atención a estos problemas, las respuestas se articulan en torno a estudios sobre la situación, existencia de opciones (optimización, nuevos embalses o desalinización) y fondos destinados a inversiones para garantizar la “seguridad hídrica” en la ruta interoceánica.

Sobre el tema agua se observan las desigualdades entre la zona de la ruta interoceánica y el resto del país, así como entre distintas áreas y grupos humanos lo interno de la zona de la ruta interoceánica.

La información que se genera “sobre el país” corresponde principalmente a la zona de la ruta interoceánica y su periferia. La zona de la ruta, en sentido estricto, presenta problemas globales y respuestas programadas a corto, mediano y largo plazo, sobre la base de estudios e inversiones.

La periferia presenta otro tipo de problemas, con expresión siempre local, pero cuyo origen se ubica en la organización y funcionamiento de las instituciones, en función de los intereses y prioridades de quienes ocupan las posiciones de poder del Estado, con respuestas en buena medida reactivas.

La diferencia entre los territorios administrados por la Autoridad del Canal de Panamá, que sirve a la economía del tránsito interoceánico, y el resto del país, donde vivimos, veinte años después del acto de reversión, ha venido construyéndose desde la década de los noventa del siglo pasado, mediante la creación de la estructura jurídica e institucional, a nivel constitucional y legal, que concreta los acuerdos entre las élites económicas y políticas de la post invasión, recogidos, por ejemplo, en los acuerdos 2 y 5 de la Declaración de Bambito.

Expresa, fundamentalmente, el consenso de las élites respecto a un modelo económico al cual se encuentran vinculados en posición de ventaja: la gestión “eficiente” del agua en función de las exigencias de ese modelo, por un lado, y por el otro, la gestión por inercia del servicio de agua potable para la población,  porque no pudo ser privatizado, en el mismo nivel de importancia que los acuerdos 1, 3, 4 y 6 de la misma declaración, arriba mencionada, cuya concreción, en sus aspectos sociales, 30 años después, siguen pendientes.

Es decir, en el contexto de pandemia que cubre este cuatrimestre las desigualdades en el acceso al agua, y, por tanto, en las condiciones de salud, sobre distintos sectores de la población, no son producto del azar, sino el reflejo de decisiones políticas acumuladas durante décadas de “democracia”.

Extractivismo

En el extractivismo durante el cuatrimestre mayo-agosto del presente año se presentaron las siguientes temáticas como las más dadas a conocer por los principales periódicos locales de Panamá y los internacionales los cuales se hicieron eco.

Durante la pandemia en la que ha predominado la ausencia del apoyo estatal a comunidades vulnerables como campesinos, indígenas además de comunidades urbanas con acceso económico reducido se ha buscado la opción de generar ingresos incluso en la ilegalidad como es el caso de Chiriquí en donde se han encontrado instalaciones improvisadas y material utilizado para la extracción de recursos naturales sin los debidos permisos. Con respecto a la minería, los actuales emporios mineros extranjeros que operan en Panamá explotan de manera insostenible los recursos naturales causando daños al ambiente, a las comunidades rurales que conviven en los alrededores y a la sociedad en general, originando como consecuencias problemáticas de índole social.

El extractivismo es una clara representación del patriarcado predominante en el sistema neoliberal de la actualidad, las principales consecuencias de la minería como modelo extractivo sobre las mujeres se describirán a continuación:

Prostitución: Se generan lugares dedicados a la prostitución cerca de las minas para servicio de sus empleados, ocasionando que las pocas fuentes de ingreso para las mujeres de las comunidades mineras, que no han tenido acceso a educación y a oportunidades laborales mejores, sean las relacionadas con el trabajo sexual, exponiéndose a condiciones de maltrato físico y emocional. Sin embargo, se ha convertido en un negocio muy rentable en las comunidades indígenas y campesinas en donde se establecen las minas sin consideración de que estas mujeres tienen familias en las cuales este tipo de trabajo ocasionan problemas psicológicos que son transferidos a sus hijos e hijas y posteriormente a la sociedad cuando crecen y se hacen parte del mercado laboral pudiendo seguir el ejemplo de su madre.

Discriminación de género en el campo laboral: En el cual los trabajos destinados a las mujeres son netamente administrativos y con salarios más bajos que los hombres que ocupan cargos similares. La dinámica laboral de las familias mineras en la mayoría de los casos se representa por los hombres quienes trabajan en la mina y las mujeres se dedican a cuidar de sus hijos e hijas y a labores domésticas. En muchos de los casos el exceso de bares improvisados y de venta de licor ocasiona que los mineros maltraten a su pareja quien, al no tener trabajo, soportan este tipo de violencia y se genera una cadena de maltrato físico y psicológico sobre las mujeres de la familia.

Perpetuidad del rol tradicional de la mujer: Dicho rol ha sido impuesto sobre las mujeres de actividades netamente domésticas y de cuidado de los hijos y las hijas sin remuneración y que impiden desarrollar otras actividades educativas que podrían cambiar este panorama. Los hombres que trabajan en la mina tienen una responsabilidad secundaria sobre el cuidado y educación de sus hijos e hijas ya que su rol se limita al de proveedor.

Es clara la vulnerabilidad del tejido social que la minería genera y de la opresión hacia la mujer por parte del sistema bien ejemplificado del modelo extractivista.

La minería fue una de las temáticas más evidenciadas por los periódicos nacionales en torno a la pandemia en este segundo cuatrimestre, debido a la generación de más de 7,000 empleos, la contratación de más de 1500 empresas panameñas y ya que aporta más de $10 millones mensuales a la CSS y más de $30 millones en salarios mensuales. Las noticias giraron en torno a la suspensión temporal de sus empleados, la muerte de 5 de ellos, el reingreso gradual de las empleadas/os y las medidas fitosanitarias tomadas frente al Covid19 en gran parte por estar ante la mirada alerta de los medios nacionales de comunicación.

Entre las medidas más sonadas está la generada durante el mes de agosto por la reapertura de la mina de que los trabajadores y trabajadoras debían pasar un periodo de aislamiento “preventivo” remunerado de 14 días, en uno de los hoteles designados a este propósito antes de poder ingresar a desempeñar sus funciones en la mina, convirtiéndose en peones en este tipo de medidas en Panamá a la hora de preservar la salud de sus empleados/as al menos dentro de sus instalaciones.

Otra de las temáticas más destacadas por los medios nacionales durante este último cuatrimestre fue la deforestación en Darién, una temática repetida durante muchos años en Panamá y que lastimosamente los pocos esfuerzos que se han hecho en esta materia por parte del gobierno han sido insuficientes para favorecer el ambiente, pero suficientes para favorecer el mercado ambiental de accionistas nacionales e internacionales del sector maderero.

Por citar la iniciativa del Ministerio de Ambiente sobre un sistema de monitoreo a través del cual se instala un chip o etiquetas amarillas para determinar si la madera es legal o no, ha significado un esfuerzo gubernamental en un panorama en donde el 90% de la madera proveniente que acecha a Panamá desde hace varios años tiene que ver con la expansión de la ganadería lo que llevaría a replantearse de cierta manera si en verdad el modelo de producción alimenticia de la actualidad es sostenible y si respetuoso con el ambiente que tenemos como país.

Los conflictos medioambientales se han convertido en un peligro para las defensoras y defensores de la naturaleza en Latinoamérica, “en 13% de los conflictos medioambientales se asesina a algún activista” según cifras del portavoz internacional Deutsche Welle.

Se debe destacar la alta participación de comunidades indígenas, campesinas y sobre todo mujeres dentro del grupo de activistas en la actualidad quienes han sufrido amenazas como es el caso de la periodista, líder ambiental y activista de los derechos humanos,  del Humedal-laguna Matusagaratí , Ligia Arreaga y el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, estas entre muchas otros casos estigmatizan la defensa de la naturaleza y plantean un escenario en el cual esta quienes se ven perjudicados (as) además de la naturaleza, dejando en entredicho el papel de las autoridades ambientales y del estado como ente garante de derechos humanos.

Gobernabilidad

La gobernabilidad en el sentido amplio es el arte de la “buena gobernanza” entendiese esto como el arte de gobernar entre todos y todas. A nivel institucional se hace un tanto más complejo monitorear el buen desarrollo o comportamiento de las instituciones públicas que tengan a su haber el tema ambiental, dígase esto, que la responsabilidad ambiental no recae únicamente en el Ministerio de Ambiente, sino en todas las instituciones que cohabitan en el plano gubernativo nacional. Es por esto, que el monitoreo y la relación/comunicación de sus planes programas y proyectos deben ser una cuestión pública y visible para su adecuada fiscalización. La ley 6 de transparencia a la información contempla que la información pública debe ser accesible para todo/a persona interesada en el terreno concerniente.

Entre los meses de mayo a agosto a nivel de gobernabilidad se han hecho adelantos en medio de la pandemia entre los meses de mayo a junio se implementaron las mesas consultivas post pandemia a nivel nacional por parte del Ministerio de Ambiente. Esto en consonancia con la idea de la reactivación que la población nacional tenga en cuanto al retorno a una “nueva normalidad” es bien vista las acciones que se adelantaron y teniendo en cuenta que una de las responsabilidades de las instancias gubernamentales es articular, presentar a la población y emprender políticas públicas que ayuden a solucionar los problemas que surgen en conjunto. Sin esa ejecución sería solo una instancia inoperante (carente de acción) para dar solución.

Las mesas consultivas estuvieron divididas de la siguiente forma: financiamiento ambiental, cambio climático, gobernanza ambiental, biodiversidad y suelos, educación y cultura ambiental. El documento final redactado por el Ministerio de Ambiente se entregó al Ministerio de Economía y Finanzas, (MEF) y al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Para las medidas que deban ser implementadas en la “postpandemia”. Esperemos que los resultados sean recibidos por las instancias finales y no queden archivadas.

Además de las actividades que organiza el Ministerio de Ambiente, debemos manifestar una sempiterna desconexión entre instituciones como el Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) frente a las necesidades de cientos, sino miles de personas que día tras día no tienen el vital líquido requerido para el consumo en estos tiempos, de igual forma instituciones como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), se hacen eco de la necesidad de actualizar la data que existe en nuestro país, en un comunicado que ellos emitieron alegan la carencia de información para la ejecución de la infraestructura pública. Si bien, con esto último, se han comprometido a hacer un inversión de $3.8 millones para el desarrollo de 16 planes de Ordenamiento Territorial, se hace necesario verificar que sean cónsonos con el lugar, se han dado muchos casos de Planes de Ordenamiento Territorial que carecen de factibilidad y aplicación, o en el peor de los casos se dan incumplimientos de estos.

Valoramos la opinión emitida por la directora nacional de Cambio Climático de Miambiente, en una nota de opinión del 5 de mayo en donde hacía alusión a la pandemia como una “oportunidad única” para combatir la desigualdad y la crisis climática y económica en Panamá.

Un país que no tiene registro, data, información, colección, repositorio de información como quieran decirle, no hace posible medir, verificar, actualizar, concretar, planificar, programar ni mucho menos ejecutar. Es como el que va al terreno con el conocimiento de un supuesto sin la posibilidad de verificación ni medibilidad, de igual forma el que tiene el instrumento de verificación, pero tampoco va al terreno para la probatoria. Las políticas públicas ambientales deben ir de la mano de la información y la ejecución, sino no son políticas públicas.

En ese sentido, debemos considerar las consultas que medianamente se realizan en el país como un instrumento de suma importancia. La Secretaria Nacional de Energía (SNE) en el mes de junio sometió a consulta pública la versión preliminar de los lineamientos estratégicos de la agenda de transición energética 2020-2030. Uno de los mercados que se espera introducir en esa agenda es el de los vehículos eléctricos. (actualmente hay un proyecto que se encuentra en discusión en la asamblea nacional al respecto, con el H.D. Edison Broce)

Por último, las motivaciones e iniciativas ciudadanas en cuanto a la movilidad urbana, (bicicleta) comienzan a tomar fuerza en los últimos meses de confinamiento. Sabemos que Panamá goza de una particular dimensión vial, que históricamente ha sido destinada para el vehículo a motor, pero poco a poco se puede ir esperando iniciativas que busquen aliviar la movilidad, incentivar el ejercicio y a la vez generan menos contaminación creando espacios vivos con capacidad de humanizar una ciudad “indomable” pero que está cambiando con esta pandemia.

Conclusiones

Para los meses subsiguientes a este 2do cuatrimestre es de especial interés verificar el comportamiento en el marco de una apertura gradual de las actividades laborales, económicas, así como sociales, después de más de 5 meses de confinamiento por el covid19. Prestamos atención al comportamiento de los servicios públicos y el acceso a los mismo, así como también la forma en que las instituciones públicas se van desenvolviendo en la “nueva apertura”. El acceso al agua potable, la necesidad de poder asegurar las condiciones elementales como alimentación, salud, educación, vivienda, y que han sido relegado con el paso del tiempo a políticas gubernamentales quinquenales. Hacen necesario pensar más allá de 5 años. Pensar en un plan de país que no solo determine las brechas existentes para ir cerrándose, sino que consolide iniciativas sociales y ambientales que nos posibiliten tener un mejor entorno ambiental y una mejor gobernanza en donde el todo que conforma la gobernanza del ambiente no sea una cuestión meramente de una disciplina o una profesión. Los espacios para el diálogo y el debate están abiertos, hace falta el interés de los tomadores de decisiones y los planificadores de las políticas públicas enfrentar esta realidad. Que sin las consultas, interrogantes, argumentos, debates y críticas no se produciría ningún tipo de conocimiento dejando todo a una planificación a la ciega o a la coja en el contexto social y ambiental en nuestro país.

Publicado original en: http://www.obpas.org/wp-content/uploads/2020/10/OBPAS-Boletin-No.-2-.pdf

Participaron:

Ramón Benjamín (Red Nacional por la Defensa del Agua)

Beatriz Recalde (Observatorio OBPAS)

Edición y coordinación:

Carlos Escudero-Núñez