“Estamos viviendo un proceso que todos los problemas sectoriales se están planteando poco a poco en conjunto y para resolver uno va a ser indispensable pensarlos todos”

Gabriel Salazar, cientista chileno

En tiempos de Covid-19 existe una tendencia al focalizar las intervenciones en un solo problema: salud. En la medida que avanzan los casos y la curva no se aplana, pensamos en trabajo y alimentos. No obstante, no existe la misma preocupación con el problema educativo, aunque todos ellos están relacionados. 

Los países latinoamericanos que tenían fortalezas en sus sistemas de salud para enfrentar el Covid-19 se cuentan con los dedos. Podemos hablar, como siempre se ha hecho, de Uruguay y Costa Rica, pero también de Bolivia en el gobierno del Evo Morales, y Ecuador con Rafael Correa, pero los cambios en el poder a favor de gobiernos neoliberales enterraron sus logros; igual podemos hacerlo en lo que respecta a la educación, pero, sobre todo, educación superior. Aquí destacan México, Chile y Colombia, pero de nuevo las Universidades “Ticas” empujan con fuerza y se sitúan muy por arriba de otras universidades de la región latinoamericana, pero sobre todo centroamericana y del caribe. El control de la pandemia en este país, también tiene que ver con la educación de su gente.

Un caso excepcional es Cuba, tanto en salud, educación y soberanía alimentaria.  El fortalecimiento del sistema de salud cubano se basa en la medicina preventiva e investigación. Es un modelo que integra la prevención y el acceso a la salud pública, con educación gratuita y universal y la autosuficiencia alimentaria, como estrategias complementarias para la reproducción de la vida humana y la práctica y valores del desarrollo.

En el caso de Honduras, el sistema de salud es un dato.  Se habla de él para referirse a una estructura institucional altamente concentrada en ciudades urbanizadas, Tegucigalpa y San Pedro Sula, con poco recurso humano y débil dotación de infraestructura e insumos. A este sistema pertenece el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cuyos recursos fueros dilapados por un grupo de funcionarios y políticos corruptos, muchos de los cuales todavía están libres de la justicia, y lo estarán más con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal que reduce las penas de corrupción y narcotráfico.

La preocupación sobre estos problemas amerita decisiones colegiadas, más allá de las medidas de emergencia para enfrentar en ascenso del Covid-19 y la muerte de hondureños.  El Colegio Hondureño Médico (CHM) ha planteado la vigencia de un nuevo sistema de salud más humano y cobertura universal, pero, en los últimos años, las políticas y reformas del sector salud se orientan a lo contrario; o sea, comprimir al máximo la atención pública y aumentar la atención privada. Con el Covid-19 estas políticas privatizadoras quedaron en lista de espera, pero lo más seguro es que regresen con mayor fuerza en 2021 y 2022. El argumento de fondo es que Honduras tendrá que enfrentar el pago de una deuda externa arriba del 60%/PIB con ingresos tributarios disminuidos, por lo que se necesita profundizar políticas de contracción del gasto público.

Ello implica que muchas de las inversiones realizadas en el marco de la pandemia se pierdan, ya que no habrá disponibilidad de recursos para el funcionamiento de hospitales, algunos “dolosamente” adquiridos (¿si es que vienen?), y para el pago de los nuevos médicos y demás personal de salud contratado, pero no integrados al sistema de salud, ya que forman parte de un programa eventual creado por la Presidencia de la República, el cuál puede llegar a su fin en 2021.

En el caso de la educación pública, muy poco se ha comentado acerca de los efectos e impactos negativos del Covid-19 y la crisis económica. La apuesta es acelerar la educación virtual, pero sin tomar en cuenta la calidad de la misma y los beneficios potenciales para el país y jóvenes. En esto, uno de los problemas centrales, es la capacidad económica de las familias para apoyar e insertarse con sus hijos en programas educativos virtuales, sufriendo carencias inmediatas como la falta de empleo, ingresos, comida, vivienda y acceso a la salud; incluso, el mismo confinamiento.

En el caso de la educación pública universitaria, existen varios problemas que ameritan un análisis más documentado. En primer lugar, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), le apuesta a lo virtual, pero forzando la calidad de la enseñanza-aprendizaje. Para los técnicos virtuales, todas las clases se pueden impartir en línea, independientemente de los medios disponibles para trasmitir el conocimiento. Una clase de Economía Política que tiene entre sus contenidos conocer la formación de la renta diferencial, puede ser manejado en forma virtual, mediante un video, o enviando a los alumnos folletos de la teoría de la renta diferencial de David Ricardo. Igual, no se ocupa desarrollar en aula presencial o semi presencial el concepto de heterogeneidad estructural de los teóricos cepalinos y sus críticos, ya que solo se necesita el documento publicado por Cepal para entregarlo a los alumnos.

En segundo lugar, existe una “endiablada” exigencia de UNAH para que las aulas virtuales sean de hasta 100 alumnos. Ello implica forzosamente el recorte de los profesores de planta, ya que estos tienen una asignación que incluye además de la docencia, actividades de investigación, consulta y extensión.  Una clase en la UNAH se puede abrir con 6 o más alumnos, pero con el aula virtual, las secciones de 10 y más alumnos, se pueden fusionar en una sola con un tope de 100 e incluso más alumnos.  

La educación virtual puede ser buen negocio para los dueños de medios de comunicación, ya que las universidades públicas tienen carencias en este campo, aunque, como es el caso de la UNAH, exista un canal educativo universitario.

En tiempos del COVID-19, los profesores por hora han sido los más sacrificados. Un dato curioso, en el modelo de corte neoliberal vigente, la contratación de profesores por hora permite a la UNAH reducir su gasto fijo, y debilitar la organización de los profesores de planta, ya que los profesores por hora no tienen tiempo para andar en reuniones y marchas, mucho menos exigir la integración del gobierno universitario. Por otra parte, la costumbre de violar la Constitución de la República, normas de contratación del Estado y Estatuto del Docente, permite a las autoridades no cumplir con derechos adquiridos por los profesores, lo que introduce un elemento de inestabilidad en la educación universitaria por las demandas interpuestas en los Tribunales de Justicia para que se reconozcan estos derechos. Esta costumbre o práctica se ha venido institucionalizando por el llamado lado “oscuro” de la UNAH, un grupo de catedráticos, funcionarios y autoridades de la UNAH, que consideran que un profesor por hora no tiene más derechos que exigir el pago de su salario una vez que la Dirección de Personal certifica que asistió a clase y marcó la tarjeta.

El argumento de las autoridades universitarias para no contratar profesores por hora, es que la institución no cuenta con recursos financieros, ya que el gobierno de la República decidió reducir el presupuesto de 2020 para atender la pandemia; pero también, la supuesta evidencia que la matrícula universitaria bajará sustancialmente durante este año, por lo que no se necesitan profesores por hora y las clases que se aprueben pueden ser cubiertas por profesores de planta. La evidencia demuestra que las familias, incluso aquellas que han visto cercenados sus salarios y demás fuentes de ingreso, están haciendo un esfuerzo mayor para que sus hijos se matriculen y cursen clases bajo la modalidad virtual. Hay casos en la ciudad capital, donde padres de familia separan de sus ingresos totales, como gasto prioritario, una parte para pagar la matricula y otra para que sus hijos tengan acceso a internet vía celular, ya que no tienen para adquirir o acceder a una computadora ( una gran carencia que todavía no se ha solucionado).

La educación virtual también ha permitido valorar a los profesores por hora, ya que tienen más conocimiento y experiencia de trabajo institucional o privado, por lo que se les facilita conformar las clases, innovando incluso en las formas de trasmitir los conocimientos con foros, conversatorios y debates donde se involucran actores públicos, privados, sociales y políticos, como una extensión de la práctica de la educación universitaria social.

Al 1 de julio de 2020, Honduras reporta 20,262 casos confirmados (17,597 activos) y 542 muertes COVID-19, con una tasa de letalidad efectiva (sobre los activos) con rezago (cifras de hace dos semanas) de 3.8 %. Los Departamentos de Cortés y Francisco Morazán concretan el 80.9 % de los casos confirmados, y el 86.1% de las muertes. Pero, preocupa también, el ascenso de casos en departamentos como Atlántida, Yoro, Santabárbara, Comayagua, Islas de la Bahía, Choluteca, La Paz, que, frente al abandono de los hospitales de áreas y regionales, se está ejerciendo una presión adicional a la atención médica en los hospitales nacionales saturados de pacientes. Frente a ello, estos hospitales están remitiendo pacientes a hospitales regionales y de área, por lo que la presión es doble.

La UNAH puede aportar mucho. La mesa multisectorial creada por el gobierno no funciona, y se ha perdido en el “pedacero” e improvisación. Recién se tomó la medida que las personas circulen por número de terminación de su tarjeta de identidad, pero también por número de placa de carro. Para el caso, los lunes circulan impares, identidad y placa. Ello motivó al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) a retirarse en forma “definitiva” como miembro de la mesa, ya que esta decisión les afecta, y volver al sistema anterior.  Un aporte de la academia, es la propuesta de una Agenda de Trabajo para el manejo de la crisis, donde participen los partidos políticos y organizaciones marginadas por el gobierno como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD). La Facultad de Ciencias Sociales a través de las carreras de Desarrollo Local y Sociología tienen un avance en este campo, por lo que el Señor Rector, Francisco Herrera, debe reunirse (en forma virtual) con los maestros y alumnos y presentar la propuesta para su aprobación a los actores reales de la economía y sociedad hondureña, incluso sin consultarle al gobierno: Es autónoma.

Tegucigalpa, DC, 2 de julio de 2020