El primer ministro británico en tiempos de guerra, Winston Churchill, no era amigo de la clase trabajadora, pero deberíamos seguir su consejo de nunca dejar que se desperdicie una buena crisis, y no repetir los errores de 2008 cuando hicimos exactamente eso. En aquel entonces, el escándalo de las hipotecas de alto riesgo amenazaba con derribar toda la infraestructura capitalista, lo que llevó a la Reserva Federal de los Estados Unidos a invertir un estimado de U $ 16 trillones en rescates a bancos y corporaciones de todo el mundo.

La especulación desenfrenada sobre instrumentos financieros oscuros y riesgosos desatados por el capital financiero globalizado en busca de oportunidades de inversión, sin restricciones nacionales, había llevado al sistema bancario internacional al borde del colapso. Sin embargo, lejos de resolver las causas estructurales subyacentes de la debacle, los rescates permitieron que los negocios continuaran como de costumbre, con bancos e inversores institucionales reciclando el dinero que recibieron en actividades más especulativas, aumentando así la brecha entre la producción productiva del mundo y la economía del casino. Según el economista estadounidense William I Robinson, para 2018 la producción mundial de bienes y servicios era de unos U$75 billones, mientras que el mercado mundial de derivados se estimó en un apenas creíble 1.4 cuatrillones de dólares.

La explosión de la especulación financiera ha sido acompañada por aumentos masivos en la deuda estatal y corporativa. El mercado global de bonos superó los U $ 100 billones en 2017 con una deuda global total que alcanzó los U $ 215 billones en el año anterior. Mientras tanto, los aumentos dramáticos en el crédito al consumo han compensado la disminución de los ingresos reales para la mayoría de la población del mundo "desarrollado" que sufre austeridad y empleo precario. Desde el colapso de 2008 y el posterior regreso a los negocios como de costumbre para la clase capitalista, los economistas han estado prediciendo que solo era cuestión de cuándo, y no si, ocurriría otra crisis. La fragilidad estructural subyacente de un capitalismo global que ha hecho fortunas para unos pocos y la pobreza para muchos solo necesita un impulso para derribar a toda la empresa y el coronavirus amenaza con hacer precisamente eso.

Por grave que sea la pandemia, la mayor amenaza que enfrenta la humanidad hoy en día es el cambio climático, un fenómeno impulsado por la destrucción desenfrenada de los recursos de la tierra y el envenenamiento de la atmósfera en la búsqueda interminable de crecimiento económico. Hasta que, y a menos que el orden capitalista sea reemplazado por un sistema socioeconómico más equitativo que ponga a las personas y al planeta antes del saqueo y las ganancias, hay pocas esperanzas para la humanidad. Los dos ejes del sistema son la inviolabilidad de la propiedad privada, incluida la propiedad de la tierra, y la acumulación de capital. Sin embargo, en la gran cantidad de artículos y ensayos que se han escrito a raíz del brote de coronavirus criticando la incapacidad o la falta de voluntad de los gobiernos neoliberales para proteger a sus poblaciones, es raro encontrar una demanda para la reforma drástica o la abolición total de las sociedades anónimas y la responsabilidad limitada de sus directores que las dirigen. Desde su creación en Gran Bretaña por la Ley de Sociedades Anónimas de 1844, y su adopción por prácticamente todas las jurisdicciones del mundo, las corporaciones se han convertido en el vehículo para la expansión capitalista y la búsqueda de rentas en todo el mundo. Una característica clave de estas corporaciones es la obligación legal de maximizar los ingresos de los accionistas, independientemente de cualquier otra consideración y para lograr ese objetivo, acumulan ganancias y externalizan el riesgo.

En la era neoliberal, ayudadas y alentadas por políticos conformes que a menudo son poco más que sus portavoces en los parlamentos, las corporaciones han llegado a dominar todos los aspectos de nuestras vidas. La comercialización y privatización de la sociedad ha entregado escuelas, hospitales, energía, cárceles, servicios sociales, transporte, comunicación y prácticamente cualquier otra actividad económica en manos de empresas que buscan rentas cuyo único interés en los "servicios" que proporcionan es cuánto capital pueden generar por el vaciamiento de los activos. Los debates inútiles sobre la eficiencia del sector privado versus el despilfarro del sector público son poco más que cortinas de humo para justificar la entrega de empresas públicas a los capitalistas que buscan un lugar para "invertir" su capital en la búsqueda interminable de crecimiento infinito.

Las últimas décadas han sido testigos del ascenso meteórico de compañías tecnológicas como Apple, Microsoft y Google que obtienen miles de millones de dólares en ganancias para sus accionistas y propietarios por igual. Entre los actores más poderosos en los mercados financieros mundiales se encuentran la nueva generación de empresas de gestión de inversiones cuya influencia financiera les ha adquirido una enorme influencia. BlackRock, por ejemplo, administra más de U $ 6 mil millones en acciones por año y en el año fiscal 2019 su ingreso neto fue de U $ 4,5 mil millones. Su cartera de acciones incluye participaciones significativas en desarrolladores de plantas de carbón y compañías petroleras, lo que le otorga la dudosa distinción de ser etiquetado como el mayor impulsor de la destrucción climática en el planeta.

El coronavirus ha servido para ilustrar que un sistema económico global diseñado y dirigido por intereses corporativos no está respondiendo a las necesidades de las personas en todo el planeta y ha creado desigualdades grotescas entre el 1% más rico de la población mundial y el resto de la humanidad. En los países del Sur global, entre el 60 y el 80 por ciento de la población se gana la vida con la economía informal y, como lo han demostrado los acontecimientos en Ecuador y Perú, cuando se aplica una cuarentena, su capacidad para ganarse la vida se detiene abruptamente. Muchos de ellos serán habitantes de barrios marginales de las ciudades, obligados a participar al margen de la economía capitalista después de ser desposeídos de sus tierras por la marcha inexorable de los negocios agrícolas transnacionales.

La economía extractivista de minas y plantaciones ha desfigurado todas las repúblicas de América Latina en una medida u otra y es completamente insostenible. Los cursos de agua se envenenan, los bosques se destruyen y comunidades enteras se quedan sin los medios para sobrevivir, abandonados por los gobiernos comprometidos con los principios del capitalismo transnacional y dependientes de la insaciable demanda de materias primas y alimentos de los países del Norte global. El precio de las plantaciones de banano en Costa Rica o la soja en Paraguay es la degradación ambiental a gran escala y la pérdida de tierras valiosas que podrían utilizarse para producir alimentos para el mercado interno. Incluso en los países ricos de Occidente, millones de personas en cuarentena enfrentan dificultades debido a su dependencia de vender su trabajo para sobrevivir.

En sociedades capitalistas, lo que los principales medios clasifican como "democracia" es poco más que una farsa. No por nada los imperialistas británicos exportaron el modelo de Westminster a sus colonias en todo el mundo para excluir cualquier noción de poder popular. Un cambio de gobierno en los Estados Unidos, Francia o el Reino Unido no hace nada para alterar las características del estado y, en el mejor de los casos, permite un cambio en el porcentaje del ingreso nacional obtenido por la clase trabajadora. Los ataques sostenidos y viciosos contra Jeremy Corbyn y su programa de medidas redistributivas leves demostraron ampliamente los límites de la tolerancia del establecimiento. En otras partes del mundo, los desafíos al statu quo capitalista se enfrentan con la opresión y la violencia, a menudo con el respaldo de los Estados Unidos y sus aliados imperialistas en la OTAN. Eso no significa que debamos abandonar las campañas parlamentarias de reformas dentro del sistema, sino tratarlas como parte de un objetivo más amplio para la democratización de la sociedad mediante el desmantelamiento del estado capitalista. Algo parecido a la democracia genuina solo se logrará cuando las personas en el nivel más bajo posible tengan la capacidad de influir en las decisiones que afectarán sus vidas. Fundamentalmente, eso debería incluir el consentimiento y el control de las empresas económicas en un nuevo marco de derecho que eliminaría los peores excesos de la Ley británica de 1844 y lo reemplazaría con nuevos conceptos de responsabilidad cooperativa. Muchos pueblos indígenas de América Latina no tienen un concepto de propiedad de la tierra y en los ayllus de los estados andinos y los ejidos de México, existe una rica tradición de responsabilidad colectiva para el cuidado de la madre tierra.

Todo esto no sucederá de la noche a la mañana, pero no es necesario ser estudiante de Gramsci para comprender su idea de eliminar la hegemonía de la clase capitalista o, dicho de otro modo, reemplazar el sentido común aceptado de que "no hay alternativa", ya que Margaret Thatcher, otra primera ministra británica, dijo al comienzo de la era neoliberal. La pandemia de coronavirus ha puesto al descubierto las fallas de un orden global basado en la explotación, el robo de tierras, la destrucción ambiental, el militarismo y la codicia, y debemos aprovechar todas las oportunidades para resaltar sus fallas y clamar por un cambio sísmico hacia un nuevo paradigma basado en la cooperación, la sostenibilidad, igualitarismo y democracia. Como dijo el mártir irlandés, James Connolly: “Para nuestras demandas, las más moderadas son; solo queremos la tierra ".