No es ninguna novedad que la corrupción en América Latina está sistematizada. En los últimos años, varios casos como el de la compañía constructora Odebrecht han demostrado que la corrupción es un mal que no distingue fronteras. Este escándalo que ha resonado en cada rincón de la región se convirtió en un símbolo del más profundo entramado de corrupción en América Latina en los últimos años. Pero lamentablemente, no es el único. La percepción de corrupción en la región es superior al promedio mundial y la falta de transparencia, los favores y fondos destinados a comprar voluntades políticas son moneda corriente en la mayoría de los países latinoamericanos. Son precisamente estas características, las que han provocado el desencantamiento de los ciudadanos que, cansados de ser testigos de la impunidad, han comenzado a exigir la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Lo que apunta también a otra asignatura pendiente en la región: una mayor regulación de las prácticas de cabildeo. Un sistema paralelo que funciona bajo sus propios códigos y que marca la agenda pública.

En 2003, Perú marcó el camino al convertirse en el primer país en la región en regular el cabildeo, conocido también como lobby. La ley que funciona en Perú está basada en la regulación estadounidense del cabildeo, que rige desde 1938 y que exige a los políticos mantener sus agendas públicas y accesibles. Gracias a ello, la actuación de los lobistas está completamente naturalizada y su grado de influencia llega a ser más perceptible que en otros países.

Otro país latinoamericano que ha dado un gran paso hacia la regulación del cabildeo ha sido México, luego de que en 2010 le pusiera un fin a la práctica extendida de las puertas giratorias que le permitía a los reguladores pasar del ámbito público al privado. Durante décadas, el cabildeo se instaló en los cimientos de la sociedad mexicana, constituyendo una institución informal que logró marcar la agenda política, económica y social. La impunidad a gran escala, representada por las amenazas, el lavado de dinero, entre otras actividades ilegales, llegaba hasta la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país durante más de setenta sin interrupción.

Pero a pesar de los esfuerzos de Perú y México, todavía son pocos los países latinoamericanos que cuentan con un marco regulatorio ejemplar para la representación de intereses. Aún hoy en día, sigue siendo difícil de identificar el poder de estos grupos en la región y, por ende, de comprender el impacto real que estos tienen en la toma de decisiones. Su influencia no es tan palpable como en Estados Unidos y cuesta un mayor trabajo comprender hasta qué nivel llega la influencia de estos colectivos y qué tan bien organizados están. Lo que resulta preocupante, sobre todo si se consideran algunos ejemplos de cómo funciona el cabildeo en ciertos países de la región. Como, por ejemplo, en Brasil.

En 2018, la actividad del cabildeo en Brasil fue reconocida formalmente como una profesión por el Ministerio de Trabajo, a través de la inclusión del lobby en la Clasificación de Ocupaciones de Brasil. Pero eso no es todo, para el año próximo, está prevista la votación de un proyecto de ley (PL 1202/2007) que establecería finalmente una legislación específica para el cabildeo en Brasil. Lo que por supuesto, genera una gran expectativa y también un gran revuelo entre los principales actores del sector. Entre ellos, Abrig, la Asociación Brasileña de Relaciones Institucionales y Gubernamentales. La entidad se posiciona como uno de los principales grupos que abogan por la regulación del cabildeo y tiene como fin la difusión de técnicas y una serie de pautas para las buenas prácticas de las relaciones institucionales y gubernamentales, alineadas con los estándares éticos. Sin embargo, los escándalos que han sacudido a la entidad en el último tiempo demuestran que en algunos casos, la ética y la transparencia que intentan promover, han quedado a un lado.

Abrig busca concientizar y disminuir el estigma alrededor de la práctica del cabildeo en Brasil. Sin embargo, ciertas jugadas de su actual presidente, Guilherme Costa Cunha, habrían generado un gran malestar entre los miembros de la entidad. Al presidente se lo ha acusado de utilizar diferentes títulos y nombres a la hora de presentarse públicamente y de registrar al menos dos compañías de las que formaba parte, bajo la misma dirección de Abrig, sin el consentimiento del resto de los miembros de la entidad. Entre la lista de clientes de una de esas compañías, dedicada a la comunicación estratégica, se encontraban la propia Abrig y otras dos empresas también ligadas a Costa Cunha, WFretes y Paper Excellence.

Además de ser el director de Abrig, Cunha se desempeña como director de Relaciones Institucionales y Gubernamentales de Paper Excellence, el gigante mundial productor de celulosa y papel que forma parte junto a Asia Pulp and Paper del grupo chino-indonesio Sinar Mas, controlado por la familia Widjaja. El grupo cuenta con numerosas acusaciones en su contra por parte de ONGs como Greenpeace que han probado el daño medioambiental causado por estas empresas. En más de una oportunidad, Cunha ha sido acusado de superponer los intereses de Abrig con sus propios asuntos privados como director de Paper Excellence. Lo que según cuenta la prensa brasileña, ha provocado un gran conflicto en el seno de la entidad y ha llevado a la renuncia del propio vicepresidente y cofundador de Abrig, Renault Castro.

El ejemplo de Brasil es clave para comprender que la necesidad de replantear la actividad del cabildeo no solo pasa por regular la actividad, sino también por cómo se lleva a cabo ese control. Permitir que representantes de los principales sectores empresariales se inserten en puestos claves dentro de las entidades que debieran velar por la regulación del cabildeo, es darle el pase directo a la industria para que se autorregule. Lo que acabaría siendo contraproducente.

La regulación de las prácticas de lobby es fundamental, sobre todo en una región donde la ciudadanía toma cada día más protagonismo y comienza a levantarse y exigir que se respeten sus derechos. Las masivas movilizaciones en distintos puntos de América Latina son el ejemplo que mejor describe la necesidad de los ciudadanos de poner un fin a las prácticas corruptas de los gobiernos. Los políticos deben tomar nota de esta situación extraordinaria y darse cuenta de que el clamor popular exige el fin de las prácticas dudosas y de la opacidad que ha rodea a la política.