Colombia

¿Quo Vadis Colombia?

Albeiro Caro Fernández

06/09/2019

Análisis

Iván Márquez, anunciando el retorno de un fracción de las FARC-EP a las armas

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2019 será recordado en Colombia, como el año en el que se oficializó la ruptura de la Organización FARC, con el retorno de un grupo de excomandantes, encabezados por “Iván Márquez” a las armas. Sin embargo, depende del nivel de apatía o incidencia de la mayoría de colombianos y del respaldo de la comunidad internacional para que este hecho constituya un factor jalonador del hundimiento en la larga noche que pretende promover la ultraderecha con su consigna y estrategias de “hacer trizas el Acuerdo de Paz”; o, por el contrario, sea una voz de alerta para dinamizar un proceso consciente de reconstrucción del país en democracia, bajo nuevas formas de relacionamiento que rescaten el perdido respeto por los derechos humanos, la justicia social y la naturaleza.

Las respuestas que no entrega el presente, tal vez las puede inspirar un esfuerzo conjunto de prospección del futuro. Poder vislumbrar los posibles escenarios a que conduzca cada una de las decisiones u omisiones que asuma la sociedad, quizá permita imaginar nuevos caminos para buscar que el país cambie de suerte. Y la pregunta clave para construir estos escenarios es ¿qué pasa si…?

Al respecto, se pueden vislumbrar cuatro posibles escenarios de evolución de la coyuntura política generada: El primero, tendencial, ¿Qué pasa si se mantiene la proyección de la situación vigente de polarización, militarización y entropía de la paz? El segundo, aún más pesimista, ¿Qué pasa si se profundiza la degradación del conflicto y hay deterioro significativo de las garantías democráticas, con trascendencia más allá de las fronteras nacionales e involución de los avances en materia de justicia? El tercero, transaccional, ¿Qué pasa si hay un afianzamiento del Acuerdo de Paz y dinamización de su implementación con proyección hacia la sociedad? y cuarto, ¿Qué pasa si la incidencia proactiva de los partidos defensores de los Acuerdos en la búsqueda de la paz completa, conquista el respaldo de amplias mayorías a través de soluciones políticas concertadas?

Escenario tendencial. Para entenderlo es necesario reconocer elementos relevantes de la problemática actual.

Muchas han sido las voces de rechazo, crítica y análisis, acerca de las razones de la decisión de “Márquez” y los demás comandantes, calificándola con términos como “autoinmolación” o deseo de “morir con las botas puestas”. Respecto a los análisis, estos van desde quienes lo ven como consecuencia lógica del arrinconamiento al que fueron llevados “Santrich” y “Márquez”, en los preparativos de extradición, con pruebas dosificadas y truculentas, aportadas por la DEA, la Embajada Norteamericana y la Fiscalía Colombiana, pasando por la declaración de rechazo del Partido Fuerza Revolucionaria del Común a este retorno a las armas, al tiempo que resalta que los aspectos medulares del acuerdo siguen engavetados, hasta la consabida sentencia desde el uribismo de: “Se los dije”, así como la preparación de todo el dispositivo gubernamental para capturarlos, que empieza por afirmar que se encuentran en territorio venezolano, lo que le permite además, atizar el conflicto con el régimen de Maduro y reiniciar la guerra interna, a través de los medios de comunicación.

Pero, a este tipo de hechos, no se les puede ver de manera estática, ni se les puede encapsular para analizarlos. Por el contrario, históricamente, cada uno de ellos ha reclamado importantes decisiones que han llevado al país por nuevos caminos o, por las viejas trochas pedregosas recorridas en tiempos pretéritos. Una mirada hacia el pasado, permite encontrar varios procesos de paz fallidos o limitados en sus alcances. Los de los años 50, con el asesinato de Guadalupe Salcedo, antiguo comandante de las guerrillas liberales del Llano y la frustración de la adjudicación de tierra a los campesinos. O también, los procesos de paz fragmentados de los años 90, que, junto con el movimiento juvenil por la Séptima Papeleta, sirvieron de caudal a la Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991, pese al asesinato de líderes como Carlos Pizarro o la ejecución de más de 700 excombatientes de los diferentes grupos firmantes de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, se ha logrado, lenta y tortuosamente, ir “domesticando” lo más agresivo y visceral de las propuestas de la ultraderecha durante períodos en los que, incluso, tenían la dirección hegemónica del país en sus manos.

Aunque el Partido Fuerza Revolucionaria del Común y su máximo representante, Rodrigo Londoño, manifiesta su rechazo a esta decisión de rearme y la oposición ejerciendo su derecho de réplica al pronunciamiento presidencial le confiere la vocería para manifestarse en idéntico sentido, sin que los grandes medios de comunicación hayan abierto sus espacios para difundirlo, tampoco es menos cierto que los elementos medulares del Acuerdo de Paz siguen engavetados. Especialmente, no hay abordaje de los temas de la Reforma Rural Integral, salvo los créditos para financiación del Catastro Multipropósito; tampoco hay avances significativos en la reforma política ni en las Circunscripciones Especiales de Cámara de Representantes, para las víctimas del conflicto armado; las garantías políticas siguen minimizadas y en deterioro con los más de 500 asesinatos de líderes sociales y más de 150 excombatientes de las FARC, desde la posesión de Duque, sin que el Estado tenga capacidad para cumplir el inciso 3.4 del Acuerdo con respecto al desmantelamiento de las bandas paramilitares y neoparamilitares. Aún los 16 PDETs se mantienen en el nivel de formulación, pero carecen de recursos para financiamiento, frustrándose las expectativas de más de 6,6 millones de colombianos de 170 municipios que esperan ver cómo mejorar su calidad de vida y luego que más de 200 mil de ellos, miembros de organizaciones sociales, campesinas, de víctimas, mujeres, LGBTI, hubieran participado en su formulación, así como las 90 mil familias que se acogieron a la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, sin que ahora tengan la prometida financiación para los nuevos emprendimientos.

También hay que considerar que, a casi tres años de la firma del Acuerdo de Paz, sólo se ha avanzado en una cobertura inferior al 10% en la aprobación de proyectos productivos para la población excombatiente, en proceso de reincorporación, además de que la priorización de la reincorporación individual devuelve el esquema a enfoques implementados en procesos de desmovilización utilizados con las AUC y los desertores, lo que fragmenta su proceso en detrimento del colectivo, como muestra la FIP (Colombia2020, julio 8 de 2019).

En materia de implementación de la JEP, gracias a la unidad de los partidos defensores del Acuerdo, se logró cerrar el camino a las objeciones planteadas por el presidente Duque y se pudo lograr que firmara la Ley Estatutaria que la blinda, en un proceso avalado por la Corte Constitucional que, con el concurso de la Fiscalía y las presiones de la Embajada Norteamericana, casi paraliza la agenda legislativa del primer semestre de 2019, dejando al Presidente Duque muy mal parado, dados los exiguos logros en su primer año de mandato.

Aunque el Acuerdo de Paz ha contado con el acompañamiento de la Misión Especial de Verificación por parte de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, tampoco es menos cierto que el proceso de implementación viene afectado por la ofensiva gubernamental en pro de su desinternacionalización: aunque la vigencia de la Misión de la ONU se prorroga por un año más, su papel se reduce al tema de verificación de la reincorporación de excombatientes y se hace abstracción de los demás temas estructurales del Acuerdo. Esto es coherente con la intención de posicionar en la OEA un enfoque encaminado a establecer que los temas de derechos humanos son asunto interno de cada Estado, con el fin de evadir las responsabilidades internacionales ante múltiples demandas derivadas de hechos trágicos relacionados con el conflicto armado, que comprometen al Estado Colombiano. Paradójicamente, el día 03 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos certifica a Colombia, gracias a la JEP por su labor en defensa de los derechos humanos y le asigna US $ 20 millones a las Fuerzas Armadas Colombianas.

En este contexto, el rearme de “Márquez”, “Santrich” y su grupo de comandantes ha tenido resonancia política, como es natural, atizando la lógica virulenta desde el gobierno que inmediatamente asigna recursos para caza recompensas y el gobierno norteamericano multiplica la apuesta en el mismo sentido.

Dicho “rearme”, como los plantea la Fundación Ideas para la Paz – FIP (agosto, 2019), tiene las siguientes características relevantes plasmadas en el Manifiesto presentado por la “nueva” guerrilla a través del famoso video del 29 de agosto:

Las motivaciones se argumentan desde las traiciones e incumplimientos al Acuerdo de la Habana, así como su reforma plasmada en el Acuerdo del Teatro Colón en Bogotá; la falta de garantías jurídicas y la falta de compromiso gubernamental.

La lucha armada que se pretende ahora resalta que los objetivos no son militares y solamente se enfoca en acciones defensivas; prioriza el diálogo con empresarios, ganaderos y comerciantes para buscar “contribuciones”; en tal sentido, rechaza el secuestro, prioriza los “impuestos” en función de la rebelión y se aplica a multinacionales y economías ilegales, lo que equivale a hacer imposiciones a la minería ilegal y al narcotráfico. Promueve la alianza con el ELN y otros grupos.

En sentido político, su objetivo va contra la oligarquía; plantea una nueva Constituyente y propende por un nuevo gobierno que convoque a un diálogo nacional capaz de involucrar a todas las fuerzas guerrilleras y actores armados.

En nuevo video presentado el 04 de septiembre RED+(septiembre 04, 2019), “Márquez” presenta el perfil del “Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia” al que le confiere un carácter clandestino, capaz de penetrar las más diversas organizaciones sociales, culturales, militares, urbanas, rurales formales o informales desde una perspectiva vanguardista, aún sin esclarecer su estructura y relación con las formas armadas. Este aspecto, llama la atención por cuanto las organizaciones sociales en Colombia, desde los años 90 habían logrado, en gran medida, deslindar campos con organizaciones clandestinas y habían avanzado significativamente en superar el carácter de apéndices de dichas organizaciones. La nueva situación invita a profundizar en la cimentación de la autonomía e identidad de las organizaciones y movimientos sociales, sin perder el horizonte nacional y político de sus objetivos de cambio social, de consolidación de la paz completa y la democracia participativa.

En lo que respecta a la tradición guerrillera en Colombia, no existen experiencias relevantes que puedan demostrar un accionar de lucha solo defensiva o integrada a dinámicas comunitarias al estilo Zapatista de Chiapas o de las experiencias Kurdas. Mucho menos, cuando en el caso del grupo que se rearma, se pretende migrar de una tradición de estructuras jerárquicas configuradas en cuerpos de ejército guerrillero que complican los procesos de flexibilización y relacionamiento con las comunidades en los territorios, además de las incidencias en la degradación del conflicto armado, generadas por las economías ilegales.

Como lo muestra el mencionado texto de la FIP, la dispersión de grupos que pueden contar en sus diversas filas con alrededor de 1.800 “disidentes” con influencia en 85 municipios y el auge de intereses económicos, más que políticos le complica la situación a dicho proyecto de reagrupamiento, aunque los incumplimientos gubernamentales y las críticas a la reincorporación generan puntos de convergencia política.

El estudio le confiere alta posibilidad de alianza entre disidencias a las que coordina Gentil Duarte (Frentes 1 y 7: Guaviare, Guainía y parte del Meta); los liderados por “El Paisa”, “Márquez” y “Santrich” (Cordillera Oriental; Serranía del Perijá y zonas de frontera con Venezuela; Sierra Nevada, Sucre y Córdoba) y estructuras pequeñas con expectativas de respaldo político-militar, tales como los frentes del Guaviare y Vaupés, sur del Meta y Caquetá; Arauca, Norte del Cauca y sur del Valle e Ituango en Antioquia.

Otras disidencias más vinculadas a las economías ilegales que serían difíciles de integrar serían la del Frente Óliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico en Nariño; del Frente 36 del Norte de Antioquia, del Frente 48 del Putumayo, del Frente Carlos Patiño del Sur del Cauca, así como la disidencia del frente 33 del Catatumbo y la del Pacífico Caucano.

En cuanto a las posibles alianzas con el ELN, una unidad estratégica se percibe inviable dada su distinta naturaleza y concepción política, aunque Uriel, comandante del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez que opera en Chocó, saludó en su cuenta de Twitter el Manifiesto del nuevo grupo rearmado. No obstante, pueden darse alianzas tácticas y operativas en territorios. De hecho, se presentan pactos de no agresión y reparto territorial en Vichada o alianzas para enfrentar al Clan del Golfo en el Bajo Cauca en Antioquia a al Frente Óliver Sinisterra en Nariño. La ruptura de la negociación de paz entre el ELN y el Gobierno y la expansión de este grupo copando nuevas zonas puede animar este tipo de alianzas tácticas y operacionales en el corto, mediano y largo plazo, sin que ello niegue contradicciones estratégicas o disputas territoriales o por captura de rentas ilegales.

En tal escenario tendencial, se vislumbra un proceso de degradación del conflicto armado y de pervivencia de factores de violencia que se complica con la presencia de grupos narcoparamilitares en 251 municipios de 29 departamentos, según datos de INDEPAZ publicado por Duarte (21 de diciembre, 2018)

Escenario de degradación del conflicto. Este escenario se plantea desde la pregunta ¿Qué pasa si se profundiza la degradación del conflicto y hay deterioro significativo de las garantías democráticas, con trascendencia más allá de las fronteras nacionales e involución de los avances en materia de justicia?

A pesar de los incumplimientos gubernamentales, los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, el 90% de ellos se mantiene comprometido con el proceso de paz y trabaja por la consolidación de sus proyectos de vida ciudadana, su formación educativa, su participación en la vida económica e incidencia política nacional, así como en los territorios.

No obstante, si se impone la presión uribista por sacar el Acuerdo de Paz del marco constitucional y desmontar las garantías jurídicas del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, podría minar la confianza y borrar los avances del proceso al reducir a su mínima expresión las garantías alcanzadas. Esto no iría solamente en detrimento de los derechos de la población excombatiente si no de las comunidades territoriales, de las víctimas del conflicto armado y de la democratización política del país.

Esto reforzaría los factores de violencia en los territorios distrayendo los recursos de la paz hacia la guerra, atizando la conflictividad en las fronteras, no solo con Venezuela si no también, con Ecuador, Brasil, Panamá y por supuesto, Perú, fortaleciendo el proceso de balcanización de América Latina.

Colombia estaría nuevamente centrada en la subcultura de la guerra, distrayendo sus esfuerzos de paz y desarrollo en medio del florecimiento de la impunidad y el empoderamiento de la corrupción que profundiza la condición de Estado Fallido.

Escenario transaccional. Este escenario plantea la pregunta ¿Qué pasa si hay un afianzamiento del Acuerdo de Paz y dinamización de su implementación con proyección hacia la sociedad?

No solamente está en manos del gobierno sino también de los partidos, el propender por el cumplimiento integral de los Acuerdos de Paz. Esto llevaría al Centro Democrático y al Gobierno de Iván Duque a buscar fórmulas encaminadas a transacciones para blindar de responsabilidades a los terceros, a militares comprometidos en la JEP y al propio expresidente Uribe contra las investigaciones en marcha. Con ello, no es de descartar un retiro discreto del expresidente para prologar el Uribismo sin Uribe.

Escenario de concertación de soluciones políticas por la paz completa. En este escenario, la pregunta relevante es ¿Qué pasa si la incidencia proactiva de los partidos defensores de los Acuerdos en la búsqueda de la paz completa, conquista el respaldo de amplias mayorías a través de soluciones políticas concertadas?

Desafortunadamente, dada la apatía, los imaginarios guerreristas y la desmoralización ciudadana predominante frente a la justicia y la participación política éste es el escenario menos viable a pesar de ser el más deseable para Colombia.

Todo depende de la identidad y fortaleza que los movimientos sociales con anclaje territorial y de los logros que en las elecciones regionales se alcancen para evidenciar un peso significativo en la promoción de salidas capaces de profundizar pactos políticos regionales en pro de sacar las armas de la política y avanzar en un sólido proceso de reconciliación con bases de defensa de la memoria, la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y, sobre todo, la no repetición de hechos victimizantes sin importar su origen.

Dadas las fracturas de la sociedad colombiana, en ninguno de los escenarios se vislumbra la conveniencia o viabilidad para la democracia de convocar una constituyente. En cambio, si es notable la urgencia de potenciar la calidad de la ciudadanía activa y la construcción de movimientos sociales ajenos a la confrontación armada.

Fuentes:

El Espectador. Menos del 10% de excombatientes de las Farc han accedido a proyectos productivos. Julio 8 de 2019. Ver:https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/menos-del-10-de-excombatientes-de-las-farc-han-accedido-proyectos-productivos-articulo-869826

Fundación Ideas Para la Paz – FIP. El anuncio de Iván Márquez y las “nuevas” Farc: Implicaciones y posibles impactos. Agosto, 2019 Ver: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1782