La noticia sobre el despido de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público (de empresas y del sector social salud) es una situación preocupante, no solo para sus familias sino también para el país. En ese sentido, no se trata de una acción aislada. Es parte de un conjunto de políticas de una “economía regida por la mano visible de los empresarios”.

De esa manera, no conformes con una remisión tributaria y una serie de exoneraciones fiscales, su búsqueda de eliminar todo impuesto supera los intereses del país al proponer la eliminación del impuesto a salida de divisas (ISD). Eso puede causar una fuga de capitales que, dado el esquema dolarizado del Ecuador, complicaría el funcionamiento de nuestra economía. A eso se suma el sobrendeudamiento innecesario, efecto de dicha remisión y otras acciones que generaron el déficit fiscal que ahora justifica préstamos con organismos multilaterales como el FMI; y las pretensiones de privatización -o concesiones, como se las disfraza- tampoco se hacen esperar. Estas alcanzan instituciones estatales, incluso, otras como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Es en ese contexto que los despidos masivos del sector público tienen lugar, medida que catapultaría la crisis de dicha institución, cuando mantenerlos o incrementarlos permitirían solventar la situación del IESS.

La situación del IESS se la ha presentado como compleja e irremediable. No obstante, con los despidos del sector público dicha situación será una realidad. De esa forma, uno de los pilares fundamentales de los ingresos del IESS es el número de aportantes. Por consiguiente, si se considera los afiliados al Seguro General Obligatorio, se observa que han aumentado considerablemente en los últimos años (pasa de 1.4 millones a 2.8 millones entre 2006 y 2016). En el periodo 1980-2007 el número de afiliados -del seguro general- como proporción de la Población Económicamente Activa no superó la franja del 25%. Después, se observó un incremento de casi 14 puntos porcentuales en esta misma relación hasta el año 2014 (aumentó hasta un 39% aproximadamente) y disminuyó en los años siguientes hasta situarse en un 35%.

Gráfico 1. Afiliados del IESS modalidad Seguro General Obligatorio como porcentaje de la PEA 1980-2016.*

Nota:*PEA se entiende como la población de 15 años y más que aporta su trabajo para producir bienes y servicios económicos durante un período de referencia. Las estimaciones y proyecciones de la población económicamente activa (PEA) se basan en las estimaciones y proyecciones de población nacional, urbana y rural realizadas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL. El cálculo se obtiene multiplicando las proyecciones de población por las tasas de actividad obtenidas en los años terminados en cero y cinco. Las tasas de actividad base se obtienen mediante el estudio de las tasas provenientes de censos nacionales de población y las encuestas de hogares, disponibles en la mayoría de los países por sexo, edad y área de residencia urbana y rural.

Fuente: IESS-CEPAL.

Elaboración: Propia.

 Eso implica que, durante la aplicación de las recetas neoliberales de gobiernos y clases poderosas en contubernio con las recetas del FMI (especialmente entre 1983 y 2003), la tercerización, flexibilización y precarización era imperante en el mercado laboral. Desde la perspectiva de la afiliación al IESS, este momento configuró una restricción de la base cotizable del IESS. En otras palabras, la ausencia de aportantes como efecto de la no afiliación de los empleadores, mermó el monto del que se disponía tanto para la provisión del servicio de salud como para la cartera de créditos hipotecarios y quirografarios. En ese sentido, la premisa de la ortodoxia económica de que es el ahorro lo que crea inversión tiene lugar, sin considerar que es la inversión la que crea el ahorro. No se otorgan créditos por la cantidad de depósitos, son los créditos los que crean los depósitos. El reto se encuentra en aumentar el monto del que dispone el IESS para realizar las actividades descritas y la clave es la base de cotización; a su vez, el limitante es la forma en que el sector empresarial inserta a sus empleados sin seguro. Por otra parte, limitar el tamaño del Estado implica que este no es un actor que incorpora a personas en sus filas, ampliando la masa monetaria de la que dispone el IESS. En efecto, las acciones que tienen por objetivo despedir a los trabajadores del sector público fomentarían su descapitalización. De esa manera, solventar la situación del IESS y que las pretensiones de privatización se disipen, es necesario que se relaciona con:

1. Aumentar el número de aportantes, lo que significa generar condiciones laborales libres de precarización (afiliación, contratos estables, salario mínimo) y mantener los empleos en el sector público. Desde esa perspectiva, las condicionalidades de política económica que generarían los créditos con organismos multilaterales no son adecuados, entre ellas la privatización o concesión de empresas públicas.

2. Mejorar el modelo de gestión. Es necesario que este contemple vigilancia ciudadana que impulse la transparencia del IESS, que las universidades se involucren en estudios y análisis que permitan formular estrategias adecuadas para esta institución.

3. Existir casos de corrupción comprobados deben ser resueltos por la instancia estatal pertinente.

Dichas propuestas se enmarcan en un contexto complicado por el manejo actual de la política gubernamental y sus resultados no tan deseados. No obstante, estas son algunas de las medidas que pueden solventar la complicada situación que atraviesa el IESS.

Unidad de análisis y estudios de coyuntura, del Instituto Superior de Investigación y Posgrado (ISIP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador

https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/03/11/editorial-despidos-en-el-sector-publico-y-el-iess/