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Víctimas: Peor si es posible

Análisis
15/02/2019
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Transcurridos 7 años desde que se sancionará la ley 1448/11 mejor conocida como ley de víctimas, es necesario insistir en que cada día y cada nuevo gobierno trae consigo un plan de desmejoramiento en materia de prevención, atención, reparación y garantías de no repetición, para las víctimas del conflicto armado.

 

Sólo baste mencionar que durante los años transcurridos en el gobierno de Juan Manuel Santos, quién dijo estar comprometido con la reparación a las víctimas, tan sólo fue posible reparar un número no superior a 700.000 víctimas, y la restitución de bienes no fue superior a las 200.000 hectáreas, a pesar de haber manifestado en reiteradas oportunidades que las víctimas eran el centro de la construcción de la paz en el país, lo cual sólo fue parte de un discurso que no se tradujo en hechos concretos que permitieran la mejora de la condición de víctimas del conflicto armado.

 

La verdad, como lo han señalado en reiteradas oportunidad los informes de la comisión legal de seguimiento conformada por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, los años transcurridos en la implementación de la ley de víctimas han visto cómo se disminuye en términos reales el presupuesto que se asigna para la reparación integral a las víctimas, donde se percibe un aumento de la burocracia, sin que ello vaya en el camino de mejorar la atención a las víctimas que acuden al sistema de reparación integral.

 

Para nadie es un secreto la gigantesca distancia que hay en el espíritu general de la ley de víctimas, frente a lo que en la cotidianidad de las víctimas tiene que asistir, vía decretos reglamentarios cada vez se  aleja la posibilidad cierta de reparación, a lo que hay que agregar, que día tras día,  desmejora la atención a las víctimas, se ha perdido el enfoque de derechos establecido en la primera etapa de la unidad de víctimas, igualmente hay que señalar el retroceso en materia enfoque diferencial con perspectiva de género y de etnias; las víctimas residentes en el exterior son un tema casi desconocido en materia de restablecimiento de sus derechos a partir de sus problemáticas concretas; la reparación colectiva es un enunciado que se reduce a agrupar a las víctimas, para a partir de ellas asistir a un precario proceso indemnizatorio individual, aproximadamente existen 500 procesos de reparación colectiva, de los cuales ninguno de ellos ha podido tener un cierre satisfactorio y ello da cuenta de la negligencia con la que la Unidad de Víctimas da a la perspectiva del enfoque de reparación colectiva.

 

No menos importante mencionar los retrocesos o poco avancé que existe en materia de garantías para la participación efectiva de las víctimas. En todos los procesos de mesas institucionales de víctimas, estos escenarios se redujeron a una formalidad institucional, un ritual, a través de las cuales el gobierno habla de la participación, mientras que en las mesas las víctimas tienen que asistir permanentemente al desinterés de los gobernantes locales y a la negligencia de la Unidad de Víctimas para responder a las inquietudes y planteamientos que hacen las organizaciones y las mesas, frente a la restitución plena de derechos para la población víctima del conflicto armado.

 

Contribuye a la preocupación sobre los derechos de las víctimas los planteamientos hechos, por el gobierno de Iván Duque en las Bases del Plan de Desarrollo, “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” 2018-2022, en el cual se plantea una sensible de disminución del número de víctimas reparadas administrativamente, proponiendo una meta de 312.000 nuevas víctimas para el cuatreño 18-22, lo que significa una disminución  respecto a lo que se había logrado en el gobierno anterior que logro una cifra de 702.000, y más aún llama nuestra atención qué no aparecen mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo el tema de restitución de tierras despojadas, lo cual sin duda significaría un grave retroceso en un proceso que si bien hay que decirlo, ha sido lento, significa para las víctimas una alternativa de reparación.

 

La preocupación general en torno al componente de víctimas en el Plan de Desarrollo es la ratificación de una tendencia de los gobiernos últimos en materia de garantizar su compromiso y su voluntad política para satisfacer los derechos de las víctimas, en cuanto no se ve reflejado en el aumento considerable de la inversión presupuestal para fortalecer entre otros, el  Fondo Nacional de Reparaciones y la corrección efectiva de fallas estructurales que se presentan en el Sistema Integral de Reparaciones el cual continúa manteniendo una persistente desarticulación y descoordinación entre nación y territorios y entre las entidades nacionales que se encargan del desarrollo de la política integral de reparaciones. Hasta la fecha las  metas de cumplimiento a la ley de reparaciones e indemnizaciones, no supera el 12% del total de la víctimas a reparar, lo cual exige que se discuta a fondo la necesidad de acordar,  los tiempos y esfuerzos presupuestales que se  deben establecer para poder cumplirle a las víctimas.

 

Pero quizá el aspecto más preocupante para las víctimas y para las organizaciones sociales, es la persistencia de la persecución, hostigamiento, amenaza y asesinato a personas, líderes y organizaciones vinculados a procesos de Derechos Humanos, derechos de las víctimas, el derecho a la permanencia y restitución en la tierra y el territorio, las cuales están asistiendo a un incremento del riesgo. Algunos especialistas hablan de un genocidio contra el movimiento social en Colombia. Esta situación ha hecho que en los últimos 2 años se registre un número cercano a los 600 líderes y lideresas asesinados y un aumento considerable de las amenazas a través de panfletos y llamadas telefónicas en zonas donde persiste el conflicto armado por diferentes causas.

 

A manera de conclusión valga decir qué se constituye en motivo de preocupación, tanto por la persistencia de una inadecuada implementación de la ley de víctimas, como por las perspectivas que se auguran para el desmejoramiento de la misma, por cuenta de una disminución del presupuesto de la nación y de las metas que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la reparación efectiva las víctimas, pero, igualmente desalienta observar con mucha preocupación como desde diferentes sectores del gobierno y de sectores vinculados a la promoción de la guerra, lanzan ataques contra la jurisdicción especial para la paz, especialmente contra la Comisión de la Verdad, y el funcionamiento de este tribunal que permitirá conocer la verdad de lo ocurrido en el conflicto y garantizar justicia a los responsables de crímenes cometidos contra la población colombiana.

 

Igualmente preocupan los intentos que desde el gobierno de Iván Duque se han hecho por entregar la conducción del Centro Nacional de Memoria Histórica a personas que no cuentan con la idoneidad política y académica para el desarrollo de una institución que debe ser garante de la construcción de la verdad a partir de los testimonios de las víctimas.

 

De conjunto el panorama es desalentador y llama la atención para que las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, fortalezcan los procesos de coordinación, exigibilidad de derechos y movilización en torno a una agenda mínima que permita y exija al gobierno el cumplimiento de lo establecido en la ley de víctimas a través de su fortalecimiento presupuestal y un complimiento cierto de lo establecido en el acuerdo final de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, así como, la exigencia para persistir en una solución negociada con el ELN, así como medidas concretas para el desmonte del paramilitarismo, y desistir de la idea de promover soluciones militaristas para la crisis que se vive en el hermano país de Venezuela, de tal manera que se permita transitar por un escenario cierto y seguro, así como pronto, para garantizar de manera efectiva la reparación integral, la verdad, la justicia y la garantía de no repetición, a millones de víctimas del conflicto armado en Colombia.

 

Alfonso Castillo Garzón

Defensor de Derechos Humanos

 

https://www.sur.org.co/victimas-peor-si-es-posible/

 

https://www.alainet.org/es/articulo/198197

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