En enero del 2018, el intento de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski y el ilegal indulto a Alberto Fujimori, marcaron el inicio de un año intenso, signado por las investigaciones del Caso Lavajato que involucra a figuras políticas como Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Keiko Fujimori, Susana Villarán, en la entrega de millonarios financiamientos y/o sobornos por parte de la empresa Odebrecht. Se configuraba así un escenario de crisis que llevaría a la renuncia de PPK, a la juramentación de Martin Vizcarra como presidente, a un referéndum para reformar algunos capítulos de la Constitución, además de la debacle del Fujimorismo tras la detención de su líder.

No asistimos entonces a una crisis circunstancial. El involucramiento de los tres poderes del Estado en una vorágine de denuncias judiciales, delaciones premiadas, audios y acusaciones revelaron la captura del Estado para delinquir y garantizar la impunidad de los delitos. Se trata de una crisis de régimen, que pone en tensión la gobernabilidad neoliberal impuesta tras el auto golpe de 1992 y legitimada por la Constitución de 1993. En ese escenario, Vizcarra ha tomado iniciativa confrontando al Parlamento de mayoría fujimorista y llevando a cabo un Referéndum nacional con amplio apoyo ciudadano, contando además con el respaldo de los grupos de poder empresarial empeñados en salvar un modelo económico ventajoso para ellos. Pero cuando parecía ya instalarse un curso de normalización, la decisión del cuestionado fiscal de la nación Pedro Chavarry, avalado por el Fuji aprismo, de retirar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela de las investigaciones del caso Lavajato desató una nueva etapa de la crisis. Vale pues analizar este momento político profundizando en los vínculos político judiciales y las posibilidades de impulsar salidas transformadoras en medio de impasses que frenan un mayor protagonismo popular.

El caso Lavajato; cuando lo judicial es político (y viceversa)

Desde que se destapo el caso Lavajato, y con mayor énfasis cuando se revelaron los audios de jueces y magistrados negociando sentencias, el ámbito judicial adquirió centralidad en la crisis política. La ciudadanía, hastiada de lidiar con la monumental corrupción e ineficiencia del poder judicial, ha centrado su indignación en las autoridades judiciales que garantizaban la impunidad de políticos y empresarios corruptos. Paradójicamente, esa misma ciudadanía también se ha identificado con algunos jueces y fiscales que han mostrado mano firme frente a los poderosos, mandando a prisión preventiva a la misma Keiko Fujimori o dictando impedimento de salida contra Alan García.

La magnitud de la crisis revelada en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ente encargado del nombramiento de jueces y fiscales, y la creciente indignación ciudadana dejaron en claro que el Poder Judicial era incapaz de reformarse a sí mismo. Con ello la salida se trasladaba a los poderes políticos; de un lado al Congreso de la República, única instancia facultada para destituir jueces y fiscales supremos, de otro al ejecutivo y particularmente al presidente Vizcarra. Desde el legislativo, pese a la urgencia de reestructurar el CNM, la mayoría parlamentaria Fujimorista y sus aliados del APRA, hicieron todo lo posible por bloquear los cambios, pues se trataba de autoridades judiciales afines a sus intereses. Solo la presión ciudadana, posibilitó la inhabilitación de los miembros del CNM y los jueces Supremos, aunque no se pudo proceder contra el fiscal de la nación Pedro Chavarry involucrado en casos de narcotráfico. Desde el ejecutivo, Vizcarra envió al Congreso un Proyecto de Ley para reemplazar el CNM por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sometiendo además dicha propuesta a referéndum. Tras la mayoritaria aprobación de la propuesta de JNJ en el referéndum esta arista político-judicial de la crisis aparece por lo menos encaminada.

La otra arista político judicial refiere al caso Lavajato y lo ocurrido con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez quienes han conducido con solvencia las investigaciones contra figuras políticas como Keiko Fujimori y los ex presidentes Humala y García, involucradas con coimas y financiamientos ilegales de la empresa Odebretch. El avance de las investigaciones y el acuerdo logrado con las autoridades de Brasil, pusieron a ambos fiscales en la mira de Pedro Chavarry, retirándolos del caso Lavajato con el aval inicial de sus aliados políticos Apro fujimoristas. El retiro de Pérez y Vela desató la indignación popular movilizándose miles de personas la misma madrugada de año nuevo. Nuevamente tuvo que intervenir el poder político. Por un lado, Vizcarra presentó un proyecto de ley para intervenir el Ministerio Público, por otro lado, el APRA y el Fujimorismo, se han desmarcado de Chavarry solicitándole la renuncia. Nuevamente también ante la presión ciudadana, los fiscales Pérez y Vela fueron repuestos, pero Chavarry sigue en su cargo y la junta de fiscales supremos sigue dominada por personajes afines a las mafias con el respaldo de la mayoría parlamentaria.

En Perú, la crisis de Lavajato, ha demostrado que la independencia de poderes, uno de los pilares de la democracia liberal, es sumamente porosa y precaria. Ello no tanto porque hoy el ejecutivo deba intervenir sobre un colapsado sistema de justicia, sino más bien porque durante décadas la gobernabilidad neoliberal se ha sostenido en una trama bien urdida de vínculos entre lo político y lo judicial. De esta forma, el grupo que llegaba al poder ejecutivo lo hacía para concretar negociados y corruptelas y devolver favores, actuando el Parlamento para facilitar las leyes y el poder judicial para garantizar impunidad. En la actual crisis lo judicial es político y la ciudadanía que se moviliza masivamente contra la corrupción, expresa en esta indignación su legítimo malestar con la clase política. No obstante, es importante procesar las implicancias del vínculo político judicial en los sujetos populares, tomando en cuenta la carga moralista y punitiva con que lo judicial permea la esfera pública y su capacidad de instalar formas de juzgamiento y sanción a acciones y deliberaciones que deberían discurrir en el campo de los antagonismos, negociaciones y consensos propias de lo político.

Reforma política e impases persistentes

En medio de esta crisis de régimen van delineándose líneas de resolución, tanto las que buscan una estabilización conservadora como las que pugnan por apuntalar cambios más profundos. No obstante, estos posibles caminos para salir de la crisis, deben enfrentar algunos “impasses” persistentes. Vale señalar que el término “impasse” refiere aquí a una situación sin salida aparente en el corto plazo, una temporalidad ambigua donde parecen detenerse las dinámicas transformadoras e instalarse inercias acumuladas del pasado frenando cualquier desenlace a la vista[1] .

Hoy las posibilidades de cambio se enfrentan a un impasse político persistente cuya primera dimensión es eminentemente parlamentarista. Esta institución, la más deslegitimada ante los peruanos, es todavía la que debe aprobar cualquier reforma importante, incluyendo las operaciones de reforma político institucionales encargadas a la comisión de alto nivel. El presidente Vizcarra, empeñado en concluir su mandato el 2021, confronta frecuentemente con el Congreso, pero no está dispuesto a cerrarlo pues acumula más manteniendo este espacio como su principal antagonista. Vizcarra ha prefiere intentar romper la mayoría fujimorista haciendo alianza con el actual presidente del Congreso Daniel Salaverry. Por su parte, la izquierda con presencia en el parlamento -Nuevo Perú y Frente Amplio- ante la incapacidad de dinamizar un juego propio, se ha instalado también en el impasse con pocas posibilidades de impulsar alguna reforma sustantiva desde su posición de minoría. Y aunque la mayor parte de la población preferiría el cierre del Congreso, por ahora la movilización popular es demasiado débil y los actores sociales se encuentran demasiado fragmentados como para empujar un escenario destituyente que jaquee la decadente estabilidad amparada en el parlamentarismo.

De otro lado, el impasse tiene una dimensión constitucional. Las fuerzas políticas criticas al modelo han señalado la necesidad de avanzar en salidas de fondo a la crisis de régimen, alertando sobre la intención normalizadora de Vizcarra que intenta resguardar los intereses del poder económico abriendo una nueva etapa de gobernabilidad neoliberal. Acciones como la reciente promulgación de la Política Nacional de competitividad y productividad claramente lesiva para los trabajadores revelan tal continuismo. Ante ello la demanda de nueva Constitución ha ganado terreno y consenso entre los grupos de izquierda, gremios sindicales y actores sociales y hoy ya no aparece una demanda muy lejana. Pero aunque la mayoría de fuerzas políticas acomodadas en el statu quo (Acción Popular, Guzmán, Vizcarra entre otros) reconocen que la crisis excede ya el marco constitucional no se atreven a plantear un cambio global, temerosos de afectar el corazón del modelo consagrado en un capítulo económico favorable a los grupos de poder que representan. Pretenden así compartimentar el cuerpo Constitucional en acápites segmentados, de los cuales unos pueden ser reformados y otros no, como si no se tratara de una unidad que expresa más bien un pacto social con sentido histórico.

Por ahora, los actores políticos del stablishment, Vizcarra incluido, parecen decididos a permanecer en el impasse hasta el 2021 confiando en que las elecciones diriman las posibles salidas…Corresponde a las fuerzas políticas que pugnan por transformar el modelo salir del aparente estancamiento y asumir que la crisis todavía está abierta y se puede impedir la recomposición de las elites que se niegan a perder privilegios. No resignarse al inmovilismo, desarrollando iniciativas que cuestionen los aparentes consensos y articulen una mayoría socio y política para impulsar salidas democratizadoras es entonces uno de los principales desafíos.

martes, 8 de enero de 2019

Nota

[1] “Inquietudes en el Impasse” Colectivo Situaciones; Ediciones Tinta Limón, 2009.

http://revistaojozurdo.pe/coyuntura/coyun-010-dur.html