Las inundaciones y sequías que se sucedieron en el agro en los últimos meses, a diez años del peor período en la materia a lo largo de la historia argentina, traen a la memoria una serie de circunstancias sociales y políticas que dieron lugar a hechos de enorme trascendencia como la Resolución 125 del Ministerio de Economía, diez años atrás, bajo la presidencia de Cristina Elisabet Fernández, y el ajuste al que se vio obligado Juan Domingo Perón en 1952.

El año 2008 constituyó el punto más álgido en materia de sequía ya que la misma alcanzó al 67 por ciento del territorio nacional y poco antes el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, le había propuesto, el 29 de febrero, al ex presidente Néstor Carlos Kirchner aplicar una retención del 63,4% para las exportaciones de soja lo que fue cuestionado por el hacía poco asumido ministro Martín Lousteau, quién tras el maltrato recibido por su presunto subordinado optó por buscar una alternativa.

Así nacieron las “retenciones móviles” producto de la “125” lo que generó una dura resistencia por el conjunto de los sectores rurales representados por la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) y la Federación Agraria Argentina (FAA). Esta última, presidida por Eduardo Buzzi, intentó negociar con Lousteau y hasta le recomendó renunciar cosa que éste hizo el 24 de abril.

Después de tres meses de fuertes confrontaciones, el 17 de julio, el Senado rechazó la sanción de una ley confirmatoria merced al desempate del entonces vicepresidente y actualmente senador nacional por Mendoza, el ingeniero Julio César Cleto Cobos, con lo cual se puso término a la cuestión significando un duro golpe para la gestión de Cristina Fernández que vio sucederse como ministros de Economía a Carlos Fernández, Amado Boudou, Hernán Lorenzino y Axel Kicillof.

En el caso de Perón fue casi al término de su primer mandato presidencial cuando el 18 de febrero de 1952 se vio obligado a anunciar un plan de ajuste como consecuencia de la importante sequía de 1950, las inundaciones de 1951 y la nueva sequía que la siguiese y se mantuviera a lo largo de 1952, que hicieron que la producción cerealera, y en particular la triguera, registrara un retroceso que no daba lugar a exportaciones ni a cubrir el consumo interno por lo que se difundió la ingesta de pan negro.

A las 20.30 de ese 18 de febrero Perón reformuló buena parte de su política económica, ya perjudicada a partir de 1948 por el Plan Marshall que había dejado fuera de los mercados europeos, con excepción del español, a las exportaciones agrarias argentinas lo que había obligado al gobierno nacional a reformular sus relaciones económicas internacionales apuntándolas a América Latina y hacia España, siendo de particular importancia en este caso la “Gira del Arco Iris” a mediados de 1947.

La esposa de Perón, María Eva Duarte, “Evita”, fue la que encabezó dicho periplo que incluso la llevó a entrevistarse con el papa Pío XII; a partir del ajuste de 1952 fue la principal encargada de impulsar en la sociedad la necesidad del ahorro y de abandonar las prácticas consumistas para “aumentar las exportaciones y reducir las importaciones”, como señalara el presidente en dicho discurso en el que destacó que en ello se jugaba “el problema de las divisas” y “parte del problema de la inflación”.

Durante su discurso Perón anunció un incremento del precio del quintal de trigo, lino, avena, cebada y centeno a pagar a los productores por la cosecha anterior y pidió a la población que reemplazase el consumo de la carne vacuna, exportable, en la mesa familiar especialmente por pescado dado que las medidas económicas para ser exitosas “es menester que el pueblo participe en ellas y se empeñe en la realización de los planes trazados por el gobierno”.

"La regla debe ser ahorrar, no derrochar. Economizar en las compras, adquirir lo necesario, consumir lo imprescindible. No derrochar alimentos que llenan los cajones de basura. No abusar en la compra de vestuario. Efectuar las compras donde los precios son menores, como cooperativas, mutuales y proveedurías gremiales o sociales. Desechar prejuicios y concurrir a ferias y proveedurías en vez de hacerse traer las mercaderías a domicilio, a mayor precio”, fueron algunas de sus recomendaciones.

La historia de las sequías en la Argentina data de 1574, a inicios de la época colonial, según lo hizo constar Hernando de Montalvo, y reapareció en 1604 según Hernando Álvarez de Saavedra, “Hernandarias”, registrándose información correspondiente a los años 1636, 1678, 1685, 1774, 1778, 1791 cuando se perdiera un tercio del ganado vacuno, 1804 y en el 1810 en el inicio del proceso independentista, siguiendo hasta la fecha con picos en 1910 o como en 1997 cuando dejó de correr agua en parte del Río Salado.

En la actualidad los problemas climáticos hacen que la presente cosecha se sitúe en unos 100 millones de toneladas, lo que implica una pérdida cercana a los 30 millones que se expande a otras áreas como en el caso del transporte, que tal como lo señalara Susana Merlo, ex secretaria de Agricultura, representan un millón de viajes en camión en menos; las pérdidas en fruticultura y el encarecimiento de las producciones lecheras y de las carnes de diferentes animales.

Para las cuentas públicas la merma de exportaciones hará, según, se estima un ingreso menor del orden de los 1.500 millones de dólares estadounidenses en concepto de retenciones a la venta de soja en tanto que para los productores se agudizan sus problemas financieros como los mismos lo hacen notar a través de sus organizaciones representativas y como se lo señalan al ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere durante las giras que éste realiza por las zonas afectadas.

En cuanto a las inundaciones las estimaciones señalan que las mismas generan una pérdida anual del orden del 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) al punto de que un informe del Banco Mundial elaborado en 2016 indica que para la Argentina “las inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza al país y representan el 60% de los desastres naturales y el 95% de los daños económicos” lo que está vinculado con las deforestaciones, a lo que se agrega un informe del Conicet sobre un futuro aún más complicado.

- Fernando Del Corro es periodista, historiador, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.