El nuevo año 2018 inició sus primeros días en Bolivia con un clima de creciente conflictividad sociopolítica: con más de 47 días de paro médico (iniciado en el año 2017) y la sucesiva sumatoria de diversos sectores que pedían la derogatoria de una serie de artículos de un Código Penal insuficientemente socializado, poco conocido y menos debatido por la sociedad civil, argumentando la criminalización del ejercicio profesional de diversa índole. Dicho conflicto fue respondido con la propuesta del gobierno central de derogar los artículos cuestionados, para su posterior revisión y replanteamiento en mesas de trabajo.

Ante la respuesta del oficialismo, la matriz del conflicto volvió a escalar, ya que la oposición replanteó la demanda política argumentando la necesidad de abrogación del Código Penal en su totalidad, lo que agravó los niveles de complejidad del conflicto. El gobierno nuevamente respondió a la remozada demanda política con la propuesta de revisar en su integralidad al nuevo Código Penal durante un año completo, incluyendo a todos los sectores y organizaciones sociales involucradas en la problemática.

En el ínterin, se realizó un paro cívico en Santa Cruz, después de casi una década sin este repertorio de acción colectiva^[1] del Comité Cívico Pro Santa Cruz, luego del fallido Golpe Cívico Prefectural y Regional del año 2008. A la postre, la conflictividad se volvió mayor: las organizaciones que se identificaron como operadores políticos de las demandas crecientes rechazaron nuevamente la propuesta del gobierno central y prosiguieron las movilizaciones hasta que, el domingo 21 de enero, el presidente Evo Morales anunció la abrogación del Código Penal, explicando que «este no debía ser el argumento para generar confusiones, y para que las derecha deje de conspirar para generar desestabilización con desinformación y mentiras.^[2]

Gráfico No. 1: Espiral de conflicto de fines del año 2017 e inicios del año 2018

Sin embargo, a pesar del anuncio del presidente Morales de la abrogación del nuevo Código Penal, los operadores políticos de las oposiciones de derechas rápidamente respondieron que demandaban el respeto del voto popular en el referéndum del 21 de febrero de 2016, para impedir la repostulación electoral de Evo Morales para el año 2019, además de argumentar la necesidad de poner «fin a la dictadura» que se vive en Bolivia, como una insinuación no solo de bloquear la candidatura del actual Presidente, sino inclusive de interrumpir la actual gestión del gobierno.

Frente a la anterior situación y ante la evidencia de varias tecnologías políticas en el desarrollo o evolución de la conflictividad: ¿qué observaciones, análisis y constataciones preliminares podemos extraer de esta espiral de conflictos durante los primeros días de enero de 2018?

Enero de 2018 como continuación del 21F

En primer lugar, podemos constatar que enero de 2018 es la continuación o segunda fase de la arremetida reaccionaria detrás del referéndum de febrero de 2016, que si bien los resultados electorales del 21F se configuraron como una excepcionalidad política y electoral,^[3] dadas las características plebiscitarias del referéndum (al no tener el presidente Evo Morales competencia electoral ni candidato opositor) y la ausencia de vórtice político o eje ordenador para las heterogéneas oposiciones nacionales —es decir que los resultados del 21F eran reversibles y no permanentes— estos iniciaron desde el escenario postelectoral de febrero de 2016 un proceso sistemático de intento de perforación hegemónica, cuyos efectos políticos se han desplegado en los primeros días de enero de 2018.

Haciendo una retrospectiva de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, podemos confirmar los siguientes efectos duraderos de dicho evento político y electoral:

-    21F como inflexión histórica forzada: los resultados del 21F inician una inflexión forzada en el ciclo histórico progresista y popular, de cara a una década de oro entre los años 2005 y 2015 con la recuperación de los recursos naturales, la nacionalización de los hidrocarburos y el relanzamiento soberano del aparato económico productivo del país, representando un ciclo de crecimiento, auge, redistribución y estabilidad económica, política y social. La estrategia política detrás del 21F nos evidencia los esfuerzos de las heterogéneas oposiciones por interrumpir o generar disrupción en la capacidad de reproducción hegemónica en el campo político nacional del gobierno central, además en la continuidad del proceso de cambio

-    La política de la posverdad: la campaña del referéndum del 21F de las oposiciones posicionó la mentira, la impostura, la trivialización de la política y la deformación de la realidad, por lo que el escenario político volvió a ser altamente ideológico, pero irónicamente desde un contexto de vaciamiento de contenidos, argumentos y referentes de debate del ciclo anterior, condensado en la cultura política de la posverdad (o política posfactual), en donde el debate político se enmarca en la distorsión deliberada de la realidad, en apariencias, emociones y falsificación de los eventos fácticos de la realidad, a fin de crear, manipular e influenciar en la opinión pública, ignorando o relativizando los controles de veracidad

-    La instalación de la posdemocracia:^[4] los efectos de una cultura política de posverdad, provocan como consecuencia la instalación de la posdemocracia o un «modelo político donde las elecciones ciertamente existen y pueden cambiar los gobiernos, pero el debate electoral público es un espectáculo (para consumo masivo) estrechamente controlado, gestionado por equipos rivales de profesionales expertos en técnicas de persuasión, directamente relacionado al modelo de la industria publicitaria». En otras palabras, a nombre de la democracia, se vacía y se sacrifica cada vez más a la democracia, convirtiéndola en espectáculo, farándula, trivial y entretenimiento —pan y circo— para las grandes audiencias

-    Reducción y subalternización del sujeto político a condición vergonzante: por su lado, el objetivo político de fondo de esta nueva etapa o ciclo inaugurado desde el 21F busca(ba) desgastar, socavar y vaciar de legitimidad (credibilidad) social al sujeto político indígena originarios campesino obrero popular —sujeto político, histórico y social del proceso de cambio— reduciendo al «indio» a condición vergonzante (Raúl García Linera), desprovisto de condiciones, capacidades, aptitudes, legitimidad y credibilidad para gobernar, intentando resubalternizar al sujeto político y desagregar el bloque social en el poder. (En el año 2016 fueron notorios los casos del Fondo Indígena y luego los contenidos desplegados por la campaña de la mentira del caso Zapata

-    Primaveras o nuevas tecnologías de derrocamiento: consistentes en el intento de balcanización de Bolivia por medio de la estrategia de las primaveras,^[5] utilizadas por el imperio estadounidense inicialmente en el desmembramiento de la ex Yugoslavia y luego en el cercano, medio y lejano Oriente frente a gobiernos nacionalistas de matriz nacional popular y antiimperialistas, defensores de sus recursos naturales, empresas y sectores estratégicos como los casos de Irak, Túnez, Egipto, Libia, Siria, Yemen, Argelia y muchos otros entre el periodo 2010 al 2014. Denominar primavera a estos proceso políticos es —por lo menos— un eufemismo para disimular los afanes conspirativos y reaccionarios de las fuerzas políticas de derechas, quienes valiéndose de actores parapolíticos desde la sociedad civil, cumplen el mismo propósito que el golpe de Estado tradicional o clásico por la vía militar: la apropiación del Estado, el control del gobierno, el despojo y saqueo de los recursos naturales y riquezas de los países de matriz nacional popular y progresista. (Las diferencias básicas entre el golpe duro y el golpe blando están en el actor político que protagoniza el golpe y la intensidad (o no) del uso de la violencia y/o fuerza física, incidiendo esto en las correlaciones de fuerzas al interior del Estado en cuestión y en el grado de legitimidad del actor golpista.)

Gráfico No. 2: Efectos duraderos del 21F

Otro momento político del proceso de cambio

En el contexto de una inflexión forzada en el ciclo político progresista y popular, la cultura política de la posverdad y de la posdemocracia, la finalidad de reducción y subalternización del sujeto político a condición vergonzante y los intentos de balcanización por medio de las primaveras o nuevas tecnologías de derrocamiento, una segunda idea fundamental a instalar en el imaginario del gobierno central y la administración política del proceso de cambio consiste en que Bolivia se encuentra en otra etapa u otro momento político, en donde los contextos en que se mueve el proceso, las reglas del intercambio político, los actores, las condiciones y las correlaciones de fuerzas han variado sustancialmente —producto de los esfuerzos políticos artificiosos de las oposiciones nacionales e internacionales— y los efectos del crecimiento, auge y redistribución del excedente. Pero sobre todo, la estabilidad económica, política y social ha sido normalizada y relativizada por la sociedad civil, por lo que la continuidad del régimen político y del proceso de cambio no puede seguir valiéndose de la inversión pública, la entrega de obras, estructura, infraestructura y políticas públicas como fundamento de legitimación y reproducción de gobierno. (Desde el 21F se constata la disociación entre inversión pública y rendimiento electoral).

Mas al contrario, habida cuenta de los efectos sistemáticos de la estrategia golpista instalada desde el año 2016, la administración política del proceso de cambio deberá internalizar que actualmente estamos bajo los efectos de una guerra asimétrica no convencional, de intensidad variante y con oponentes en alianza nacional e internacional, quienes disputan el control del Estado boliviano.

La disputa por el control del Estado boliviano

 Por otro lado, así como se constata que nos encontramos en otro momento político, forzando la desviación del ciclo histórico progresista y popular, queda claro que la finalidad de esta guerra asimétrica no convencional de intensidad variante y con oponentes en alianza nacional e internacional no solo es provocar la alternancia política y electoral del gobierno de turno —como manifiesta la consigna del 21F— sino la disputa por el control del Estado. En otras palabras, lo que está en juego en este momento histórico no es el simple recambio electoral en la administración del gobierno, sino el diseño y el contenido estructural del Estado Plurinacional, producto del proceso constituyente iniciado hace casi 20 años atrás por los actores del bloque social en el poder.

La ofensiva desde la sociedad civil

Líneas arriba planteamos que entre las diferencias básicas entre el golpe de Estado clásico o militar (heredero del Coup D´Etat del absolutismo monárquico francés) y el golpe de Estado suave o blando que teoriza Gene Sharp, se encuentran el actor y la intensidad del uso de la violencia/fuerza física. En el caso del golpe de Estado clásico o militar, las fuerzas armadas (históricamente amparadas en América Latina por las Doctrinas de Seguridad Nacional y lucha contra la amenaza comunista desde los lineamientos de la infame Escuela de las Américas) tomaban por la fuerza —por asalto— el control del gobierno civil, desplazando al gobierno constituido, contraviniendo la legalidad constitucional y la legitimidad social e instalando luego una dictadura militar. Es decir, la toma violenta del poder político de parte de la estructura militar (con o sin apoyo de alguna facción de la sociedad civil), vulnerando la legalidad y legitimidad institucional del Estado, con la finalidad de que el brazo armado del Estado se haga del control del mismo, con la finalidad de instalar una dictadura militar o un régimen burocrático autoritario.^[6]

En el caso de las primaveras o los recientes procesos de golpes de Estado suaves o blandos, el principal protagonista del proceso disruptivo es la sociedad civil, organizada por medio de células territoriales, células sectoriales, células generacionales, de género y por facciones de clase y otras. Oscilan pendularmente entre tácticas no violentas y violentas, a manera de provocar las reacciones de las fuerzas del orden del Estado, desgastar la autoridad vigente y provocar la salida del gobierno constituido y de esta manera, hacerse del control del Estado.

En el caso de Bolivia, si bien se constata que los objetivos o metas del reciente ciclo de conflictividad siguen siendo los mismos que impulsaron el 21F —impedir que Evo Morales sea candidato para las elecciones nacionales del año 2019 y desgastar la legitimidad/credibilidad del gobierno del presidente Morales para acortar su mandato, bajo los argumentos que el régimen político de Morales es una dictadura— la estrategia se ha afinado por medio de la ofensiva desde la sociedad civil. Por lo tanto, en el afán de impedir la repostulación electoral del presidente Morales, no solo se evidencia que se impulsará la conflictividad sectorial para vaciarle al gobierno central de condiciones objetivas para desarrollar su gestión política, sino que se profundizará la ofensiva desde la sociedad civil, al convertir a la sociedad civil tanto en objeto, como sujeto político —luego del fracaso sistemático de las organizaciones parapolíticas detrás del Golpe Cívico Prefectural y Regional del año 2008, como también del remanente sistema político partidario.

Sin embargo, el actual escenario golpista del año 2018 no es igual a la etapa del Golpe Cívico Prefectural y Regional del año 2008; a pesar de que nuevamente estamos ante un ciclo golpista luego de casi diez años del anterior, el presente esfuerzo de golpe suave o blando desborda al escenario anterior, porque en aquel momento no se había involucrado a la sociedad civil como actor central del intento de perforación hegemónica. El siguiente cuadro comparativo grafica algunas de las diferencias —y, por ende, lecciones aprendidas por las oposiciones de derechas nacionales e internacionales— entre el Golpe Cívico Prefectural y Regional del año 2008 y la nueva tecnología de derrocamiento o golpe suave en curso del año 2018.

Cuadro No. 1: Diferencias entre el Golpe Cívico Prefectural y Regional del 2008 con la nuevas tecnología de derrocamiento en evolución el año 2018.

Lecciones aprendidas y estrategias desplegadas por las oposiciones nacionales e internacionales en Bolivia

Como se puede apreciar en el anterior cuadro comparativo, las derechas nacionales e internacionales aprendieron varias lecciones luego del Golpe Cívico Prefectural y Regional del año 2008; entre las principales lecciones se encuentra la comprensión de que la principal virtud o fortaleza del proceso de cambio consistió en haber articulado un poderoso bloque social en el poder por medio del Pacto de Unidad o la Confederación de Movimientos Sociales de base territorial y sectorial, quienes conformaron su propio sujeto e instrumento político y gestionaron las transformaciones estructurales de la sociedad, la economía y del Estado de manera autónoma o propia, sin la mediación del sistema político partidario o las organizaciones políticas representativas.

Por su lado, el golpe de fuerza del año 2008 demostró el rotundo fracaso del remanente sistema político partidario y de las organizaciones corporativas de representación sectorial, quienes no pudieron imponer su agenda política y su proyecto país en el contexto de la disputa política, ya que el resultado del golpe del 2008 redundó en la derrota política y militar del Bloque Cívico Regional, la instalación de la hegemonía del proceso de cambio en el campo político nacional y la institucionalización o formalización del Estado Plurinacional.

Por lo anterior, las oposiciones nacionales e internacionales al proceso de cambio se encuentran gestando el contrapeso a la fuerza y contundencia del bloque social en el poder —de matriz nacional popular y de base territorial— por medio de dos estrategias principales:

-    La cooptación y descomposición del bloque social en el poder en ocasión del ascenso o emergencia social de entre 1.7 a 3 millones de bolivianos a la(s) nueva(s) clase(s) media(s), a través del elemento nucleador de la subjetividad y de la conciencia de clase media (y sus facciones de clase). (Según datos del PNUD, 17% de la población boliviana pertenece a la nueva clase media emergente.)

-    La contraposición del sujeto político indígena originario campesino obrero popular con la articulación de un nuevo sujeto político basado en la(s) nueva(s) clase(s) media(s)

Por ende, se evidencia la intencionalidad de las oposiciones de conformar un nuevo bloque social en el poder compuesto por la clase media y sus facciones de clase, por lo que el proyecto político (y la identidad política) del Bloque Indígena Originario Campesino Obrero Popular entra en franca contradicción con el proyecto político de la(s) clase(s) media(s).

Gráfico No. 3: Cooptación, debilitamiento y descomposición del Bloque Indígena Originario Campesino Obrero Popular inversamente proporcional a la articulación de la sociedad civil por la vía de la clase media y sus facciones de clase

El devenir de la sociedad civil de objeto a sujeto político

«Si consideramos al sujeto como individuo activo, ello nos remite a un individuo social, que puede ser colectivo/articulado (sin renunciar a su individualidad), que opera con algún grado de conciencia sobre los acontecimientos sociales (está posicionado, se auto produce desde un lugar social), pero además alude a su componente cualitativo, es decir su conciencia y/o su espiritualidad e identidad. Por ello, para su gestación y despliegue le es constitutivo este componente en cada espacio cotidiano, allí se juega su futuro y además su integridad ético política: su altura de sujeto humano. Así, el sujeto es resultante de su propia actividad teórica —práctica, es decir de la actividad onto‑creadora de cada uno de los diversos actores sociales, que supone múltiples procesos de toma de conciencia de los actores— sujetos, que son en gran medida, procesos de auto conciencia».^[8]

Por lo tanto, siguiendo a Michel Foucault en La hermenéutica del sujeto, el sujeto es un actor político que ha tomado conciencia de sí y de su realidad social, está inmerso en un contexto socio‑histórico en movimiento constante y con múltiples formas de interacción social asimétrica, en el cual el sujeto se encuentra sujetado o atravesado por múltiples relaciones de poder —relaciones de significación y producción— las cuales no puede influir ni transformar sin antes volver inteligibles los dispositivos o las tecnologías que las producen. Sin estos procesos, el poder subyuga, somete y mantiene a los sujetos dentro de estructuras sociales asimétricas y relaciones de dominación y sometimiento.

Foucault sostiene^[9] que el sujeto político ha estado signado por tres tipos de lucha: 1) la lucha contra la dominación de orden político, 2) la lucha contra la explotación de orden económico y 3) la lucha contra la subjetivación de orden moral. Por ende, la lucha del sujeto esta transversalizada por diversas luchas y procesos emancipativos en los microespacios del poder, constituyendo resistencias locales, por medio de un conjunto de estrategias teóricas‑metodológicas, concernientes a la comprensión del presente.

En el caso de Bolivia, las luchas, resistencias y rebeliones de los movimientos sociales de fines del siglo XX, desde sus microespacios de poder, han posibilitado la construcción del sujeto político del proceso de cambio —el indio— quien desde la tecnología política del Pacto de Unidad articuló un sujeto colectivo contenido en el sujeto indígena originario campesino (sujeto constituyente). Posteriormente, se amplió el sujeto colectivo con la inclusión del obrero (proletario) de matriz popular y urbana, para consolidar la composición del bloque social en el poder. Es decir, el indio —como objeto de la política, subalternizado, explotado, dominado y subjetivizado— se produjo a sí mismo como sujeto político y devino en sujeto de poder. Esta politización de su conciencia posibilitó el inicio del proceso de cambio hace más de dos décadas atrás, logrando la fundación del Estado Plurinacional.

Este es el proceso político de transformación de objeto recipiendario a sujeto político que han observado y estudiado las oposiciones internacionales; sin embargo —aun siguiendo a Foucault— como el poder no es un atributo ni una posesión, no se localiza ni es estrictamente negativo y/o represivo, sino que el poder también es constitutivo, creativo y productivo; así como el poder es una relación estratégica, dinámica, fluida, efecto de luchas, correlaciones de fuerzas variables y articulaciones tácticas, la contraofensiva hegemónica de las derechas nacionales e internacionales consiste en la articulación de otros sujetos desde otros juegos de poder, que puedan incidir desde sus microespacios de enfrentamiento en la microfísica del poder, para disputarle hegemonía al Bloque Indígena Originario Campesino Obrero Popular.

De esta manera, la incorporación de diversas tecnologías permiten convertir a la sociedad civil de objeto expectante en sujeto político; lo anterior ha significado organizar, movilizar, agitar, pretorianizar y lograr que desde la sociedad civil se implementen las nuevas tecnologías de derrocamiento —proclamando desde las redes sociales la «revolución de la clase media»— con la finalidad de vaciarle al oficialismo de gobierno, las condiciones objetivas y subjetivas para gobernar, muy afín a los procesos políticos denominados primaveras que han vivido desde fines de la Guerra Fría en los años ochenta y noventa (siglo XX) los países pertenecientes al ex bloque soviético y recientemente a inicios del siglo XXI, los países árabes.

Como ya se adelantó, estas llamadas primaveras, aparentemente movimientos políticos espontáneos desde la sociedad civil, son en realidad las nuevas tecnologías de derrocamiento o los golpes blandos, desde donde la injerencia imperial estadounidense articula su estrategia de despojo y saqueo a los gobiernos de matriz nacional popular y progresista, defensores de su soberanía política y económica.

Articulación de la sociedad civil a partir de un actor externo

Por lo tanto, resulta más que evidente en este caso en particular, que la conversión de la sociedad civil en sujeto político es un proceso articulado y agitado por un actor externo —de naturaleza imperial— a diferencia de los procesos emancipativos de matriz nacional popular indígena originario campesino, que han sido articulados por los propios movimientos y organizaciones sociales de base territorial y ancestral, constituyendo estos confederaciones de movimientos sociales que han construido sus propias tecnologías e instrumentos políticos para aspirar a ocupar el Estado y de esa manera transformar las condiciones materiales del país.

De esta manera, podemos evidenciar que en realidad, el actor externo imperial (Estados Unidos) utiliza a la sociedad civil para sus propios fines, instrumentalizando su accionar para pavimentar el retorno de élites dirigentes afines a sus intereses, quienes no llegarían a ostentar el control del Estado por la vía de elecciones democráticas y populares.

Retomando las reflexiones de Foucault, por medio de la hermenéutica del sujeto, las clases medias emergentes de Bolivia están siendo cooptadas, instrumentalizadas y funcionalizadas a los intereses de la clase media señorial (Álvaro García Linera), siendo absorbidas momentáneamente para la estrategia de la ofensiva política desde la sociedad civil y la construcción artificial de legitimidad de un nuevo bloque social en el poder. Planteamos que la incorporación de la(s) nueva(s) clase(s) media(s) emergente(s) es una absorción momentánea a la clase media tradicional de naturaleza señorial, habida cuenta de que el proyecto político que persigue la antigua o clásica clase media señorial es la reposición de sus intereses, privilegios, jerarquías sociales y estructuras basadas en el dispositivo de raza como dispositivo de poder. Es decir, la clase media señorial persigue un proyecto de país en donde el ordenamiento y las jerarquías sociales vuelvan a ser determinadas por el color de piel, el apellido de origen europeo y la casta oligárquica, en donde las conquistas históricas y la conciencia social nacional popular sean cosas del pasado.

Dicho «nuevo» bloque social —en apariencia pluralista, intercultural y diverso regionalmente— es perfectamente funcional a los intereses del proyecto político de las élites de las derechas radicalizadas que se encuentran fuera del país, ya que sobre las espaldas de estas nuevas clases medias emergentes (entre 1.7 a 3 millones de bolivianos y bolivianas), estos buscan construir la apariencia de legitimidad para el retorno de las derechas más reaccionarias y afines al imperialismo estadounidense.

Golpes de Estado, dictadura y la batalla por la preservación del bien público
 

En este pequeño texto hemos diferenciado tres tipos de golpes de Estado o maneras de hacerse del control del gobierno y luego del Estado, que se han presentado en la historia reciente de América Latina; en el caso del golpe denominado clásico o tradicional, el golpe de Estado militar, este utiliza preponderantemente el recurso de la violencia y la fuerza, de manera ilegal e ilegítima, contraviniendo el orden constitucional e institucional del Estado. Por su lado, un segundo tipo de golpe, el denominado golpe de fuerza —como el caso del Golpe Cívico Prefectural y Regional del año 2008 en Bolivia— es protagonizado principalmente por actores corporativos de naturaleza públicos (en el nivel subregional) y privados, quienes por medio del uso de estrategias sectoriales y territoriales en mayor o menor medida violentas y contando con la inacción o no involucramiento de las fuerzas armadas, buscaban hacerse con el control del Estado. Un tercer tipo de golpe de Estado corresponde a las primaveras y a los golpes suaves o blandos, caracterizados por el levantamiento «espontáneo» y la ofensiva desde la sociedad civil, desarrollado en páginas anteriores, para posibilitar el retorno de las facciones de derechas conservadoras y reaccionarias, quienes por la vía democrática y electoral, no tendrían la posibilidad de retomar el gobierno y hacerse del control del Estado.

Lo anterior nos muestra la mutación del golpe de Estado y a la vez la recurrencia e insistencia histórica en el golpismo de parte del imperialismo estadounidense y de las extremas derechas nacionales para hacerse del control del Estado por esta vía nefasta en América Latina. Por supuesto que si los actores en cuestión (nacionales e internacionales) utilizan el golpe como mecanismo de acceso al poder, el régimen político instaurado luego del golpe de Estado será una dictadura. Pareciera verdad de Perogrullo, trivial y evidente que no se instaura democracia por la vía del golpe; por más mutación del golpismo y transformación de actores, recursos e intensidad en el uso de la violencia, igualmente será una dictadura el régimen político resultante del golpe.

Sin embargo, dentro de las nuevas tecnologías de derrocamiento, estos también han vaciado los dispositivos discursivos sobre los contenidos de una dictadura o régimen burocrático autoritario —siguiendo a Guillermo O´Donnell y Philippe Schmitter— argumentando más bien, que los gobiernos de matriz nacional popular, producto de elecciones democráticas investidas de legitimidad y de mayoría absoluta, son dictaduras al reproducir condiciones electorales y de legitimidad social para mantenerse en funciones de gobierno durante largos periodos de tiempo. En otras palabras, las oposiciones nacionales e internacionales cargan las tintas sobre la variable operativa e instrumental de la alternancia política partidaria del gobierno de turno, desechando la importancia cualitativa fundamental de la forma de acceso al gobierno y reproducción de gobierno por la mayoría absoluta electoral, reflejando y respetando la soberanía popular.

Guillermo O´Donnell y Philippe Schmitter caracterizan el régimen burocrático autoritario de la siguiente manera:

• Regido por una élite política, militar (junta militar o cúpula de organizaciones burocráticas autoritarias

• Bajo nivel de ideologización, alto nivel de autoridad (degeneración de conceptos de autoridad por imponer obediencia sin consenso)

• Bajo nivel de participación popular y alto nivel de movilización

• Alto nivel de burocratización y corporativismo verticalista

• El autoritarismo usa los elementos clásicos de poder: Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad (parapolítico, paramilitar) y Poder Judicial discrecional

• Cierto grado de autonomía de ciertos subsistemas: educación, salud, etc.

• Antimarxistas, antidemocráticos

Juan Linz sostiene: «Un régimen autoritario tiene un pluralismo político limitado y no responsable, sin una ideología elaborada y propulsiva, sin una movilización política vasta e intensa y el “jefe” (cúpula, élite) ejerce el poder dentro de los límites que formalmente no están bien establecidas (institucionalmente), pero que son fáciles de identificar».

Al respecto de la definición de Linz sobre los regímenes autoritarios, en el caso de Bolivia, el Estado Plurinacional reproduce pluralismo político en su sistema político electoral, ya que existe competencia política y electoral por la presencia de múltiples partidos, agrupaciones y organizaciones políticas que participan en la contienda electoral para devenir en gobierno, a pesar de que no existe competitividad política y electoral al resultar una organización política (MAS‑IPSP) con la mayoría del reparto electoral, conformándose un sistema de partido predominante.

Ahora bien, si reflexionamos sobre la necesidad de las oposiciones de derechas nacionales e internacionales en vaciar el dispositivo discursivo y el significante tradicional de la dictadura clásica, asociado al régimen burocrático autoritario, llegamos a la conclusión de que estos asocian con dictadura no solo a regímenes políticos que se perpetúan en el tiempo —por más legítimos político, social y electoralmente que sean— sino también a regímenes en donde el Estado es el principal agente dinamizador de la economía, la sociedad y la política. Es decir, llaman dictadura a gobiernos que promueven el rol de la regulación, el control y la fiscalización de parte del Estado, por medio del aparato público y de la ley, cumpliendo con la función del monopolio de la universalidad de parte del Estado, equilibrando la relación y límites entre el ámbito de lo público y el ámbito privado. Por ende, llaman dictadura a aquellos regímenes políticos que defienden y promueven el bien público, por lo que la batalla política del proceso de cambio deberá continuar con la preservación del bien público como bien mayor.

Es decir, a estas derechas reaccionarias no les basta la cohabitación entre el ámbito público y el ámbito privado, en el marco de una economía plural, mixta, social y comunitaria… al contrario, persiguen un imaginario de «libertad» o modelo de convivencia económica, política y social completamente desregulada, sin límites de parte del Estado, no solo posibilitando el retorno del modelo neoliberal, sino la incrustación del ciclo capitalista de acumulación por desposesión. El ciclo capitalista de la acumulación por desposesión plantea la acumulación privada (nacional e internacional) por desposesión, saqueo, despojo del bien público, es decir, la ganancia privada a costa de la pérdida del bien público. La acumulación por desposesión es la última frontera de extracción de excedente del capitalismo mundial.

Sin embargo, a pesar de llamar dictadura a los regímenes políticos con Estados fuertes y reguladores de la relación público‑privado, las oposiciones de derechas nacionales e internacionales no tienen ningún pudor en apoyar e instalar dictaduras civiles con grupos oligárquicos y señoriales en alianza con facciones neofascistas internacionales, quienes pregonan la necesidad de reposicionar el dispositivo de raza como dispositivo de poder.

De perforación hegemónica en 2016 a fractura hegemónica en 2018

En síntesis, las oposiciones de derechas plantean que la nueva clase media emergente ha provocado una ruptura en las condiciones de discursividad del Bloque Indígena Originario Campesino Obrero y Popular, por lo que el oficialismo de gobierno/MAS habría iniciado un proceso de debilitamiento interno. Este debilitamiento interno estaría agravado por las disputas internas entre las facciones de élites dirigentes y la falta de capacidad de respuesta del gobierno a las demandas políticas, como también a los deterioros en la administración del Estado, por ejemplo, los sindicados casos de corrupción.

Lo anterior habría provocado lo que ellos denominan la «crisis de confianza» o crisis en los ejes de confianza del proceso de cambio. Este sería el contexto en el cual se inserta la iniciativa política de la repostulación del presidente Evo Morales y la reforma del sistema judicial, que provoca no solo el desgaste a nivel de figura presidencial y de gobierno, sino de régimen político. Por lo tanto, en este entendido, la reacción política vendría desde la propia sociedad civil, desde la lógica del «check and balance» (frenos y contrapesos) para restablecer los equilibrios en las correlaciones de fuerzas.

Condensan la situación presente afirmando que:

• Después del 21F existe una reconfiguración en los equilibrios internos en el país y que las correlaciones de fuerzas están en condiciones más simétricas: «ya no les tenemos miedo» (redes sociales)

• Hay una pérdida generalizada de confianza en los actores, en el proceso político y en el régimen político: «que se vayan todos» (redes sociales)

• El sistema político ya no es hegemónico: «la revolución de la clase media» (redes sociales)

• Los factores, apoyos y contexto internacional ya no acompañan al MAS: con la llegada de Donald Trump a la Oficina Oval en Estados Unidos y la deposición de los gobiernos progresistas en América Latina, ya no les quedan apoyos al MAS (redes sociales)

• El proceso de cambio se encuentra en una situación de descomposición definitiva: «el ciclo histórico de los socialismos del siglo XXI ha finalizado» (redes sociales)

Frente a lo anterior, podemos evidenciar un exceso de confianza en sus propias estrategias y en las nuevas tecnologías de derrocamiento, subestimando la cohesión y fortaleza del bloque social en el poder y dando por hecho la superación del ciclo progresista y popular; sin embargo, en términos prácticos, por medio de la contraposición de sujeto político indígena originario campesino obrero popular con este nuevo sujeto político de clase media (clase media señorial + clase media emergente), estos persiguen los siguientes lineamientos, ya sea de manera independiente o separado y/o de manera interdependiente o combinado:

1. Impedir la repostulación del presidente Morales, bajo el argumento de respetar el voto del 21F, logrando que la excepcionalidad política y electoral de dicha coyuntura se convierta en una crisis política y de Estado de naturaleza estructural.

2. Vaciarle al régimen político de Evo Morales las condiciones objetivas y subjetivas para gobernar; es decir generar conflictividad recurrente para que el gobierno esté en modo de resolución de conflictos de manera constante, así como incidir en los imaginarios, sistema de sentidos y creencias, argumentando que vivimos en una dictadura, con la finalidad de restar legitimidad y credibilidad —por ende estabilidad— al oficialismo de gobierno.

3. Reposicionar el statu quo y las correlaciones de fuerzas preconstituyentes, donde los actores, los factores, recursos de poder y las condiciones de la disputa hegemónica eran más simétricas. Es decir, construir artificialmente (por injerencia extranjera) las condiciones para que las derechas reaccionarias puedan volver a tener la posibilidad para acceder al control del Estado, luego de una década de indiscutida hegemonía y control del campo político nacional de parte del Bloque Indígena Originario Campesino Obrero Popular. (Poner fin artificialmente al ciclo político e histórico del proceso de cambio).

4. Reinstalar la polarización República – Estado Plurinacional como proyecto político contrahegemónico de parte de las derechas reaccionarias.

En otras palabras, las derechas reaccionarias buscan lograr que el intento de perforación hegemónica iniciada con el 21F del año 2016, decante en una fractura hegemónica mayor que permita la interrupción del actual gobierno, poniendo en riesgo inclusive, la pervivencia del propio Estado Plurinacional. O sea, instalar la guerra asimétrica no convencional de intensidad variante y con oponentes en alianza nacional e internacional.

Helena Argirakis es politóloga cruceña.

Este artículo fue publicado en la antología Los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, Roberto Regalado (compilador), Partido del Trabajo de México, Ciudad de México, 2018.