Indulto: ¿reconciliación o la puerta abierta a los autoritarismos?
- Opinión
Para quienes creemos que los derechos humanos son principios fundamentales que deben respetarse por encima de cualquier otro interés, el indulto y la concesión de gracia presidencial que se le dio al dictador Alberto Fujimori es un insulto. Este hecho – que no tuvo nada de “humanitario” – golpeó en primer lugar a los familiares de las victimas (reviviendo su dolor), burló la justicia del país y puso en evidencia negociaciones nefastas y engaños públicos que son posibles en una democracia de baja intensidad como la que tenemos.
El 24 de diciembre del 2017 muchas cosas cambiaron. Se transformó el panorama político, la ciudadanía volvió a las calles para mostrar su indignación latente y el Presidente perdió la poca legitimidad que le quedaba para seguir gobernando el país, luego de haber transado descaradamente los principios democráticos a cambio de su permanencia en el poder.
El indulto al dictador dio mayor apertura para que los perfiles autoritarios, la derecha más conservadora y fascista se fortalezca; pues encontraron en todo este escenario deplorable el momento ideal para desinformar, promover el odio y la impunidad, convertir en mártir a un asesino, afianzar sus lógicas discriminatorias y fortalecer la estrategia de llamar “terrorista” a todo aquel que se atreve a hablar de derechos, justicia y memoria.
Hechos vergonzosos como denunciar por “apología al terrorismo” el arte popular que se plasma en las tablas de Sarhua de Ayacucho, así como los ataques a los familiares de las víctimas o el discurso matonesco que intenta quitar importancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la obligatoriedad que tiene el Estado de respetar sus disposiciones; son algunos ejemplos del escenario de prepotencia al que hemos llegado.
Tal vez este sea uno de los más nefastos resultados de la poca voluntad política para construir una memoria colectiva e histórica, del lugar tan poco privilegiado que se le dio a la educación en derechos, de no haber roto el hábito de discriminar y haber naturalizado la exclusión; esa que finalmente fue el punto de apoyo del terror y la violencia.
No cabe duda, que el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, será recordado por: (1) haber hecho que el país retroceda en sus intentos por construir una democracia real, (2) por promover la impunidad y evitar que un violador de derechos humanos, como el señor Fujimori, cumpla su condena y sea juzgado por crímenes horrorosos como la matanza de Pativilca y las Esterilizaciones forzadas y (3) por negociar principios democráticos a cambio de su inmunidad y permanencia en el poder.
Además, será recordado por ser el presidente que fortaleció un escenario de riesgos para los derechos humanos, un contexto en donde la matonería y la post verdad están permitidas y las prácticas democráticas quedan soslayadas. A este nuevo escenario PPK le llamó “Año de la Reconciliación y el Diálogo Nacional”, una burla más.
Este 2 de febrero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la cual condenó, en el 2001 y 2006, al Estado Peruano por violaciones a los derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, ha programado – a pedido de las víctimas- una sesión extraordinaria para evaluar el indulto. El Estado está en la obligación de asistir a esta audiencia y seguir las disposiciones de esta instancia supranacional.
Por supuesto ya se han escuchado voces diversas, que, afianzadas y fortalecidas por este contexto de impunidad, se oponen al proceso en la Corte IDH y rechazan – a priori- sus resultados.
Evidentemente no se puede esperar mucho de un gobierno deslegitimado y con las características ya expuestas; sin embargo, las/os defensores de derechos exigimos que el Gobierno cumpla con sus obligaciones internacionales, las cuales están reconocidas por la Constitución. De no hacerlo, deja al país expuesto a un escenario de mayores riesgos, terreno perfecto para que los autoritarismos fortalecidos terminen de asentarse en el poder.
Liz Meléndez
Socióloga
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