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Objetivos de Desarrollo Sustentable: una propuesta para la “transformación”

Opinión
22/04/2017
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Foto: taringa.net
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En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una “visión de futuro transformadora”, que supone dar seguimiento a los denominados Objetivos del Milenio. La agenda en cuestión propone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, en adelante) con 169 metas, contexto en el que, como es ya usual en el discurso dominante del desarrollo sostenible, se asume que el crecimiento económico no solo tiene un peso central, sino que es compatible e imprescindible.

 

Debe recordarse que el concepto de desarrollo sostenible en Nuestro Futuro Común (publicado en 1987) no sólo abogaba por “…la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”, también consideraba que los límites que implica el desarrollo sostenible no eran absolutos, “…sino limitaciones impuestas por el estado actual de la tecnología y la organización social sobre los recursos ambientales y la habilidad de la biósfera de absorber los efectos de las actividades humanas”. Pero, agregaba el documento, “…la tecnología y la organización social, pueden ser gestionadas y mejoradas para abrir paso a una nueva era de crecimiento económico”. Los ODS suscriben con ese mismo espíritu, la aspiración por “…un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento económico sostenido”, ello en tanto que ése se considera “esencial para lograr la prosperidad”.

 

La insistencia del discurso dominante de continuar con un crecimiento económico sostenido, esto es, con más y más crecimiento y acumulación de riqueza y capital, si bien resulta políticamente correcta y atractiva para la preservación del status quo, en lo concreto no puede materializarse al mismo tiempo, como un proceso “sostenible” e “incluyente”, tal y como se suscribe en el documento de los ODS. De hecho, es llamativo que las propias evaluaciones científicas suscritas por Naciones Unidas en materia ambiental y climática, subrayen -cada vez más frecuentemente- el hecho de que el principal impulsor de la degradación ambiental y el cambio climático es el crecimiento económico, ello muy por encima del crecimiento poblacional o cualquier otro factor.

 

Atrapado el discurso dominante en tal tensión, la de procurar un crecimiento económico al infinito en un planeta finito, la salida ha sido hablar de un eventual “desacople” entre el crecimiento económico y el consumo de energía y materiales, esto es, apostar por la denominada “economía verde”. Datos de las últimas décadas develan abrumadoramente el fuerte acople que existe entre crecimiento económico y consumo de energía y materiales, ello a pesar de la creciente eficiencia lograda en múltiples procesos de producción, circulación y consumo (en algunos sectores, en varios órdenes de magnitud). Así, se advierte que de 1900 a 1950, la población pasó de 1,800 millones a 2,500 millones de habitantes, mientras que el PIB mundial lo hizo de 2 billones (millones de millones) a 5.3 billones de dólares, y el número de patentes registradas de 141 mil a 412 mil. Para el 2011, la población casi alcanzaba los 7 mil millones de habitantes, el PIB mundial los 55 billones de dólares y las patentes registradas 1.9 millones. A lo dicho, debe sumarse que, desde mediados del siglo XX, el consumo de energía y materiales creció 5.6 veces más rápido que la población mundial (de 1900 a la fecha lo hizo 10 veces), mientras que la generación de residuos incrementó 5 veces (los plásticos hasta unas 150 veces). Derivado de tal tendencia, hoy día el consumo de energía y materiales ronda los 70 mil millones de toneladas al año (unas 10.1 toneladas per cápita) y se espera que, de no haber cambio alguno, el consumo tendencial de materiales y energía podría alcanzar hasta 180 mil millones de toneladas en el 2050. 

 

Por lo antes expuesto, puede sostenerse que el principal problema no reside en el crecimiento poblacional per se -que no deja de ser importante-, sino en los crecientes y sin duda desiguales patrones de consumo, en particular de una porción de la población con mayores ingresos: alrededor del 20% de la población mundial, consume ya el 77% de todos los bienes y servicios! Se trata, en efecto, de un contexto en el que la moda y la publicidad asociada, la obsolescencia programada, o los cambios en los propios patrones y prácticas de consumo –como los alimentarios que cada vez más incorporan alimentos ultraprocesados, cárnicos y derivados lácteos y formas de consumo “on-the-go” que requieren de empaquetado y plastificado cuyo tiempo de vida útil puede llegar a ser inclusive de segundos–, son elementos estructuralmente necesarios para dar salida a una producción creciente de bienes y servicios que supone el ya mencionado crecimiento económico sostenido.

 

Dicho crecimiento económico no ha sin embargo significado bienestar para todos. En la práctica, el sistema actual de producción se ha caracterizado por impulsar un desarrollo desigual que además socaba el propio entorno natural que lo soporta y que sostiene la vida misma: el planeta Tierra. La creciente riqueza generada a la par de mayor pobreza, desigualdad y devastación ambiental, es particularmente notoria desde la segunda mitad del siglo XX, a tal punto que se habla en la literatura especializada de la “La Gran Aceleración”. Se trata de una serie de procesos antropogénicos que erosionan cada vez más las denominadas “fronteras planetarias” con consecuencias de todo tipo, algunas ya irreversibles. Entre ésas destaca la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, pero también el deterioro de diversos ciclos biogeoquímicos, la agudización de la acidificación oceánica, entre otras afectaciones que pretenden ser atendidas con el eventual cumplimiento de las metas que componen los ODS.

 

El cuadro 1 describe los 17 ODS y ofrece algunos datos clave a nivel mundial y en México sobre el estado de situación actual.

 

 

ODS

Meta

Situación actual en México

1

Fin a la pobreza en todas sus formas

Datos oficiales reconocen algún grado de pobreza en el 45.5% de la población, aunque en realidad ésta podría alcanzar hasta el 80% de la población. La tasa de pobreza extrema para la población indígena es cuatro veces más alta que la de la población en general.

2

Fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

27.4 millones de mexicanos sufren de acceso a alimentos. Se reconoce que el 18% de los menores de 5 años presentan desnutrición. El 70% de la población adulta tiene sobrepeso, de la cual, el 33% es obesa.

 

La importación de alimentos es creciente en términos de volumen y por lo general en términos de valor. De 1991 a 2011, la importación de cereales aumentó 315%, la de leguminosas 339%, la de azúcar y endulzantes 245%, la de vegetales 344%, frutas 497%, carne 426%, huevo 250%, leche 257%, y pescados y mariscos 289%.

3

Vida sana y promoción del bienestar de todas las edades

México invierte 6.2% del PIB en salud, en los países de la OECD el promedio es de 9.6%. El porcentaje de la participación pública es del 47.3% del total. El gasto en actividades burocráticas es tres veces más alto que el promedio de la OECD. Aunque en papel 90% de los mexicanos tienen algún tipo de cobertura en el sistema social de salud, buena parte de los servicios prestados los hace el sector privado. Con todo, se estima que el 45% del gasto en atención médica y medicamentos es cubierto por los propios pacientes y familias, muy por encima del 19.5% en promedio que se registra en los países de la OECD. El país tiene 170 médicos por cada 100 mil habitantes y 74 camas censables por cada 100 mil habitantes en instituciones del sistema nacional de salud.

4

Educación inclusiva y equitativa de calidad

México es uno de sólo dos países de la OECD y asociados (el otro es Colombia) donde menos del 60% de los jóvenes de entre 15 y 19 años estaban inscritos en el sistema educativo. El 66% de la población de entre 25 y 64 años tiene un nivel de educación inferior al de secundaria. Sólo el 22% de los jóvenes alcanzan un título de educación superior a lo largo de su vida. Aunque el gasto en educación en términos porcentuales del PIB es similar al del resto de los países de la OECD, el gasto por estudiante en términos absolutos sigue siendo en extremo bajo (el promedio de gasto anual en la OECD a nivel terciario es de 15 mil dólares, en México es de 8,115 dólares; el de educación secundaria es de 9,518 dólares contra 3 mil; y el de educación primaria de 8,247 contra 2,632 dólares anuales). Las repercusiones en términos de desarrollo científico y tecnológico (CyT) son notorias, y se asocian a un limitado gasto público y privado que, en el largo plazo, es decreciente en términos reales (véase objetivo 9).

5

Igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas

La principal brecha se observa en la participación económica con una diferencia de hasta el 34% y en el nivel de ingresos, particularmente en estados como Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Sonora, Tabasco y Zacatecas. El grado de informalidad del empleo afecta también más a las mujeres en estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla, Sonora y Tamaulipas. Se suma el trabajo no remunerado en el hogar, el cual a nivel nacional es de unas 48.5 horas a la semana para el caso de las mujeres y sólo de 19.5 horas para el caso de los hombres. Se trata de una diferencia que se agudiza cuando se trata de trabajo dedicado al quehacer del hogar el cual es realizado, en promedio, en dos terceras partes por las mujeres. El país registra una tercera parte de las jefaturas de hogar en manos de mujeres, pero en Sonora, Colima y Aguascalientes esos porcentajes se incrementan hasta casi la mitad de las unidades familiares.

 

Por otro lado, la presencia de mujeres en cargos de decisión es fuertemente asimétrica. La distribución de juezas, jueces, magistrados y magistradas en los juzgados y tribunales superiores de justicia estatales es desigual en 22% a nivel nacional, pero en 52% en Chiapas, ,45% en Jalisco, 43% en Colima y 41% en San Luis Potosí. Lo mismo se verifica en el caso de presencia en diputaciones, síndicos, regidores y regidoras, y más aún en presidencias municipales donde la brecha a nivel nacional es del orden del 81%.

 

Cabe además precisar que la esperanza de vida de las mujeres es 5.4 años mayor. El número promedio de hijos es de 2.26. El grado promedio de escolaridad es de 9 años, ligeramente menor que el de los hombres, no obstante, hay fuertes diferencias en aquellos municipios pobres del país, sobre todo en Chiapas y Oaxaca. Las consideraciones de la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos de mujeres, niños y persona mayores, en la práctica no es bien entendida, integrada y mucho menos ejecutada en la política de estado, aunque sí se identifica cierta sensibilidad discursiva.

6

Gestión sostenible del agua y saneamiento para todos

México se coloca a la cabeza de la lista de países con escasez de agua severa durante al menos un mes del año. La disponibilidad natural media anual por habitante. En 1955 era de 11,500 m3, pero para 2007 había llegado a 4,312 m3, es decir, una disminución de 64% en tan sólo un periodo de 50 años. De los 653 acuíferos nacionales, de donde se extrae la mitad del agua para todos los usos, la cantidad de aquellos sobreexplotados se triplicó desde 1975 al pasar de 32 acuíferos en esa condición a 100 acuíferos sobreexplotados en 2011. La contaminación de fuentes de agua y la falta de saneamiento, se ha reflejado en una prevalencia importante de enfermedades infecciosas intestinales son la primera causa de mortalidad en menores de uno a cuatro años (5,720 muertes en 2008), la onceava causa en niños de 5 a 14 años, y la vigésima causa de muerte con el 0.9% del total de muertes en el país.

7

Acceso a energía asequible, fiable, sostenible y moderna

El consumo nacional de energía rondó en 2015 los 8.5 mil petajoules y el consumo final total 5,283 petajoules. El consumo per cápita de energía fue de unos 79 Gj/hab-año. La estructura del consumo energético es 29.4% gasolinas y naftas; 17.6% electricidad; 13% gas seco; 8.2% gas licuado, 5.7% biomasa; 3% queroseno y 2.6% coque de petróleo. El consumo final lo realiza 46.4% el sector transporte; 18.7% el residencial, comercial y público: 31% el industrial y 3.5% el agropecuario. La importación de energía es creciente: en 2015 la energía primaria sumó 223 petajoules, mientras que la de energía secundaria 2,681 petajoules (esencialmente por la importación de gas seco, gasolinas y naftas y diésel). La producción de energía con fuentes renovables sumó de julio de 2014 a junio de 2015, más de 52 mil GWh, pero su potencial estimado asciende a 114 mil GWh. La dependencia tecnológica para la generación de energía limpia es elevada: como muestra, cabe señalar que entre 1999 y 2013, sólo se otorgaron 8 patentes a residentes mexicanos en tecnologías de generación, transmisión y distribución de energía.

8

Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, promoción del pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos

El PIB ha crecido casi 9 veces desde 1960 al 2015 y la población 3.3 veces. Oficialmente se reconoce que el 59% de la población es económicamente activa. Casi el 60% del empleo es temporal o informal. En 2016 el ingreso promedio por hora trabajada de la población ocupada fue de 34 pesos (unos 1.7 dólares) y las jornadas laborales se extendían a 43 horas. El Índice de Desarrollo Humano precisa que el país, a pesar de ser la catorceava economía del mundo, se ubicaba en 2014 en el lugar 74 con un coeficiente de 0.756, el cual de hecho se reduce a 0.587 cuando es ajustado por las desigualdades imperantes. Tal ajuste es más acorde con el lugar 81 que el país ocupa en términos del PIB per cápita.

9

Construcción de infraestructuras resilientes, promoción de la industrialización inclusiva y sostenible y fomento a la innovación

En términos comparativos, México es uno de los miembros de la OECD con el nivel de gasto en ciencia y tecnología más bajo dado que el gasto promedio de la Organización fue del 2.25% del PIB para el año 2005 y e del país no pasa desde entonces el 0.5% del PIB. Se estima que unos 475 mil profesionistas y graduados viven en EUA, de ésos, aquellos con doctorado representan al menos el 30% del total de doctores que genera México. El costo para México en términos de transferencia de riqueza por la vía de fuga de cerebros formados con recursos nacionales, asciende alrededor del 5% del PIB. La dependencia tecnológica de México es profunda. Su balanza comercial tecnológica es negativa desde 1990 y el número de patentes acreditadas a residentes es ínfima.

 

La tercera parte de la actividad económica de las principales empresas en el país, las primeras 500, deriva de actividades extractivas o que hacen uso directo de recursos naturales; otra tercera parte corresponde a servicios diversos y sólo la restante tercera parte alude a actividades industriales con algún grado de contenido tecnológico. Esta distribución está presente desde hace varios años. De igual modo, debe notarse que una tercera parte de las ventas en los últimos años, se atribuyen a transnacionales operando en el país, mismas que dominan el 60% del total de ventas en la región. En este escenario se entiende mejor la conformación del país como un gran eje multimodal que permite el aprovechamiento de las principales ventajas comparativas nacionales: la fuerza de trabajo y los recursos naturales baratos. La creación de las zonas económicas especiales, o de polos de desarrollo industrial basados en la atracción de inversiones, sobre todo foráneas, responde a dicho planteamiento. No obstante, la expansión de la infraestructura para cubrir necesidades nacionales sigue siendo rezagada y la inversión pública y privada no pasa el 1.5% el PIB, casi la mitad que el promedio de América Latina.

10

Reducción de la desigualdad en y entre los países

En México, uno de los dos países más desiguales de la OECD, el 1% de la población más rica controla el 21% de la riqueza del país. Tan sólo los cuatro mexicanos más ricos tienen una riqueza equivalente al 10% el PIB. Las asimetrías se agudizan por género y para el caso de población indígena. El coeficiente de Gini, que mide, pasó de 0.46 en 2004 a 0.48 en 2014, esto es, la desigualdad aumentó.

11

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

La población mexicana es 72.3% urbana y podría llegar al 86% en el 2050. Como resultado el sistema urbano nacional crecerá aún más. Hoy día con 384 ciudades, cubre unas 800 mil hectáreas. Las principales zonas metropolitanas del país presentan problemas importantes desde mala calidad de aire y limitados espacios verdes, hasta problemas en el abastecimiento y calidad de agua, gestión de residuos sólidos y aguas residuales, vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos, y movilidad cuestionable. De hecho, la ciudad de México detenta el primer lugar en cuanto al número de horas invertidas en el tráfico. La “solución” ante ello ha sido erróneamente la construcción de más calles (autopistas urbanas) que reafirman el paradigma de la movilidad motorizada privada por varias décadas más. Las ciudades del país son, además, marcadamente desiguales, con acceso desigual a las ventajas de “lo urbano” e intensos procesos de segregación, gentrificación y especulación inmobiliaria (en este contexto, la ciudad de Querétaro se coloca a la cabeza de la especulación inmobiliaria en el país, pero no es el único caso).

12

Consumo y producción sostenible

La huella material de México se estima para 2008 en 1.6 kg por dólar producido; era de 1.9 kg en 1970. Pese a tal mejora, el consumo doméstico material aumentó pues se estima para 2008 en 10.5 toneladas per cápita cuando ése era de 6.7 toneladas en 1970. Durante tal periodo, 1970-2008, el consumo de biomasa disminuyó 35%, mientras que el de minerales de construcción aumentó de 28 a 40% y el de combustibles fósiles de 11% al 14% del total de materiales consumidos.

13

Adaptación y mitigación del cambio climático

México es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático tanto por su localización entre dos océanos, su latitud y relieves que lo exponen a fenómenos meteorológicos extremos, como por el grado de pobreza de su población. Se estima que el 15% del territorio nacional, 68.2% de la población y 71% del PIB están expuestos al riesgo de impactos directos adversos. El país emite el 1.4% de las emisiones globales (2.4 veces más que en 1960). El grueso de emisiones corresponde a la generación de energía eléctrica y la producción de petróleo y gas (una tercera parte), de fuentes móviles (una cuarta parte), y la industria (más del 17% del total, destacando la producción de cemento, de químicos, y minera y siderúrgica).

14

Conservación y uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos.

La actividad humana contamina cada vez más los mares mexicanos, ello incluye la falta de tratamientos de aguas residuales y la presencia de basura en los mares (destacan entre las playas más contaminadas Tijuana, B.C., Playa Caletilla en Acapulco, Gro., y Puerto Morelos, Q.R). En el Caribe mexicano ha reducido la extensión natural de los arrecifes hasta en 80%; las costas están vez más urbanizadas bajo los impulsos del negocio de “sol y playa” generando diversos efectos socioambientales indeseables; y las pesquerías del país están cada vez más sobrexplotadas: casi la mitad de los recursos se están aprovechando al máximo, más de una tercera parte ya es sobrepesca y un 18% está en estado de colapso

15

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres; gestión sostenible de bosques; lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de las tierras; y detener la pérdida de biodiversidad

Siendo uno de los países megadiversos del planeta con alrededor del 10% de la biodiversidad mundial, México verifica oficialmente 749 especies amenazadas: 192 en peligro crítico de extinción; 255 en peligro de extinción y 302 vulnerables; además ha visto la desaparición de otras tantas. La deforestación nacional por cambios de uso de suelo es intensa; en 20 años se perdió una tercera parte de selvas y bosques. La pérdida, pero también apropiación del conocimiento asociado a la biodiversidad, es también patente. Aunado a ello, se verifica ya la contaminación genética del maíz, precisamente en su lugar de origen. Datos de las cuentas ecológicas nacionales precisan que los costos totales por agotamiento y degradación ambiental han aumentado, de 648 mil millones de pesos (a precios corrientes) en 2003 a 907 mil millones de pesos.

16

Sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible; facilitar el acceso a justicia para todos; y construcción de instituciones eficaces, inclusivas y transparentes

Derivado de la denominada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, aunado a la falta de empleo (véase objetivo 8) y oportunidades educativas en el país (véase objetivo 4), la violencia en el país ha aumentado registrando casi 21 mil homicidios en 2016 a lo largo y ancho del 75% del territorio nacional (de 2000 a 2016 suman más de 275 mil casos), ello a la par de un aumento en el gasto para el control interno que suma de 2013 a la fecha más de 590 mil millones de pesos (las empresas destinan cantidades crecientes en seguridad ante el aumento de asaltos en carreteras y el robo de carga en trenes).

17

Fortalecimiento de los medios de implementación y revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

El gobierno federal reconoce que los principales retos para dar cumplimiento a la Agenda 2030 son: 1) garantizar un presupuesto específico y vincular los recursos existentes (incluyendo mecanismos de deuda); 2) establecer mecanismos claros para facilitar la participación de los diferentes sectores el cual se plantea cristalizar especialmente en el marco de las denominadas alianzas público-privadas; 3) adopción de medidas en los tres niveles de gobierno; 3) desarrollo de un lenguaje compartido para una difusión de avances y retos asociados a los ODS; y 4) la promoción de la cooperación internacional para el apoyo al cumplimiento de los ODS (incluyendo la cooperación Sur-Sur).

 

Si la agenda de los ODS supone la “transformación de nuestro mundo”, lo primero que cabe entonces preguntarse es ¿transformación hacia qué? ¿en beneficio de quién y para qué? Este ejercicio reflexivo, lejos de ser ocioso o academicista, es central y netamente político (politics) y de política (policy). Hacer un llamado para mantener la (bio)economía dentro de un “corredor de sustentabilidad”, como lo sugiere un documento de Naciones Unidas (Global Material Flows and Resource Productivity) al reconocer la necesidad de reducir el consumo de energía y materiales en cuando menos 10% de materiales abióticos y 2% de materiales bióticos “frescos”, así como en 5% a partir de la recuperación de materiales bióticos y abióticos mediante el reúso y reciclaje, sí, es correcto, pero al mismo tiempo tan abstracto que se torna políticamente inútil pues las desigualdades que se encuentran en el trasfondo del problema no son parte nodal del análisis sobre el que descansa tal llamado y, en sí, el discurso dominante del desarrollo sostenible. Y es que concretamente ¿quiénes han de reducir sus patrones de consumo y cuáles son los mecanismos para lograrlo? ¿Seríamos todos los seres humanos, incluyendo aquellos que ni siquiera tienen cubiertas sus necesidades más básicas o, en cambio, quienes verifican los patrones más intensivos de consumo y que, sin embargo, al mismo tiempo detentan las cuotas de poder y de toma de decisiones más altas? ¿Optarán tales clases sociopolíticas por medidas que restringen su propio despilfarro? Por ello, y más, la responsabilidad histórica y diferenciada entre países y sujetos es central en el debate, así como lo es el carácter vinculante de las medidas adoptadas, siempre y cuando ésas promuevan la justicia social y protejan los derechos humanos y de los pueblos. No es pues casual, por ejemplo, que en las negociaciones de Paris se dejara formalmente de lado toda consideración legal a la responsabilidad histórica diferenciada y se optara en cambio por las denominadas contribuciones previstas determinadas a nivel nacional, es decir, medidas voluntarias.

 

Es cierto que el mundo requiere de procesos de transición y transformación hacia modalidades sostenibles, resilientes, incluyentes y justas. No hay duda al respecto. No obstante, las acciones para lograr dicho propósito no pueden ser superficiales o seguir ancladas única y exclusivamente a nociones y criterios que son funcionales a las relaciones de producción imperantes que son precisamente las que han llevado al planeta, y todas las formas de vida que lo habitamos, al estado crítico actual. Por ello, para que la idea dominante del desarrollo sostenible trascienda sus propias contradicciones y limitaciones y sea políticamente significativa, dígase como objeto de frontera a partir del cual se pueda gestar el encuentro de visiones, acciones y eventualmente de consensos, se deberá revertir la tendencia a deslocalizar los impactos y a desdibujar los actores responsables y afectados, al tiempo que habrá de privilegiar de manera creciente las soluciones que deriven de una “gobernanza bidireccional”, producto de una recomposición a fondo que emana de la conformación de un cuerpo político social que construye colectivamente imaginarios deseables tanto de la función, como del diseño, planificación y producción del espacio. Se trata pues de una apuesta que no pasa por meras soluciones tecnológicas o de tipo y diseño de infraestructura, de transferencia de conocimiento y recursos financieros, etcétera, sino de un cambio a fondo de la lógica imperante y por tanto de la naturaleza y deseabilidad de las propias soluciones; del papel que juega, tanto la economía y sus modalidades más deseables, como los procesos de transición y participación social; e incluso, de las propias nociones de la condición humana como tal. En tal ejercicio de genuino cambio de paradigma, la coproducción de conocimiento es sin duda clave pues, no sólo es importante un conocimiento cada vez más robusto para la toma de decisiones y de acciones, sino también la construcción de capacidades que habiliten pensar críticamente y que estimulen competencias para la acción desde una perspectiva histórica, política, social, cultural y espacialmente situada. En tal tenor, las prácticas comunitarias que resisten en este país (el 80% de los bosques y selvas del país se encuentran bajo régimen de propiedad social) y el potencial que de ésas deriva para replantear los territorios y su gestión, lejos de ser un obstáculo para el desarrollo, deberían ser vistas, con las críticas correspondientes, como parte invaluable en y para la coproducción de imaginarios alternativos y la puesta en marcha de acciones para la transición-transformación que, como pueblos y especie consiente, colectivamente deseamos.

 

 

- Gian Carlo Delgado Ramos, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM.

 

 

https://www.alainet.org/es/articulo/184969

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