SAN JUAN, 3 de noviembre de 2016 (NCM) – Luego de dieciséis elecciones generales bajo el anterior régimen autonómico, Puerto Rico estrena la semana próxima la nueva etapa con la elección de Ejecutivo y Legislativo sólo consultivos, en tanto que Estados Unidos ha reservado para el sector anexionista el control del acceso a la junta de gobierno absentista.

Ante ese escenario, cuatro formaciones políticas y dos candidatos individuales sin partido luchan por el favor del electorado para la gobernación, con lo cual se mantiene –al menos en apariencia- una de las tendencias de la etapa autonómica, en la que nunca hubo comicios bipartidistas y en diez de ellos se presentaron cuatro o más candidatos a gobernador.

Pero ni el control adjudicado a un bando antes de las elecciones, ni el mantenimiento del sistema electoral múltiple esta vez logran tapar bien con su manto los elementos volátiles de una crisis que, no sólo amenaza el dominio de Washington, sino la estabilidad en toda la región del Caribe.

Es como si junto con los reclamos de Wall Street para lograr el pago de la deuda, hubiesen despertado hechos históricos no resueltos, que no se limitan a los 64 años del gobierno autonómico denominado Estado Libre Asociado. Ante las puertas de la sociedad presente están también reclamando su pago acontecimientos que datan de los inicios del dominio colonial de EEUU a finales del siglo XIX y hasta de los siglos bajo la corona española.

Luego de que, en 1898, el avance de las tropas estadounidenses fuese detenido en la Cordillera Central y EEUU lograra forzar a España a que le vendiera Puerto Rico, el ejército trató de poner en orden los asuntos de la nueva colonia y encontró que “desde la conquista de la isla por Juan Ponce hasta inicios del siglo diecinueve, los ingresos de Porto Rico eran insuficientes para cubrir los costos insulares”, según se hizo constar en un informe al Congreso en 1900. Dicho informe indicó que en Puerto Rico se había sostenido el Estado con el “situado” enviado desde México y Venezuela, lo que tuvo el “efecto indirecto” de una “parálisis” en la economía y acostumbrar “al pueblo” a la “dependencia” y no al fruto de su propia industria.

La situación se mantuvo durante el régimen militar estadounidense, que no lograba cubrir bien sus presupuestos e infló la nómina pública con empleos en obras de infraestructura para la que no había suficientes recursos, de acuerdo al citado informe del Departamento de la Guerra. Además, Washington dispuso devaluar la moneda puertorriqueña, lo que llevó a la quiebra a muchos hacendados –de los cuales la mayoría eran mujeres- y a elevar los límites de la deuda de bonos por encima de lo que se permitía a “los territorios”, de manera que ya para 1917 la deuda impuesta a Puerto Rico era el doble del presupuesto gubernamental.

Los militares también intentaron mantener el sistema electoral, establecido en Puerto Rico desde 1869, con sólo dos partidos pro EEUU –Federales y Republicanos- que compitieron por las alcaldías y judicaturas locales en los entonces 66 municipios. Se toparon con la sofisticada capacidad de maniobra de “los políticos de carrera” y el General Juez Procurador (JAG por sus siglas en inglés) del Ejército tuvo que resolver múltiples casos electorales, entre ellos el de “la ciudadanía”.

El régimen militar fue sustituido por un gobierno civil dictatorial, con listas de vigilados y exclusión de los independentistas y episodios sangrientos contra la resistencia nacionalista, lo que apuntaló el doble sistema de privilegiar el control económico corporativo de EEUU y la deuda creciente con Wall Street para sostener el Estado. El régimen autonómico inaugurado en 1952 heredó esos elementos, aunque nunca pudo excluir electoralmente a los independentistas, ni eliminar el sector militar nacionalista  de izquierda, que continúan vivos hoy.

La gesta autonomista, sin embargo, logró capitanear la modernización del país y un acelerado crecimiento económico, si bien entre sus pilares poco difundidos en la propaganda, estaban los incrementos en el fomento de la dependencia, los presupuestos por encima de los recursos, el control corporativo estadounidense y la deuda creciente con Wall Street. La duplicidad del discurso propició las explicaciones basadas en teorías de conspiración, como la expuesta en 1998 por el analista económico estadounidense Dave Martin, de que la Agencia Central de Inteligencia y otros organismos de espionaje habían ayudado a establecer las políticas económicas del régimen autonómico y a finales del siglo veinte habían iniciado una estrategia para lograr que Puerto Rico favoreciera la anexión como estado de la Unión.

Sea por agenda conspirativa o por las corrientes de la historia, el caso es que EEUU sacó a Puerto Rico de la protección de la ley de quiebras en 1984, decretó la eliminación de los privilegios tributarios a la inversión de capital estadounidense en 1995 y propició el incremento irrestricto de la deuda. La crisis estalló en 2006 con el primer colapso parcial del Estado desde el siglo XVII y hasta ahora han fracasado los pronósticos sobre recuperación.

La economía ha resistido más de lo que muchos hubieran imaginado y se ha mantenido el nivel de creación anual de sobre 200.000 puestos de trabajo alcanzado a mediados de los años ochenta, pero desde 2007 casi todos los años se pierden más empleos de los que se ganan. En este último cuatrienio, se han logrado más de 800.000 empleos adicionales, pero la derrama es tal, que al cierre del tercer trimestre de este año se había acumulado una pérdida neta de cerca de 50.000 puestos de trabajo.

Ante la situación, el oficialista Partido Popular Democrático y el opositor Partido Nuevo Progresista –que busca forzar la integración a EEUU- así como los independientes Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre prometen reformas políticas y económicas en colaboración con la junta de control. El Partido del Pueblo Trabajador propone un programa intenso de reformas sociales, mientras que el Partido Independentista Puertorriqueño plantea que la única salida es enfrentar a la junta y reclamar la independencia.