Para el 2017 el presupuesto proyecta un resultado primario deficitario de $-234.187 millones (2,4% del PBI corriente y un resultado financiero (después del pago de intereses de la deuda) deficitario por $-480.801 (5% del PBI corriente). Según consta de la información sobre fuentes financieras, la principal fuente de financiamiento del déficit presupuestario será el endeudamiento externo. De los $ 1.727.248 millones de nueva deuda, un 47% corresponde a emisión de deuda externa (u$s 47.727,5 millones). El resto de las emisiones corresponden a anticipos del BCRA (entrega de títulos del tesoro contra “emisión monetaria) (25% del total) y colocación de deuda intra-sector público (11,7% del total). A esta deuda externa que emite el Estado Nacional deberá sumarse la deuda externa que proyectan emitir las provincias y municipios, que no aparece en el presupuesto. Vale subrayar que la mayor parte de esta deuda no será para financiar gastos de infraestructura o importación de bienes de capital (centrales atómicas, trenes), etc., sino para refinanciar deuda vieja y cubrir gasto corriente.

De la saga del “segundo semestre” y la “lluvia de inversiones” llegan las proyecciones macro del nuevo presupuesto: crecimiento de 3,5 %, dólar a $ 19 en diciembre de 2017 (promedio anual $17,92) e inflación al 19%.

El gobierno estima que el año 2016 registrará una caída del PBI del 1,5%.En 2017, llegaría la vuelta al crecimiento, con una expansión del PBI 3,5%, tasa que se repite para los años siguientes. A diferencia de los años anteriores, se estima que la inversión (+14,4% i.a.) será el componente más dinámico de la demanda, seguido por las exportaciones (+7,7% i.a.) y mucho a menor ritmo el consumo (+3,5% i.a.). Este rebote al crecimiento basado en inversión, con baja inflación y una mejora persistente en la competitividad (aumento del tipo de cambio real acumulado a 2019 del orden del 42%). Según se desprende del texto del mensaje que acompaña la Ley de Presupuesto, el cumplimiento del pronóstico debería estar sustentado en un “shock de oferta” basado en las “condiciones generadas” por el nuevo gobierno (levantamiento de los controles cambiarios, “optimismo”) que impulse numerosos proyectos de inversión externa, un “despegue” de las exportaciones (principalmente agropecuarias) y la obra pública. Estas proyecciones parecen ser un tanto optimistas, y de generarse una expansión en 2017 es más plausible que se base en un incremento del consumo sustentado en el retraso del tipo de cambio y un despegue de la obra pública financiada con endeudamiento externo, más propios de un año electoral.

¿Se viene otro tarifazo en 2017? En el presupuesto, los subsidios a los servicios públicos caen (nominalmente) un 30%. Las tarifas de gas, luz y el transporte podrían aumentar hasta un 200% adicional.

Para el año 2017 las transferencias a empresas privadas totalizarán 127.113 millones, lo que implica reducción (nominal) del 31,4%. Esto se explica por el objetivo del gobierno de reducir los subsidios a los servicios públicos. En el caso de que se proyecte una quita del subsidio equivalente al informado en el presupuesto (u$s 3.815 millones), considerando a 8 millones de usuarios residenciales, con tarifas de luz, gas y agua que incluyan aumentos promedios a los informados originalmente (sin los fallos y los posibles cambios en las escalas de gas), el aumento promedio de mínima (para tarifas mensuales) podría ser de hasta un 200%. En el caso de la luz, el aumento sería de 194%; en el caso del gas, del 121%; y en el caso del agua, del 29%

Año electoral: el gobierno contará con $ 190 mil millones para obra pública (+38% i.a.)

El gasto total en inversión pública para el 2017 considerando la que lleva a delante el gobierno nacional (Inversión Real Directa) y la que gestionan las provincias y los municipios (transferencias de capital) alcanza los $ 192 mil millones, un 38% más que el total de gasto proyectado a ejecutar en 2016. La obra pública es la partida que más crece, por encima de la seguridad social (+35,2% i.a.) y los pagos de deuda externa (+32% i.a.). Por ello, en términos netos más que un ajuste del gasto por la caída de las “transferencias al sector privado”, lo que se registra es un reordenamiento de partidas: se reducen los subsidios (aumento de tarifas al consumidor) y aumentan las transferencias de capital. 

Dejando de lado los montos para pagar seguridad social y los gastos corrientes de universidades, se observa un volumen adicional de gastos en inversión que supera los $ 31.000 millones. Este es un volumen de recursos a disposición del gobierno nacional ($ 18.279 millones, 64% del total) y a repartir entre municipios ($ 7.449 millones, 22% del total) y provincias ($ 5.137 millones, 14% del total), administrados principalmente por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior, a través del cual se podrá decidir cuáles son los que “se ajustan” y cuáles los que “se expanden”, elemento clave para un año electoral.

Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO)

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