El coordinador general de la “Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos” (Latindadd), realiza un balance sobre los cuatro años de mandato del presidente peruano Ollanta Humala. El analista reflexiona sobre la política económica y ambiental implementada, y los principales desafíos para la integración regional. 

En julio se cumplen cuatro años de la asunción de Ollanta Humala a la presidencia del Perú ¿Qué balance podrías realizar sobre la política económica implementada por su gobierno?

Yo creo que el gobierno de Ollanta Humala en términos económicos ha fracasado totalmente porque no cumplió la transformación que él ofreció en relación a la diversificación productiva, la industrialización del país, el traslado de los beneficios macroeconómicos al bolsillo de la gente y no ha habido tampoco un aumento considerable del salario. En relación a esto último, prácticamente la política salarial ha sido restrictiva.

Por otro lado, como continuador de la política económica implementada en los últimos 25 años en el Perú, el presidente ha fracasado en mantener las altas tasas de crecimiento. No ha cumplido tampoco ese rol de “converso” que asumió cuando entró al gobierno.

¿Qué podrías decir respecto a las políticas de integración regional en estos años de gobierno?

La política internacional de Ollanta Humala se alejó de lo que promovía desde su candidatura a la presidencia: de cercanía hacia los gobiernos progresistas, al bolivarianismo, al petismo, y a la corriente de integración regional y de recuperación de los recursos naturales en América Latina. En la cancillería peruana se mantuvo y se profundizó esta política pro-Washington; que se expresa a través de mirar, apoyar y participar —en mayor medida— de la Alianza del Pacífico y de esta integración a través de tratados de libre comercio.

Esta política se viene aplicando desde el primer día del mandato, porque el presidente entregó a la derecha el Ministerio de Economía —que es básicamente un súper ministerio en el Perú— y el Banco Central de Reserva. Incluso estas medidas le traen problemas en este momento en que su gobierno se encuentra en una crisis bastante complicada, que ha llevado a su esposa Nadine Heredia a ser investigada por el parlamento de la República a través de una mega comisión que se ha plantado antes de terminar su mandato. También ha perdido fuerza en el parlamento porque ha ido virando tanto que muchos de los congresistas con los que llegó se han ido.

Entonces, entregar ese poder a la derecha hoy no le permite siquiera subir el salario porque tiene mucho peso el sector empresarial. Además su imagen tiene una aprobación mínima del quince por ciento, que en cualquier momento puede pasar a un solo dígito. Estos temas ponen en cuidados intensivos al régimen de Ollanta Humala a pesar de que estamos a menos de un año de las elecciones generales.

El año pasado vos destacaste en una entrevista que “en Perú siguen siendo hegemónicos y vigentes los postulados del Consenso de Washington” ¿Cuál es la situación actual en relación a este tema?

Se sigue manteniendo la misma situación. Perú es uno de los regímenes latinoamericanos más pegados a la letra del Consenso de Washington. Ni Colombia ni Chile, que todavía tienen empresas estatales y un mayor margen de políticas públicas, se comparan con el caso peruano donde la desregulación y la liberalización de la economía son totales. En este caso no hay ningún tipo de protección interna y se deja todo a la regulación del mercado. En estos tiempos de declive habría que tomar medidas de control de importaciones y asegurar un mejor manejo monetario; pero no podemos hacer nada ni tener un plan anticrisis, porque estamos con las manos atadas y todos los sectores de la economía están casi totalmente liberados.

Este año trascendió a nivel internacional el conflicto social que se desató en el proyecto minero Tía María, instalado en el departamento de Arequipa al sur del Perú. En relación a este tema ¿Cómo ha sido la evolución del sector minero en estos últimos cuatro años?

Básicamente se mantiene el esquema de concesiones de la ley general de minería, dada durante el fujimorismo en un momento en que no había Congreso de la República. Asimismo, se sigue manteniendo el artículo 66 de la constitución fujimorista que señala que los propietarios de las concesiones tienen derechos reales sobre los recursos naturales del país.

Lo que se había ganado en los últimos años, si alguna ventaja habían traído los tratados de libre comercio era una reglamentación ambiental, eso se ha relajado en el presente régimen. Se le ha quitado facultad de control y de poner multas al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental: solamente se le permite el 30% del monto de las multas que ponía y se le ha asignado un rol más de prevención. No se ha cumplido con la consulta previa y se han dado cuatro paquetes de reactivación económica, que ninguno ha funcionado pero que todos incluyen desregulación en materia ambiental. En este sentido, se le ha quitado peso a funciones del Ministerio del Ambiente y además no se cuenta con un ordenamiento territorial como había prometido Ollanta Humala.  

En relación a las promesas, una de las frases más recordadas de la campaña de Ollanta Humala antes de llegar a la presidencia fue cuando preguntó “¿Qué es más importante el agua o el oro?”, contexto en el que se comprometió públicamente a cuidar el agua de los peruanos. ¿Qué pasó desde entonces hasta ahora en materia medioambiental?

En la campaña, la gente —de Tía María, Cajamarca y Conga— respondió que el agua era más importante y votaron por Ollanta Humala porque asumía el compromiso de cuidarla. Pero luego el líder a quien apoyaron los traicionó, y esa traición le está costando porque los poderes fácticos que lo respaldaron en ese entonces ahora también lo están soltando. El régimen se encuentra más aislado que nunca.

En referencia a la realidad financiera de la región ¿Qué acciones considerás que se deberían implementar para el diseño de una nueva arquitectura regional alternativa a la actual?

Nosotros hemos estamos promoviendo una nueva arquitectura financiera regional desde hace mucho tiempo, de tener propias instituciones financieras y de desarrollo. Ahora eso se hace más relevante aún porque estamos a puertas de una probable crisis de deuda. Todos los países de la región están con problemas en sus cuentas externas: Argentina, Brasil, Chile, México y Perú están con inconvenientes básicamente por la caída de los precios de los commodities —tanto agrícolas como de recursos minerales o petróleo—. Ello genera una presión de endeudamiento en dólares.

Hay hipótesis que sugieren que estaríamos entrando en un nuevo ciclo de la deuda, y que podríamos caer nuevamente en las manos del Fondo Monetario Internacional y de los acreedores internacionales. Esa pesadilla aún no ha terminado por más que se pensaba que en Latinoamérica habíamos salido de la deuda. Más que nunca se requiere que organizaciones como UNASUR y CELAC discutan la importancia de tener mecanismos regionales de superación de crisis de la balanza de pagos y de financiamiento de productos de desarrollo. El Banco del Sur todavía avanza muy lento y el fondo de los BRIC aún tiene poco dinero. Entonces, desde la región todavía tenemos una tarea pendiente en ese terreno.

Para finalizar la entrevista queríamos consultarte qué actividades están promoviendo desde Latindadd sobre deuda, desarrollo y derecho en América Latina.

En los últimos tiempos estamos trabajando en hacer un seguimiento del robo de las empresas trasnacionales en América Latina, especialmente en el tema tributario (a través de la elusión fiscal). En ese sentido estamos realizando estudios, como el caso de la minera de oro más grande de América del Sur: “Yanacocha”. Este proyecto que se encuentra en Cajamarca ha eludido más de dos mil quinientos millones de soles en impuestos entre los años 2006 y 2013. Estamos muy preocupados de controlar los flujos financieros ilícitos que representan miles de millones de dólares saliendo de la región.

Pablo Nuño Amoedo y Helena Marchini

Licenciados en Ciencias de la Comunicación