Sistema Interamericano de Derechos Humanos necesita ser reformado?

Carol Proner

07/06/2012

Opinión

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Después de una campaña bien orquestada, el gobierno brasileño celebró la reciente elección de Roberto Figueiredo Caldas para el cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El jurista, ex-miembro de la Comisión de Ética Pública de la Presidencia de la República, ya ejercía el cargo de juez ad hoc de la Corte (participó, entre otros, en el juicio del Caso de la Guerrilla del Araguaia contra Brasil), y ahora asume el cargo de juez permanente, habiendo sido el más votado entre los cuatro candidatos (19 votos) en la elección llevada a cabo en la noche del 5 de junio, durante a 42ª Sesión de la Asamblea General de la OEA, en Tiquipaya, departamento de Cochabamba, en Bolivia.

Con este nombramiento, además de protagonizar un importante espacio de representación internacional, el país deja claro el deseo de seguir cooperando y respetando los compromisos en el contexto de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aplacando sospechas de que estaría progresivamente desprestigiado el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Brasil se posiciona oficialmente a favor de cambios en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), defendiendo reformas sistémicas, principalmente del instrumento de denuncias, celeridad y cuestiones relativas a la autonomía de financiación, aunque, al menos oficialmente, no comparte de las tesis más polémicas cómo las que cuestionan la independencia y autonomía de la Comisión en relación a los gobiernos. Al contrario, Brasil defiende que la autonomía de la CIDH es fundamental para el buen funcionamiento del mecanismo.

Los países que critican duramente el sistema interamericano no lo hacen sin fundadas e históricas razones. Las críticas centrales compartidas por los países integrantes de la ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) son importantes y deben ser conocidas porque cuestionan las incoherencias de funcionamiento de la Comisión (algunas compartidas por Brasil), y también permiten vislumbrar que, en la actual correlación de fuerzas, América Latina ocupa una posición fortalecida en las negociaciones en el ámbito de la OEA, lo que contrasta con las atávicas relaciones de dominio y hegemonía ejercidas en otro momento.

El discurso del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que asumió las funciones de representación de la ALBA ante la Asamblea, fue bastante ilustrativo en cuanto a los puntos críticos del Sistema Interamericano que pueden ser resumidos en tres puntos: 1) críticas de fondo, en cuanto a las relaciones de dominación y de hegemonía conectadas al contexto histórico de la OEA; 2) críticas al funcionamiento de la entidad y a la incoherencia entre participación y compromiso efectivo con el sistema de derechos humanos; 3) críticas en cuanto a la incapacidad de la CIDH de tratar las reales cuestiones latino-americanas y continentales, las cuales no necesariamente implican al Estado como potencial agresor de los derechos humanos.

La crítica de fondo debe ser comprendida a partir de la premisa de que: "América Latina no vive una época de cambios, sino un cambio de época", aludiendo al proceso continuo de superación tanto del proyecto neoliberal, como de los sistemas neocolonialistas y de dominación regional y del cual la OEA es un resquicio. El Sistema Interamericano, siguiendo la línea argumentativa, no está siendo capaz de acompañar las profundas y revolucionarías transformaciones latinoamericanas, especialmente cuando se comparan con las cartas constitutivas y la dinámica de otras organizaciones en construcción (como sería el caso de la CELAC y de la propia ALBA).

El Sistema Interamericano está desfasado con ese cambio de época, prefiriendo privilegiar la burocracia y el tecnicismo, no permitiendo que sean contemplados temas y discusiones importantes y en sintonía con las conquistas políticas de la región. Puntualmente, los países de la ALBA critican la falta de una instancia presidencial fuerte en la OEA, y como tal, el Consejo Permanente, organismo máximo de la organización, actúa al margen de las transformaciones políticas.

En esa línea, en lo relacionado con el sistema de derechos humanos, la hipótesis central es que la Comisión continúa siendo influenciada y dominada jurídica, institucional y culturalmente por los países hegemónicos, situación agravada por el fenómeno del “Oenegismo”, para usar un neologismo citado varias veces por el Presidente Correa, que se refiere a una transferencia desmedida de confianza de la sociedad política a la sociedad civil supuestamente independiente representada por las ONGs que actúan ante el Sistema Interamericano.

El segundo conjunto de críticas se refiere más específicamente al funcionamiento sistémico de la entidad y a la incoherencia entre financiación, participación y compromiso. Correa destaca la incoherencia presupuestaria del sistema de la CIDH, recordando que más del 90% de los gastos de la entidad son financiados por Estados observadores que no ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos y por entidades que no participan del Sistema Interamericano. Entre los financiadores principales están Estados europeos y organismos y fundaciones de cooperación internacional.

Esta crítica acerca de la financiación es unánime, pues de hecho no hay como negar la incoherencia acerca de la independencia de la entidad con tal nivel de dependencia económica para posibilitar su propio funcionamiento y, consecuentemente, la propuesta de reforma incluye el autofinanciamento de la Comisión por parte de los países que efectivamente suscriben y ratifican la Convención.

En la esfera de la incoherencia presupuestaria, está, evidentemente, la crisis de legitimidad decisoria de instituciones y Estados no comprometidos con el funcionamiento de la propia Comisión, revelando una “doble moral” incompatible con el propio espíritu de un sistema de protección internacional de derechos humanos. Estados que no ratificaron la Convención, y que, por lo tanto, no se comprometieron con las normas, valores y principios del Sistema, tienen el poder de decidir acerca de la institucionalidad, de las normativas y hasta acerca de los salarios de los funcionarios.

En esta línea, la peor incoherencia está en el mantenimiento de la sede de la Comisión en Washington DC, siendo que los Estados Unidos, por decisión política autónoma, jamás aceptaron participar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La consecuente reivindicación de los países latinoamericanos es que la sede de la Comisión sea trasladada a un país coherente, que haya ratificado la Convención.

La cuestión de la sede de la Comisión agrava la crisis de legitimidad que afecta el sistema interamericano y a la propia OEA, ya que los Estados y sus delegaciones y representantes necesitan ingresar en el territorio nacional estadounidense para defenderse de las acusaciones de violación de derechos humanos, lo que simbólicamente es bastante agresivo dada la falta de compromiso del país sede con el propio sistema y, en algunos casos relacionados con crímenes cometidos por regímenes dictatoriales, ese desplazamiento hasta el país del norte es especialmente ultrajante por la notoria colaboración de EEUU en diversos episodios autoritarios vividos en el continente.

Una tercera línea de críticas es consecuencia de los argumentos anteriores: dado el desajuste político y las incoherencias de intereses dominantes en el sistema de la CIDH, la entidad es incapaz de comprender cuestiones fundamentales para el futuro de la región e incluso del continente que afronten nuevas formas de violación, las cuales no se desarrollan necesariamente en el modelo tradicional que ubica al Estado como el potencial agresor de los derechos humanos.

En un mundo globalizado económicamente y dominado por las burocracias privadas, el enemigo a los derechos humanos pasa a ser potencialmente otro. Entre las preocupaciones – constitutivas de derechos y garantías presentes en las nuevas constituciones de algunos países latinoamericanos – están las cuestiones relacionadas a la autonomía energética (permanentemente amenazada por la geoeconomía y el capitalismo internacional), la mercantilización excesiva y desmedida de los bienes esenciales para la vida humana, como los fármacos, los alimentos, los productos químicos que condicionan la producción agrícola, todos sometidos a la reglas arbitrarias de propiedad intelectual. Un punto central, para los gobiernos progresistas latinoamericanos, es la apropiación, por parte de las burocracias privadas, del discurso de defensa incondicional de la libertad de expresión cuando en verdad se está defendiendo la libertad de empresa y la libertad de extorsión. En ese punto surge la cuestión fundamental acerca del derecho a la información y el cuestionamiento del poder del sector mediático privado en las democracias latinoamericanas.

Sin embargo, las críticas de cualquier orden no impiden reconocer la importancia y el inmenso valor del papel histórico de la CIDH, repositorio de documentos, procesos, investigaciones y testimonios despóticos de América Latina, de las dictaduras militares, de los abusos del poder por parte del Estado. No se minimiza este papel, pero se insiste que es preciso tener en cuenta que los países viven un cambio de época, están dirigidos por gobiernos democráticos, distantes del momento fundacional de la CIDH.

El gobierno brasileño parece adoptar una posición firme y coherente en el sentido de seguir confiando en las virtudes de un sistema independiente y autónomo de supranacionalidad, pero, a la vez, reivindica reformas y prioridades que, de acuerdo a la decisión del Consejo Permanente en la 42ª Sesión, deberán ser pensadas en el transcurso del segundo semestre con vistas a ser implementadas a partir de 2013.

Se trata de un periodo importante para el debate, un nuevo momento para el sistema interamericano de protección de derechos humanos, que podrá renovarse no sólo en cuanto al mandato y las competencias, sino también en cuanto a los principios, en razón de ser de un sistema forjado en el contexto de la Guerra Fría y que vive bajo la influencia de lo que se ha llamado el nuevo constitucionalismo latinoamericano y el compromiso emancipatorio con la democracia, los derechos fundamentales y la superación del neocolonialismo. (Traducción: ALAI)

- Carol Proner es doctora en derecho, coordinadora del Masterado en Derecho de la UniBrasil y Codirectora del Programa de Masterado-Doctorado en Derechos Humanos de la UPO-Sevilla-ES.

Fuente original en portugués:

http://www.cartamaior.com.br/templates/materiamostrar.cfm?materia_id=20292

https://www.alainet.org/es/articulo/158571