A favor de una comunicación democrática

Liliana Lizondo

16/04/2011

Opinión

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Desde la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo consideramos necesario expresarnos sobre las diferentes formas en las que los grupos mediáticos se resisten a ajustarse al derecho en materia de comunicación, cercenado uno de los derechos humanos fundamentales.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue un añorado deseo de democratizar la comunicación. Ese deseo, que fuera y es militado por todos los sectores que se oponían a que la ley de la dictadura siga en vigencia, comenzó a cumplirse en octubre de 2009 y hoy sigue su lucha. El camino recorrido por la Ley, desde su presentación hasta su aprobación, legitima la participación popular necesaria en proyectos que ponen en juego una concepción sobre el interés público.

Ha pasado un año y medio desde la madrugada de octubre cuando quedó abierta la posibilidad de un escenario comunicacional democrático, federal, plural para la Argentina y en ese período vimos pasar muchos intentos de ilegalizar la Ley. Los más ostentos son la medida cautelar a la que dio lugar la Cámara Federal de Mendoza suspendiendo la Ley desde diciembre de 2009 a junio de 2010 y la medida cautelar del Juez Carbone – a pedido del grupo Clarín- para la suspensión del art. 161 impidiendo, hasta ahora, el inicio de la desmonopolización de la información. Una vez que la Corte de Justicia de la Nación ratificó la plena vigencia de la Ley el paso que debió seguir era la puesta en marcha quedando en suspendo el art. 161, pero la realidad deja al descubierto la ostensible intención de los monopolios comunicacionales de seguir siendo ellos quienes manejan la circulación de la palabra y el derecho a la comunicación.

Ante la imposibilidad de dar marcha atrás con la ley, Cablevisión decidió no acatar la resolución 296/10 de la AFSCA sumiéndose, de ese modo, en la absoluta ilegalidad. La resolución 296/10 tiene origen en el art. 65 de la ley 26.522, donde se expresa que los servicios de televisión por suscripción tienen que incluir las señales generadas por Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado. Excluir deliberadamente canales como Paka – Paka o CN 23 de la grilla de Cablevisión es una muestra más de la política comunicacional del multimedio que se niega a formar parte del proceso democratizador de la comunicación por el que atraviesa nuestro país. Estos hechos nos llevan a afirmar que:

-Los canales que se pusieron en marcha –como Paka Paka, INCAA, Encuentro, CN 23– tienen una fuerte impronta educativa por lo que la difusión amplia y sostenida de estas señales colabora en una de las funciones señaladas clásicamente para los medios de comunicación que consiste en la educación de los habitantes de un territorio y en la construcción de ciudadanía plena. Esta construcción tiene como único garante al estado ya que los medios privados tienen como objeto el fin de lucro por lo que su única colaboración con esta construcción ciudadana sería la de difundir las señales que el Estado ha construido con los fines mencionados.

-La televisión pública, como todos los medios públicos en los diferentes países del mundo, juegan un rol muy importante en tanto consolidación de los imaginarios que construyen una idea de Nación. Esto permite que los habitantes de un territorio se sientan contenidos por una idea de pertenencia a una estructura que los precede y que se va a mantener en el tiempo. A su vez, los ciudadanos participan -según el modelo previsto en la política de comunicación vigente- de la construcción de esos imaginarios nacionales.

-Las construcciones identitarias funcionan a partir de la circulación, apropiación y reinvención que las personas hacen permanentemente. En una sociedad mediatizada como la occidental, el rol de la televisión -como lo han señalado muchos teóricos, entre ellos Jesús Martín-Barbero- como fuente de construcción, reconstrucción y circulación de representaciones es fundamental. Verse, mirarse, reconocerse y ser reconocido en la diversidad a través las imágenes con la pluralidad que ello implica es un derecho inalienable de todos los ciudadanos. Compartir imágenes, sueños, historias forma parte del derecho a la comunicación de todos los habitantes de un país.

-La función social de los medios de comunicación se puede garantizar desde un derecho a un acceso cada vez más igualitario a los bienes simbólicos de una sociedad. Esto garantiza el principio de equidad fundamental para la construcción de sociedades democráticas. Estas políticas de acceso para nada atentan contra las políticas de mercado de los medios tradicionales (abiertos o por cable) ya que funcionan con lógicas diferentes. A la vez tampoco implican gastos a las empresas de cable que deben retransmitir estas señales ya que no tienen costo alguno para las prestadoras. Esto se suma a las resoluciones judiciales que se están tomando hasta el momento y que conminan a las prestadoras del servicio de TV por cable a incorporar a la grilla de programación a las señales generadas por el Estado.

Por todo esto creemos que es fundamental seguir peticionando, en los ámbitos que sean necesarios, que las señales generadas por RTA tengan la mayor difusión en todas las señales de cable del país en función de consolidar un proceso de construcción comunicativa verdaderamente democrática.

Liliana Lizondo es la presidenta de la RedCom

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata, Argentina.

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