Un paso histórico o una maniobra electoral?

Alberto Acosta

20/01/2009

Opinión

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La deuda externa ha sido eterna para Ecuador. Sus dificultades son tan antiguas como la formación de la República. Y, en este interminable sendero, las soluciones, impulsadas y controladas por los acreedores, en contubernio con los negociadores nacionales, de acuerdo siempre con sus intereses, no han resuelto el problema. Por eso, las tan promocionadas “soluciones definitivas”, apegadas a la racionalidad del mercado, a la postre han ahondado las crisis.

Por otro lado, muchas propuestas alternativas, por diversas razones, no cuajaron o no superaron las actitudes discursivas o los planteos académicos. Los justos reclamos por el no pago, que tienen un sustento ético indiscutible, se han entrampado en posiciones inmovilistas. Más de una vez las movilizaciones en contra de la deuda se han agotado en sí mismas. Siempre han faltado respuestas estructurales que aborden sus causas.

Hoy, sin embargo, en Ecuador se cuenta con el informe de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (externo e interno). Un esfuerzo que se cristalizó gracias a la presión de la sociedad desde hace más de dos décadas. Y, por cierto, debido al compromiso adquirido por el presidente Rafael Correa, quien conformó dicha Comisión y lo respaldo decididamente.

Deuda y corrupción, dos caras de una misma moneda

El análisis debe ser integral. No se entiende la negociación de los Bonos Global, sin analizar la negociación de los Bonos Brady, incluyendo los Bonos Global 2015, y la comprensión de estos obliga a conocer las negociaciones anteriores, hasta llegar, caminando hacia atrás, a la contratación de deuda en la época de la dictadura militar. El punto de partida para iniciar cualquier proceso de resolución definitiva de la deuda es, sin duda, la realización de una auditoría. Ecuador lo ha hecho.

Hay que indagar sobre la legalidad y la legitimidad de la deuda. No todas las deudas merecen similar tratamiento. Muchas deben ser desechadas desde el inicio, sobre todo aquellas que caen en la categoría de deudas odiosas (contratadas por una dictadura, por ejemplo); además, existen otros créditos que, por sus condiciones, podrían ser considerados como usurarios (con tasas de interés desproporcionadas, que de antemano hicieron imposible el servicio de la deuda) y corruptos (contratadas en condiciones que no se ajustan a las normas legales del país acreedor o deudor, o a normas internacionales), que por definición deberían ser nulos. A modo de ejemplo de los factores que habría que considerar, se puede mencionar la existencia de cláusulas ilícitas, vicios de consentimiento, anatocismo, tasas de interés usurarias, gastos y comisiones desproporcionados (cubiertas por los deudores, sin control alguno), operaciones simuladas, colusión dolosa, deudas “estatizadas” o “socializadas”, etc. Realidad que aparece en casi todos los contratos de la deuda externa ecuatoriana, tal como se ha comprobado documentadamente.

Igualmente, hay deudas cuyo servicio falló porque las condiciones impuestas a los países deudores por los organismos multilaterales de crédito dependían de escenarios imposibles de cumplir. Incluso las políticas económicas de los países ricos volvieron directamente impagables las deudas; por ejemplo el incremento de las tasas de interés de los EEUU a inicios de los años 80, provocó una transferencia neta negativa de recursos desde América Latina por 210 mil millones de dólares en una década. En el lapso analizado por la Comisión de Auditoría, sólo en el tramo de la deuda comercial, esta transferencia negativa habría superado los 7 mil millones de dólares en el caso de Ecuador.

Tengamos presente que en Ecuador, tal como ha demostrado la Auditoría, los acreedores privados aseguraron sus intereses en abierto contubernio con los organismos multilaterales de crédito: FMI, Banco Mundial, BID; e, incluso de algunos gobiernos; casi siempre con el cómplice apoyo de los negociadores nacionales. Siguiendo los hallazgos de la Comisión de Auditoría, se configuró una “coalición multilateral para apoyar y asegurar, en primer lugar, la negociación del Plan Brady, cuya legitimidad y legalidad están sólidamente cuestionadas en el examen que la Comisión hace de la deuda comercial; y, con la percepción de ocasión propicia, introducir la doctrina económica del momento relacionada con la reducción del tamaño y rol del Estado, las privatizaciones, la liberalización comercial y productiva, a espaldas de las inequidades prevalecientes y los impactos sociales”. Este es otro elemento fundamental: la deuda sirvió como palanca para impulsar el Consenso de Washington.

Los ejemplos de deudas impugnables, en los cuales la corresponsabilidad de los acreedores es indiscutible, sobran. Un caso digno de mención es la compra de unos barcos pesqueros noruegos por parte de empresarios ecuatorianos a fines de los setenta. Estos barcos, construidos porque el gobierno noruego estaba interesado en apoyar a sus debilitados astilleros, fueron adquiridos con un crédito estatal noruego y sin considerar todas las normatividades legales para este tipo de “ayuda al desarrollo”. Tan flagrante es la ilegalidad del proceso, que éste fue calificado públicamente como una "vergüenza" por la ministra noruega de Desarrollo. Esta deuda corrupta se resolvió por la acción de la sociedad civil de los dos países y la sensibilidad del gobierno noruego. Esta es una muestra que hay cómo impugnar por ilegítimos e ilegales al menos algunos tramos de la deuda externa.

En todos estos años, los representantes de los organismos internacionales y aún los gobernantes de los países ricos, acolitados por sus infaltables analistas y de sus fieles voceros en los países endeudados, no se cansaron de repetir que la culpa de la crisis del endeudamiento externo tienen los gobiernos de los países empobrecidos, sobre todo por el dispendio de los recursos contratados y por haber aplicado políticas económicas “populistas”. En esta afirmación, se sintetiza una apreciación unilateral que endilga los problemas a los países subdesarrollados. Desde esta posición los países desarrollados, de paso, han negado cualquier corresponsabilidad en su calidad de acreedores y, de hecho, no han permitido investigar los procesos de endeudamiento externo, su legalidad y menos aún su legitimidad. Por otro lado, no han faltado representantes de los países endeudados y líderes de opinión en dichas naciones que asumen como indiscutible el compromiso de pago de la deuda. Y son reiteradas las voces de estos personajes que nos amenazan de catástrofes insospechadas en caso de suspensiones del servicio de la deuda…

Es cierto que el problema del endeudamiento externo se explica, en parte, por las inadecuadas políticas económicas (impuestas por los centros de poder mundial) y, también, por la acción de los gobiernos y, en especial, de las elites dominantes en los países endeudados. Dichos gobiernos, muchos de ellos dictatoriales, en muchas ocasiones, aprovechando las condiciones reinantes en el mercado financiero internacional, recurrieron alegremente al endeudamiento externo en lugar de introducir las reformas estructurales que habrían sido indispensables. Los gobernantes en reiteradas ocasiones han transferido masivamente los recursos contratados en el exterior en favor de las clases propietarias; recursos que en más de una ocasión se fugaban de los países deudores. Por eso, a primera vista, parecería que el problema se circunscribe en el ámbito de los deudores. Sin embargo, esa apreciación es incorrecta, como demuestra la misma Comisión de Auditoría. En el proceso de endeudamiento hay una indudable participación de los acreedores, que han impuesto su voluntad en una suerte de chantaje perpetuo.

La auditoria de la deuda, apenas un primer paso

Como producto de esta auditoría se abre un abanico de posibilidades de acción. Las conclusiones, presentadas aquí en forma resumida para apenas dos tramos de la deuda, son contundentes:

1.- Refiriéndose a la deuda comercial, “ante todas las evidencias de ilegalidades e ilegitimidades determinadas durante el proceso de auditoría de la Deuda Externa Comercial de Ecuador y el elevado costo de los pagos a la banca prestamista, la Comisión recomienda la inmediata suspensión de los pagos de la Deuda Comercial actual representada por los Bonos Global 2012, 2030 y 2015 para preservar el Patrimonio Público del país y atender debidamente las urgentes necesidades sociales del pueblo ecuatoriano.”

2.- Frente a la deuda multilateral, se sugiere “tomar medidas de suspensión definitiva de pago respecto de los 45 créditos multilaterales auditados (incluye 3 créditos bilaterales cofinanciados con multilaterales). (…) Paralelamente se podría declarar la suspensión in temporis del pago de la deudas (…) que quedan por auditar.”

3.- Para las definiciones casa adentro, “la Comisión recomienda, asimismo, la ejecución de acciones penales, civiles y administrativas contra los responsables, para su sanción, y la devolución de los recursos sacados del país.”

Hay suficiente información para iniciar los correspondientes procesos penales, civiles o administrativos en contra de quienes fueron los responsables del manejo de la deuda externa. La atención debe centrarse sobre todo en aquellas épocas en donde se habrían dado los casos más clamorosos de manejos dolosos, cuando gobernaron los dictadores militares de los años setenta, Oswaldo Hurtado Larrea, León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa Bejarano, Lucio Gutiérrez…

También habrá que incorporar las medidas necesarias para investigar el manejo de la deuda interna, que involucra a los gobernantes ya mencionados. Las emisiones de Bonos del Estado fueron pilares para sostener el pago del servicio de la deuda pública. En este campo la acción de la justicia debe ser también implacable.

En el ámbito internacional, de una primera lectura de la documentación presentada, se desprenden varias opciones. (Pero que quede absolutamente claro que el éxito de las gestiones a emprender dependerá de la calidad del trabajo de auditoría realizado y también de la estrategia que despliegue el Estado ecuatoriano). La tarea es compleja.

Hay que analizar la posibilidad de plantear juicios en contra de los prestamistas involucrados en las negociaciones dolosas, en los propios países acreedores. Igualmente hay que preparar acciones en los tribunales internacionales en donde se ventilan los casos de violación de derechos humanos en contra de los acreedores involucrados, pues los abusos perpetrados en el manejo de la deuda externa no sólo produjeron pérdidas económicas, ocasionaron enormes costos en nuestra sociedad y a la Naturaleza.

A partir de las acciones que se desplieguen en este amplio espectro de posibilidades, se puede llegar a una moratoria de la deuda sin condiciones; una decisión de este tipo es preferible adoptarla en forma consciente y planificada, y no desesperada, como sucedió en 1999. Además, es hora de desarmar ese discurso de terror alrededor de las moratorias (default).

Esta Auditoría no tendrá trascendencia sino hay respuestas jurídicas y también políticas respaldadas con amplias acciones sociales. Por otro lado, el Estado requiere una estrategia que anticipe todos los escenarios y acciones posibles. Pero sobre todo una estrategia que sea coherente… pues no se entiende, a la luz de esta Auditoría, cuyo valor histórico es incuestionable, que en la Asamblea Constituyente se haya otorgado amnistía a uno de los gobernantes responsables de los capítulos más oscuros de la deuda externa, el de la negociación de los Bonos Global, Gustavo Noboa Bejarano, por iniciativa de este gobierno que conformó y alentó la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público. Y tampoco se entiende que el mismo gobierno, que tuvo el valor de suspender los pagos de los Bonos Global 2012 y 2030, haya seguido pagando los Bonos Global 2015.

- Alberto Acosta es economista ecuatoriano, ex Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, autor de varios libros y artículos sobre la deuda externa.

https://www.alainet.org/es/articulo/141134