El Estado mexicano será juzgado entre el 27 y 30 de abril próximos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), debido a importantes irregularidades en la investigación y negativas para dar información a los representantes de las mujeres asesinadas y halladas en el predio denominado Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Esta será la primera vez que México será sometido, a juicio ante una corte internacional, por algunos de los múltiples crímenes (más de 400) perpetrados contra mujeres en Ciudad Juárez desde 1993, gracias a que han luchado por dicho objetivo los representantes del caso: la Asociación Nacional de Abogados Democráticos AC (ANAD), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer AC (CEDIMAC).

La historia se remonta a 2001, en concreto a los días seis de noviembre, cuando se encontraron tres cadáveres, y 7 de noviembre, fecha en que fueron descubiertos cinco cuerpos femeninos más en dicho predio, los cuales presentaban señales claras de tortura.
Dichos homicidios fueron objeto de una misma investigación ante la Procuraduría General de la República (PGR), entre 2003 y 2005. Pero después de presentarse diversas fallas en la investigación, por parte de las autoridades municipales y federales, se separaron cada uno de los casos para continuar su investigación individualmente.

La consecuencia principal de la separación de los casos es que la CoIDH no pudo considerar a ocho presuntas víctimas, sólo a tres para llevar a cabo el proceso legal contra el Estado mexicano.

Sus nombres: Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monarrez.

INTERNACIONALMENTE RESPONSABLE

En la resolución de la CoIDH, con fecha de 19 de enero de 2009, se indica que, de acuerdo con el escrito de demanda que hizo ante la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano es internacionalmente responsable por la desaparición y la ulterior muerte de las jóvenes arriba mencionadas.

Esto, porque no proporcionó protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad, así como tampoco incurrió en la prevención de los crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género en la región, el cual ha dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas.

Además, se acota la inexistente respuesta de las autoridades locales frente a la desaparición de las víctimas.

Todo ello, dice la resolución, constituye violaciones a los derechos protegidos por los artículos 4 (derechos a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (derecho a las garantías judiciales), 19 (derechos del niño) y 25 (derecho a la protección judicial de la Convención Americana).

Fuente: www.cimac.org.mx, www.cimacnoticias.com, www.redsemlac.net