La familia de Eluana Englaro lleva más de diez años luchando por cumplir un deseo. “Desconectad las máquinas, dejad morir a mi hija, tened un poco de dignidad”, no ha parado de repetir una y otra vez su padre, Giuseppe, ante la justicia italiana sin obtener la respuesta esperada.

El Ejecutivo de Berlusconi lo ha prohibido mediante una circular que afecta a todo el país. Sin embargo, Mercedes Bresso, presidenta del Piamonte, se ha mostrado dispuesta a que en alguno de los centros sanitarios de su región se lleve a cabo la desconexión de la sonda que le proporciona alimento a Eluana y la mantiene con vida desde 1992. Para los Englaro se atisba una luz al final del túnel.

El pasado 18 de enero se cumplían 17 años desde que un accidente de tráfico, mientras volvía a casa de madrugada, postrara para siempre a Eluana en una cama de la clínica religiosa Beato Talamoni de Lecco, cerca de Milán, en donde reside con el cuidado de las monjas Misericordine. Desde entonces, la joven de 38 años ha permanecido en estado vegetativo irreversible y sin poder articular palabra ante la controversia por su situación. Voz que le ha sido devuelta a través de su padre al emprender una batalla legal contra el gobierno para darle a su hija lo que considera una “muerte digna”.

El debate en Italia está servido. En noviembre de 2008, después de varios intentos fallidos, el Tribunal Supremo daba la razón a la familia de la mujer y autorizaba la retirada de su alimentación artificial. Pero la dificultad para encontrar un hospital que accediese a facilitar su muerte no hizo más que dilatar la espera. Fue entonces, cuando a mediados de diciembre el ministro de sanidad desafió a la justicia con el envió de una orden a todas las regiones italianas que prohíbe a todos los hospitales públicos que se lleve a cabo en sus instalaciones cualquier acto de eutanasia.

Con el ofrecimiento del Piamonte las circunstancias han sufrido un nuevo giro de timón. “A nosotros no se nos ha pedido nada, pero si se nos pide no habría ningún problema”, ha asegurado Bresso desde Bruselas, tras su reunión con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. De concretarse, la propuesta tendría que realizarse en centros privados para esquivar las implicaciones del Estado. Hace unos días, la clínica Cittá de Udine también había presentado sus servicios pero tuvo que desdecirse ante las fuertes presiones recibidas por el ministerio que amenazaban incluso con el cese de la actividad del centro.

En los próximos días se conocerá si los Englaro podrán encontrar una muerte digna para su hija o si, por el contrario, los acontecimientos vuelven a tomar un rumbo diferente. Mientras tanto se repite la misma pregunta en la calle y en el parlamento: ¿Quién tiene derecho a decidir sobre la vida o la muerte de una persona?

La Iglesia y los partidos de la derecha política transfieren a Dios esa responsabilidad y hablan abiertamente de asesinato y de inmoralidad. En el bando contrario, la sinistra aboga por la libertad de elegir del individuo y sus familiares a no recibir tratamientos sanitarios artificiales. En ambas argumentaciones, la dignidad humana es apelada para reforzar dos posturas encontradas y en disputa desde los tiempos de la Grecia clásica, aunque la concepción de la existencia era diferente entonces: una vida mala no era digna de ser vivida.

La opinión pública ha conocido en los últimos años la historia de algunas personas que consideraban que la vida es un derecho y no una obligación. Terry Schiavo en los Estados Unidos y Ramón Sampedro en España, al igual que Eluana, han hecho reflexionar a la sociedad sobre lo que se considera una muerte digna. Pero todavía falta no se comprende la libertad para elegir. Sólo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán algún día si sus peticiones eran razonables o no.

David Rodríguez Seoane
Periodista

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias  (CCS), España.

http://www.ucm.es/info/solidarios/index.php