La versión idealizada de los mecanismos de mercado funcionando adecuadamente rara vez se ha ajustado a la realidad como ha quedado en evidencia el último tiempo.

Desde la perspectiva de la Escuela de Chicago los principios que guían una optimización económica eficiente son la liberalización de los mercados y la racionalidad en el proceso de toma de decisiones de los agentes económicos. Siguiendo estos principios se generan mercados más competitivos, autorregulados en los cuales la eficiencia es recompensada mejorando el bienestar general de la población así como garantizando un crecimiento económico sostenido sin intervención del Estado. Es decir el mercado es la solución mientras el Estado es la causa de las distorsiones y problemas.

La caída de todos los mercados financieros, que muchos comparan en profundidad con la crisis de los años 30s del siglo pasado, vuelve a confirmar las imperfecciones del mercado. Pero esta no es novedad. Lo sorprendente es el poco asombro y movilización que sus efectos ha generado en la clase política y ciudadanos en general. Se supone que enfrentamos una crisis total que incluye pérdidas significativas del patrimonio de los ahorrantes así como mayor desempleo e inseguridad laboral que inevitablemente afectará el mercado de consumo.

Sin embargo, todavía y a diferencia de la “gran crisis” anterior, no se despliega el debate sobre los temas de fondo, específicamente sobre los roles del mercado y del Estado. ¿Cobra relevancia quién está colocando los temas de discusión? Aparentemente muy pocos, lo cual deja cuestiones fundamentales en el ámbito de los expertos. La preocupación debe dar cuenta del tipo de sociedad que queremos: ¿Cuáles son las fallas de mercado que requieren de rediseño y ajusta de la institucionalidad actual? o ¿Cuáles son las fallas del Estado y qué mejoras debe tener la institucionalidad pública?

¿A qué se debe la pasividad de los actores políticos, ciudadanos e intelectuales, particularmente en nuestro país?

Es difícil de comprenderlo. A nivel general se observa sólo una leve preocupación por las causas y consecuencias de la crisis financiera, tanto en la clase política como de los ciudadanos a pesar del tremendo costo directo que tiene la pérdida en las cuentas individuales de pensión. Existe un aparente consenso que se requiere una regulación más activa del mercado financiero. Al mismo tiempo el gobierno confía plenamente en la capacidad de Hacienda para “seguir haciendo bien las cosas”, lo cual significa que se ha renunciado explícitamente a revisar justamente los fundamentos e instrumentos de la política económica causante de la crisis.

Chile está en un punto de inflexión. Nuestro modelo económico es altamente dependiente de unas pocas materias primas cuyas alzas y caída en los mercados internacionales define el entorno económico. Situación no muy diferente a la experimentada por nuestro país en el siglo XIX y XX a pesar del constante marketing de las autoridades sobre los acuerdos comerciales y su impacto positivo en el país. Queda mucho por hacer, debatir y proponer. Justamente la magnitud de la crisis financiera y su efecto en la economía real abren una oportunidad de implementar nuevos enfoques y políticas públicas.

Leonel Tapia Contador
Economista
Escuela Latinoamericana de Postgrado y Políticas Públicas (ELAP)
Arena Pública, plataforma de opinión de Universidad ARCIS