Ante la crisis desatada por el fenómeno de las centenas de “pirámides” que nacieron, crecieron y se reprodujeron en este Gobierno (en especial  DMG y DFRE), las cuales terminaron por involucrar aproximadamente a seis millones de colombianos y dónde se encuentran envolatadas inversiones que ya  se cuentan en billones de pesos, es curioso escuchar los argumentos de prestigiosos economistas que llaman a la calma y desestiman que esta “hecatumbis” nos lleve a una tragedia económica.

"La plata de las pirámides no se ha perdido, no desapareció de la economía. Lo que pasó fue que cambió de manos" argumenta con pasmosa tranquilidad Mauricio Cabrera, consultor económico y banquero de inversión. Para Salomón Kalmanovitz, ex codirector del Banco de la República, el problema se reduce a un asunto de simples cuentas, para Kalmanovitz el impacto general sólo sería del 0,8% sobre el PIB (Producto Interno Bruto). "Suponiendo que el PIB total fuera de 380 billones de pesos, del cual el consumo sería el 70 por ciento, es decir unos 266 billones de pesos, los 2 billones serían casi el 0,8 por ciento del PIB de consumo", y a paso seguido sentencia que: “el impacto se daría solo en caso de que esa plata se haya ido del país, pero si lo que pasó fue que cambió de manos, pues el dinero seguirá circulando. "Y esos señores que se la quedaron también consumen".

Esta visión inhumana de la economía y separada totalmente del contexto social - que en sectores más radicalmente neoliberales como el Ministerio de Hacienda o Planeación Nacional es más exacerbada- es la que encierra el núcleo del problema de desigualdad social, miseria, hambre, crimen y corrupción  que hoy vive Colombia. La miseria y la pobreza no sólo son en si mismas falencias estructurales del sistema económico y caldo de cultivo de la ilegalidad, sino que afectan de forma significativa la economía nacional. Un país cuya población mayoritaria está cada vez más sin capacidad de ahorro, sin poder adquisitivo, sin acceso a la vida económica, social y cultural, es sin lugar a dudas un país financiera y socialmente enfermo. Un país donde no se puede desarrollar la libertad económica porque simplemente la gran mayoría de sus habitantes no tiene derecho de propiedad, es un país donde ni siquiera se puede extender el capitalismo sino la mafia de la concentración (de la tierra, del ahorro, del capital).

Es por esto que con tal que lleguen capitales al país, se justifica la concentración de la riqueza y lo que es peor, se respalda la concentración mafiosa y criminal del patrimonio nacional y con él la exclusión social de millones de colombianos. Por esto, que importa que Chiquita Brands financie masacres paramilitares mientras traiga capitales a Colombia; que interesa que muchas empresas palmicultoras antioqueñas (23 según investigaciones de la Fiscalía) hayan desplazado forzosamente a comunidades negras del Chocó, si sus exportaciones aumentan nuestro PIB; que interesa que los azucareros del valle exploten como esclavos a los corteros de caña mientras faciliten nuestro ingreso al mercado global produciendo biocombustibles; por qué preocuparnos por la desaparición de unos pueblos indígenas, que nada le aportan a la economía, mientras esas tierras y sus recursos naturales como los páramos, los ríos y los bosques se podrían convertir en jugosas concesiones para las transnacionales; por qué inquietarse con que el país se haya convertido en un lavadero del crimen internacional si nos llegan sus millones de dólares, así estos  estén quebrando a las empresas legales que no tienen como competir ante un mercado irregular que busca ingresar dinero sucio a nuestro sistema financiero; que importa que sean millones los afectados por las pirámides siempre y cuando el dinero no haya salido de Colombia y esté circulando, así sea en pocas y criminales manos; que importa la situación social de Nariño, Cauca o Putumayo si los beneficiarios del modelo viven en los mejores barrios de Medellín, Cartagena, Cali o Bogotá.

Bajo esta lógica gubernamental la concentración y el crimen no sólo pagan sino que están exentos de impuestos, reciben subsidios y tienen a su disposición a la paupérrima masa de colombianos, expuestos internacionalmente como una de las manos de obra más baratas de América Latina. La flexibilización laboral, las privatizaciones, las cooperativas de trabajo, el desmonte de las garantías laborales unido a la destrucción del agro colombiano y la entrega incondicional de nuestros recursos naturales, hacen parte de lo que el Presidente llama la confianza inversionista, fin último de la seguridad democrática y cuya estocada final es su tan anhelado y hasta ahora frustrado TLC con Estados Unidos.

En este escenario de vacío y exclusión estatal, no tiene porque extrañarle a nadie que la gente acudiera en masa a colocar sus esperanzas en personajes como David Murcia Guzmán y su controvertida DMG. Empresa que logró en menos de tres años capitalizar un ambicioso proyecto que generó, mientras duró: empleo, bienestar social e inclusión al sistema económico del país, especialmente en las zonas más excluidas del territorio. Empresa que, todo parece indicar, democratizó las utilidades del narcotráfico que por años estuvieron reservadas tan sólo a los círculos estrechos del poder (entre ellos los bancos, los terratenientes, los paramilitares, los grupos políticos y sus empresas).

No es por méritos del Ministro de Hacienda que en plena crisis mundial Colombia sorteara estable la recesión, sino por el aumento de ingresos sospechosos que en éste Gobierno pasó de tres billones anuales a los diez billones que hoy ni siquiera se visibilizan por orden del Ministerio. Por esto, lo monstruoso y criminal del posible lavado de activos de DMG no es nada nuevo, lo novedoso es la posible ingeniosa redistribución del capital mafioso a través de la inclusión de redes de generación de ingresos, empleo y autoestima social que hacía avergonzar a todos los paupérrimos programas sociales del Gobierno.

DMG desaparece pero el lavado continúa

El lavado de activos es una operación por medio de la cual los dineros fruto de actividades criminales como el narcotráfico, es ingresado al sistema económico legal de diversas formas. Los inventos para legalizar el dinero sucio son tan ingeniosos como criminales. Por ejemplo, con el famoso pitufeo, los hampones consiguen gente que deposite en la banca 5.000 dólares, con lo que, para lavar un millón necesitan 200 personas. Y fueron, y son, millones los colombianos que prestan su nombre para poder facilitar el fin de la cadena delictiva a cambio de unos pesos fáciles. Otra forma utilizada comúnmente es exigir el pago del delito en mercancía o comprarla para venderla por debajo de su precio. De esta forma colocan desde ropa hasta electrodomésticos en grandes mercados populares, centros de gran afluencia de compradores o la distribuyen a través de la venta informal. El resultado son los jeans de $10.000, la docena de calcetines de $7.000 y demás ofertas generosamente absurdas que se ofrecen so pretexto de ser productos chinos.

La política, como lo sabe triste y violentamente Colombia, también es una muy buena forma de lavar el dinero del crimen. Las mafias financian subrepticiamente a senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, y luego, con millonarios contratos estatales de la salud, la educación o el deporte convierten el dinero de un secuestro, de un asesinato o del narcotráfico en capitales legales que disfrutan a sus anchas gracias a nuestros impuestos. Además, con sus representantes en el Congreso y en el Gobierno, aseguran que no se persiga en debida forma lo que, como hemos dicho, en últimas les interesa: el lavado de activos. No gratis, el 35% del Congreso anterior y el 50% del actual fue elegido con apoyo de las AUC según denuncias del narcotraficante y jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Si de parar el lavado de activos se tratara, el Gobierno debería perseguir con mayor rigor los bienes de los paramilitares, prohibir el financiamiento privado de las campañas políticas, vigilar y contratar auditorías independientes para controlar las infiltraciones de funcionarios públicos estratégicos para las mafias. Por ejemplo, si en vez de colocar ridículas veedurías al interior de las fuerzas militares, que son manejadas por ellos mismos, se contratan auditorías externas especializadas, no serían pocos los patrimonios que develarían la mano del narcotráfico y los paramilitares en la Policía y el Ejército, así como el rastreo del verdadero destino de los dineros de las recompensas en los casos de falsos positivos.

Pero este Gobierno, no sólo no controla el lavado de activos sino que lo promociona y facilita. La reforma política que pretendía castigar a los partidos que se benefician de grupos armados o mafias del narcotráfico, fue hundida por orden del presidente Uribe, a sabiendas que en sólo una agenda electoral local se lava más plata que en los tres años que funcionó DMG. El proyecto de ley de  víctimas que permitiría la persecución de bienes de los paramilitares, en su mayoría millones de hectáreas  pertenecientes a los narcotraficantes, también fue hundido por orden presidencial. Y por otro lado, se proponen leyes que benefician a las mafias como la ley de justicia y paz, el estatuto rural, la legalización de la venta ficticia en tan sólo 5 años, entre otras.

La responsabilidad del Estado frente a la crisis de las pirámides

Si esta navidad una persona coloca una venta ambulante de gorros de Papá Noel, en cuestión de minutos le cae la Policía, le decomisa la mercancía y si se opone va a parar al permanente. Por esto, no deja de causar curiosidad como el Fiscal General de la Nación y el Gobierno Nacional, con el Presidente y el Ministro de Hacienda a la cabeza, dejaron montar más de doscientas captadoras de dinero por todo el país a lo largo de todos estos años. Captadoras públicas, que pagaban impuestos y que, como DMG, tenían descomunales bodegas donde a diario miles de personas se aglutinaban a dejar sus ahorros, sólo invisibles para el Presidente, el Fiscal y el Ministro.

Ya desde el 2006, el representante liberal Guillermo Rivera alertó al Fiscal de lo que estaba sucediendo en Putumayo, su carta, a pesar de ser un congresista, nunca tuvo respuesta. Como ésta son decenas las comunicaciones al Fiscal, al Ministerio, a la Superintendencia, que enviaron alcaldes, gremios y hasta la misma policía y el CTI advirtiendo y denunciando las actividades sospechosas de estas captadoras masivas de dinero. Es más, desde el 2007 el Fiscal tenía ya una prueba material con el decomiso de una caleta en Putumayo, de más de siete mil millones de pesos pertenecientes a DMG y nunca hizo nada.

Las autoridades no sólo dejaron que las captadoras ejercieran públicamente su labor de rey Midas, sino que les dieron registro, uso de suelo, pagaban impuestos y hasta los mismos policías, miembros del Ejército y hasta jueces y fiscales fueron clientes de las mismas. El abogado, promotor y principal vocero de DMG, Abelardo De La Espriella es íntimo amigo del Fiscal, fue De La Espriella quien dirigió el lobbying parlamentario que llevó a Mario Iguarán a dirigir la Fiscalía, y además, es conocido por sus relaciones personales con altos funcionarios de la Presidencia. Ni los hijos del Presidente fueron ajenos al negocio tanto que Daniel Ángel, amigo de infancia de Jerónimo Uribe, alcanzó a involucrarlo en un proyecto televisivo con un canal de DMG, Ángel, como se sabe es uno de los principales cerebros de esta cuestionada empresa.

Ahora se ha empezado a saber que miembros de la bancada uribista en el Congreso posiblemente trabajaron la agenda legislativa bajo la millonaria remuneración de David Murcia, en el ojo de un huracán que ya se ha apodado como la DMG-Política están la senadora del partido de la U, Zulema Jattin, autora del mico que favorecía a DMG en la reforma financiera y Samuel Arrieta de Convergencia Ciudadana. Se destapa la financiación de DMG a por lo menos 10 alcaldías y gobernaciones, y todo parece indicar que el principal impulsor financiero del referendo para la reelección presidencial, con dos mil millones de pesos, fue DMG.

Por lo pronto, la hecatumbis de las pirámides ya desbarató la reelección de Uribe para el 2010 y amenaza con tumbar también la del 2014. Le costó la cabeza al superintendente financiero. Hizo trizas la imagen del Ministro de Hacienda que soñaba con tener aspiraciones políticas y ahora se tendrá que contentar con terminar su periodo en el Ministerio. Dejó por el suelo a un Fiscal amañado y sin criterio que terminó acomodando el principio de oportunidad para poder pedirle canoa a Murcia. Le costó a David Murcia su cabellera, su mamá y su esposa, con las cuales se sospecha hay un chantaje gubernamental montado para callar a Murcia. Deja en la ruina social y económica a departamentos enteros como Nariño, Putumayo y Cauca y le costó el puesto a decenas de encuestadores, ya que desde que el Presidente demostró de lo que es capaz cuando se enfurece y desde que empezó a bajar estrepitosamente su popularidad, ninguna firma se le mide a hacer una encuesta.

- Gabriel Bustamante Peña es del Equipo Jurídico-Político, Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas

Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org