En el imaginario social está instalada la idea de que las políticas de defensa son competencia de los estamentos militares o de expertos civiles formados en academias especializadas y, por lo tanto, se le reconoce a estos ámbitos oficiales el único saber sobre la materia.

Los movimientos sociales no se han ocupado en particular sobre los asuntos concernientes a la defensa. Sin embargo sí lo han hecho sobre el fenómeno de la militarización, o el impacto que tienen sobre los pueblos las políticas de los gobiernos que optan por la vía de la militarización como un elemento de control y seguimiento de los conflictos sociales.

Los movimientos sociales han realizado diferentes luchas contra los ejercicios militares de las fuerzas armadas de nuestros países, los que han llevado a cabo conjuntamente con el Pentágono (y lo siguen haciendo), como así también han luchado contra la instalación de bases militares estadounidenses en Latinoamérica.

El rol de las Fuerzas Armadas

¿Será acaso que tener una mirada propia sobre las políticas de defensa implica asumir que hay un rol y una misión para las fuerzas armadas de nuestros países y con ello un compromiso de los movimientos? ¿Será que luego de treinta años, nuestros pueblos no se han recuperado aún sobre el genocidio perpetrado por aquellas fuerzas armadas que se coordinaron en el Operativo Cóndor? ¿El componente militar, los militares de hoy, son permeables a una visión de soberanía popular, a un sentido común que no coincide con aquellas miradas elitistas alineadas con los Estados Unidos y su agenda de Defensa y Seguridad?

Sin duda, en el mundo en que vivimos se necesitan fuerzas armadas y por lo tanto éstas deben tener un rol. Pero, la situación en nuestro continente dista de ser pareja; tenemos fuerzas armadas que se alinean con el poder político y fuerzas armadas que negocian con el poder civil desde una posición amenazante aunque velada, fuerzas armadas en retroceso como corporación y otras que avanzan en autonomía económica y funcional, fuerzas armadas con injerencia en los asuntos internos de la vida política del país y otras que lo tienen prohibido por ley; fuerzas armadas que son habilitadas por algún gobierno, pero por fuera de la ley para operar en el ámbito interno, etc.

No hay, hoy por hoy, (salvo quizás un par de excepciones) fuerzas armadas que tengan una consideración y reconocimiento social, pues la memoria activa de los pueblos sigue ligando a las fuerzas armadas con la represión y sistematización de muerte de los propios conciudadanos; son tan pocos los casos de juzgamientos de la política criminal llevada a cabo por el Terrorismo de Estado que asoló nuestro continente, que sigue internalizado en la subjetividad social la vigencia de la impunidad de esas políticas criminales.

Con todo esto, ¿es esperable que los movimientos sociales asuman posiciones ante las políticas de defensa de nuestros gobiernos? En verdad no hay muchas esperanzas de ser oídos; sigue vigente para la mayoría de los gobiernos la visión de los “especialistas” y de las organizaciones civiles conectadas a las escuelas de defensa e instituciones castrenses, incluso muchas de ellas ligadas con organismos norteamericanos que al parecer realzan su valor a un dudoso y elevado status con el cual la valoración de sus análisis son tomados más en cuenta por algunos gobiernos, siguen en vigencia ámbitos secretos y reservados, como así también las conferencias de ministros de defensa, algunas de ellas herméticas a pesar de ser políticas públicas y de gobiernos republicanos.

En casi todos los países de Latinoamérica se analiza por parte de estos espacios no gubernamentales la viabilidad de amalgamar las políticas regionales de seguridad y defensa hemisférica a la doctrina de Estados Unidos elaborada por el Pentágono referidas al esquema de amenazas tradicionales, no tradicionales y estructurales. Son muy pocas las declaraciones oficiales que no van en ese sentido.

¿Por qué no debaten?

Recientemente se han realizado dos cumbres muy importantes: la II Cumbre Sudamericana de Naciones (CSN) y la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, ambas en simultáneo entre los días 6 y 9 de diciembre de 2006 en la hermana ciudad de Cochabamba, Bolivia.

Es la primera vez que las cumbres oficiales de los gobiernos y las cumbres oficiales de las organizaciones y movimientos sociales admiten un tercer espacio de encuentro entre ambos eventos. Esforzados intentos previos por parte de los movimientos sociales con autoridades gubernamentales arrojaron una agenda posible a los efectos de discutir políticas inherentes a los intereses de los pueblos de Sud América. Hubo avances en diversos temas, pero los asuntos referidos a la Defensa y a la Seguridad no fueron posibles; los gobiernos se negaron a discutir estos temas con los movimientos sociales.

Esta negativa no se debió a un concepto descalificatorio de los movimientos sociales en el sentido de que estos carecían de iniciativas concretas, todo lo contrario, se les anticipó a los funcionarios una decena de propuestas para una política hemisférica de Defensa y Seguridad. Creemos que los avances de los movimientos de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA) alcanzados en estos asuntos, no son posibles hoy para los gobiernos de Sudamérica; en consecuencia ante la imposibilidad política gubernamental de debatir estos temas entre los gobiernos, no aceptaron un diálogo franco con los movimientos sociales.

Propuestas

¿De qué hablamos?

Que los gobiernos asuman que los asuntos de la Defensa y de la Seguridad, sean de orden público.

Que haya Libros Blancos de la defensa nacional en todos los países y que la publicidad de las políticas sobre defensa y seguridad sirva como punto de confianza mutua entre los países de la región.

Que los gobiernos asuman el compromiso de que los ejercicios conjuntos de las diferentes fuerzas armadas de la región tendrán que estar encuadrados en una agenda Latinoamericana de seguridad y no en la agenda del Pentágono y del Comando Sur.

Que el ingreso de tropas norteamericanas a nuestros territorios esté encuadrado en la normativa internacional y del Tribunal Penal Internacional y no se ofrezca ningún tipo de inmunidad legal.

Que se declare a la región como zona de paz y que sea tarea de los gobiernos consolidar la paz.

Que se diferencien las políticas inherentes a defensa y a las de seguridad pública y ciudadana, porque es común que la opinión pública confunda ambas esferas, cuando en realidad son de carácter distinto.

Que al tener Latinoamérica una verdadera situación de paz, y libre de conflictos interestatales, las fuerzas armadas regionales no participen de misiones militares en teatros de operaciones bélicos extra continentales.

Que los gobiernos de la región se comprometen a no ingresar a la región armas de destrucción masiva y vectores.

Que los gobiernos se comprometen a utilizar los mecanismos internacionales para evitar cualquier intento de carrera armamentista en la región. Y que las actualizaciones en el material bélico no serán de carácter secreto.

Que los gobiernos se comprometan a fortalecer la confianza, la paz y la seguridad regional. Que se pronuncien a favor para que siga siendo ésta la región que menos gasta en defensa en todo el mundo.

Que los gobiernos se nieguen a implementar la agenda de seguridad estadounidense para la región. Y que se tenga en cuenta que en la región no existe el fenómeno del terrorismo internacional en los términos estadounidenses.

Pedimos que se retiren las tropas de fuerzas armadas latinoamericanas y del resto del mundo de Haití. No es una situación para vanagloriarse por parte de ningún gobierno de que el país hermano de Haití tenga que soportar por años tropas extranjeras que a la vista son de ocupación y que como MINUSTAH han fracasado en todos los planos. La ayuda que necesita Haití no es justamente militar y esto coloca a los movimientos sociales a instrumentar una campaña de solidaridad mundial con Haití.

Bajo la agenda de Washington

Tanto en la CADA como en Jubileo Sur hemos analizado en detalle la VII Cumbre de Ministros de Defensa de América (CMDA), realizada del 1 al 5 de octubre del 2006 en Nicaragua cuyo propósito, según versión oficial fue la articulación de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas y las amenazas a la “democracia”.

Nos ha llamado mucho la atención que en la Declaración (final) de Managua, todos los ministros hayan “reafirmado la relación indisoluble entre democracia y seguridad hemisférica y las oportunidades de negocios” como primer punto de acuerdo.

No hemos podido constatar aún qué significan estas tres premisas para los ministros, pero nosotros esperamos discutir los términos democracia, seguridad hemisférica y oportunidad de negocios. ¿En qué tipo de democracia están coincidiendo nuestros ministros, en qué tipo de seguridad hemisférica y negocios para quién? El que llevó a cabo la iniciativa una vez más fue Estados Unidos con la activa participación del entonces Secretario de Defensa de EEUU, Donald Rumsfeld y el jefe del Comando Sur Bantz Craddock.

El esquema de “amenazas”, tal cual lo plantea Estados Unidos, fue tomado como un elemento de trabajo por todos los ministros presentes. El asunto del terrorismo internacional fue materia obligada para todos en esa conferencia, cuando sabemos que no tenemos ese problema en la región.

Así, con algunos matices, todos los ministros han trabajado con la agenda de defensa y seguridad de Estados Unidos, y han elaborado ciertos documentos lo suficientemente ambiguos para que algunos gobiernos prosigan con las maniobras conjuntas con el Comando Sur, la extensión y permanencia de las bases militares y la creciente presencia militar norteamericana en nuestra región.

Si bien hubo diferencias, no se vislumbró en esta ocasión un verdadero alejamiento por parte de los gobiernos de la doctrina y agenda que Estados Unidos tiene diseñada para el continente, lo que pone, a nuestro juicio, en riesgo las soberanías territoriales y el principio de autodeterminación de los pueblos.

Como se ve, el tema Defensa, tanto nacional como hemisférico debe ser materia de preocupación para los movimientos sociales; se lo debe abordar con responsabilidad porque está en cada una de las políticas que vivimos o padecemos a diario, como dijo Adolfo Pérez Esquivel, “los Estados Unidos saben bien qué quieren para Latinoamérica, resta saber qué queremos los latinoamericanos para nosotros mismos.”

Juan D. Roque, psicólogo social y consejero en Psicología, es vicepresidente del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL), miembro de Jubileo Sur Américas y de la CADA.