El 23% de los africanos que han recibido formación universitaria en el campo de la salud trabaja en países ricos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay más médicos nigerianos trabajando en EEUU que en su propio país, y más enfermeros de Malawi trabajando en Manchester que en ese país africano. La construcción de muros y vallas para evitar la inmigración clandestina contrasta con las leyes de “inmigración a la carta” que promueven países como Francia o EEUU. Cuatro mil médicos argelinos trabajan en Francia mientras su país es deficitario en sanidad.

Karl Blanchet y Regina Keith, en su libro One million more, estiman que EEUU necesitará cerca de un millón de enfermeros de aquí a 2010 y el Reino Unido 25.000 médicos y 35.000 enfermeros adicionales antes de 2008, para poder atender a su población. Los países del Norte, con poblaciones envejecidas, no son capaces de generar el número de sanitarios necesarios. De ahí que emisarios de centros sanitarios públicos y privados de países como Gran Bretaña o Francia, que cuenta con 325 médicos por cada 100.000 habitantes, acudan a las universidades africanas a “cazar” doctores y enfermeros dispuestos a trabajar más horas, por un salario menor que el de sus profesionales, y que no les suponen coste de formación alguno. Según la ONG Save the Children, Gran Bretaña se ahorró más de cien millones en costes de formación por los sanitarios que recibió de Ghana entre 1999 y 2005.

Cada año emigran 20.000 médicos, enfermeros y comadronas de África a Europa y América del Norte. Ghana perdió 600 de los 800 médicos que formó en sus universidades entre 1993 y 2002. Este país sólo dispone de nueve médicos por cada 100.000 habitantes.

Durante la década de los 90, los países empobrecidos trataron de frenar la salida de médicos mediante impuestos a los que emigraban o la retención de sus certificados académicos. Pero estas medidas no pudieron competir con las ofertas de los empleadores del Norte.

En la actualidad, se ha optado por otras diferentes que sí están evitando el expolio de médcos. Zambia ofrece incentivos a su personal médico, como la concesión de préstamos para vivienda y el pago de escolaridad de sus hijos, para que el ya insuficiente número de profesionales de la salud no continúe en descenso. Etiopía, con altos índices de mortalidad infantil, ha optado por la formación específica de 20.000 mujeres sin título oficial de enfermeras para la prevención y los primeros cuidados maternales e infantiles. También se ha iniciado una colaboración entre los propios países del Sur para paliar la escasez de personal sanitario; desde Cuba, por ejemplo, se han enviado centenares de médicos a las zonas más desfavorecidas de Venezuela y Bolivia.

Sin embargo, los países que sufren el expolio de su personal sanitario no pueden detenerlo por sí solos. Existen códigos de buena conducta que prohíben ofrecer trabajo a médicos de muchos países empobrecidos, entre ellos los 53 de África, pero su aplicación no es obligatoria. El Comisario de Justicia de la UE, Franco Frattini, proponía hace unos meses la emisión de una “tarjeta verde” para reclutar investigadores, ingenieros y médicos cualificados.

Esta propuesta podría considerarse injusta, ya que la formación de doctores y enfermeros en los países del Sur es mucho más costosa y supone un esfuerzo extra que no es reconocido por el BM y el FMI. Los planes estructurales limitan de forma considerable las posibilidades de los países del Sur para incrementar la inversión en sistemas educativos y sanitarios que aumenten el número de personal cualificado y reduzcan la tasa de mortalidad entre sus habitantes.

No tiene sentido presumir de defender los Derechos Humanos a la vez que se contribuye a que tres millones de niños mueran cada año en los países empobrecidos durante el parto y otros cuatro millones durante los 28 primeros días de vida por enfermedades prevenibles. Para garantizar el derecho a la vida de esos niños y de otros muchos millones de enfermos es esencial que los países empobrecidos cuenten con los médicos que necesitan o, al menos, con los que formaron en sus propias universidades. Es cuestión de justicia.


Alberto Sierra
Periodista

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias  (CCS), España.

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