Tegucigalpa

Representantes de organismos sociales y gremiales condenaron este martes el asesinato del abogado Dionisio García, ocurrido este lunes a cargo de dos sicarios que se conducían en una motocicleta; al tiempo que demandaron la protección del Estado para cuatro periodistas de la redacción de la revista digital Revistazo.com, quienes, con la asesoría de García, entablaron hace tres meses investigaciones periodísticas acerca del funcionamiento de las empresas privadas de seguridad en Honduras.

Los periodistas investigadores son Dina Meza, Robert Marín García, Claudia Mendoza y Rosa Morazán, todos ellos del plantel de la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ), a la cual esta adscrita Revistazo.com. En el caso de la periodista Meza, ésta funge como coordinadora de los proyectos de ASJ.

El abogado Dionisio García fue asesinado cuando se conducía a la Corte Suprema de Justicia para entablar al menos tres demandas laborales en contra de las empresas privadas de seguridad Delta Security y Setech, cuyo principal accionista es el empresario estadounidense Richard Swasey, y quien, según denuncias de los comunicadores, había entablado una campaña de desprestigio e intimidación en su contra y de la ASJ. Las demandas fueron producto de las investigaciones periodísticas hechas por el equipo de Revistazo.com

En un comunicado público difundido en una rueda de prensa acompañada de numerosas organizaciones sociales, cooperantes, humanitarias, de libertad de expresión y del Colegio de Abogados de Honduras, la directiva de ASJ condenó el "crimen atroz ocurrido contra nuestro compañero Dionisio García, que tuvo entre sus inusuales visitas al señor Richard Swasey, al jefe de operaciones de Setech, Róger Medina López y otros individuos que no quisieron identificarse alegando ser abogados", asegura.

Esa visita se produjo en septiembre de 2006 cuando Swasey quiso penetrar a las instalaciones de la organización haciendo uso de la fuerza, lo que le fue impedido por el abogado García y los periodistas de la organización. A partir de ahí, según la ASJ, todo su personal fue objeto de un seguimiento, llamadas anónimas y advertencias de muerte e intimidación.

En el caso del abogado García, éste recibió hace una semana un mensaje anónimo en su celular, escrito en inglés, en donde le decían que lo iban a matar. Sorprendido por el mensaje, el abogado acudió al Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), un organismo humanitario, a prestar testimonio, y una semana después, resultó asesinado por dos sicarios.

Mientras, los periodistas Robert Marín García, Dina Meza, Claudia Mendoza y Rosa Morazán, han sido objeto de seguimiento, toma de fotografías, mensajes anónimos, y en el caso del comunicador social Marín García, le advirtieron hace un mes que sabían donde vivía su familia, y los horarios de trabajo y recreación de todos ellos. "Te tenemos bien vigilado", le advirtieron.

Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh, sumamente afectada por el asesinato de García, pidió, en medio de la rueda de prensa, que los asistentes conocieran a los cuatro periodistas amenazados para "que vean sus rostros y los graben en su memoria en caso de ocurrirles algo, porque hoy en este país, todos estamos amenazados, porque ninguna autoridad nos puede decir que desconocían estas amenazas ya que fueron advertidos con tiempo y responsabilidad", manifestó.

Oliva dijo que se cansaron de acudir a las instancias nacionales para llamar la atención del caso y su gravedad, en tanto informaron a instancias internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Mandato de Mercenarios de la ONU, la Relatoría para la Libertad de Expresión y otros organismos externos.

"Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, ¡créanme que lo hicimos!, pero nos duele en el alma saber que aún así, no pudimos salvar la vida de Dionisio. Hoy pedimos al Estado y al gobierno de Manuel Zelaya, protección para estos cuatro periodistas". El presidente Zelaya se encuentra en un periplo por Europa, en su viaje número 27 según la prensa local.

El equipo de Revistazo.com, en los últimos tres meses se dedicó a investigar el accionar de dos empresas privadas de seguridad, Delta Segurity y SETECH, ambas propiedad de un mismo accionista, y que al parecer hacen uso del tráfico de influencias para obtener contratos con el Estado, en tanto atropellan los derechos laborales de sus empleados.

Por estas investigaciones, los periodistas fueron incluso querellados por delitos contra el honor pero la Suprema Corte rechazó la demanda por inconsistencias y carecer de fundamento legal, lo que llevó hace tres semanas a arreciar las intimidaciones contra los periodistas y el abogado Dionisio García por medio de foros virtuales y mensajes anónimos en Internet.

Este martes, el Cofadeh envió una nota al ministro de Seguridad, Álvaro Romero, para que proceda a suspender la licencia de operaciones de Delta Security y de Setech, por ser sindicados como sospechosos en el asesinato de Dionisio Ramos y las amenazas e intimidaciones contra los periodistas de Revistazo.com. Asimismo, por supuestas irregularidades en la forma de operar y las constantes violaciones a los derechos laborales y humanos de sus empleados en este país.

En Honduras operan más de un centenar de empresas privadas de seguridad en forma legal, y otro tanto al margen de la ley. Ambas, en conjunto, tienen a su cargo un equipo armado de 60 mil hombres, que en agosto de 2006, a petición del presidente Manuel Zelaya, fueron incorporadas de "forma discrecional" a los operativos de seguridad que impulsa el Estado ante la ola de violencia que cada dos horas y media cobra una vida en esta nación centroamericana, según grupos humanitarios.

Funcionarios del ministerio de Seguridad han declarado su impotencia para controlar las empresas privadas de seguridad, que su mayoría, opera mediante el tráfico de influencias y se caracteriza por violentar los derechos laborales de sus empleados.

- Comité por la Libre Expresión (C-Libre)