El ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy, endurece su política migratoria en su lucha por la Presidencia de Francia. "Si hay alguien al que le moleste estar en Francia, que no se preocupe por abandonar un país que no le gusta (...) ¡Basta de tener que pedir perdón por ser francés!". En el juego de diferencias de la política francesa, cuesta adivinar el autor de la frase: ¿El líder del ultraderechista Frente Nacional Jean-Marie Le Pen? ¿El soberanista Philippe de Villiers, también de extrema derecha? No, se trata de Nicolas Sarkozy, ministro francés de Interior y presidente de la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP), partido en el Gobierno al que también pertenecen el presidente, Jacques Chirac, y el primer ministro del país, Dominique de Villepin. La frase, por cierto, parafraseaba el conocido lema "O amas a Francia o la abandonas" de Le Pen, causante de un seísmo político en 2002 al alcanzar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Casualidades, antes de esta coincidencia verbal, dos caricaturistas de diferentes medios de comunicación habían tenido la misma idea tras el primer trasplante parcial de cara, el pasado noviembre en Francia: reflejar con ironía otro "trasplante" de cara exitoso, el de Sarkozy y Le Pen, en alusión a la extendida visión de que el ministro de Interior es la versión "tragable" de la derecha más dura. A Sarkozy, sin embargo, no le ha ido nada mal, pese a sus excesos verbales y políticos, y su indisimulada ambición. Su popularidad es enorme, casi tanto como el miedo que genera a otros, y, según las encuestas, podría convertirse en el próximo jefe de Estado francés en las elecciones presidenciales del próximo año, a las que no oculta su ambición de presentarse. Para ello, no ha dudado en centrar su labor política, que más bien parece una constante precampaña electoral, en dos temas recurrentes: inmigración y delincuencia. "Estamos a un año de las elecciones (presidenciales). En el terreno económico y social, la derecha y Sarkozy están con dificultades. Por lo tanto, él ha escogido inmigración, inmigración, inmigración", señalaba el pasado abril el antiguo primer ministro socialista Laurent Fabius. A juicio de numerosos politólogos, Sarkozy trata de arañar votos de la extrema derecha (a cuyos militantes pide abiertamente el apoyo electoral) con este tema, que Le Pen ha logrado indudablemente colocar en la agenda política. El 43% de los franceses considera ahora que la inmigración es el terreno en el que la ultraderecha realiza una aportación más útil al debate político, según una encuesta de Ifop publicada el pasado abril. Inmigración a la carta En este sentido, "Sarko" -como se le conoce popularmente- no ha dudado en promover una ley que endurece las condiciones del reagrupamiento familiar y de los matrimonios mixtos, y exige una integración en la sociedad, el respeto de las "leyes y valores" del país y un conocimiento del idioma para obtener un permiso de residencia de diez años. La norma se basa en la filosofía de que Francia debe tener una inmigración "escogida" y no "sufrida", en sus propios términos, y elimina la regularización automática de los ilegales que lleven más de diez años en Francia, como sucedía anteriormente. También endurece el acceso a los visados y permisos de estancia y naturalización a extranjeros casados con ciudadanos franceses. Aprobada con los votos de la derecha y los centro-liberales, y con la oposición de la izquierda, la ley obliga al inmigrante que quiera traer a su familia a hacerlo solamente transcurridos dieciocho meses de residencia legal en el país y siempre que justifique trabajo, ingresos y alojamiento adecuados para mantenerlos. Por el contrario, abre la puerta con visados especiales a los "extranjeros cuya personalidad y talentos supongan un beneficio para el desarrollo" del país, como científicos, artistas o deportistas de alto nivel. Asociaciones de defensa de los inmigrantes y de derechos humanos, así como las principales iglesias, han cargado en varias ocasiones contra la ley. "Hay que tratar a la gente como hombres y mujeres, y no como peones utilitarios", aseguró el presidente del Socorro Católico, Jean-Pierre Richer, al presentar el rechazo al proyecto de Sarkozy de una cincuentena de asociaciones cristianas. La sección francesa de Amnistía Internacional criticó, por su parte, el "ensañamiento" de Sarkozy con los extranjeros en situación irregular, mientras que la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos y la Liga de Derechos Humanos y del Ciudadano pidieron en una carta abierta al presidente Chirac que el derecho de asilo no "sea transformado en una variable de ajuste de las políticas de inmigración". Expulsiones A la ley se une el afán expulsor de Sarkozy, que devolverá a su país de origen a 25.000 extranjeros ilegales antes de que termine el año, y no duda en aplicar su política con padres en situación irregular con hijos escolarizados en Francia. Sarkozy ha asegurado que se regulizarán alrededor de un tercio de las alrededor de 25.000 personas en esa situación. El resto tendrán que irse. Aquellos que no cumplan los requisitos: que al menos uno de los menores de la familia haya nacido en Francia, residido antes de los trece años o sido escolarizado desde septiembre de 2005, mostrar un fuerte vínculo con el país e incluso ser estudioso y, preferentemente, no hablar la lengua materna, pero sí dominar el francés. Prueba de la determinación de Sarkozy en su particular "cruzada" es que no dudó en desautorizar públicamente al abogado Arno Klarsfeld, nombrado por él mismo mediador nacional en el asunto de las expulsiones, cuando dijo que este verano "no habría expulsiones de niños". Efectivamente, una vez acabada la temporada escolar, el 30 de junio, las hubo. "Cuando uno está en Francia en situación irregular, no tiene vocación de quedarse", defiende sin ambages el ministro conservador. Interior estima que en Francia hay entre 200.000 y 400.000 inmigrantes clandestinos. Esta política generó una enorme polémica este verano y un amplio movimiento de solidaridad, liderado por la organización Red de Educación Sin Fronteras (RESF), quien entregó en el Elíseo (sede de la Presidencia) una petición firmada por más de 100.000 personas. La movilización obligó a Interior a conceder a mediados de junio una prórroga de dos meses para la presentación de solicitudes. La complejidad del fenómeno de la inmigración es campo abonado para la demagogia, la insolidaridad, la criminalización del extranjero y las soluciones "milagro" por parte de los políticos, más aún cuando están dispuestos a llegar a lo más alto a cualquier precio. Sarkozy ha optado por convertir a Francia, tradicionalmente tierra de acogida, en una ilusión de fortaleza tan sólo abierta a unos pocos "talentos". Fuente: Agencia de Información Solidaria http://www.infosolidaria.org