La radiodifusión tiene un lugar prioritario en la agenda del gobierno uruguayo, por lo cual el Poder Ejecutivo espera que el Parlamento apruebe este año el proyecto de ley para regular el funcionamiento de las radios comunitarias, afirmó el ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra, en la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. “La radiodifusión entendida como una herramienta de difusión de información, de formación de opinión, de trasmisión de pautas culturales y de entretenimiento, tiene un lugar prioritario en la agenda de nuestro gobierno. Es esencial generar condiciones que fortalezcan los emprendimientos que contribuyan con estos fines y permitir la inclusión y el desarrollo de nuevas propuestas que enriquezcan y representen a la sociedad en su conjunto”, sostuvo el ministro Jorge Lepra el 10 de agosto en la Comisión de Población y Desarrollo Social. A la sesión también asistieron el subsecretario del ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) Martín Ponce de León, el presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) León Lev y los asesores Graciela Coronel, Oscar Mecol y Leonardo Marsili, para cerrar la ronda de consultas de los diputados que analizan el proyecto de la “Ley para garantizar la libertad de Expresión a través de los medios comunitarios por radiodifusión” presentado al Parlamento por la bancada oficialista. Tras destacar que la radiodifusión comunitaria es un fenómeno que se ha desarrollado en todo el mundo y que está contemplado en la normativa de los países, Lepra admitió que, por distintas razones, en Uruguay fracasaron las propuestas que buscaron reglamentar este servicio. “La falta de legislación creó conflictos y tensiones entre los distintos actores, por lo que nos parece muy importante concretar una reglamentación y, de ser posible, este año. Nuestro gobierno desearía que se pudiera hacer en el correr del año 2006 una reglamentación que contemple este tipo de emprendimientos, que tienen objetivos y características distintas a los de los medios comerciales. Es importante que la ley establezca claramente las condiciones y los criterios para la adjudicación de los permisos que posibiliten una convivencia de los emprendimientos comerciales, públicos y comunitarios”, opinó el ministro. Fuentes consultadas han señalado que en reuniones previas entre el Ministerio, la URSEC y la bancada del Frente Amplio en la Cámara de Representantes hubo un compromiso más claro aun respecto a aprobar esta ley antes de fin de año. Al respecto, se estima que en el mes de setiembre ya estaría siendo votado el proyecto en el pleno de la Cámara de Representantes. “Positivo y bien intencionado” El atraso uruguayo en materia de legislación también fue subrayado por el presidente de la URSEC, quien recordó que el actual marco normativo data de 1977 y no se ajusta a los tiempos actuales. “Ha pasado mucha agua bajo los puentes y es necesario tener certeza jurídica para que en un estado de derecho se puedan absorber los nuevos fenómenos”, opinó León Lev. A su juicio, es necesario que el proyecto de ley contemple el conjunto de intereses de la sociedad, sin perder de vista a los empresarios privados, la radiodifusión pública y las organizaciones sociales que pretenden un marco legal para la actividad de las radios comunitarias. En ese sentido, dijo que la propuesta que estas últimas pusieron a consideración del organismo que dirige es “una cuestión positiva y bien intencionada”. “Tenemos que compatibilizar los planes nacionales que obligan al Poder Ejecutivo a asignar frecuencias, pero encontrando los mecanismos para que ello se haga de una manera racional. (...) Creo que ayudaría a dar una señal a la sociedad uruguaya en el sentido de que, dentro de la ley, resolvemos los problemas, buscamos los mecanismos y podemos contribuir a resolver pacífica y democráticamente las tensiones que se nos generen, manteniendo el control del espectro y las funciones sociales que el Estado uruguayo quiere cumplir en nuestra sociedad”. Comunitarias engañosas El diputado colorado Washington Abdala consideró que la redacción del artículo que define el Servicio de Radiodifusión Comunitaria era ambigua en la descripción y cometidos de las asociaciones civiles que podrán usufructuarlo. Tampoco escaparon a los planteos del legislador las denuncias a la Comisión sobre el funcionamiento de radios cuyos operadores las definen como comunitarias, pero no lo son. En el mismo sentido se expresó duramente el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, trasmitiendo a la URSEC las denuncias realizadas por los gremios empresariales respecto a la “inacción” de este organismos en la represión de las situaciones ilegales. Al respecto, Lev consideró que si el Parlamento define claramente el concepto de radio comunitaria, la URSEC actuará “rigurosamente” para terminar con las situaciones denunciadas. “Actúo estrictamente dentro de la ley y los servicios técnicos también. Necesitamos una actualización de la normativa legal para resolver pacíficamente esta situación, advirtiendo a todos aquellos que no están encuadrados dentro de la ley que a partir de la normativa legal, actuaremos con los plazos establecidos y efectuando los avisos correspondientes, pero con total rigor”, aseguró. Lev dijo que la intención de la Ursec es resolver esas “transgresiones” con un marco normativo expreso, por el cual la sociedad sepa que el organismo tomará las medicas necesarias y nadie se sorprenda cuando aplique “el peso de la ley”. Economía y publicidad W. Abdala también inquirió sobre el artículo 10 del proyecto, por el cual quienes usufructúan el servicio tienen “derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo” mediante “donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad incluso oficial, de la cual no serán discriminadas”. Sin cuestionar otros aspectos del artículo como el uso de publicidad en los medios comunitarios, el legislador se refirió a las donaciones: “¿Las Fundaciones Internacionales como la Conrad Adenauer, Friedrich Ebert o la Agencia para el Desarrollo norteamericana pueden pagar? ¿A quién decimos que sí y a quién no? ¿A quién se le permite el soporte y a quién no? (...) ¿Y cómo es la publicidad oficial? ¿No será que antes de aprobar estas cosas deberíamos tener criterios para la asignación de la publicidad oficial?”, cuestionó. El ministro Lepra le señaló que la organización que presente un proyecto de radiodifusión comunitaria “debe explicar su sustentabilidad económica, que de ninguna manera puede estar atada a una subvención por parte del Estado a través de la publicidad oficial”. Aclaró, entonces, que “el Estado deberá adjudicar la publicidad oficial a través de criterios técnicos”. En tanto, el subsecretario Ponce de León subrayó que, aunque no tiene ninguna limitación legal, el Poder Ejecutivo no pretende utilizar su potestad de asignar frecuencias de radio “a quien quiera y donde quiera” para establecer un sesgo en la capacidad de comunicación. “Todos los que estamos aquí sabemos que en el pasado se ha hecho. Por lo tanto, lo único que estaríamos haciendo sería repetir historias conocidas. No hubo ningún cambio legal que nos impida hacer lo que antes era viable. Sin embargo, no queremos hacerlo; en consecuencia, no es ése el criterio del Poder Ejecutivo”. El jerarca también afirmó que ningún proyecto puede arrancar sobre la base de una subvención oficial, sino que deberá tener su propia sustentabilidad económica. Añadió que la asignación de publicidad tendrá “criterios técnicos, que es lo que el Poder Ejecutivo está buscando, no solo en esta franja sino en el conjunto de los medios de comunicación”. Puntos a mejorar León Lev opinó que el proyecto requerirá de ajustes técnicos para ser viable. “Tiene el mérito de ser una propuesta que toca todos los puntos importantes a ser definidos. Pero creo que como Unidad Reguladora debemos advertir de algunas preocupaciones que nos genera para evitar superposición de competencias y hacer una efectiva coordinación”, como es el caso de la creación de un organismo propuesto por el proyecto de ley de radiodifusión comunitaria en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Reivindicó, por tanto, la condición de la Ursec como “el organismo legal para cumplir el asesoramiento en el tratamiento del espectro y el asesoramiento al Poder Ejecutivo. Y el responsable del contralor del cumplimiento de los parámetros técnicos”. Refiriéndose a las críticas de las organizaciones de radiodifusión privadas (como ANDEBU y RAMI) señaló: “Pienso que no hay que ver fantasmas aquí y que es necesario encontrar, con inteligencia y racionalidad, una legislación que ayude a modernizar el Estado uruguayo, que contemple los distintos sectores y que permita una radiodifusión pública, una radiodifusión privada y una radiodifusión comunitaria, sin que eso signifique incompatibilidades”. Algunos de los aspectos que inicialmente se planteaban como polémicos fueron tácita o expresamente apoyados en la intervención de las autoridades estatales. Se trata, por ejemplo, de la posibilidad de sostenerse con publicidad y otras fuentes de recursos económicos, la creación de un Consejo Asesor con participación universitaria y ciudadana para dar transparencia a los procesos de asignación de frecuencias o la apertura de los medios de comunicación en cualquiera de las bandas de radiodifusión (AM, FM, TV) sin limitaciones previas de potencia o cobertura, como se había planteado tiempo atrás. - Mónica Robaina, del Monitor de Políticas de Información y Comunicación