Iniciativa para las Américas y ALCA

14/11/2001
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El contexto mundial La caída de las Torres Gemelas abrió una nueva oportunidad para la aceleración del proceso de concentración del poder económico mundial y adecuación del ejercicio de dominación por parte de la potencia hegemónica. La declaración de guerra y la elección del enemigo oportuno le permitió a la Administración Bush alinear detrás suyo a un mundo poco dispuesto a cuestionarle la mencionada hegemonía. El gran proyecto político económico de Estados Unidos para la agenda del siglo XXI se puso así en marcha tempranamente, por mérito de la impronta de Bin Laden. Así, y en medio de su propia crisis económica, Estados Unidos encara una de las más espectaculares ofensivas de las últimas décadas. Las potencias europeas, voluntariamente o no, han quedado entrampadas en la estrategia trazada desde Washington a partir del 11 de septiembre. A China se la pretende tener controlada y disciplinada a través de la discusión de las normas de la Organización Mundial del Comercio y las condiciones para su ingreso en ella, buscando a la vez su prescindencia en el actual conflicto del Asia Central, aunque éste se desarrolle en su propia vecindad. Japón y Rusia no terminan de superar sus propias crisis y siguen perdiendo peso en el juego del poder mundial. El Grupo de los 7, en ese marco, pasa a ser un instrumento más dominado y sometido a la táctica político-militar-económica estadounidense. Mientras tanto, la crisis de la deuda de los países del Tercer Mundo -hoy interesadamente llamados emergentes- se deriva a la búsqueda de soluciones políticas, pero sin participación en la mesa de discusiones de los legítimos representantes de la población de los países deudores. La discusión política, en verdad, pasa por cómo seguir haciendo de la deuda externa de los países dependientes un instrumento de dominación y control aun en las actuales instancias, cuando esta deuda se ha vuelto impagable. La adaptación a las nuevas condiciones de esta herramienta pasa a ser uno de los ejes del proceso de anexión puesto en marcha por Estados Unidos. Y base, también, para una transformación más profunda del sistema financiero mundial, que empieza a mostrar serias falencias para garantizar el sostenimiento del propio sistema. El modelo neoliberal en Argentina Desde que se impuso el modelo neoliberal en la economía mundial, y en particular en Latinoamérica, la "atención" a los países menos desarrollados por parte de las potencias económicas fue virando de la anterior "ayuda para el desarrollo" a la más actual fórmula de apertura para la integración al comercio internacional. La batalla del poder hegemónico contra las soberanías nacionales ha dejado una amplia ventaja a favor de aquel poder, pulverizando en la práctica a dichas soberanías. Apertura de mercados, desmantelamiento de mecanismos de protección y políticas de promoción de la producción nacional, ventajas para el ingreso del capital extranjero y privatizaciones son quizás los rasgos más relevantes de la ofensiva neoliberal. En algunos casos, incluso, se llegó al extremo de la resignación de la capacidad de los gobiernos nacionales al manejo de sus políticas cambiarias, monetarias y presupuestarias. Bajo la prevalecencia del modelo neoliberal, los esfuerzos de integración regional quedaron diluidos en falsas intenciones que paulatinamente fueron sustituidas por políticas comerciales favorables a los sectores dominantes. El MERCOSUR, como un ejemplo de ello, dejó desde su mismo nacimiento su pretendido rol de integrador social de un área habitada por casi 200 millones de ciudadanos, para pasar a ser una oportunidad comercial para compañías transnacionales. Las disputas entre los países "socios" pasó a estar protagonizada por el afán de ser el horizonte más atractivo para la inversión extranjera. La vigencia de bajos salarios dejó de ser un problema para los gobiernos para pasar a ser un "mérito" exhibido por los gobiernos en el exterior ante los dueños del capital. Esta disolución de las soberanías se vio acompañada por procesos, como es el caso argentino, de empobrecimiento de la población y empeoramiento en general de las condiciones sociales de vida. Desde principios de los 90, casi inmediatamente a la difusión de las recomendaciones del Consenso de Washington - una suerte de guía práctica para la aplicación de las políticas neoliberales-, Argentina buscó ocupar el lugar de "alumno ejemplar" de aquellos dictados. La secuela inmediata de la privatización de sus empresas públicas fue la pérdida de 200 mil puestos de trabajo, de ex empleados que no fueron absorbidos por los concesionarios de los servicios públicos y sólo lograron reubicarse en el mercado laboral cuando pudieron desplazar ofreciéndose a menor salario, a otros trabajadores de la actividad privada. Menos inmediata, aunque no tardó en llegar, fue la secuela de la apertura comercial, que obligó a cerrar a decenas de miles de pequeñas y medianas unidades industriales, con la consecuencia de centenares de miles de desocupados que, otra vez hay que señalarlo, no encontraron nuevos puestos de trabajo sino que pasaron a disputarle sus lugares a otros trabajadores. La desocupación creció persistentemente desde 1991 en adelante, aun en períodos de alto crecimiento del producto interno bruto del país. Ello demuestra que el modelo elegido podía, en una primera etapa, producir resultados en materia de producción, pero estos se desvinculaban del bienestar de la población y el empleo. Más bien, estaban destinados a recorrer caminos inversos, ya que cuanto más se modernizaba una empresa o incorporaba nuevas técnicas y capital extranjero, más trabajadores desplazaba para producir lo mismo o más que en una etapa anterior. Las cifras también demuestran, en este mismo sentido, que la crisis del empleo en Argentina no surgió con el efecto Tequila (crisis mexicana de 1994) sino que venía desarrollándose ya por lo menos desde dos años antes, y alcanzó un pico en 1995 por sumatoria de causas (pico de desocupación que vuelve a ser superado en este fin del 2001). Argentina resultó así un laboratorio para el desarrollo de políticas neoliberales que, pese a sus efectos nefastos para la población, sigue siendo exhibido como ejemplo por los defensores de las ideas del sector dominante. Los efectos negativos, en cambio, son señalados como consecuencias de factores "ajenos" al modelo. Y otra vez, ante la discusión del ALCA, Argentina vuelve a aparecer como la locomotora de la puesta en práctica de las herramientas de la hegemonía estadounidense. Una condición particular del modelo neoliberal aplicado en Argentina, diferenciado de las versiones aplicadas en otros países -Chile y Brasil, por ejemplo- es la total apertura del mercado a los capitales financieros, combinada con un tipo de cambio fijo e inamovible por ley, garantizado además por las reservas internacionales: lo que se dio en llamar el modelo de convertibilidad. La actual condición de dependencia de los capitales financieros y la interrelación de poder entre las distintas franjas del sector dominante en Argentina -con predominio neto del sector bancario, mayoritariamente en manos del capital extranjero- no es ajeno a esta versión de neoliberalismo elegido. Este modelo de mercado abierto funcionaba bajo la hipótesis de que cualquier problemas de escasez de divisas -por ejemplo, por un aumento circunstancial de las importaciones por sobre las exportaciones- se ajustaba automáticamente por el aumento de la tasa de interés interna. Así, la mayor retribución financiera al capital atraería fondos al país hasta resolver la falta de divisas, momento en el cual las tasas de interés restablecerían su nivel anterior. Si alguien sugería que, en el período intermedio, mientras la tasa de interés se mantenía alta, podía producirse una recesión interna porque empresarios y sectores de ingresos altos volcarían sus dineros a la especulación antes que a la producción y la demanda -respectivamente-, la respuesta era "mejor aún, porque una recesión provoca una retracción en la demanda de importaciones, entonces el equilibrio en la balanza de divisas se produce más rápido". Lo que los teóricos y sus cultores no previeron, o más probablemente ocultaron, es que este modelo conducía a una dependencia permanente del capital especulativo externo, que iba a llegar al país sólo atraído por la rentabilidad financiera de corto plazo y no para un emprendimiento productivo. Que a su vencimiento, estos capitales iban a reclamar que se mantuvieran las altas tasas para permanecer en el país, porque de lo contrario se fugarían en masa provocando una crisis de divisas mucho peor de la que había a su llegada. Y que, además, la economía argentina padecía a partir de las privatizaciones un drenaje de divisas mucho más importante, por lo permanente, que el ocasionado por un desequilibrio circunstancial entre importaciones y exportaciones: el de las remesas al exterior de utilidades y "honorarios" a las casas matrices de las múltiples empresas que se apropiaron de las áreas más rentables de la economía, a partir de privatizaciones y desregulaciones (servicios públicos, combustibles, automotrices, supermercados, alimentos, etc). En una segunda etapa, a esa salida de divisas se agregó la generada por el propio ciclo de colocaciones especulativas: el pago de los intereses. En una tercera etapa, cuando por efecto de una sucesiva acumulación esa deuda se tornó impagable para el deudor, empezaron a tallar las sobretasas de "riesgo", las exigidas a deudores "no confiables" para renovar el crédito. Y así, a las elevadas tasas que antes exigían los capitales externos para hacer atractiva la inversión, se sumó la sobretasa de "riesgo país", lo que llevó a niveles exorbitantes y hasta poco tiempo inimaginables los tipos de interés que debía pagar por su deuda un país supuestamente soberano. Así, la convertibilidad cumplió con la conversión, pero en una forma no anunciada: lo que antes era espiral inflacionaria terminó convirtiéndose en la espiral de la deuda, que creció desde entonces incesantemente por acumulación de intereses y la toma de nuevos préstamos para repagarlos. Sólo a través de un esquema tan absurdo se explica que en un país que abatió la inflación -desde hace un lustro es de menos del uno por ciento anual, con leve deflación desde el inicio de la recesión- deba pagar tasas del 20 por ciento anual por préstamos con garantía hipotecaria, de más del 30 por ciento en créditos para pequeñas empresas y de más del 50 por ciento anual por descubiertos en cuenta bancaria o deudas por tarjeta de crédito. De la misma forma, sólo con esos antecedentes puede entenderse cómo un gobierno puede defender con argumentos tan falaces la incorporación al ALCA, una asociación absolutamente desigual con Estados Unidos en el que se pretende demostrar que Argentina y Latinoamérica puede conseguir ventajas en el intercambio comercial libre. AMI, Iniciativa para las Américas y ALCA Así como el Acuerdo Multilateral de Inversiones fue un intento por fijar normas que garantizaran la libertad de manejo de las inversiones a lo ancho del mundo no industrializado, sin permitir la injerencia de gobiernos ni la justicia nacionales, la Iniciativa para las Américas impulsada por George Bush padre (junio de 1990) fue el intento por consolidar un modelo de libre comercio en la región, la apertura de los mercados y la ejecución de los procesos de privatización. Fracasada sólo parcialmente tal iniciativa, cuatro años después sus objetivos estratégicos fueron retomados con el proyecto de creación del ALCA (diciembre de 1994). La propuesta en discusión se centra en la reducción progresiva de las barreras comerciales entre los países que participen de la iniciativa hasta alcanzar la liberación total del comercio recíproco. Pero también se pretende avanzar en un régimen común de tratamiento para las inversiones, la reglamentación de las compras del sector público y la fijación de pautas para las políticas de libre competencia. En cambio, las barreras no arancelarias, como la aplicación de subsidios, normas sanitarias arbitrarias o derechos compensatorios sólo se mencionan en forma difusa. Estas últimas son, precisamente, la forma que adopta la protección de los productos estadounidenses para impedir el ingreso de producciones de terceros países a sus mercados, sobre todo en rubros como agricultura y alimentos. En general, estas políticas de protección responden al ejercicio de poder de lobby de importantes sectores productores de Estados Unidos, que así impiden repartir parte de su mercado local con productos provenientes del exterior a veces en mejores condiciones de competencia. Así planteadas las cosas, resulta claro -menos para los gobiernos latinoamericanos que pretenden una adhesión incondicional a los dictados del ALCA- que el esquema está armado para favorecer la penetración de los productos e inversiones estadounidenses en el mercado latinoamericano, mientras se mantienen las restricciones al ingreso de productos latinoamericanos al mercado estadounidense. Tal asimetría, sin embargo, es disimulada por los defensores del ALCA con argumentos tales como que "la inserción en las corrientes económicas internacionales servirá para alcanzar un crecimiento sostenido y disminuir los índices de pobreza" de los países que se adhieran, ya que "el ALCA reducirá la vulnerabilidad externa, acelerará el crecimiento económico, atraerá inversiones y creará empleo". No es distinta esta secuencia lógica a la planteada durante más de una década para sostener y promulgar las políticas neoliberales en el continente. La pretendida "especialización" de los países latinoamericanos en aquellos productos en los cuales presenten "mayores ventajas comparativas" es planteada, además, como la panacea a partir de la cual los países latinoamericanos verían resueltos la mayor parte de sus problemas (estancamiento, baja capacidad exportadora y desempleo, por ejemplo). Sin embargo, no son pocos los países que las estrategias basadas en la exportación y en detrimento de la producción de su mercado interno no son más que una trampa mortal. Nuestros países quedarían condenados a una estructura basada en la producción y exportación de recursos naturales con baja o ninguna elaboración, cuyos precios dependen además de las políticas (agrícolas) y demandas (energía, minerales) de las grandes potencias. Podría verificarse, analizando las cifras y composición del comercio exterior de Argentina y Estados Unidos, por ejemplo, que el primero no obtendría ninguna ventaja comercial por la institución del ALCA. En forma directa no sería fuertemente perjudicada tampoco en una primera etapa, puesto que el país abrió sus fronteras prácticamente sin límites al ingreso de productos y capitales estadounidenses. En cambio, bien vale analizar que sucedería si, como es previsible, la vigencia del ALCA impacta sobre la economía brasileña y en particular sobre la industria paulista. Brasil es el principal demandante de productos de valor agregado de Argentina, y una crisis del primero arrastraría sin lugar a dudas al segundo. El ALCA no le proporcionará a países como Argentina mercados sustitutos. Por el contrario, un tercer efecto probable es que Estados Unidos, por tener una estructura de comercio competitiva con la de Argentina (no complementaria como la de Brasil), termine desplazando a las exportaciones argentinas en otros destinos latinoamericanos. Argentina aplicó tempranamente las políticas de apertura comercial que ahora Estados Unidos reclama para su proyecto de anexión. La aplicación de estas políticas estuvo apenas amortiguada por la firma y puesta en marcha del MERCOSUR, al que Argentina nunca le aportó un concepto de integración y desarrollo en conjunto de la región. Es decir que Argentina entró al MERCOSUR por el camino inverso: en vez de abrir su mercado a los socios regionales otorgándoles el privilegio de una "excepción" a sus medidas de protección (baja de aranceles, por ejemplo), Argentina "se vio obligada" a subir los aranceles al resto del mundo para que ese "privilegio" al socio regional pudiera existir. A regañadientes, el gobierno argentino mantiene el MERCOSUR, pero con entusiasmo impulsa el ALCA que destruirá al primero. No es por falta de solidaridad con los vecinos y conveniencia propia, sino por una falsa convicción en las ventajas de la apertura comercial. Como lo hizo al aplicar el modelo neoliberal a rajatablas durante la década del 90, Argentina se vuelve a enfilar hacia el abismo. Perspectivas No se trata, entonces, de negar la realidad de un proceso de anexión que avanza inexorable bajo la presión estadounidense. Tampoco es cuestión de sumarse, simplemente, a los movimientos antiglobalización y conformarse con ello. Esto último evidentemente no alcanza, mientras que lo primero, negar la realidad, debe evitarse. La obligación de las organizaciones populares es esclarecerse y esclarecer sobre la naturaleza del actual proceso y los intereses en juego detrás de un proyecto que, como el ALCA, puede constituir el golpe maestro de la estrategia de dominación para la región en este siglo. Las consecuencias nefastas para los pueblos que sean absorbidos por la propuesta intentarán ser ocultadas y disimuladas. Es la responsabilidad de las organizaciones populares exponerlas a la luz, y ante quienes pueden ser víctimas de sus consecuencias.

Raúl Dellatorre: Secretario Tesorero UTPBA. Economista, Periodista y editor de Economía del diario Página 12, de Buenos Aires Conductor del programa Mate Amargo, de Radio Splendid, de Buenos Aires. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.
https://www.alainet.org/es/articulo/105552

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