Brasil: Plebiscito de la Deuda Externa

Frei Betto
Sao Paulo

El plebiscito de la deuda externa, del 2 al 7 de septiembre, deberá convocar
a las urnas, instaladas en parroquias, sindicatos, escuelas y asociaciones
comunitarias, a quienes, sensibles al llamado de las pastorales sociales de
la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil (CNBB, siglas en portugués),
quieren opinar sobre si Brasil debe o no continuar a comprometer 65% de su
presupuesto para satisfacer a los acreedores internacionales.

La propuesta, que cuenta con el apoyo de movimientos sociales, busca
condicionar el pago de la deuda a una auditoría, prevista por la
Constitución, que verifique lo que se debe, lo que ya fue pagado, y cuál la
aplicación de los recursos que entraron en el país. Tres preguntas figurarán
en las papeletas: 1) ¿el Gobierno brasileño debe mantener el actual acuerdo
con el FMI? 2) ¿Brasil debe continuar pagando la deuda externa, sin realizar
una auditoria pública de esta deuda, como prevé la Constitución de 1988? 3)
¿Los gobiernos federal, estaduales y municipales deben continuar usando gran
parte del presupuesto público para pagar la deuda interna a los
especuladores?

Sumadas, las deudas externa e interna están, hoy, en casi USD 500 mil
millones. En 1999, el Gobierno entregó a los acreedores internacionales USD
66 mil millones de dólares, 15 en intereses y 51 en amortizaciones. Los
servicios de las deudas interna y externa van a exigir del Gobierno, en este
año, el desembolso de USD 78 mil millones. Según el senador Suplicy, esta
suma podría asegurar a cada braileño una renta mínima anual de casi R$ 500,00
reales. Las actuales reservas brasileñas son inferiores a USD 35 mil
millones, lo que obliga al Gobierno a endeudarse todavía más para atender la
deuda.

Brasil debe, hoy, a los acreedores internacionales USD 231 mil millones.
Entre 1991 y 1998, el Gobierno privatizó 63 empresas y recaudó USD 85 mil
millones. Con todo, entre 1994 y 1998, el país entregó a los acreedores,
entre amortización e intereses, cerca de USD 126 mil millones.

Si esa fortuna quedase aquí, sería posible ofrecer un bono de R$ 1.474, 00
para cada brasileño; o de R$ 45.677, 00 para cada familia brasileña que posee
renta mensual de hasta un salario mínimo; o construir 15.556 millones de
casas populares de 35 metros cuadrados, al costo unitario de R$ 15 mil; o
6.565 escuelas, al costo de R$ 13 mil cada una; o 948.000 puestos de salud,
al valor de R$ 90 mil la unidad.

Si los acreedores no hubiesen embolsado nuestros recursos, hubiera sido
posible asentar a 5.833 mil familias de agricultores, al costo de R$ 40 mil
cada una. Sería el fin de los sin tierra, la actividad económica crecería,
los alimentos se mantendrían baratos y la población de las grandes ciudades
se reduciría, tanto como la violencia urbana y el número de familias y niños
(as) en la calle.

A inicio de agosto, un decreto presidencial cortó R$ 673,7 millones de los
programas sociales precautelares de los órganos Judicial y Ejecutivo. Eso
equivale a la mitad de la asignación aprobada, una semana antes, para el
programa IDH-14: un total de R$ 1,1 mil millones para proyectos sociales,
solo en este año. La sanidad perdió R$ 54,1 millones; la enseñanza básica,
R$ 34,4 millones; los programas de renta mínima, R$ 80 millones; los
asentamientos rurales, R$ 3 millones.

En esa aldea global en que los contrastes son cada vez más evidentes, bajo la
camisa de fuerza neoliberal, se globalizan la miseria y no el desarrollo; la
violación de la soberanía nacional y no el respeto a los diferentes pueblos;
el espíritu de competitividad y no de solidaridad.

Los países pobres, sumisos a los dictámenes del FMI, son obligados a
inmobilizar sus recursos financieros, cortar el presupuesto de los gastos
sociales y mantener reservas en dólares bajo el pretexto de resistir a
eventuales crisis y ataques especulativos.

Cerca de USD 730 mil millones de reservas de los bancos centrales del mundo
están depositados en Estados Unidos. He ahí la lógica perversa del actual
orden económico mundial: los países pobres ofrecen financiamiento barato y a
largo plazo a la nación más rica y poderosa del planeta.

La deuda externa no puede ser pagada "con la sangre del pueblo", alertaba
Tancredo Neves. Al proponer el plebiscito, a la víspera del Grito de los
Excluidos, la CNBB lleva a la práctica el llamado del Papa Juan Pablo II para
que, en este año jubilar, los países ricos hagan un gesto evangélico y
cancelen la deuda de los países pobres. Con seguridad el G-7 no se quedaría
ni un poco más pobre, pues tiene en sus manos USD 18 billones de los PIB
mundial, calculado en USD 25 billones.