Uruguay: Torturador a la Suprema Corte

La Paz de la Impunidad

Andrés Capelán
Comcosur/Montevideo


Haciendo una vez más gala de su proverbial ubicuidad, el presidente Jorge
Batlle envió al Parlamento la solicitud de venia para designar al coronel
retirado Angel Neira como conjuez militar en la Suprema Corte de
Justicia. El coronel Neira desempeñó varios altos cargos en el Ministerio
de Defensa Nacional durante el gobierno del presidente Luis Lacalle (Partido
Nacional. 1990-95), pero además, está acusado de torturar y maltratar a
un grupo de funcionarios de la Administración Nacional de Puertos (ANP)
en 1975, por lo menos. La sorpresiva decisión presidencial provocó
desconcierto en ámbitos políticos y judiciales.

La Odisea de los inocentes
Tras once años de juicio contra el Estado, la justicia determinó que los
torturados que aún viven deben recibir una indemnización similar a la que
se otorga por haber sido atropellados por un auto. Por eso en mayo pasado
La Suprema Corte de Justicia recibió un recurso de casación presentado
por los demandantes, reclamando una justa indemnización por los daños
sufridos durante las detenciones y los interrogatorios a los que fueron
sometidos. La sentencia de primera instancia había establecido que
"resulta plenamente probada la existencia de una detención ilícita,
llevada a cabo por funcionarios militares en el mes de abril de 1975",
agregando que "se constataron malos tratos" como "castigos, torturas,
violencia" y haciendo responsable al Estado "por haber actuado sus
funcionarios (entre ellos el entonces capitán Angel Neira) con una
ilegitimidad que vulneró los más preciados derechos individuales".
Los funcionarios portuarios (administrativos medios y de nivel
gerencial), fueron detenidos sin orden alguna a principios del mes de
abril de 1975, a raíz de un "supuesto contrabando de armas para una
asociación sediciosa y por robos ocurridos en el puerto". Para comenzar,
fueron puestos de "plantón" de dos a cinco días con las manos esposadas y
atadas a la espalda con alambres. Posteriormente comenzaron a ser
interrogados y sometidos a "despiadadas golpizas, picana, submarinos,
sacudones, presiones, alucinógenos, psicofármacos que hacían ver alimañas
o desdoblaban la personalidad, y presiones sicológicas de distinta
naturaleza". Durante dos y cuatro días no les suministraron alimentos, y
cuando finalmente se los daban, "les aplicaban un golpe en la región
ventral, de forma de provocar un irresistible vómito".
Uno de los secuestrados falleció en el lugar el 18 de abril a
consecuencia de los golpes que recibió, pero ese hecho evitó otras
muertes, porque a partir de entonces tuvieron médicos militares para
regular las torturas. Una de las víctimas afirma que "el capitán Carbone
mató a OR (otro de los detenidos) a garrote, con golpes de porra en la
cabeza". El informe de la autopsia, firmado por el jefe de Anatomía
Patológica del Hospital Militar, determinó "sianosis de cara y cuello.
Hematoma de reciente formación en la cabeza. Pulmones congestivos con
zona de hemorragias. Corazón: dilatación auricular. Hígado congestivo.
Insuficiencia pulmonar aguda por estrés". "El mayor Mario Peñalva, de
confianza del Directorio de la ANP, encargado de los Servicios Generales,
coordinaba los interrogatorios y presenciaba la tortura, y quienes
interrogaban eran los capitanes Angel Neira y Germán Carbone".
Tras un mes de reclusión, los detenidos fueron liberados y puestos a
disposición del juez militar de 3er. turno, cuyo titular era el doctor
Libio Camps, ante quien se denunciaron las torturas recibidas, lo que
derivó en "más torturas" a los detenidos. El magistrado declinó
competencia en otro juez militar, que no determinó ningún delito militar
y derivó el caso a la justicia ordinaria. El juez Daniel Echevarría
asumió entonces competencia, y pese a la acusación fiscal, no encontró
mérito para procesar. Empero, advirtió irregularidades en todos los
procedimientos, extremo que después fue confirmado por un Tribunal de
Apelaciones en lo Penal. Este juez dispuso un peritaje forense que
constató las torturas y posteriormente decretó la libertad de todos los
sobrevivientes. Sin embargo, "nadie fue liberado".
Una "contraorden" de un mayor impidió dar cumplimiento a lo ordenado por
el juez y todos regresaron al cuartel. La explicación fue que la ANP
había dispuesto un sumario con el fin de "evaluar las responsabilidades
de los funcionarios detenidos". El 2 de junio, se constituye una comisión
de la ANP, en el cuartel, son conducidos a declarar -donde "vuelven a
cometerse atrocidades"- y luego regresados a la unidad militar. El 10 de
julio culminó el sumario ordenado por la ANP, en el que "todos resultaron
culpables". Sin embargo, "vencido el plazo de la vista, fueron llamados a
formar, escucharon al subcomandante de la unidad que les pidió disculpas
y fueron dejados en libertad el día 21 de julio de 1975". El 31 de julio,
todos fueron destituidos de la ANP y privados de ingresar al edificio.

La impunidad de los culpables
El coronel Neira y todos sus cómplices no solo no pueden ser acusados
penalmente por las barbaridades que cometieron contra estos ciudadanos
inocentes, sino que han continuado recibiendo ascensos en democracia,
hasta culminar con la insólita designación de Neira, equivalente a la
elección de un lobo para cuidar ovejas. Resulta difícil de congeniar esta
política de ascensos de torturadores llevada adelante por el presidente
Jorge Batlle, con su pregonada búsqueda de la paz y la conciliación entre
todos los uruguayos. Al respecto, el dirigente de la Corriente de
Izquierda (Encuentro Progresista/Frente Amplio) Jorge Zabalza, opinó: "el
objetivo (del presidente Batlle) es desmovilizar la lucha por la verdad,
es nunca más marchas por los desaparecidos. Que quede claro: el objetivo
no es investigar nada, sino desmovilizar todo. No quieren que se sepa la
verdad -continúa Zabalza- sino que luchan para que nunca más se hable de
torturadores, terroristas de Estado o delincuentes de lesa humanidad.
Pretenden la paz de la impunidad, pero no solo la jurídica, sino también
la ideológica, la del silencio y el olvido. Hoy no se mueve una mosca en
este país. Nadie más corta grueso, todos hilamos finito. La guerra se
terminó y es tiempo del reposo de los guerreros. No hay más enemigos, ni
de clase ni de los otros. Los adversarios uniformados, sin embargo,
continúan vigilando y espiando a las organizaciones populares y por
consiguiente, considerándolas un posible objetivo para la represión."
En efecto, el presidente Batlle ha reiteradamente confirmado que se
averiguará lo sucedido con los detenidos-desaparecidos, pero que no se
investigará a ningún militar (ver nota en ALAI N° 315). En tal sentido
operará la recientemente terminada de conformar "Comisión para la Paz",
recabando informaciones anónimas y confidenciales con el fin de confirmar
las muertes y de entregar a sus familiares los cuerpos que se puedan
recuperar. La otra tarea de la Comisión será la de encontrar a los niños
secuestrados por los militares en la década del 70, lo que requerirá
todavía de mayor discreción y secreto, para evitar a los responsables el
escarnio público (como si eso todavía fuera posible), y poder así seguir
ascendiéndolos a cargos de importancia y responsabilidad.