Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional

Sally Burch

Los Estados Unidos están empeñados en debilitar el mandato y poder de la
proyectada Corte Penal Internacional (CPI) -cuya misión será juzgar
crímenes de guerra y de lesa humanidad., cuando no en abortarla
completamente. En recientes semanas, ha conjugado presiones políticas
tendientes a socavar la independencia y autoridad de la CPI, con acciones
intimidatorias, destinadas a frenar la ratificación de los acuerdos.

Los ciudadanos norteamericanos podrán ser eximidos de la jurisdicción de la
Corte, si prospera la propuesta hecha por el gobierno estadounidense y
oficializada durante las negociaciones sobre procedimientos, evidencias y
elementos de crímenes de la Corte, llevadas a cabo en la Comisión
Preparatoria en Nueva York, del 12 al 30 de junio. La preocupación
principal de ese país es asegurar que sus ciudadanos no puedan ser
enjuiciados por la Corte, sobre todo cuando están cumpliendo "actos
oficiales".

Sectores republicanos del Congreso norteamericano quieren ir más allá. El
14 de junio, presentaron un proyecto de Ley que permitiría a ese país
adoptar sanciones contra aquellos países que ratifiquen la creación de la
CPI, principalmente el retiro de la ayuda militar. El proyecto también
prevé que los soldados estadounidenses que participan en misiones de paz
bajo el mandato de las Naciones Unidas (ONU), deberán estar dotados de
inmunidad contra la actuación de la CPI.

El Estatuto de Roma, de julio 1998, establece la constitución de la Corte
para juzgar el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad,
con la facultad de establecer responsabilidad penal individual. Está
previsto que se incluiría, entre otros, las ejecuciones sumarias,
desapariciones forzadas, crímenes de violencia sexual, tortura, detenciones
arbitrarias y otros que atentan contra los derechos más elementales de los
seres humanos.

EE.UU. es uno de los siete países, junto con China, India, Israel,
Filipinas, Turquía y Sri Lanka, que votaron en contra del Estatuto de Roma.
120 naciones votaron a favor y hubo 21 abstenciones; hasta la fecha
actual al menos 97 países lo han firmado y 12 lo han ratificado, incluyendo
Francia. La CPI se podrá constituir una vez que los parlamentos de 60
países lo hayan ratificado; se espera que esta cifra se complete para el
año 2002. Los países que, como EE.UU., no firmaron, tendrían plazo solo
hasta diciembre de este año para hacerlo, luego de lo cual solo podrán
unirse si previamente lo ratifican. Se considera muy improbable que EE.UU.
firme este año, debido, entre otros, a la oposición en el Congreso.

Paradójicamente, EE.UU. se ha negado a que su propio Código Militar sea
utilizado como referente en derecho internacional humanitario, en lo que se
refiere a la responsabilidad penal individual de militares superiores y
subordinados.

El Estatuto de Roma fue el resultado de 50 años de trabajo, a cargo de la
Comisión de Derecho Internacional de la ONU, que en 1947 recibió el mandato
de la Asamblea General de dicho organismo para preparar un proyecto de
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.


Bajo tutela del Consejo de Seguridad

La propuesta formulada a la Comisión Preparatoria por el gobierno
estadounidense apunta a precautelar que cualquier individuo de ese país que
se encuentre en funciones oficiales en otro país, pueda ser enjuiciado por
la Corte. Prevé asimismo un mayor control del Consejo de Seguridad de la
ONU, que de toda evidencia equivale a la impunidad de los países que tienen
derecho de veto en esta instancia.

La Secretaria de Estado, Madeleine Albright, ha enviado una carta a los
Ministros de Relaciones Exteriores de unos 60 países, recomendando que
apoyen la propuesta, que persigue "el objetivo fundamental de EE.UU. de
impedir, a menos que se reúnan ciertas condiciones, que se ponga bajo
custodia o se entregue a la CPI a nacionales de Estados no Partes que
actúan bajo la dirección de su gobierno y cuyas acciones son reconocidas
como tales por el Estado no Parte".

Los organismos de derechos humanos -y muchos gobiernos- enfatizan que la
propuesta norteamericana socavaría los principios imprescindibles de
independencia e imparcialidad de la Corte. Enfatizan que EE.UU. ya impuso
numerosos salvaguardias en el Estatuto (no obstante que no lo firmó) y que
existen medidas de protección contra casos del tipo señalado. Entre otras,
está previsto que la Corte no actuaría cuando un país ya ha llevado ante la
justicia a un soldado que comete crímenes.

En la reunión de Roma hace dos años, los intentos de EE.UU. por crear
exenciones fueron enérgicamente rechazadas, pues se estimaba que
conllevarían a una Corte ineficaz e incapaz de actuar contra la impunidad.
Difícilmente, entonces, se las va a aceptar ahora, máxime cuando, al crear
un estado de excepción para un país, crearía un precedente peligroso, al
cual otros países podrían querer acogerse.


Presiones desde el Congreso

Se considera que la propuesta responde en buena parte a un intento del
gobierno Clinton de aplacar la oposición frontal de algunos sectores del
Congreso, que podrían bloquear totalmente que EE.UU. firme el Estatuto.

Son estos sectores, liderados por el Senador Jesse Helms, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores y conocido por su actitud refractaria a
la ONU, que han presentado el proyecto de Ley llamado "Acto para la
protección de los americanos en servicio". Helms prácticamente ha
declarado una guerra contra la CPI, principalmente por dos motivos:
primero, que el Estatuto de Roma extiende la jurisdicción de la CPI a los
ciudadanos de todos los países, al margen de que hayan firmado o no el
Estatuto de Roma; y segundo, el hecho que se incorporó el crimen de
"agresión", que según Helms podría ser interpretado para impedir que EE.UU.
defienda sus intereses de seguridad nacional.

El proyecto de Ley pondría fin a la ayuda militar para cualquier país que
ratifique el Estatuto, a menos que acuerde proteger al personal
estadounidense de la CPI. Quedarían excluidos ciertos países considerados
"aliados" (como los miembros de la OTAN). Implicaría también que la ONU
tendría que eximir a las tropas estadounidenses de la competencia de la
Corte, para que éstas puedan participar en misiones de paz. Es más,
prohibiría que las agencias de EE.UU. cooperen con la Corte, mientras
Washington no haya firmado ni ratificado el Estatuto, y otorgaría poderes
al Presidente para utilizar "cualquier medida necesaria" para liberar a
ciudadanos estadounidenses o personal aliado detenidos en otros países en
contra de su voluntad o en nombre de la Corte. No se sabe aún si la Ley
será aprobada, pero no cabe duda que su presentación fue concebida para
influir en las negociaciones de junio.

Entre los países que podrían verse presionados está Colombia, por su
dependencia de la ayuda militar estadounidense.


La OTAN sale indemne

En días anteriores, la fiscal del Tribunal Criminal Internacional de la
antigua Yugoeslavia informó al Consejo de Seguridad de la ONU que, luego de
una evaluación de 11 meses de acusaciones de crímenes contra civiles
serbios por parte de las fuerzas de la OTAN, había decidido no abrir una
investigación formal, por insuficiencia de evidencias de actos deliberados.
El simple hecho de la realización de la evaluación había provocado la ira
de Washington, especialmente en el Pentágono y sectores del Congreso.

En cambio, una investigación independiente conducida por la organización
internacional Human Rights Watch, con sede en Nueva York, encontró que la
OTAN habría violado las leyes internacionales humanitarias al utilizar
bombas de racimo en zonas pobladas y bombardear puentes y fábricas, sin
propósito militar claro.

Por su parte, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento británico
hizo su balance de la actuación en Kosovo, concluyendo que la intervención
fue ilegal bajo las leyes internacionales, y contrario al propio tratado de
la OTAN; sin embargo consideró que fue justificada "moralmente".

Se entiende que la superioridad moral que los países occidentales
reivindican con relación a regímenes dictatoriales, está basada en su
observación de las leyes y normas internacionales. Entonces, ?dónde queda
esta superioridad cuando ellos mismos se consideran por encima de las
leyes?
En el caso de la CPI, aceptar la modificación propuesta por EE.UU. para
excluir a los "actos oficiales" de la jurisdicción de la CPI representaría
una amenaza a los principios reconocidos desde Nuremberg. Con este
argumento, los criminales de guerra nazi no hubiesen podido ser enjuiciados
en cortes internacionales. Estos principios establecen que no hay
excepciones a la responsabilidad individual criminal para "actos
oficiales".

Queda claro que EE.UU. quiere imponer su ley de dos pesos, dos medidas. Le
interesa tener un instrumento internacional que legitime sus acciones de
policía mundial, pero que éste le deje indemne y con mano libre en la
defensa de sus "intereses de seguridad nacional", independientemente de las
consecuencias en la población de los países concernidos.