La alternativa: Gobierno Provisional de los Concejos Municipales

Aníbal Quijano
Lima

"Sufragio efectivo, no reelección", lo que en nuestro lenguaje de hoy diría
"elecciones limpias, no reelección", fue la demanda política que desencadenó
la guerra civil mexicana en 1910 y activó las demandas sociales con las
cuales se combinó para producir la primera revolución social del siglo XX,
la llamada Revolución Mexicana. El significado central de ese proceso fue
iniciar la descolonización y democratización de las relaciones de poder en
América Latina, y comenzar de ese modo la fundación de las bases materiales
de una sociedad nacional y de su Estado. Si tuvo tanta repercusión en los
demás países y sobre todo en el Perú, fue precisamente porque esas
cuestiones estaban pendientes en todos ellos. De hecho, ellas fueron el eje
central del turbión revolucionario que entre 1925 y 1935 cubrió todos estos
países, sin excepción. La derrota de todas ellas, también sin excepción,
bajo sangrientas dictaduras militares apoyadas por el poder imperialista,
bloqueó ese camino y distorsionó los procesos que se orientaban a resolver
por medios no revolucionarios esos mismos problemas. Y aunque después de la
Segunda Guerra Mundial, las luchas de los pueblos latinoamericanos
permitieron un relativo avance en esa dirección, la crisis mundial de los
70s. permitió a los dominadores del poder mundial y local no sólo volver a
bloquearnos el camino, sino mucho peor, arrebatarnos el terreno conquistado.
La dictadura fujimorista es, exactamente, la expresión de ese retroceso.

El retroceso en el caso peruano es, sin duda, el más profundo y funesto en
toda América Latina. La "guerra sucia" fue el canal que hizo posible la
imposición sin resistencia de un proceso de re-privatización del estado, es
decir, de su des-democratización y de su pareja des-nacionalización, para
usarlo para los fines exclusivos de los dominadores y, sobre todo, de su más
voraz agente, la especulación financiera y comercial, gran parte de la cual
en el Perú se basa en el narcotráfico y en el uso corrupto de los recursos
fiscales. Hemos llegado hasta el infausto límite de que el actual proceso
electoral, además de ser el más fraudulento de medio siglo, haya sido
llevado a cabo con tales cinismo y prepotencia como para causar en todo el
mundo escándalo, vergüenza y preocupación por el futuro de la democracia en
nuestros países, como lo testimonian la prensa mundial, las declaraciones de
líderes políticos y gobernantes de América y de Europa y el debate que
comienza en la OEA tras el devastador informe de la Misión de Observadores,
presentado en la sesión de esta fecha.

"Elecciones limpias, no reelección" surge, pues, de nuevo, después de un
siglo entero, como la demanda inmediata de la abrumadora mayoría de la
población peruana, esta vez con el respaldo de la ciudadanía de todo el
mundo, como prueba de que no habíamos logrado culminar la
democratización/nacionalización del Perú. ¿También será necesario, como
hace un siglo, una larga y cruenta guerra civil para reconquistar los
derechos civiles y sociales conculcados, para recuperar nuestra
representación democrática en el Estado Peruano?

Si los agentes del régimen dictatorial fujimorista se empeñan, ese no es un
camino descartable. Pero no tendría que ser inevitable. Depende, en fin de
cuentas, de la fuerza y de la inteligencia de las masas movilizadas contra
el fraude y contra la dictadura. A ese debate estamos convocados todos.


Un camino viable.

Todas las evidencias recogidas por las entidades internacionales y
nacionales de observadores, muestran de modo inequívoco -como acaba de ser
informado esta misma mañana por el Jefe de la Misión de la OEA- la
ilegalidad de todo el proceso electoral, no solamente de la segunda vuelta
del 28 de Mayo. Por lo tanto, aquellos a quienes las instituciones del
fraude y de la dictadura han declarado electos, sea como congresistas o como
Presidentes y Vice-Presidentes de la República, no pueden ser legalmente
reconocidos como tales por la ciudadanía del Perú ni, quizás, tampoco lo
serán por los gobiernos e instituciones inter-gubernamentales de América, en
primer término, y del mundo.

En consecuencia, se hace indispensable otro proceso electoral, con otra
legislación, con otra institucionalidad respectiva, con otro depurado padrón
electoral, con todas las garantías legales cumplidas antes y durante el
proceso. Si esas nuevas elecciones no son organizadas antes del próximo 28
de Julio del 2000, ese día se instalará, inevitablemente, un vacío legal de
poder político estatal en el Perú. El problema es que de aquí hasta
entonces, la autoridad establecida es, desafortunadamente, la actual
dictadura fujimorista. Y ésta no está, ni obviamente estará en disposición
de ceder a las demandas ciudadanas y organizar un nuevo proceso con
"elecciones limpias, no reeleccion".

Una tal situación abriría el paso, inevitablemente, a graves y probablemente
violentos conflictos. Y sería mucho mejor para todos en el Perú de hoy y
por extensión para toda América Latina, que esa situación no se produjera.
?Cómo evitarla?. La idea de un gobierno provisional, destinado
exclusivamente a organizar ese nuevo proceso de "elecciones limpias, no
reelección", ya ha sido propuesta. Pero un tal gobierno provisional no
puede provenir, como otras veces, de las FFAA, no sólo porque eso implicaría
un indeseado Golpe Militar, sino porque las FFAA son, precisamente, las que
han creado la actual dictadura fujimorista. Tampoco pueden ser "notables"
autodesignados o designados por instituciones no facultadas para eso.

Existe en el Perú, sin embargo, un conjunto de autoridades elegidas, las
únicas de cuya legitimidad nadie realmente duda y que además son, sin duda,
las más representativas de la ciudadanía peruana actual: los Concejos
Municipales de las ciudades más importantes del país y que representan a la
masa mayor de electores. En especial, Piura, Chiclayo, Cajamarca, Iquitos,
Trujillo, Lima, Huancayo, Arequipa, Tacna, Cusco y Puno. No solamente son
los Concejos Municipales más importantes y representativos. Su número es
idóneo para operar como Asamblea Nacional y, al mismo tiempo, como Concejo
Nacional Ejecutivo. O, en todo caso, para elegir de su seno algunos de sus
miembros para esta última función.

De ese modo se resolvería, en un mismo movimiento, las cuestiones de
legitimidad y de representatividad de un gobierno provisorio, al que le
correspondería realizar las siguientes tareas básicas: 1) Convocar a una
Asamblea Constituyente que se dedique a elaborar una nueva Constitución,
pues la que impuso la dictadura no puede continuar, y la del 79 ha quedado
en muchos aspectos envejecida; 2) Organizar las instituciones que según la
nueva Constitución sean encargadas de los procesos electorales; 3) Convocar
y presidir las "elecciones limpias, no reelección", que la ciudadanía
peruana y latinoamericana demandan. El plazo de ese Gobierno Provisional de
los Concejos Municipales es un asunto de debate. Pero un año es,
seguramente, un término pertinente.

La legitimidad y la representatividad de semejante Gobierno Provisional
permitiría ahorrarle al país conflictos inútiles y quizás sangrientos,
ayudaría a reconstituir la unidad nacional sobre bases democráticas, y qué
duda cabe, sería una experiencia democrática extraordinaria, dentro y fuera
del Perú.


Apenas estamos comenzando de nuevo

"¡Vamos pueblo, carajo!. ¡El pueblo no se rinde, carajo!" fue la consigna
coreada por la muchedumbre de jóvenes acampada en la Plaza San Martín en la
noche del lunes 29 de mayo del 2000. Esta es una consigna nueva en el Perú,
testimonia un ánimo nuevo, retemplado después de 10 años de derrotas bajo el
fujimorismo. Y da cuenta del más importante y decisivo fenómeno político
emergido en estas elecciones: la presencia en las calles y las plazas
peruanas de cientos de miles de jóvenes, primero protestando contra el
fraude electoral, y luego comenzando la resistencia a la dictadura
fujimorista. Cualesquiera que sean los avatares de la lucha que acaba de
comenzar en nuestro suelo, esa juventud y esa consigna son la señal
inequívoca de que no cesará. Estamos apenas comenzando de nuevo, la derrota
de la dictadura fujimorista será finalmente sólo un hito en el largo camino
hacia otra sociedad.

La primera revolución social del siglo XXI ya ha mostrado sus primeros
signos en el mundo andino, en la reciente revuelta indígena del Ecuador. La
lucha contra la dictadura fujimorista podría ser el escalón siguiente de su
desarrollo. En el camino ya han comenzado a encontrarse las demandas
políticas contra el fraude y la dictadura fujimorista, con las demandas
sociales de una inmensa mayoría de peruanos despojados por esta dictadura,
no sólo de libertades y derechos cívicos, sino también de empleo, de
ingresos, de educación pública, de salud pública, de seguridad social, de
toda la estructura de producción, de distribución y de representación en el
Estado que asegure la obtención de esos derechos. La reconquista de todo
eso comienza con la lucha contra la dictadura. Pero no puede afirmarse sin
la lucha contra el poder global del capital. Así, las más profundas
esperanzas de liberación de las gentes de este poder, de todo poder, vuelven
al horizonte de la juventud peruana. Y no volverán a perderse.