Venezuela: Los riesgos del proceso constituyente

Julio Fermín
Caracas

Cuando faltan pocos días para que la Asamblea Nacional Constituyente cumpla
dos meses de deliberaciones, el clima político ha derivado de un planteamiento
todopoderoso de carácter originario hacia una moderada actitud de reforma y
la concentración de los asambleístas en acelerar la redacción de la nueva
constitución.

Desde su instalación el 5 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente ha
sido un ejemplo de las dificultades que suponen impulsar una revolución
democrática y correr el riesgo de deslizarse hacia una reforma incompleta del
sistema político, en medio de la peor recesión económica del siglo, y sin
considerar suficientemente la participación de la sociedad civil.


¿Originaria o Derivada?

La primera discusión, casi interminable, sobre el carácter originario de la
Asamblea dominó la primera parte del debate. Esta confrontación ya había sido
ventilada desde principios de año, incluso antes del referéndum que permitió
la convocatoria a la ANC. Luego, una vez instalada la Asamblea, sus miembros
mayoritariamente del Polo Patriótico (123 de 131), dispusieron todas sus
energías para retomar el carácter originario, y lo declararon solemnemente,
dando paso a la reanudación de la confrontación con el Poder Constituido
(Congreso, Corte Suprema, Gobernadores y Alcaldes), a través de anunciadas
medidas de emergencia que contemplaban la intervención de los poderes
públicos.

Se produjo así una situación confusa y compleja de entender, pero con amplias
repercusiones en la opinión internacional, cuyos efectos se devolvieron a
manera de "boomerang" en contra del proceso constituyente. Las bases del
proceso aprobado en referéndum adjudicaban a la ANC una función exclusiva para
redactar una nueva constitución, por lo que era imposible que la ANC no
realizara acciones orientadas a cambios en el Poder Judicial, Legislativo, e
incluso Ejecutivo. En cierta forma, los Asambleístas y el Presidente Chávez
estaban atrapados en su discurso revolucionario, que colma las expectativas
de las mayorías.

Al final, el debate sobre el carácter originario o derivado de la Asamblea
pasó a segundo plano. El presidente Chávez contribuyó a una situación
confusa, pues desde el primer día que acudió a la Asamblea propuso al mismo
tiempo la Emergencia total para todo el país y los poderes públicos, y
presentó su proyecto de Constitución Bolivariana.


El Poder Judicial: primer objetivo

Con más de 3 mil expedientes que acusaban la corrupción de los jueces y más
de 5 mil decisiones pendientes de la Corte Suprema, el Poder Judicial lucía
el mejor y más justificado objetivo para comenzar las acciones de emergencia.
Sin embargo, la impericia en la administración del enorme poder político que
ahora adoptaba la Asamblea permitió que los resultados fueran
contraproducentes: para la comunidad internacional estas acciones se
interpretaron a través de los voceros de la oposición y los medios como "un
golpe de Estado".

Abiertos enfrentamientos a nivel de discurso con la Corte Suprema de Justicia,
llevaron a la renuncia de la Presidenta de la Corte. La ANC declaró la
emergencia judicial, conformando una Comisión de Emergencia para evaluar la
actuación de los jueces. El proceso, mucho más largo de lo propuesto, se
espera, que se asuma con responsabilidad, mayor celeridad y transparencia,
mientras se dispone del nuevo esquema constitucional.


La resurrección del Congreso

Teniendo de su lado a la mayoría de la población de acuerdo con la disolución
del Congreso, la ANC redujo éste a una Comisión Delegada y al funcionamiento
de comisiones contraloras del poder ejecutivo, en un decreto de Emergencia
Legislativa.

Los congresistas opositores haciendo buen uso de su mayoría e interpretando
plenamente la importancia de la información en dinámica actual, pudieron
reeditar la estrategia maniqueísta de las pasadas elecciones, para utilizar
la Emergencia Legislativa como una confrontación de la "democracia"
representada por ellos versus la "dictadura" del gobierno.

Finalmente, y con la intermediación de la Conferencia Episcopal, se
restableció la cohabitación entre la ANC y el Congreso Nacional,
simultáneamente con la resolución de la vigencia de la constitución de 1961
siempre que no contradiga lo dispuesto por la Asamblea. De este modo se
pospuso para el 2 de octubre cuando se iniciará el nuevo período legislativo
cualquier extensión de la polémica.


La crisis económica presiona y apura el proceso

La situación económica es el principal enemigo del gobierno de Chávez y de la
ANC. Ni siquiera la duplicación de los precios del petróleo ha podido evitar
que en el primer semestre la economía haya caído casi en un 10% del PIB y que
el desempleo supere los máximos históricos en su tendencia hacia el 30%. De
algún modo por acción u omisión, Venezuela sufre un proceso de ajuste mucho
más duro que cualquier ajuste estructural del pasado con terribles
consecuencias para la mayoría excluida de la población.

Al gobierno se le agota el tiempo para instrumentar medidas contando con la
habilitación que le otorgó el Congreso para dictar leyes en materia económica,
fiscal y social, cuyo plazo expira en octubre. Por este motivo, el presidente
Chávez ha pedido acelerar el proceso a la ANC, de tal manera que el referéndum
aprobatorio de la nueva constitución se realice en noviembre y las elecciones
generales para relegitimar los poderes se realicen en diciembre, de tal manera
que pueda extender su liderazgo y popularidad hasta ese momento crucial de
inauguración de la Quinta República.


El proceso avanza pero hay riesgos

Una vez que se ha relajado el clima político, al cual los medios juzgan como
la moderación del proceso, los constituyentistas han intensificado su trabajo
en las veinte comisiones que se han dispuesto para avanzar en la redacción de
la nueva constitución y ciertamente, destaca que la ANC ha recibido infinidad
de propuestas de diversos sectores de la sociedad civil.

Ya el presidente Chávez había incorporado casi un 70% de las propuestas del
Foro por la Vida, instancia que agrupa a las organizaciones de derechos
humanos del país. Pero al mismo tiempo, las comisiones de mayor importancia
tales como derechos humanos, derechos sociales: salud, mujeres, familia,
derechos laborales, seguridad social; y la comisión constitucional, entre
otras, han venido desarrollando intensos diálogos e intercambios con
organizaciones de la sociedad civil para consultar y recibir propuestas para
el texto constitucional.

En los borradores del texto constitucional se pueden observar la consagración
de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, la protección de la
infancia y la juventud, la mayor participación de la mujer, la inclusión de
derechos sociales y culturales, el reconocimiento del rol activo de la
sociedad y sus organizaciones en la instrumentación de los deberes y derechos,
en definitiva, podemos esperar un avance importante en términos de uno de los
vacíos más importantes de la democracia venezolana: la ciudadanía.

En tal sentido, la sociedad civil en forma autónoma no ha descansado en sus
exigencias de una mayor democratización del proceso constituyente. Es así
como en el último mes, SINERGIA, Asociación Nacional de Organizaciones de la
Sociedad Civil que agrupa casi 100 organizaciones, a través de su Oficina de
Participación Constituyente, convocó a más de 40 organizaciones sectoriales
y redes para presentar públicamente sus propuestas y luego entregarlas a cada
uno de los 131 asambleístas. En el camino ha exigido que no se sacrifique la
calidad del proceso y no se ahorre lo más mínimo en consulta y participación,
instando además a que se difunda el proceso por radio y televisión como un
mecanismo de educación política del ciudadano venezolano.