Al cumplirse, este 22 de enero, un mes de la masacre de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, el gobierno federal mexicano anunció algunas modificaciones a su política de confrontación y doble discurso, y planteó la salida política como la "única viable" para solucionar el conflicto de Chiapas. Luego de la represión a una manifestación ocurrida en el municipio de Ocosingo, Chiapas este 12 de enero, en la que la policía mató a la indígena Guadalupe Méndez e hirió a dos personas más, se desencadenó una serie de protestas, movilizaciones, peregrinaciones y presiones tanto nacionales como internacionales condenando la violencia y demandando las desmilitarización del Estado de Chiapas. En estas condiciones, el presidente Ernesto Zedillo puntualizó los puntos de acuerdo y desacuerdo para la solución del conflicto. Zedillo desaprobó toda forma de violencia y de utilización de la "fuerza del Estado" para la solución del problema. Se mostró contrario a la "injerencia extranjera" que pretende inmiscuirse en los asuntos internos mexicanos. Por otro lado, manifestó su convencimiento de que la única solución rápida, pacífica y definitiva del conflicto está en satisfacer los reclamos indígenas de una nueva relación con el Estado. Habló de desarrollar una cultura de pluralidad y tolerancia y de introducir cambios jurídicos y legislativos que amplíen la participación y representación política, tanto local como nacional, de los pueblos indígenas. El Partido de la Revolución Democrática, una de las principales fuerzas de la oposición, inmediatamente tomó nota de la propuesta presidencial e invitó al gobierno federal a convertir las palabras en hechos. El PRD demandó que el ejército regrese a los cuarteles, que se llegue al fondo de las investigaciones sobre la masacre de Acteal y que se cree un clima de distensión que propicie la reiniciación del diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Sobre la base del discurso de Zedillo, el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, anunció, en una reunión sostenida con la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, que congrega a representantes de todos los partidos del Poder Legislativo, y la Comisión Nacional de Intermediación, CONAI, los lineamientos de la nueva estrategia gubernamental. La COCOPA y la CONAI, a su vez, presentaron a Labastida Ochoa, un documento conjunto de 10 puntos que consideran indispensables para reanudar el diálogo con los zapatistas, entre ellos: la reubicación del Ejército fuera de las comunidades, desarme de los grupos paramilitares, atención a los desplazados y liberación de los zapatistas presos. ******************* Los pueblos y organizaciones indígenas integradas en el Congreso Nacional Indígena consideramos que la única forma de avanzar en el camino de la construcción de una paz justa y digna, es respetando el proceso de diálogo y negociación y el marco legal vigente, en aras de restablecer el Estado de Derecho en nuestro país. Consideramos indiscutible la vigencia de la Ley de Concordia y Pacificación, promulgada por el Congreso de la Unión el 11 de marzo de 1995. Gracias a esta Ley, de observación obligada por parte el Gobierno Federal y de todos los mexicanos, fue posible abrir espacios de diálogo y negociación. Esta Ley define el marco legal tanto del EZLN como el objetivo del proceso de diálogo entre el Gobierno Federal y el EZLN: resolver las causas que dieron origen al levantamiento armado y permitir la consolidación de una paz justa y digna para todos los mexicanos. Con fundamento en esta Ley del 11 de marzo, el Ejército Federal está obligado a respetar a los integrantes del EZLN en sus personas y propiedades y no ser molestados de forma alguna mientras dure el proceso de negociación. En este contexto y fundamento legal, se firmaron los Acuerdos de San Andrés el 16 de febrero de 1996, y representan un fruto de un proceso nacional más amplio de transformación hacia la democracia, que incluye a los pueblos indígenas y a todos los sectores de la sociedad nacional. Como camino para lograr avanzar en el cumplimiento de estos acuerdos, el presidente Zedillo debe retirar su contrapropuesta de reformas constitucionales, dado que ha provocado la actual situación de distanciamiento y descomposición social que vive el país. El Congreso de la Unión debe a su vez recibir la propuesta de iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, en su versión original presentada el 29 de noviembre de 1996 y promulgar dichas reformas sin cambios que alteren el espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Los propios Acuerdos de San Andrés y la propuestas de reformas constitucionales elaborada por la COCOPA, consideran crear el marco legal para el establecimiento de una nueva relación entre los pueblos indígenas, el Estado mexicano y la sociedad nacional. Este esfuerzo es determinante también para lograr una verdadera transformación democrática del Estado mexicano, toda vez que reconoce derechos colectivos a pueblos y comunidades que han dado sustento a la nación a lo largo de toda su historia. Es entonces indispensable refrendar el llamado incluyente y participativo a todos los sectores sociales del país para comprender la trascendencia de lograr resolver pacíficamente y dentro de los cauces legales, la política etnocida que los distintos gobernantes han instrumentado durante siglos en contra de nuestros pueblos. Hay que cerrar el paso a la escalada de violencia institucionalizada y paramilitar, que tiene su más grave expresión en contra de los más pobres dentro de los pobres de nuestro país. Lo mismo en Chiapas que en otras regiones indígenas de México, se sigue el mismo manual de contra insurgencia por parte de los sectores más reaccionarios que utilizan al Ejército Federal y bandas paramilitares para sus fines particulares. El gobierno de Ernesto Zedillo utiliza una doble moral que tenemos la obligación de denunciar. Como jefe máximo de las fuerzas armadas es el primer obligado a detener la militarización y el hostigamiento a pueblos y organizaciones indígenas del país, como los recientemente acontecidos en Acteal Chenalhó, Chiapas. El discurso asistencialista, con el que insiste en enmascarar la masiva presencia de soldados en tareas de presunta labor social, provocan en realidad la acción impune de guardias blancas, grupos de poder que con sus paramilitares impiden el tránsito pacífico a la democracia en nuestro país. El círculo perverso de miseria, división y descomposición social, cooptación de voluntades, apoyo y armamento para enfrentamientos entre indígenas, es coronado acusando a las propias víctimas de las matanzas y desalojos de ser los responsables de tanta violencia. No debemos permitir que esta misma estrategia se siga instrumentando ni en Chiapas, ni en ninguna otra región indígena del país. La comunidad internacional tiene un papel fundamental en este contexto. La guerra etnocida y ecocida -al desmantelarles su base de sustento- en contra de los pueblos indígenas, sus instituciones y sus derechos colectivos, ha conducido a crímenes en contra de la humanidad que deben ser repudiados por los gobiernos, instancias internacionales y los pueblos del mundo. Es por eso necesario llamar a la comunidad internacional a vigilar de cerca las acciones del gobierno federal y pronunciarse cuantas veces sea necesario y con los medios a su alcance por lograr una transición pacífica a la democracia en México. La autonomía de los pueblos indígenas en el marco constitucional del Estado mexicano La autonomía de los pueblos indígenas no es un obstáculo para la construcción de un mejor país para todos los mexicanos. Una sociedad enfrentada, con graves rezagos en justicia social, no puede ser el terreno fértil para la concordia y la pacificación. La autonomía debe ser entendida como un instrumento de reconciliación y pluralidad, como reconocimiento a la diversidad y a los derechos colectivos de nuestros pueblos, como lo estipula el Convenio 169 de la OIT, suscrito por nuestro país. Evidentemente, la autonomía no se puede realizar en la pobreza e injusticia en que se encuentran sumidos vastos sectores de la población. Es por ello que se requiere un cambio en el modelo económico neoliberal, ya que nuestros pueblos han padecido y pagado sucesivamente los costos y riesgos del poder del dinero. La autonomía también se inscribe en la nueva relación entre los pueblos, el Estado y la sociedad nacional. Se trata de una piedra angular en la construcción de un nuevo proyecto de país democrático que demandan los mexicanos. La autonomía es un valor universal y no privativo de los pueblos indígenas. Es necesario explorar nuevas expresiones de la autonomía para las múltiples comunidades y colectividades que integran nuestra nación. La movilización como instrumento fundamental La movilización de los pueblos y organizaciones indígenas representa un candado a las acciones del gobierno y de los grupos de poder que representa y defiende. Tenemos que impedir la generalización de la violencia en todas las regiones indígenas del país y detener el secuestro, el encarcelamiento y la impunidad, mediante la articulación de sus luchas y resistencia, fortaleciendo la unidad en cada instancia y abrir nuevos espacios y acciones conjuntas. Es fundamental la unidad para impulsar la transformación democrática que permita los cambios necesarios en la vida del país, y rechazar la continuidad de cacicazgos, impunidades, intolerancia, racismo y discriminación y lograr la liberación de los presos indígenas así como la presentación de desaparecidos que ha dejado como secuela la política de exterminio indígena que es la actual política indigenista del gobierno actual.