Veintiseis países han firmado el tratado internacional que establece la nueva Corte Penal Internacional, cuyo estatuto fue aprobado después de cinco semanas de angustiosas negociaciones en la Conferencia Diplomática que se celebró en Roma. Los países son: Albania, Andorra, Bolivia, Camerún, Congo, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Italia, Liberia, Liechtenstein, Madagascar, Malí, Mauricio, Mónaco, Namibia, Holanda, Níger, Panamá, Samoa, San Marino, Senegal, España, Suiza y Zambia. El tratado entrará en vigor luego de que 60 estados firmen y además ratifiquen el tratado. La adopción del Estatuto de Roma y la apertura del tratado para firmas fue una gran derrota diplomática para los Estados Unidos, que se ha opuesto fuertemente a la Corte, puesto que ella no estará sujeta al control del Consejo de Seguridad. Otra de las razones de la oposición estadounidense ha sido la existencia de un fiscal independiente previsto en el estatuto de la Corte. El estatuto contempla un fiscal capaz de iniciar una investigación con información de cualquier fuente confiable, incluso de organizaciones de la sociedad civil y víctimas. Los Estados Unidos argumentan que la Corte podría ser usada políticamente en contra de los soldados como los que sirven en misiones de paz de la ONU. Sin embargo, algunos expertos internacionales, como el Dr. William Schabas de la Universidad de Quebec sospechan de otros motivos, más conectados al intervencionismo norteamericano en su "patio trasero". El Dr. Schabas dijo en la conferencia de Roma "Si yo fuera el asesor internacional de estados como Panamá y Granada, les recomendaría firmar este tratado ahora mismo". En efecto, el tratado establece que la Corte podrá juzgar a criminales de guerra si el Estado donde se cometieron los crímenes es parte del tratado, incluso contra la oposición del estado de nacionalidad del criminal. El Estatuto fue adoptado en la Conferencia Diplomática con el voto de 120 países a favor, 7 en contra, y 21 abstenciones. Las ONGs criticaron severamente la posición de los Estados Unidos, que votó contra la adopción del estatuto, acompañado por países como la India, China, e Israel. La Corte, que tendrá su sede en La Haya, Holanda, será el primer mecanismo internacional en la historia que tendrá el poder de procesar individuos por graves crímenes internacionales, tales como los crímenes de lesa humanidad (incluso tortura, desapariciones, deportaciones forzadas), los crímenes de guerra, el genocidio, y la agresión. El Estatuto reconoce explícitamente que la violación y otras formas de abuso sexual son crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. También faculta a la Corte dar reparaciones para las víctimas e incluye conflictos armados no internacionales en su jurisdicción. Un paso importante Organizaciones defensoras de los derechos humanos han celebrado la adopción del Estatuto como un paso importante en el desarrollo de la protección de derechos humanos y en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, han criticado que bajo una cláusula del Estatuto aprobado, los países podrán optar por no aceptar la competencia de la Corte sobre los crímenes de guerra por un período de siete años a partir de su entrada al tratado. Además, la Corte no puede actuar si el Estado de nacionalidad del acusado, o el Estado en que se cometió el crimen, no ha ratificado el tratado, salvo en un caso que el Consejo de Seguridad juzgue de suma importancia para la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad también puede aplazar un caso por un año si decide que afecta la seguridad internacional. Francisco Soberón Garrido de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú, declaró que: "Aunque todavía no es perfecta, el establecimiento de la Corte nos alienta mucho porque se convierta en una esperanza para nosotros en América Latina que venimos luchando por la defensa de los derechos humanos y contra la impunidad. Hemos logrado superar los obstáculos que opusieron algunos países en acuerdos que resultaban claves para nosotros, como la independencia del fiscal y la jurisdicción de la Corte para conflictos internos. Desde este momento la sociedad civil de la región, junto con el resto del mundo, empieza el camino para hacer de la Corte un mecanismo realmente eficaz, para lograr su ratificación global y su jurisdicción sobre crímenes de guerra, exigir que el Consejo de Seguridad no intervenga en la Corte, y vigilar que las reglas y prácticas de la Corte que aún faltan definir sean justas." William Pace, coordinador de la Coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional ha señalado que el tratado aprobado en Roma "lleva la marca de la sociedad civil internacional" en temas tales como los poderes del fiscal y la reivindicación de la justicia para las mujeres y las víctimas. La Conferencia en Roma también estableció una Comisión Preparatoria de la ONU que se encargará de cuestiones preliminares. La Comisión, que se reunirá en la sede de la ONU en Nueva York discutirá las reglas de procedimiento de la Corte y de la Asamblea de Estados Partes, la relación entre la Corte y la ONU, y los asuntos financieros. También discutirá la elaboración de la definición de la agresión, y las condiciones bajo las cuales la Corte podrá ejercer su jurisdicción sobre este crimen. Acuerdos oficiales sobre la agresión tienen que ser adoptados en una Conferencia de Revisiones, que puede tomar lugar sólo después de siete años de la entrada en vigor del tratado. También había discusiones sobre la posibilidad de realizar en la mencionada conferencia, una revisión de las cláusulas adoptadas para los crímenes de guerra, así como la inclusión de los crímenes de narcotráfico y de terrorismo.