América Central

Corrupción e impunidad conspiran contra la Alianza del Triángulo Norte

Javier Suazo

08/02/2015

Opinión

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El gobierno del presidente de EEUU Barack Obama envió al Congreso de la Republica su presupuesto, donde se incluyen 1,000 millones de dólares destinados a financiar el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte, conformado por los países de Guatemala, El Salvador y Honduras. Este fue presentado en Washington por los presidentes de los países y recibió el apoyo del secretario general de las Naciones Unidas, Ban-Kim-moon y del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno. Aunque es un esfuerzo conjunto destaca el liderazgo de Juan Orlando Hernández en tanto Honduras es uno de los países que enfrentan mayormente el flagelo de la emigración, considerado el factor justificativo del mismo.

En la propuesta del Plan se identifican cuatro (4) causas que explican el problema migratorio, masificado con la llamada crisis de niños y niñas migrantes que abandonan estos países sin acompañamiento de sus padres. El primero es el bajo ritmo de crecimiento de las economías de los países, incluso en ciertos periodos por debajo de la tasa de crecimiento de la población. Sin embargo, se dice muy poco de sus causas explicativas como el abandono de los sectores productivos por los bajos niveles de inversión, crédito oportuno y blando, la creciente inestabilidad y crisis financiera internacional, la acumulación de fuertes desequilibrios fiscales, aumento del endeudamiento y ensanchamientos de los déficit comerciales que vuelve mas dependientes los países y pone en riego la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos y su gente.

En segundo lugar, la limitada oferta y calidad de servicios educativos, salud, nutrición y desarrollo infantil y juvenil, que vuelve prohibitivo el acceso de esta población a los centros educativos y de salud, y orilla a las familias e infantes al trabajo espurio, informal y poco sostenible. El plan no dicen nada de los crecientes recortes a los presupuestos de estas instituciones (principalmente en Honduras) para liberar recursos al pago del servicio de la deuda, cobrar más por los servicios prestados, trasladar parte de sus competencias a centros educativos y empresas privadas y entregar una atención de mala calidad (en salud la palabra de moda es no hay medicinas).

En tercer lugar, se destaca los altos índices de violencia e inseguridad ciudadana que contribuye a que las familias y, sobre todo los infantes, huyan de los barrios y colonias copados por mareros. En el caso de Honduras, la respuesta ha sido el militarismo por decreto sin que se garantice que la solución sea efectiva a mediano y largo plazo. Ello acompañado de la fuerte presencia del narcotráfico que copa toda acción de desarrollo nacional endógeno, excluyendo amplios sectores poblacionales de programas integrales regionales.

En cuarto lugar se encuentra lo relacionado con los desastres naturales presentes en la región y los problemas que trae consigo el cambio climático. Para el caso, el corredor seco y las familias que viven en los municipios de la región en pobreza que sufren inseguridad alimentaria y hambre, se ha ampliado. Las acciones de los gobiernos apuntan a medidas compensatorias, que ignoran el diseño y evaluación de políticas públicas de apoyo a los sectores productivos focalizado en unidades campesinas productoras netas de alimentos. En Honduras por ejemplo, más de 150,000 hectáreas de tierra de la reforma agraria no se cultivan directamente por los beneficiarios (J. Suazo 2014), pero las importaciones de granos básicos y dependencia alimentaria ha aumentado.

Los lineamientos del Plan son tres: a) dinamizar el sector productivo para crear oportunidades económicas; b) desarrollar oportunidades para el capital humano de los países; c) mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia; d) fortalecer las instituciones para fomentar la confianza de la población.

Con respecto al cumplimiento del primer pilar, se tiene en mente el modelo de apertura unilateral de libre comercio con el CAFTA-RD para atraer inversión extranjera, abaratando el costo de la energía eléctrica (¿Acaso no se abarató con la baja del precio de barril de petróleo?), y más inversión en infraestructura y logística en zonas específicas (léase ZEDEs). No hay un proyecto de apoyo masivo a las unidades de producción campesina generadoras de empleos y alimentos para la población, mucho menos para las pequeñas y microempresas urbanas. Una de las verdades en la región después del CAFTA-RD, es que el desarrollo de la infraestructura económica y logística para el comercio solo ha beneficiado a maquiladoras, grandes exportadores de productos primarios y las compañías transnacionales, sin que ello se refleje en una disminución del déficit comercial de los países con EEUU.

Las intervenciones para cumplir con el segundo lineamiento comprenden el acercamiento entre la oferta de mano de obra y demanda de las empresas, acompañado de la ejecución de programas de mejoramiento de la calidad educativa, vocacional y aumento de la inversión en niñez e infancia (¿Acaso se cocina un nuevo bono diez mil regional que ya fracaso?), lo cual es muy limitado dado la masificación del problema del desempleo y deterioro del salario. Se necesita un esfuerzo de inversión pública considerable, ya que en países como Honduras después del golpe de Estado, ha sido menor y observa bajos niveles de ejecución.

Se propone mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia con acciones de previsión social (¿ejemplo niños y niñas guardianes de la patria?), la protección de los espacios educativos, la atención a jóvenes en riego social y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de impartir justicia. Ello sumando a las acciones en marcha de lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento de la Policía Militar de Orden Publico (PMOP), que se espera se eleve a rango constitucional a futuro.

Los presidentes de los países son del criterio que la ejecución del este plan implica otras reformas para hacer más transparente los procesos de gestión publica, manejo de los recursos de presupuesto y el control financiero de las proyectos que se ejecuten por país y región. Es decir, están consientes que la falta de transparencia y la corrupción son los principales desafíos que se plantean ya que es poco probable la ejecución de un plan sin la garantía que los recursos asignados a cada país no serán desviados y destinados a otras cosas; igual, sin la puesta en práctica de un sistema de información que permita a cada ciudadano ver en que se están gastando dichos recursos y cuales son los resultados alcanzados.

Las reformas a la institucionalidad de justicia conlleva también el logro de bajar drásticamente los niveles de impunidad que enfrentan los países, ya que el plan será poco sostenible con gobiernos débiles e instituciones poco creíbles. Como se señala Juan Almendares, defensor de los derechos humanos, hay que construir un índice para medir la impunidad, y en función de ello asignar los recursos.

La corrupción y la impunidad son los grandes enemigos de los países de la Alianza del Triángulo Norte de Centroamérica y los EEUU, por lo que es de esperar en caso que se apruebe por el Congreso Norteamericano, una administración externa para la ejecución del plan, tal como ocurrió con los fondos de la Cuenta del Milenio en Honduras.

Tegucigalpa, DC, 9 de febrero de 2015.

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