Honduras

Transparencia Internacional ¿Del lobo un pelo?

Javier Suazo

07/10/2014

Opinión

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La presidenta de la organización Transparencia Internacional (TI) Huguette Labelle está contenta por Honduras, no solo porque la organización que preside sirvió de aval a un acuerdo entre la Secretaria de Salud, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)/ Transformemos Honduras (TH) para transparentar las compras de medicamentos e insumos médicos, sino porque contrario a otras veces, el Congreso de la República tiene en proceso de aprobación varias leyes orientadas a atacar el flagelo de la corrupción y la impunidad.

En opinión de la señora Labelle, la experiencia de países como Colombia y México demuestran que la compra de medicamentos correctamente ha implicado el ahorro de hasta 50%, que con la práctica tradicional los fondos van a parar al bolsillo de personas particulares. En el caso de Honduras, la falta de transparencia y corrupción es una práctica institucionalizada donde se involucran a los diputados del Congreso de la República, altos funcionarios del gobierno y empresas de maletín.

Otro de los logros celebrados por Trasparencia Internacional en Honduras, quizá uno de los más importantes en los últimos años, es la firma con el gobierno de la Republica de un convenio marco de Colaboración para la Promoción de la Transparencia, Combate de la Corrupción y Fortalecimiento de Sistemas de Integridad. Mediante este instrumento se obliga al gobierno a publicar toda la información de las compras realizadas, contrataciones y destino de los fondos para que sean auditados por organizaciones de la sociedad civil.

Con respecto a ello, cabe hacer las siguientes acotaciones. La primera es que siendo Honduras uno de los países más corruptos del mundo, lo recomendable es la búsqueda de una solución estructural al problema, más allá de la aprobación de leyes, decretos o convenios que, tal como lo demuestra la experiencia, no se respetan.

La segunda es que la institucionalidad pública de combate a la corrupción e impunidad en Honduras cuenta con los suficientes instrumentos jurídicos y técnicos para realizar su trabajo, pero que enfrentan trabajas burocráticas y de índole político para realizarlo en forma eficiente.

Dos ejemplos son destacables: El poco apoyo brindado al Instituto Nacional de Acceso a la Información en la entrega de la información tal como se solicitó y en el tiempo requerido, y la politización del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que audita aquellas instituciones que ellos quieren y que no afectan a funcionarios del partido de gobierno ¿Qué pasó con la auditoria del Instituto Nacional de Empleados Públicos?

La tercera es que en Honduras está vigente una Ley de Secretividad de la Información, que autoriza a funcionarios del Gobierno y FFAA a no divulgar información por considerar que en manos de otras personas, instituciones y gobiernos podría ser utilizada para atentar contra la seguridad del Estado y funcionarios.

La cuarta es que en Honduras el eje de la corrupción se ha desplazado. Ya no se encuentra focalizado en instituciones como Salud y Educación, sino en la gestión y ejecución de proyectos de desarrollo energético, ambiental, infraestructura económica, productiva y social. El cuestionamiento que se hace a la falta de transparencia de COALIANZA es una evidencia de ello.

Lo quinto es que en Honduras hay un fuerte grupo de organizaciones de sociedad civil afines al gobierno, por lo que su participación en el combate de la trasparencia, corrupción e impunidad es de “compadre hablado” entre ambos. Muchas de estas organizaciones reciben fondos para realizar estudios técnicos, auditorias sociales y monitoreo de uso de fondos, pero sus informes son sesgados y no profundizan en el análisis de los causas y de los actores involucrados.

Lo sexto, otra preocupación no manifiesta de la señora Labelle, es que en Honduras no existe un sistema único de contratación de empleados públicos con base a méritos y no a militancia política y contribución monetaria en la campaña electoral. Un ejemplo son las empresas públicas donde se han puesto gerentes sin la formación académica y experiencia requerida; incluso en la empresa de Telecomunicaciones se puso al General Romeo Vásquez Velásquez que sacó al presidente Zelaya Rosales del país. Esta práctica no ha terminado, ya que según denuncias del Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se quiere poner en la nueva Comisión de Regulación de la Energía a empleados de las empresas térmicas y connotados activistas del partido de gobierno.

Todo lo anterior sin desmeritar las acciones que se ejecutan por el gobierno de la Republica para meter a la cárcel a los funcionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cuyo robo se estima en cerca de 6,000 millones de lempiras; peor la población espera que también directores de bancos, casas comerciales y políticos de turno, rindan cuentas por este atraco contra la vida humana.

Finalmente, Honduras está muy lejos de practicar un gobierno abierto, ya que a diferencia del optimismo de la señora Labelle con la firma del convenio y el monitoreo estricto que realizará TI, el gobierno en el poder fue electo con 36% de los votos y, al parecer, sigue pensando que puede gobernar sin las fuerzas de oposición arrinconadas en el Congreso de la República por la aplanadora Azul/Liberal; siendo un gobierno con un presidente de corte autoritario que ejerce el control no solo en el Ejecutivo, sino también en los demás poderes del Estado incluyendo la Corte Suprema de Justica y Fiscalía General de la Republica.

Tegucigalpa, Octubre de 2014

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