El Salvador

Fiscalía pide cárcel para exfuncionarios de ARENA

David Ernesto Pérez

12/11/2013

Opinión

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Foto: ContraPunto

Tecnócratas de CEL concesionaron LaGeo burlando la Constitución. Piden embargos de los bienes de todos los acusados. Fiscal reclama indemnización de $1 mil millones

La Fiscalía General ha iniciado la persecución penal contra altos funcionarios de la administración del expresidente Francisco Flores, por supuestamente “entregar” LaGeo, la empresa de capital público y privado que controla la explotación de la energía geotérmica y que anualmente produce millones de dólares. Las acciones de los tecnócratas – la mayoría vinculados, en el pasado o en el presente a ARENA – le ha causado a El Salvador pérdidas de unos $1 mil millones.

Los principales acusados por peculado y falsedad documental, son: el exministro de Economía, Miguel Lacayo, que intervino en la CEL para que esta entregara la concesión a LaGeo, y posteriormente aliarse con ENEL; Guillermo Sol Bang – ex miembro de ARENA - , antiguo presidente de la autónoma, que habría consentido las irregularidades; y José Antonio Rodríguez, ex gerente de GESAL que avaló la participación de la compañía italiana pese a que había prohibición de ley.

El resto de implicados son: Jorge José Simán Zablah; Pedro José Escalón Pacas, cuñado de Calderón Sol; Julio Alberto Olano Noyola; Carlos Jacinto Chavarría; Thomas Hawk Baker, director del sector empresarial de ARENA; José Ricardo Palomo Deneke; Óscar Armando Valdez Iraheta; Roger Martin Herdocia; Carlos Mauricio Novoa González; Mario Christopher Selva; José Agustín Javier Gasteazoro; José Daniel Julio Martínez; Paolo Pietrogrande; Benjamín Valdez Iraheta y Carmen Antonia Paredes Lazo.

El fiscal especial, Saúl Morales, explicó que las irregularidades iniciaron cuando Lacayo mandó una carta a la Junta Directiva de la CEL para intervenir en la búsqueda de un socio estratégico para la explotación de la energía geotérmica. La orden, a pesar que se trataba de una injerencia, fue aceptada sin peros. “¡Cómo puede incidir (Lacayo) en una decisión interna! El presidente de la CEL recibió la carta, la llevó a la Comisión y luego le avisó que iban a cumplir. No podía porque eran autónomos”.

Cuando Lacayo envió la misiva, la CEL había contratado al consorcio Ernst Young-Deutsche Bank que estaba ocupado en dos asuntos: vendiendo acciones de la industria energética salvadoreña y buscando a la empresa que habría de invertir en la explotación geotérmica. Se habían integrados dos comités para tal fin: uno interinstitucional y otro técnico (éste revisaría los perfiles de las empresas que querían trabajar con el Estado salvadoreño).

Uno de los requisitos para poder invertir era no tener acciones en la industria energética salvadoreña, de lo contrario estaba descalificada para ofertar. Presentaron propuestas Shell, SUMITOMO y ENEL. El 5 de septiembre de 2001, el representante de ENEL en El Salvador, José Antonio Machado, mandó una carta a Rodríguez en la que le consultaba si la compañía italiana podía participar, aunque tuviera acciones en CLESA – proveedora eléctrica –. Rodríguez le respondió, casi inmediatamente, que sí, pese a la prohibición expresa del reglamento aprobado por la autónoma que establecía que evaluar correspondía al comité técnico; sin embargo, no existen pruebas que la instancia lo haya hecho, según el fiscal especial. “Lo tenían que analizar personas que conocían del tema”.

Debía ser demostrada, además, la especialización de los ofertantes: Shell era experta en pozos petroleros; ENEL, en vapor; SUMITOMO, agua y vapor. En el país la indicada era la japonesa, expresó el fiscal. Tiempos después se retiraron la primera y la tercera, dejándole el paso libre a ENEL.

Aunque la licitación era manejada por los altos funcionarios de la administración Flores, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI) estaba obligada a dirigirla, porque ya “estaba vigente la LACAP”. Esta es otra de las irregularidades halladas por la Fiscalía.

El 17 de octubre de 2001, otro de los representantes de ENEL, Porfirio Díaz Fuentes, le reiteraba a Rodríguez que la compañía estaba lista para participar como socios con el Estado, aunque también él era miembro de la CEL. Recibía doble salario. “Era obvio que tenía conflicto de interés”.

“Llega al colmo que mete a evaluar a un religioso que no pertenecía al comité evaluador. Da el dictamen para que pase como del comité técnico”, detalló Morales.

A principios de 2013 la administración de Mauricio Funes advertía de las irregularidades que encontraron cuando llegó al poder con el FMLN, entre estas que ENEL estaba a un paso de convertirse en socio mayoritario de LaGeo e iba a dominar la generación geotérmica. El Gobierno rechazó el avance accionario, hubo un laudo arbitral en Francia y el país perdió. La presidencia se ha negado a cumplir la resolución. La Fiscalía ha incluido, en su bagaje de acusación, la duda: ¿por qué los ex funcionarios permitieron que ENEL se convirtiera en socio mayoritario?

Entre los miles de cabos sueltos que han perjudicado al Estado, uno de los más urgentes fue cuando se estableció que cualquier inversión iba a capitalizarse en acciones, es decir, en más poder y ganancias para los italianos; menos participación y recursos para El Salvador. “Si pintaban una pared ya eso eran acciones”.

Los asesores financieros habían sugerido que la capitalización de acciones solo pudiera darse cuando había inversión en generación energética, pero los tecnócratas de Flores modificaron “un sinfín de veces” los artículos 6 y 8 del contrato. “La inversión debía ser en aumento de la generación eléctrica, pero se dieron acuerdos que después podemos analizar”. ENEL aumentó, de 4 a 12.5 por ciento sus acciones sin que las haya pagado.

El fiscal aclaró que todavía están en curso las investigaciones en diferentes rutas, entre estas una por lavado de dinero.

Sol Bang ha dicho, mediante comunicado de prensa, que pretenden dañar su imagen “y la de gente inocente con el único objetivo de seguir estafando al país”. También protagoniza un vídeo.

Herencias de gobierno a gobierno

Después de la Guerra Civil, el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani adoptó el modelo de ajuste estructural impulsado desde Estados Unidos, para privatizar todos los servicios que el estado brindaba a la población. Cuando fue el turno del también exgobernante Armando Calderón Sol, el ajuste continuó y fue cuando nació la Ley de Electricidad y Telecomunicaciones, que en su artículo 19, daba a la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) la potestad de entregar concesiones sin pasar por la Asamblea Legislativa, como establece la Constitución. También nació, en 1999, la Ley para la Venta de Acciones de Sociedades Generadores de Energía Térmica.

Estas normativas pretendían entregar a privados sectores clave de la producción energética, ocupando “subterfugios. Esta redacción era recurrente para evadir los controles que requieren las instituciones mixtas o del Estado”, comentó Morales.

Martes, 12 Noviembre 2013

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