Buenos deseos inviables en la división internacional del trabajo

Progresismo, izquierda y socialismo en América del Sur

18/08/2013
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Los gobiernos pretenden atenuar los males del capitalismo sin enfrentar al capital
 
Un elemento central de la etapa actual son los denominados gobiernos progresistas. Más allá de las consideraciones sobre la manera cómo han incidido sobre cambios geopolíticos en la región –lo cual tiene la mayor importancia–,  es fundamental hacerse la siguiente pregunta: ¿en qué medida estos gobiernos acercan, estancan o incluso alejan al movimiento social y popular de escenarios de transición hacia proyectos político-económicos más radicales, de transformaciones estructurales en favor de la población? Recuperar un análisis de clase de tales gobiernos se torna imprescindible.
 
No puede ignorarse que el proyecto del capital, en un contexto de recomposición general del capitalismo, continúa adelante, y no ha sido afectado en lo esencial por los cambios ocurridos en la región. De todas formas, la existencia misma de gobiernos progresistas en América del Sur es una manifestación de importantes cambios en la correlación de fuerzas, aunque sus impactos sean disímiles.
 
Los gobiernos progresistas del sur –con todas sus diferencias–, tienden a inscribirse dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para enfrentar la crisis. Las políticas económicas ortodoxas de Brasil, Paraguay (durante el gobierno de Lugo) y Uruguay son muy distintas a la heterodoxia Argentina; a su vez, dichos procesos nada tienen que ver con lo que ocurre en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Esto no significa que no haya espacios sociales y políticos por disputar en cada uno de ellos y que no se pueda incidir sobre el curso de los procesos políticos en la región.
 
En esta zona, los cambios son fuertes en el plano político-electoral, menores en lo ideológico y en los planos económico e institucional profundizan el capitalismo.
 
En Bolivia, Ecuador y Venezuela, la situación es muy distinta, los cambios han sido mucho más profundos y fuertes en lo político, lo ideológico y en la apropiación, uso y distribución de la renta originada en el petróleo, el gas y la minería; a su vez, los cambios institucionales apuntaron al fortalecimiento de la soberanía nacional, la inclusión de los pueblos originarios y construcción de poder social, no obstante los persistentes intentos desestabilizadores de Estados Unidos. Lo anterior, sin desmedro de reconocer que las reglas básicas del funcionamiento capitalista se mantienen prácticamente intactas.
 
Acerca de las definiciones de derecha, izquierda y progresismo
 
Analizar la realidad política en términos de derecha o izquierda es evidentemente arduo si se considera el acelerado proceso de cambios ideológicos y políticos que desdibujan las fronteras entre ambas concepciones.
 
En la realidad revolucionaria francesa del siglo XVIII se acuñó el concepto de izquierda y derecha, surgido de la posición que ocupaban los integrantes de los diferentes sectores en la Asamblea Nacional. A la derecha se sentaban los girondinos –empresarios y grandes comerciantes que integraban la gran burguesía–, que consideraban prudente hallar un acuerdo con la monarquía y la nobleza, limitando el poder real, pero impidiendo el derecho al voto de los pobres, quienes no pagaban impuestos. A la izquierda, se ubicaban los jacobinos –integrados por profesionales y modestos propietarios, que querían abolir definitivamente la monarquía y proclamar una República democrática, con derecho al voto para todos los grupos sociales.
 
En esa lógica de ubicaciones relativas es indudable que los gobiernos progresistas están a la izquierda de los partidos tradicionales y conservadores, que han representado los intereses de los sectores dominantes en la historia regional.
 
Los partidos progresistas, tanto los históricos como los más recientes, tienen una base policlasista que incluye a sectores importantes de trabajadores, capas medias y franjas menores de la burguesía nacional; en Bolivia y Ecuador, por su parte, expresan los intereses de los pueblos originarios.
Desde el punto de vista de los valores, el concepto de derecha se asocia al pensamiento religioso ultramontano; el rechazo al aborto y al reconocimiento de derechos de los homosexuales; la reducción de la edad de imputabilidad de los delincuentes juveniles; el encuadramiento colectivo en estructuras autoritarias rígidamente jerarquizadas y disciplinadas.
 
 La izquierda implicaría, en contrapartida, a quienes propician superar las discriminaciones, las desigualdades y que buscan generar formas democráticas más incluyentes. En Uruguay, por ejemplo, ese límite se torna muy borroso con Tabaré Vázquez: en su calidad de presidente de la República vetó una ley que legalizaba el aborto, la cual había sido impulsada y aprobada en el Legislativo por la fuerza política que lo llevó al cargo.
 
Una posición mucho más precisa de los conceptos de derecha e izquierda surge de las revoluciones de mediados del siglo XIX: el desarrollo del pensamiento marxista y el crecimiento de la clase obrera en los países avanzados, situaron la lucha de clases como núcleo central de la definición de izquierda.
 
En ese sentido, el concepto de izquierda conlleva un carácter definidamente anticapitalista y el de derecha se asocia con la defensa y profundización del capitalismo.
 
En esa lógica se asume que la derecha es el segmento del espectro asociado a posiciones capitalistas, conservadoras, que consideran prioritario el mantenimiento del orden social establecido, enfatizan el libre mercado por encima de la intervención del Estado e impulsan valores individualistas y consumistas.
 
Esto puede ir acompañado, o no, de un discurso nacionalista pero, más allá de éste, en general se le asocia con los países dominantes y con el gran capital trasnacional.
 
Luego de la implosión del bloque socialista, el concepto de “derecha” quedó ligado al neoliberalismo y, por su parte, los conceptos de progresismo e “izquierda” se asociaron al antineoliberalismo: una definición por la negativa, un opuesto indefinido, que en la mayor parte de los casos implicó asumir las reformas de segunda generación propuestas por el Banco Mundial desde finales de los años 90. (1)
 
 
El progresismo del cono sur no es izquierda ni busca el socialismo
 
El progresismo de los países del cono sur muta del discurso antineoliberal genérico al posneoliberal específico, con todas las implicaciones que esto tiene en favor del capital y contra el trabajo. Basta recordar que las reformas de segunda generación que impulsa en Banco Mundial tienen como fin explícito levantar los obstáculos institucionales para la expansión capitalista a escala mundial.
 
El progresismo y la socialdemocracia contienen un elemento común: pretenden atenuar los males del capitalismo sin enfrentar al capital; más aún, intentan “humanizar” el capitalismo sin costos para el capital. El progre - sismo es un término “simpático” para algunos, pero implica dejar de lado la lucha anticapitalista; por tanto, de acuerdo con nuestra definición clasista, no puede ser de izquierda.
 
Esta caracterización del progresismo es compartida por apologistas del mismo, quienes afirman: “En el marco de una democracia de partidos plural y competitiva, retomando las mejores tradiciones nacionales y a través de políticas institucionalizadas, Uruguay presenta, pues, un escenario propicio para el asentamiento de un compromiso sustentable entre capitalismo y socialdemocracia”. (2)
 

Fotografía de archivo que muestra a miembros de la guardia de honor que aguardan en el aeropuerto de Maiquetía, cercano a Caracas, el arribo de jefes de Estado y de gobierno que participaron en los funerales del presidente venezolano Hugo Chávez

 
 
El programa para llevar adelante dicho compromiso es el siguiente: reforma de la educación; reforma del Estado; “consolidación de un modelo económico más competitivo y menos dependiente de la exportación de commodities; desarrollo de la capacidad de regulación del mercado y del salario; extensión y mayor progresividad del sistema tributario, a niveles comparables con países desarrollados; insistir en la combinatoria entre integración regional y regionalismo abierto; ahondar en la regionalización interna y la transversalidad interdepartamental de las políticas de desarrollo; afirmar la centralidad del trabajo formal, en la economía y la inclusión social; superar las políticas de pobres focalizadas, con extensión de las políticas universales; proseguir la reestructura del gasto social en términos de reversión generacional y de inversión en capital humano, para favorecer a niños y jóvenes; sistema de cuidados, como política social y política de empleo; desarrollo del sistema de ciencia y tecnología”.
 
Casi todos los puntos –compartibles desde la óptica de las carencias actuales– son buenos deseos inviables en la actual división internacional del trabajo, en el contexto de la crisis mundial y, sobre todo, para los intereses del capital. Es obvio que ninguno de ellos se dirige a la eliminación de la explotación capitalista, tampoco a la defensa de la soberanía nacional ni se plantea la protección del medio ambiente. Por el contrario, la lista de buenos deseos socialdemócratas/progresistas es funcional al sistema y encuadra en el esquema general de “capitalismo en serio” y “un plato de comida para todos”.
 
Discursos más o menos estridentes aparte, los gobiernos progresistas del sur –Argentina, Brasil y Uruguay– encuadran perfectamente en el nuevo contrato social entre socialdemocracia y capitalismo y, por tanto, no son de izquierda ni buscan el socialismo.
 
En el norte el proyecto socialista se debilita
 
Los gobiernos progresistas de Bolivia, Ecuador y V enezuela tienen diferencias importantes entre sí, pero tienen tres factores comunes: realizaron reformas constitucionales soberanas e incluyentes; enfrentan procesos desestabilizadores impulsados desde el exterior, favorecidos por debilidades internas, como la corrupción y el burocratismo; han avanzado muy poco en la implantación de los fundamentos económicos del socialismo.
 
Por un lado, han tratado de construir procesos de cambio social sobre la base de estrategias alternativas al neoliberalismo, en el que la recuperación de las rentas obtenidas con la venta de “recursos naturales” han sido utilizadas, tanto para el desarrollo de políticas sociales más profundas que el simple asistencialismo del cono sur, como para impulsar formas de producción social, como el cooperativismo. En el caso de V enezuela, por ejemplo, se han construido gran cantidad de viviendas, centros educativos, hospitales y se ha dotado de luz, agua potable y saneamiento a sectores importantes de la población. Otro componente muy importante de estos procesos de transición ha sido las nuevas formas organizativas, como las comunas. A su vez, las reformas constitucionales marcaron un antes y un después en esos tres países.
 
Los procesos, sin embargo, son distintos en su contenido y profundidad. Existen muchos riesgos, algunos endógenos al proceso, como la corrupción y el burocratismo en V enezuela, denunciada y combatida por el presidente Nicolás Maduro (3); otros exógenos, como la ofensiva estadounidense en todo el continente: golpes de Estado que “preservan el Parlamento y el Poder Judicial” en Paraguay y Honduras; cuarta flota en el Atlántico y la alianza Asia- Pacífico como nueva forma de integración para impulsar los ya conocidos tratados de libre comercio.
 
El modelo de acumulación es similar en norte y sur
 
Aun con lo anterior, no debemos perder de vista que América del Sur tiene hoy un modelo de acumulación basado, en gran medida, en los agronegocios, el petróleo y la minería, con algunas características importantes: (I) lógica de extracción con el único propósito de apropiarse de la renta de los recursos naturales, por lo general, para una minoría de la burguesía agraria (II) proceso ampliado de reprimarización de exportaciones, como consecuencia de la reestructuración productiva a la aplicación de la estrategia neoliberal de desarrollo en nuestra región desde el siglo pasado; (III) el regreso de la región como proveedor de materias primas a la economía mundial, redefiniendo –en muchos casos– la lógica de una inserción externa similar a la época colonial; (IV) el creciente proceso de mercantilización de la tierra, incluso con el rol del capital ficticio (especulativo, improductivo), profundiza la concentración de la propiedad de la tierra; (V) incremento del papel de las firmas trasnacionales como agentes fundamentales de la neocolonización en acuerdo con empresas “nacionales” que actúan con la misma intención de extracción, explotación y depredación.
 
Asociado a este modelo de producción basado en la agroindustria, es también característica de la región la presencia de políticas sociales compensatorias. Ellas tienen sus modalidades particulares en cada país, pero en el mejor de los casos (allí donde tratan de aplicar estrategias para la transformación más radical), tienen un carácter puramente redistributivo, incapaz de avanzar en la discusión de la transformación del modelo productivo.
 
Las estrategias de desarrollo alternativo, a su vez, continúan desarrollándose dentro de los procesos de integración mercantil neoliberal, tales como, el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Suramericana Regional) que está diseñado para consolidar y profundizar el modelo productivo caracterizado previamente y, consecuentemente, el dominio de las empresas trasnacionales.
 
Dominio que se ve reforzado por la presencia y el reconocimiento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución vinculada al Banco Mundial que tiene por objeto salvaguardar los intereses de inversores internacionales en litigios con algunos países; es decir, es una institución que, a expensas de los intereses nacionales y regionales, garantiza la libre circulación de capitales y sigue siendo el fiel de la balanza en las relaciones de nuestros países con las naciones centrales y las empresas trasnacionales.
 
Se ha dado mucha importancia y se han generado múltiples expectativas con la creación de organismos multinacionales regionales. Se ha sostenido la necesidad de promover una nueva arquitectura financiera regional como pilar estratégico del desarrollo alternativo de la región. Uno de sus componentes, el Banco del Sur, sería una forma que nuestras economías tendrían para utilizar las reservas internacionales acumuladas y financiar proyectos que buscan cambiar el modelo productivo actual, al mismo tiempo que esta medida llevaría a una reducción de nuestra dependencia frente a la lógica de acumulación de las economías centrales. Poco, muy poco se avanzó en este sentido. (4)
 
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) reúne en su seno, desde un punto de vista geopolítico, al agua y al aceite: por un lado, los socios principales de Estados Unidos, como Colombia, Perú y Chile; por otro, los que buscan independizarse de la potencia del norte, como Bolivia, Ecuador y Venezuela. La gran potencia del sur, Brasil, desarrolla sus políticas de alianza tratando de usar a unos y a otros en función de su proyecto geopolítico estratégico.
 
Avances, riesgos y desafíos para los gobiernos progresistas
 
Uno de los principales rasgos del proceso político y económico de América del Sur es la pérdida de soberanía sobre sus recursos naturales. Dada la configuración del proceso de acumulación capitalista a escala planetaria y la nueva división internacional del trabajo, es indiscutible la importancia que han adquirido los hidrocarburos, los minerales, las fuentes de agua y la biodiversidad de que dispone América del Sur. Las trasnacionales han impuesto un modelo “reprimarizador” de las economías latinoamericanas, basado en la explotación indiscriminada de esas riquezas naturales. En diferentes países es notorio el alistamiento del territorio para proyectos en hidrocarburos, en minería, construcción de nuevas represas, explotación maderera, accesos a fuentes de agua, proyectos de agrocombustibles o de producción de soya, entre otros.
 
 
Es claro que en la actualidad la disputa por la renta de los recursos naturales se ha acentuado y que el debate político y económico guarda relación no sólo con la forma, sino con el destino que ha de dársele a esa renta, fundamentalmente en los gobiernos progresistas del norte sudamericano. Los regímenes existentes en los progresistas del sur son en extremo generosos con el capital trasnacional y lo que se está observando es una verdadera feria de la riqueza latinoamericana. Buena parte del territorio de la región está siendo adquirido por empresas trasnacionales, lo cual tendrá repercusiones incalculables en el largo plazo –allí no importará si nos “ocupan” estadunidenses, chinos o europeos–, lo fundamental es que se profundiza la neocolonización de nuestro continente. Poco importa, desde el punto de vista de la independencia económica y política, si parte de esa inversión/invasión extranjera directa genera, en el corto plazo, excedentes para ejecutar políticas sociales de diverso tipo.
 
 

Esta embarcación hecha con carrizos, surca el lago Titicaca, en Bolivia, para participar en un festival que forma parte de las celebraciones de Santiago apóstol

 

 

 
La extranjerización, la primarización y el extractivismo depredador generan hambre, desarraigo y muerte en las naciones periféricas, para mantener y acrecentar los niveles de consumo de las clases dominantes en los países centrales.
 
Más allá de las condiciones nacionales desiguales, la experiencia de algunos países progresistas en el norte sudcontinental demuestra que es posible y absolutamente necesario elaborar e implementar una política de recuperación de propiedad de los recursos naturales.
 
Si bien la correlación internacional de fuerzas y la misma voluntad política de los respectivos gobiernos no han posibilitado adelantar procesos de nacionalización con la misma radicalidad de otros tiempos, debe destacarse el proceso de nacionalizaciones en Venezuela, único país de América del Sur donde la inversión extranjera directa se ha reducido. En la misma dirección, sin llegar a la nacionalización, se han realizado acciones en Bolivia, Ecuador y la propia Venezuela que han permitido recuperar parte de la renta proveniente de tales recursos, afectando intereses trasnacionales, a fin de ser destinada para propósitos que pueden favorecer a las mayorías explotadas.
 
En esos países se encuentran en pleno despliegue los debates acerca de la necesidad de elaborar un modelo de desarrollo alternativo, a pesar de los afanes desestabilizadores provenientes del norte del continente.
 
No podemos ignorar que en los países con gobiernos progresistas los intereses del trabajo y el capital conviven y disputan en temas cardinales, en particular en aquellos relacionados con la inserción internacional, la concentración y la extranjerización del sector productivo y, por supuesto, la distribución del valor agregado y las normas laborales entre patrones y asalariados. Todo ello en el conjunto de un sistema productivo que se ha caracterizado históricamente por su mala calidad y la baja incorporación de valor agregado.
 
El dominio del capital ha crecido, a pesar de los triunfos políticos progresistas, y se consolidó el modelo extractivista exportador, con su consecuente proceso de primarización, la profundización de la apertura a la inversión trasnacional en nuevas instalaciones y la  extranjerización de la capacidad productiva existente, en particular la tierra y los recursos del subsuelo.
 
El peso de la clase trabajadora en estos gobiernos se muestra en la ampliación de los derechos de los asalariados, el consecuente fortalecimiento de los sindicatos y las mejoras salariales. Sin embargo, el rasgo capitalista estructural, la explotación de la fuerza de trabajo, mantiene sus características principales: precariedad, informalidad y bajos salarios en la mayoría de los sectores. Actualmente se agrava la situación porque en muchos países progresistas se está precarizando el trabajo en el sector público.
 
La crisis económica mundial puede desestabilizar estos gobiernos al reducir la disponibilidad de recursos para financiar sus políticas como consecuencia de la caída de la demanda de materias primas, en volumen y precios; la recuperación del valor relativo del dólar, con las consiguientes devaluaciones en nuestros países; el aumento de los intereses de la deuda externa que se acrecentó a lo largo de estos años, y el retraimiento de la entrada de capitales.
 
En dicho contexto de crisis mundial, cuando se agudiza la lucha de clases, se debilitará uno de los pilares fundamentales del apoyo electoral de estos gobiernos, basado materialmente en: a) los beneficios salariales, las mejoras en las condiciones laborales y las políticas asistencialistas, que benefician a importantes sectores populares; b) el ingreso permanente de inversiones extranjeras directas que dinamizan la economía y generan empleo, básicamente en el corto plazo, por lo cual reciben el apoyo, explícito o implícito, de trabajadores y empresarios. Se debe trabajar mucho en cada uno de estos países para sortear los riesgos del contexto internacional actual, corregir las desviaciones internas en los procesos más avanzados y modificar el rumbo en aquellos donde se profundiza el capitalismo. Los procesos de cambio social profundo nunca fueron fáciles.
 
1.- Banco Mundial, El Estado en un mundo en transformación, Washington, DC, 197.
 
2.- Lanzaro, Jorge, semanario Brecha, Montevideo, 12 de abril de 2013.
 
3.- “Hay otros enemigos poderosos, uno de ellos es la corrupción. Yo he dicho y le he pedido al pueblo (...) la corrupción se va a tragar a la patria si no nos ponemos al frente de una poderosa lucha contra los corruptos, contra los métodos de corrupción esté donde esté”. Ver más en:
 
http:/w.20minutos.es/noticia/1853860/0/venezuela/nicolas-maduro/corrupcion/#xtor=AD-15&xts=467263
 
4.- En 207 se firmó el memorándum para la creación del Banco del Sur, el Convenio Constitutivo se firmó  el 26 de septiembre de 209 y la primera reunión de ministros para ponerlo en marcha fue el 13 de junio de este año.
 
 
 
Antonio Elías tiene maestría en economía, es docente universitario, asesor sindical, miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU) y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (Sepla).
 
Publicado en La Jornada (México)
 

 

 
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