El 29 de febrero 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU, respondiendo a una solicitud formulada por el presidente Boniface Alexandre recientemente instalado en lugar de M. Aristide, dimisionario, autorizaba, por la Resolución 1559, el envió a Haití de una fuerza interimaria multinacional. Por esta misma Resolución, el Consejo disponía el reemplazo a partir del1ero de junio, de esta fuerza por una « Misión Internacional de Estabilización » cuyo mandato y duración serian definidos posteriormente en un plazo de 60 días. Esta Resolución recibía el acuerdo unánime de los miembros del Consejo reunidos bajo la presidencia de la Republica Popular de China que, de manera inusitada, daba su apoyo en el seno del Consejo de Seguridad a una intervención directa de tropas extranjeras en un Estado miembro. Esta Resolución referida a Haití cobraba así un carácter especial, ya que no correspondía a una situación clásica susceptible de provocar tal acción. Sin embargo, había sido precedida por un despliegue publicitario sin precedente en que la TV del mundo entero, mostraba imágenes poco usuales de violencia represiva y de acciones armadas, particularmente en Gonaïves, que hacían temer la guerra civil o un verdadero genocidio. Se realizaba también en un marco de crisis política de larga duración y de una situación donde por secunda vez en diez años, las Naciones Unidas debían intervenir no para conducir a la paz — ya que no se trata de una situación de guerra — pero para garantizar la seguridad y las condiciones de funcionamiento democrático en un Estado miembro. Tratándose de un país de America Latina y además, de una vieja Republica independiente, esta intervención ni podía faltar de llamar la atención de los analistas y observadores sobre sus causas profundas. Sobretodo cuando este dossier le correspondía a la OEA que tenia como mandato, desde la Cumbre de las Américas en Québec en 2001, de dar seguimiento al contencioso entre la oposición política y el gobierno de Haití. Sobretodo cuando Haití, durante este año trágico, celebraba sus 200 años como nación independiente. 1.- Crisis del Estado La decisión adoptada por el organismo internacional parecía corresponder al reconocimiento del « derecho de injerencia » preconizado desde algunos años por algunos Estados como propio para enfrentar situaciones excepcionales de crisis y de incapacidad por parte del Estado de asumir el poder o de à enfrentar un conflicto agudo. Correspondía a lo que parecía ser, una situación susceptible de desembocar en el caos o en una virtual guerra civil. Las imágenes de varios grupos armados, ampliamente difundidos a escala internacional, llevaba a los reporteros a precipitarse hacia Haití para « contemplar » las escenas de « la Armada caníbal » y otros espectáculos de sangre. En el plano diplomático, la Organización de las Naciones Unidas había sido suficientemente informada par los antecedentes de este verdadero colapso como para no sentirse involucrada. En efecto, en 1994, había intervenido en Haití para suplantar a las fuerzas de los Estados Unidos de alrededor de 20 mil hombres que habían desembarcado en el marco de la misión de « restauración de la democracia » patrocinada directamente por el Presidente William Jefferson Clinton. Las tropas se quedaron alrededor de 2 años, y desde la crisis electoral del año 2000, consecuencia de las elecciones fraudulentas que instalaron una Legislatura y a Aristide mismo en el poder, la OEA y más recientemente, la CARICOM, han sido parte integrante de las negociaciones y otras intervenciones tendientes a normalizar el panorama político. Estas instituciones y otras mantenían al Secretariado general ampliamente informado de las violaciones de los derechos humanos por el régimen de Puerto-Príncipe, de las dificultades en la búsqueda de un compromiso entre el poder y la oposición y de la deterioración de la situación en términos de gobernabilidad, del respeto de las reglas del Estado de derecho y de la agravación de las condiciones de vida económica y social de la población. Así la degradación acelerada del clima político, a fines del año 2003, con manifestaciones populares masivas y la irrupción en la escena de ciertos grupos armados, habían vuelto mas favorecido la argumentación de algunos Estados miembros, particularmente Francia, en pro de la eventual participación de la ONU en una misión humanitaria o de mantenimiento de la paz en Haití. En efecto, la violencia desatada por los « chimères », hombres de mano y los mafiosos al servicio, de Aristide ponía a la orden del día la cuestión del « derecho de injerencia.» Los asesinatos y exacciones de toda suerte, en un entorno de aumento de la miseria, se referían al concepto de « población en peligro » para incitar a la acción internacional. Tal decisión emanaba de la sistemática destrucción de las instituciones que alcanzo su expresión más significativa con el desmembramiento de la Policía nacional totalmente avasallada o desmoralizada. El Estado se mostró totalmente incapaz de asumir las responsabilidades y exigencias del orden democrático. El Consejo de Seguridad de la ONU podía referirse a las amenazas que implicaba una tal situación para les vidas y los bienes y los peligros que representaba Haití para la « Seguridad de la región. » Sobretodo que un clima de fin de reino nacía de la combinación de eventos importantes: la creciente movilización de la población (partidos políticos, sociedad civil, estudiantes, etc.) reclamando la salida de Aristide, la presencia inopinada de grupos armados en el norte del país y la región colindante con la Republica Dominicana, las criticas acerbas de la prensa, el cuestionamiento de la legitimidad misma del gobierno por ciertas instancias internacionales. La población, en un clima excepcionalmente tenso y frente a las amenazas y peligros creadas por las condiciones mismas de la caída de este bárbaro régimen que puso en marcha un plan de represalias) tuvo que asistir, entre desahogo, humillaciones e indignaciones, a la llegada de las tropas extranjeras venidas a restablecer el orden. Tal escenario no era de ninguna manera una innovación. En efecto, en 1915, en un contexto local de violencia y de caos, la infantería de Marines de los Estados Unidos de America había desembarcado en Puerto- Príncipe, y el saldo de esta intervención fue de 19 años de ocupación. Se trataba de « restablecer el orden democrático» en Haití. Esto, en un contexto regional de expansionismo y de injerencia. Cincuenta años después, en 1965, en un contexto regional de democratización generalizada y en un marco local marcado por un régimen de fuerza instaurado por los militares, de las tropas de los Estados Unidos de América, bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, habían intervenido con el objetivo de « restaurar la democracia.» Diez años mas tarde, el intervensionismo toma la forma de una acción internacional contra el Estado mafioso, generador de terrorismo y de anarquía, que amenazada de realizar un baño de sangre sobre una población pacifica. En esta continuidad, se proyecta como factor permanente la vigilancia de la gran potencia siempre atenta y lista a corregir cualquier desorden en su vecindario. En esta ocasión, sin embargo, tal preocupación era compartida con Francia, que más allá de cualquier actitud competitiva, manifestaba una clara coincidencia de intereses. En el fondo, tal coincidencia parecía corresponder a un imperativo de la globalización. Dado que Haití, debido a su retraso económico y social así como al arcaísmo de su sistema político, constituía una suerte de « disidencia histórica y geográfica » insoportable, según la lógica de esta globalización, recursos adecuados deberían ser movilizados para incorporarla en la normalización de los mercados, de la fuerza de trabajo, de los modos de vida y de los valores contemporáneos. Tal continuidad se refiere en definitiva a la crisis del Estado haitiano que, durante este ultimo siglo, no ha podido lograr la adecuación de su estructura, su funcionamiento, sus métodos y sus resultados, a las exigencias del mundo moderno. En el terreno político, económico, social y cultural, el Estado haitiano parece prolongar, hasta el día de hoy, el siglo XIX latinoamericano marcado por la autocracia, el régimen fuerte a ultranza que cierra los ojos a las exigencias de las mayorías, en términos de democracia, de justicia, de progreso y de desarrollo. Este Estado, expresión de una oligarquía precaria (de militares, de hombres de negocios o de políticos), no lograba, a pesar de las influencias de modernismo provenientes del extranjero bajo la forma de capital o de modelo, a dirigir la sociedad, ni a estimular a las fuerzas motrices susceptibles de asegurar su avance. Sin legitimidad, sin representación real de los productores o de los trabajadores, sin credibilidad entre los ciudadanos, el Estado se mantiene débil en su función de organización de la sociedad y fuerte en tanto que opresor, funcionando sobre una base de extorsiones y de violencia. Este déficit del Estado, de manera repetitiva, provoca pulsaciones en medio de las categorías sociales más avanzadas de una oposición ilustrada, pero sin llegar a revertir el vapor y a generar una dirección política que pueda impulsar la democracia, el desarrollo y el progreso. De ahí, un bloqueo continuo, una suerte de empate, de empantanamiento interminable, una transición que no acaba. Tal crisis de dirección, o mejor dicho esta crisis de hegemonía, no pudiendo ser resuelta en términos de desenlace violento de relación de fuerzas o de compromiso conduce a unos y otros a la tentación de buscar el apoyo de fuerzas extranjeras para rebasar el equilibrio, y lograr revertir la situación que la dinámica de las fuerzas locales no permite resolver. 2. Gradual cuestionamiento del poder personal Jean Bertrand Aristide surgió en la escena política en 1990 como líder de gran popularidad, sobretodo en los medios de los desposeídos. La revancha de los sectores conservadores haitianos tomó la forma de un golpe de estado. Democráticamente electo, fue alejado del Palacio durante 3 años durante los cuales vivió en Washington, preparando su regreso, realizado bajo el auspicio de los Estados Unidos y de la ONU. Diez años después, en 2004, su popularidad y los cambios que anunciaba, se han evaporado. Pero, por otro lado supo utilizar todos los atributos de la democracia para instaurar un poder antidemocrático basado en el asesinato político, la corrupción, el narcotráfico, la utilización de viejos métodos de mentira, de violencia, de simulación y de intimidación. Tal realidad se le fue imponiendo cada vez mas al pueblo sobretodo à partir de las elecciones del año 2000. Organizadas de manera ilegal, suscitaron una crisis postelectoral sin fin... Esta, tras mas de 3 años de cuestionamiento, de resistencia y de combate democrático, conllevo en ultima instancia, al derrocamiento de M. Aristide. De hecho, regresando del exilio con un apoyo amplio de la población y el sostén ilimitado de la comunidad internacional, el ex-cura de St-Jean Bosco había puso en evidencia su impotencia en hacer un buen uso de los inmensos recursos que podía disponer. En efecto, la comunidad internacional había afectado Una suma de alrededor de 2 mil millones de dólares, en términos de préstamos y de donaciones. Este monto esperaba nada mas que los proyectos apropiados para ser puesto à disposición del gobierno y de la población desposeída de este país. La mala gestión comprometió esta posibilidad de relanzar la economía y de garantizar el éxito de un proyecto que había suscitado tanta esperanza en los medios populares. Al mismo tiempo, en el plano político, el régimen, en vez de abrirse y de atraer a otras categorías sociales, retomo su línea de conducta demagógica y populista recurriendo más y más a la fuerza. La continuidad de este poder había sido asumida por René Préval quien le sucedió, jugando plenamente el papel de marioneta. Cumpliendo à la letra los designios de su tutor, continuó la política de este de violación de los derechos humanos, de nepotismo, y todo un juego maquiavélico destinado a garantizarle el regreso. El rechazo de la ciudadanía frente a este reino anarco-populista comenzó a manifestarse en este periodo (1995-2000). Provenía de la « Organisation du Peuple en Lutte » (OPL), representando la rama mejor organizada del movimiento que había apoyado a Aristide. Su representación parlamentaria, con mayoría relativa en la Cámara de diputados (35 de 83) y en el Senado (9 de 27), impuso al dúo presidencial Aristide/Préval un Primer ministre de la oposición, Rosny Smarth. Este tuvo todas las penas del mundo para funcionar en el marco previsto por la Constitución, viéndose constantemente hostigado por las jugadas del Ejecutivo presidencial y de las « organizaciones populares » manipuladas en los pasillos des Palacio. El Parlamento emprendió frenar las violaciones del orden republicano y otras derivas propias del poder absoluto y populista por el cual comenzaba a funcionar el presidencialismo respaldando la impunidad y las exacciones permanentes en contra de los ciudadanos. Ya a este nivel, las exigencias de la OPL en favor de la institucionalización, la modernidad, el respeto de la ley y de la Constitución configuraban todo un polo de atracción para el conjunto de la población. La capacidad de convocatoria, de movilización y la credibilidad misma del poder se derrumbaba. La propaganda gubernamental se esforzó entonces de atribuir las acciones de la oposición a las influencias proveniente del antiguo régimen duvalierista o de sectores del extranjero. En abril 1997 aborto una tentativa del presidente Préval de imponer su voluntad durante las competiciones parciales para el senado o la oposición tenia todas las chances de reforzar su mayoría. Las denuncias de la OPL contra este comportamiento antidemocrático surtieron efecto, exigiendo el respecto de las reglas del juego, alimentaron un vasto movimiento reivindicativo de los sectores populares, cada vez mas desconfiados y críticos frente a las promesas no cumplidas por el poder. Estos sectores, sin embargo, frenados, intimidados, confundidos por los métodos del populismo, tardaban en expresar en acciones autónomas o propiamente de apoyo a una oposición entonces perseguida y calumniada. A pesar de todo, la tenacidad de esta oposición, la dimisión del Primer Ministro Smarth y la imposibilidad técnica y política de remplazarlo, suscitaron apoyo en todo el país así como a las acciones de los parlamentarios y otros sectores de la prensa y de instituciones cívicas en favor del respeto del Estado de derecho. Tal situación llevó al presidente Préval à disolver el Parlamento en diciembre 1998, demostrando así la incapacidad de su régimen de poder personal de coexistir con un parlamento independiente. Mostró asimismo su negación a aplicar de hecho los prescritos de la Constitución, previendo el funcionamiento de un Ejecutivo bicéfalo conforme a las necesidades del pluralismo. 3. Laboriosa emergencia de una alternativa El año 2000, parece aun más evidente la imposibilidad del Estado, corroído por todos les vicios, de garantizar la gestión del país y de cohabitar al mismo tiempo con una oposición democrática. Esta incompatibilidad se hizo notoria, en ocasión de la convocación y la realización de las competiciones legislativas y presidenciales. En efecto, el conflicto post- electoral a que condujo, expresión de una crisis política y social mucho más profunda, traducía el arcaísmo de las estructuras y de las instituciones así que la naturaleza de las dificultades inherentes al no-desarrollo. Se profundizo a medida que se expresaba la voluntad enfermiza del Ejecutivo de imponer a la nación las alcaldías, un parlamento, un presidente, en fin, de monopolizar al Estado al servicio de un solo hombre. Les partidos de oposición que tenían todas las posibilidades de ganar las elecciones legislativas fueron despojados de todos sus puestos ganados, extorsión que se extendió al poder judicial y a las diversas instituciones del Estado incluyendo a la Policía. También, el ambiente de represión acompañando las acciones de fuerza contra toda oposición, favorizó la determinación y la acción unitaria de los partidos políticos de diversas tendencias (social-demócrata, democrático-popular, cristianos comprometidos, conservador moderado), llevándoles a reunirse en el seno de la Convergencia Democrática. Esta coalición patriótica, cuestionando la legitimidad del gobierno y denunciando sus fechorías, minó su credibilidad en el seno de la población, estimulando la resistencia ciudadana. La comunidad internacional, por su lado, particularmente la OEA, dando seguimiento a las contestaciones ciudadanas, tuvo que promover negociaciones entre las dos partes. Negociaciones laboriosas durante las cuales el Secretario general y el Secretario general-adjunto organizaron mas de una veintena de visitas a Haití. En el transcurso de esta Misión, el Consejo de la OEA y la Asamblea General de la Institución adoptaron importantes Resoluciones que suscribió el gobierno haitiano, pero que quedó letra muerta debido a la voluntad de este de imponer sus puntos de vista y de descartar todo compromiso. La dinámica de contestación y de negociación impulsada por la Convergencia condujo gradualmente a la toma de conciencia y a la acción militante de diversos sectores de la sociedad civil. Estudiantes, periodistas, organizaciones de derechos humanos, iglesias, asociaciones de mujeres y sector empresarial, se levantaron a reclamar el respeto de los derechos humanos y de los compromisos consentidos por el Estado haitiano. Así, la oposición se consolidó a pesar de la voluntad de las autoridades de ahogar toda critica, de manipular a las masas y de amordazar a la prensa. La ciudadanía comenzó a sentirse comprometida y mostraron cada vez más consciente de la naturaleza de este poder y del hecho que utilizaba, además de los mecanismos y recursos públicos, los peores instrumentos de la autocracia así como de potentes redes internacionales ligadas a su participación en el trafico de drogas. El Estado mafioso, a presentarse en nombre del pueblo y de la causa popular, se había convertido, en un instrumento eficaz à partir del non derecho, del enriquecimiento ilícito de la impunidad, de la simulación de sus objetivos bajo un velo populista y constitucionalista. Se había dotado de un poder criminal enorme, cada día más distante de la sociedad y opuesto al progreso y à la libertad. De ahí, la dicotomía volviéndose cada vez más peligrosa entre ese estado y la nación. Así, el aparato estatal al servicio, de M. Aristide, de los barones de la droga, de los aprovechadores del régimen y de sus aliados haitianos y extranjeros, demostraba que no existía mas que un objetivo, garantizar la impunidad, mantener su dominación y perennizarse en el poder. Frente a esta realidad, la nación, en un proceso difícil de toma de conciencia, de refundación, de replanteamiento de su organización social, comenzaba a definir su proyecto de construcción de las bases materiales correspondientes a su necesidad de desarrollo y de democracia. El año 2003 fue el de la ampliación y de la impulsión sostenidas de los sectores progresistas. La Convergencia Democrática, que reunía a las fuerzas políticas de la oposición, imprimió una orientación unitaria a todos los que obraban a favor del cambio. Constituía, al mismo tiempo la parte contraria del gobierno en las negociaciones con la comunidad internacional en vista de lograr un compromiso para una salida de la crisis. La acción de la Convergencia fue reforzada y renovada por ciudadanos venidos de la sociedad civil: miles de socios de las cooperativas de ahorro, despojados de sus ahorros por timadores oficiales, los estudiantes reclamando la autonomía de la Universidad y el derecho de manifestar, las iglesias asociándose a las reivindicaciones de la población, y de manera general, reclamando la buena gobernabilidad y el fin de la corrupción. La sociedad civil organizada, bajo el nombre de « grupo de los 184 », emprendió una campaña de participación cívica donde se encontraron os elementos más dinámicos de las instituciones privadas, de los reagrupamientos de universitarios, de las asociaciones de mujeres, de las organizaciones de defensa de derechos humanos, etc. La movilización de estos sectores conllevó al conjunto de la población a manifestarse contra el régimen, con el efecto de exasperar la barbarie de los órganos represivos contra estos activistas, y particularmente contra los estudiantes universitarios. Desde entonces, el movimiento cívico, reagrupando a la sociedad civil y grupos políticos, alcanzó un mayor impulso, dando lugar à manifestaciones de calle que reunían a mas de 100 mil personas. Las bases de consenso social se habían encontrado para combatir la dictadura. El esquema y el contenido de la transición a un régimen democrático y de garantía de los derechos humanos se afirmaba, y con este vasto movimiento de sociedad se desdibujaban las líneas de un proyecto alternativo de carácter republicano pudiendo conducir a la realización de las elecciones. A principios de 2004, año de celebración de los 200 años de nuestra independencia, tal movilización y el Estado de espíritu combativo de la población aparecieron claramente como la expresión de un cambio en proceso. Provocaron el derrumbe del mito de la popularidad absoluta de M. Aristide demostrando también la débil capacidad de convocatoria del líder y del partido oficial. Estos fenómenos políticos conllevaron a la ruptura de toda la lógica de funcionamiento del sistema basado en la represión, la intimidación, la manipulación y el inmovilismo de los ciudadanos. Estos, desde entonces, desafían la brutalidad de los policías y otros agentes represivos. Las instituciones de estado no podían seguir funcionando, llevando a la parálisis del aparato de opresión. El pueblo reclamaba la salida de Aristide, y esta reivindicación pacifica generalizada exasperaba la violencia de la maquina represiva. Toda esta lucha provocaba la desarticulación del sistema. Era un escenario de derrumbamiento y de implosión de un poder que parecía total y todopoderoso. Favorizó por lo tanto la entrada en escena de ciertos sectores armados provenientes ya sea de grupos paramilitares al servicio de Aristide en disidencia sobretodo en la ciudad des Gonaïves, sea de elementos del antiguo ejercito deshecho en l995 y refugiados en Republica Dominicana que penetraron por la frontera norte. En el plano internacional, la lucha unitaria de la oposición pacifica y de la sociedad civil, particularmente del « grupo de los 184 » provoco la ruptura del sistema de alianzas subordinadas de M. Aristide con la comunidad internacional. Hasta esta etapa de la resistencia del pueblo y de la violencia represiva, ilimitada y criminal, la mayor parte de los países amigos de Haití así como la OEA y la CARICOM continuaban a apoyar al gobierno, a testimoniarle complacencia sino es que complicidad. Se referían a su « legitimidad » mientras reclamaban el enderezamiento de ciertas practicas políticas ilegales y el cese de las violaciones a los derechos humanos. Con la explosión inesperada del movimiento popular y la concertación de tantos sectores sociales reclamando la salida de Aristide, la comunidad internacional debió cambiar su fusil de hombro. Por primera vez, durante la segunda quincena de febrero, personajes importantes de esta comunidad mencionaron la incapacidad del Jefe de Estado de garantizar la seguridad de las vidas y de los bienes en Haití y también de garantizar la seguridad en la región del Caribe. En función de este ambiente, una compañía privada de seguridad de los Estados Unidos, la Steele Foundation que, aseguraba, desde hace aproximadamente dos años, la seguridad de Jean Bertrand Aristide, no recibiendo mas las garantías apropiadas de las autoridades de Washington, decidió de poner fin a la delicada misión de sus agentes colocadas en el Palacio nacional,. 4.- La intervención extranjera Los días 1ero y 2 de enero de 2004 tomaron todo un significado simbólico en el proceso de constitución del consenso histórico de la nación en la búsqueda de la libertad y de una auto definición conforme a sus aspiraciones, a la dignidad humana y al desarrollo económico y social. En esta circunstancia, el pueblo haitiano, aferrado como lo sabemos, y a que punto, a los valores de la nacionalidad y de une independencia conquistada en condiciones tan heroicas, en vez de celebrar este aniversario, invadió las calles de la capital y de la provincia para decir no a la dictadura y reclamar la salida del dictador cuya conducta deshonraba a la nación. La Policía y los grupos paramilitares dieron el asalto contra los manifestantes con una violencia sin igual dejando un saldo de varios muertos y heridos. En esta ocasión, la Plataforma Democrática, coalición política donde se reagruparon las categorías sociales y políticas más diversas, desde los estudiantes, las asociaciones patronales, los sindicatos, las organizaciones campesinas, reuniendo en una palabra a la oposición política y a la sociedad civil, entregó un documento reclamando la salida de M. Aristide, al único invitado oficial de alto rango presente en las celebraciones, el presidente de África del Sur, Tabo Mbeki. El 20 de febrero siguiente, este documento servia de base a la posición de la Plataforma democrática para reiterar las posiciones de la Nación frente a las proposiciones que le eran transmitidas por una delegación internacional de alto rango, compuesta entre otras por el Subsecretario de Estado americano Roger Noriega, del Ministro Canadiense de la Francofonía, Denis Coder, del Ministro des Relaciones Exteriores de Bahamas, de altos funcionarios de la OEA, de la CARICOM y de la Unión Europea. A travès de esta delegación, la Comunidad Internacional renovaba su apoyo a que M. Aristide, jefe de un estado mafioso, se mantuviera en el poder para terminar su « mandato » hasta el 7 de febrero de 2006, invitando a la oposición a suscribir un compromiso que incluía entre otros, la designación de un Primer Ministro de consenso. Lo que la oposición rechazó. A fin de cuentas, confrontada a la firmeza de la oposición y al desmoronamiento del sistema, los socios internacionales debieron reaccionar en el sentido del movimiento general de la sociedad. Aristide fue obligado por la fuerza de las cosas a dejar el poder, evidenciando su derrota política frente al rechazo del pueblo. Así, el documento de la Plataforma Democrática, reapareció, despojado de ciertos elementos mayores de su contenido. Servio de referencia a la nueva institucionalidad precaria y formal sobre la cual la OEA y la embajada de los USA se basaban después de la salida de Aristide, para reconocer como presidente provisional, según el voto de la Constitución, al presidente de la Corte Suprema, el juez Boniface Alexandre y para la colocación de un Consejo de Sabios de 7 miembros quienes debían contribuir a la designación de un Primer Ministro de consenso y de su gobierno. De hecho, Haití entraba en otra etapa de su historia. Pero, el impulso de renovación democrática que querría imprimir el consenso histórico del 1er y 2 enero de 2004 a la difícil lucha del pueblo para librarse del despotismo, fue nuevamente desviada, sino es que truncada. Mientras tanto, había desembarcado en el país, una fuerza militar multinacional que M. Aristide había solicitado a las Naciones Unidas y en declaraciones publicas expresando así su miedo de ser arrasado por la ola de fondo de la contestación generalizada así como su obsesión de quedarse en el Palacio bajo cualquier circunstancia. Esta solicitud oficial fue reiterada por el Presidente Boniface Alexandre. Así, mediante esta intervención, se dio un corto-circuito en el proceso inusitado hacia el consenso y la determinación histórica, por lo cual la nación haitiana había emprendido de promover, en la unidad de los diversos sectores progresistas, una verdadera liberación. Puerto- Príncipe, el 10 de mayo de 2004.