El Comité Nacional de Bioseguridad del Ecuador ha manifestado la necesidad de establecer urgentemente en el Ecuador una Ley que norme el uso de organismos transgénicos dada la posibilidad de que el país firme un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Frente a esta afirmación, cabe señalar que una norma sobre Bioseguridad no se debe establecer para satisfacer los requerimientos de un acuerdo comercial sino para proteger el ambiente, la biodiversidad, la salud humana y el bienestar socioeconómico de los ecuatorianos. En este sentido, la norma debería ser el reflejo de una política de Bioseguridad de nuestro país, que sea establecida en base a una participación real de todos los involucrados y tomando en cuenta que somos un Estado pluricultural y un país megadiverso. Más aún, para el establecimiento de esta política se debería contar con estudios independientes, actualizados que demuestren la inocuidad de la introducción de transgénicos en los sistemas agrícolas de nuestro país y si estas tecnologías son social y éticamente justificables. Estos procedimientos deberían ser la base para confrontarlos al riesgo de la introducción de organismos transgénicos al Ecuador. Es necesario tener en cuenta la información actualizada, recolectada y sistematizada por gobiernos, e instituciones científicas que muestra las evidencias de los impactos negativos de los organismos genéticamente modificados, especialmente en la Biodiversidad. La contaminación genética es un hecho que se ha comprobado penosamente en México, centro de origen del maíz. También, se debe evaluar el riesgo para la producción indígena, campesina y otros sectores de agricultores y el impacto de violar sus derechos con este tipo de tecnología. Desde junio del 2003 en el país se está ejecutando un proyecto para que el Ecuador tenga un marco nacional de Bioseguridad, en este ámbito se crea este "Comité Nacional" que ahora habla de la necesidad de una regulación, seguramente porque el proyecto termina en noviembre de este año y tiene que presentar como resultado del mismo una norma escrita. Lamentablemente y a pesar de que el Proyecto lo contempla, no se ha cumplido con dos componentes importantes: a) La definición de una política de Bioseguridad, b) La participación pública. Después de varios meses de ejecución, el mencionado proyecto no ha sido capaz de establecer los mecanismos ni las estrategias para que el proyecto pueda informar y permitir la participación de los representados. El proyecto busca la formulación de normas jurídicas y administrativas sin tomar en cuenta que para que la norma cumpla con su función debe existir, entre otras cosas, la capacidad técnica independiente, de parte del Estado que garantice un control y monitoreo real de los organismos transgénicos. En el país no existe ningún laboratorio con estas características que pueda determinar si un producto es o contiene organismos genéticamente modificados. Siendo consecuentes con esta realidad y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, se debería establecer expresamente una norma que contemple una moratoria a la introducción de organismos transgénicos. De lo contrario, se contará con una cantidad de normas administrativas y procedimientos sin ninguna capacidad de control o vigilancia de esas actividades. Tal como ha sucedido en otros países de América Latina, la existencia de una norma jurídico administrativa posibilita el ingreso de transgénicos, dejándonos expuestos a los impactos negativos causados por estos organismos. La moratoria es un proceso activo, adoptado ya en otros países como por ejemplo Croacia o Benín, que permite al Ecuador garantizar los derechos de su población; conservar, promover y potenciar el uso de la biodiversidad en beneficio de todos los ecuatorianos y crear capacidad técnica nacional, independiente. * Ana Lucía Bravo es integrante de Acción Ecológica.