¿Qué ocurrió en el Perú de los últimos 20 años del siglo XX para que la violencia haya producido una enorme cantidad de muertos que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) ha calculado en 69,280 peruanas y peruanos?, ¿cómo explicar esa tragedia?, ¿qué debemos hacer para evitar que en el futuro el país vuelva a sufrir un baño de sangre como ese?, ¿qué debemos hacer para que las heridas , sobre todo de los familiares de los casi diez mil desaparecidos, cicatricen y se pueda, efectivamente, cerrar esta nueva página en la historia peruana del dolor?

 

La exposición Yuyanapaq, para recordar, 1980-2000 relato visual del conflicto armado interno en el Perú, fue un anticipo de lo que vendría después con el Informe final de la CVR. Una excelente muestra de fotografías, estéticamente presentada entre las ruinas de una vieja casona de Chorrillos y recogida en un hermoso libro (CVR, 2003 a), nos conduce sin intermediación ninguna a un primer contacto con el dolor y horror sufrido en el Perú por las víctimas del conflicto armado y sus familiares. El camino de los ojos al corazón, sin posibilidad alguna de escudarnos en las palabras que sirven a veces para contradecir lo que las fotografías cuentan, es muy rápido. Dudo que haya alguien que viendo esas imágenes no sienta un frío interior cargado de un por qué sin respuesta fácil.

 

Desde el poder, desde el privilegio del poder, la clase política y las cúpulas militares nos recomiendan el olvido: no mirar atrás para no reabrir las heridas, como si estas ya se hubieran cerrado. Desde su condición de histórico privilegio, el arzobispo de Lima, cardenal y primado de la iglesia católica propuso a mitad del trabajo de la CVR que sólo nos hacen falta el perdón y la reconciliación, sin verdad ni justicia; es decir el perdón dominical formal y verbal de lo que su religión llama pecado (Montoya, 2002 página de opinión). Desde su dolor los familiares de las víctimas de la violencia reclaman primero la verdad para saber dónde, cómo murieron sus seres queridos y qué hicieron con sus restos. Segundo, piden encontrar los restos, sepultarlos con el último adiós que inicie el cierre de las heridas. Tercero, que el poder judicial castigue a los responsables dándoles las penas que merecen. Cuarto, que los familiares reciban una justa reparación por los seres que perdieron, en ausencia de quienes vieron multiplicarse a su pobreza y abandono. Quinto, sólo cuando los cuatro primeros pasos hayan sido dados tendrá sentido el perdón real y la reconciliación para recomenzar sus vidas. Sólo en ese momento puede cerrarse la página y tendría todo sentido no mirar atrás. 

 

El Perú es un país que en 1532 nació dividido por la gran confrontación entre españoles e incas. En casi quinientos años, en varios ciclos o períodos de violencia -aún insuficientemente conocidos- el dolor ha dejado huellas imborrables. Si en 1532 hubo en la sociedad inca nueve millones de habitantes, de acuerdo a un cálculo prudente del historiador inglés David Cook, un siglo después, sólo quedaba un millón. (Cook, 1981). Nunca podremos saber con precisión cuántos murieron directamente por manos de guerreros españolas, cuántos por las enfermedades nuevas como la gripe o el sarampión, y cuántos de pena por ver que su mundo se ponía “al revés” y de saber que sus Dioses enmudecieron, callaron, fugaron o murieron. Sí sabemos que entre otras cosas, como escribió José Carlos Mariátegui, que” la conquista fue, ante todo, una tremenda carnicería” (Mariátegui,1968: 38). Guamán Poma de Ayala cuenta de suicidios colectivos por tanto dolor:

 

 “Dime autor, ¿cómo agora no multiplica los yndios y se hazen pobres? Diré a vuestra Magestad: lo primero que no multiplica porque lo mejor de las mugueres y donzellas lo toman los padres dotrinantes, comenderos, corregidores y españoles, mayordomos, tinientes, oficiales criados dellos y ancí hay tantos mesticillos y mesticillas en este rreyno… de todo lo dicho y daño de tanto agrauio se ahorcan ellos propios como los yndios changos de Andahuaylas. Está un cerrillo lleno de yndios, yndias. Quiere murir una uez no uerse en tanto daño”(Guamán Poma, 1980: 896-897).

 

Tampoco podremos saber cuántas personas murieron por mano ajena o de dolor y tristeza en tiempos de las conquistas incas y los traslados masivos de personas para evitar que cuestionen el orden establecido. Conocemos poco también sobre rebeliones a lo largo de la colonia pero sí que las huestes de Túpac Amaru pagaron muy cara su derrota. ¿Fueron doscientas mil las víctimas de ese otro gran ciclo de violencia y dolor? Tal vez, algunas decenas de miles más o menos, pero la magnitud del dolor fue seguramente enorme aunque menor si se le compara con la pérdida anterior de ocho millones de personas hasta 1620. Otras decenas de miles de peruanos murieron en las guerras de independencia, en rebeliones puntuales dentro de la nueva república, como aquella de los Ikichanos de Uchuraqay, en la que se habrían perdido la vida casi tres mil personas. En consecuencia, hay en Perú, particularmente en el mundo andino y amazónico, una tristeza histórica, derivada de tanto dolor. La violencia política de 1980-2000, ha sido un regreso al pasado, una rearcaización del país precisamente en el último tercio del siglo XX en el que la necesidad de un sistema político democrático apareció con claridad en el horizonte político, inmediatamente después de la frustrada aventura velasquista de 1968-1975.

 

Comento, en este artículo, el informe final de la CVR, a través de algunos puntos centrales. Señalo sus virtudes y defectos, lo defiendo y critico, al mismo tiempo.

 

 

 

Formar una comisión de la verdad fue un acierto del gobierno de transición del Dr. Paniagua, 200-2001. El famoso informe “Nunca Más” de la Comisión de la Verdad en Argentina fue junto con los informes de comisiones parecidas en Guatemala, San Salvador, Chile y África del Sur, el punto de partida de la Comisión creada en Perú un mes antes de la entrega del poder al presidente Alejandro Toledo el 28 de julio de 2001.  El gobierno de Paniagua convocó a 10 personas: el Dr. Salomón Lerner, filósofo, rector de la Universidad Católica de Lima, como presidente; el antropólogo Carlos Iván Degregori, el ingeniero Carlos Tapia y el Ingeniero Alberto Morote, tres profesionales vinculados a la región de Ayacucho; la socióloga Sofía Macher, representante de la Coordinadora de Asociaciones del Defensa de Derechos humanos; los abogados y sociólogos Rolando Ames y Enrique Bernales; la abogada Beatriz Alva, que había sido alta funcionaria en el régimen de Fujimori, el sacerdote católico Gastón Garatea y el pastor protestante Humberto Lay.

 

El presidente Toledo aceptó el nombramiento de la Comisión e introdujo un cambio sustancial en el nombre de la comisión, que pasó a ser “de la verdad y reconciliación” y agregó tres nuevos miembros: el General FAP retirado, Luis Arias Grazziani que se convirtió, además, en jefe del equipo de asesores del presidente Toledo, y dos representantes más de la iglesia católica: los monseñores José Antúnez de Mayolo y Luis Bambarén, presidente del Episcopado, este último como miembro observador. [2] Con estos cambios, el peso de la Iglesia católica fue  multiplicado y las Fuerzas Armadas se impusieron, de hecho, como juez y parte, dando lugar a una amplia protesta de parte de los familiares de las víctimas que con igual derecho reclamaban estar representados en la Comisión. Dos obispos y un cura, además de varios de los profesionales de la Universidad Católica, constituyen una evidente sobre representación de la iglesia católica. Aparentemente, con uno solo representante habría sido suficiente, pero ocurre que no hay una sola iglesia católica sino por lo menos tres tendencias claramente diferenciadas: una que corresponde a la jerarquía, otra a lo que se llama “teología de la liberación” y una última, a la iglesia de base que no se reconoce en ninguna de las dos primeras. Parece que en un tema tan importante como el de la CVR era necesario dar una representación a esas tendencias. Ha sido visible la influencia del cardenal en el presidente Toledo, sobre todo en su reclamo de una reconciliación como un eje nuevo e importante para la comisión. La sorpresiva presencia de un general retirado se debe, seguramente, a un reclamo de las Fuerzas Armadas para no estar fuera de una investigación en la que tenían mucho que perder y además, participar desde adentro en el nuevo gobierno del presidente Toledo, si se tiene en cuenta que desde el principio hasta hoy, fines de junio de 2004, el general Arias Graziani es jefe del equipo de asesores del presidente de la república [3].

El trabajo de la CVR ha sido muy vasto y complejo: numerosos equipos con profesionales de formaciones diversas, hicieron estudios a profundidad que sirvieron como insumos para que los comisionados los examinen y se sirvan de ellos para poder explicar lo que pudo haber ocurrido. Una primera novedad de su trabajo fue la realización de sesiones públicas en las que las víctimas de ambos lados de la violencia y los actores de la confrontación, con una excepción, contaron en castellano, quechua y lenguas amazónicas, lo que les ocurrió. Las imágenes trasmitidas por la televisión en escala nacional, fueron útiles para sensibilizar a la población de la tragedia ocurrida. Desfilaron por las audiencias además de las víctimas, dirigentes senderistas, emerretistas, de los Comités de defensa Civil, campesinos, indígenas, dirigentes de partidos políticos. No sabemos si la CVR invitó a las fuerzas armadas a presentarse en esas sesiones. Probablemente sí, pero como los oficiales fueron los únicos ausentes, no es osado suponer que las fuerzas armadas se negaron a aceptar que sus oficiales sean sometidos a esos interrogatorios públicos. La CVR evitó tocar el punto y no explicó por qué se negaron las fuerzas armadas y tampoco por qué la CVR aceptó ese rechazo. El desentierro de cadáveres en algunas tumbas, no en todas, contando con servicios de especialistas antropólogos forenses, fue una segunda novedad.

El enorme trabajo de la CVR ha sido inicialmente presentado en un disco compacto (CD), en una versión resumida en castellano [4]. El primer volumen de una serie de libros con el informe final completo ha sido publicado también. Cito, a continuación, el índice de ese informe general: Tomo I, primera parte: proceso, hechos, víctimas, prefacio, introducción, sección primera: exposición general del proceso, capítulo 1: períodos de la violencia, 2, despliegue regional, 3, rostros y perfiles de la violencia, 4, dimensión jurídica de los hechos. Tomo II, Sección segunda: actores del conflicto: capítulo 1: actores armados: Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, Fuerzas Policiales, Fuerzas Armadas, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, Comités de autodefensa. Tomo III,  2, actores políticos e institucionales: gobiernos de Acción Popular, partido Aprista Peruano, la década del noventa y dos gobiernos de Alberto Fujimori, partidos de izquierda, poderes legislativo y judicial. 3: organizaciones sociales: movimiento de derechos humanos, sindicatos, gremios empresariales y organizaciones de mujeres, iglesias católica y evangélicas, medios de comunicación, sistema educativo y magisterio, universidades. Tomo IV: Sección tercera: escenarios de la violencia, Capítulo 1,  violencia en las regiones Sur Central, Centro, Sur Andino, Nororiente, Lima Metropolitana y ejes complementarios. Tomo V: Capítulo 2: Historias representativas de la violencia: el PCP-SL en el campo ayacuchano: inicios del conflicto armado interno; violencia en las comunidades de Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca; casos de Chungui y de la Oreja de Perro; caso de Uchuraccay; la SAIS Cahuide;  Los sindicatos mineros;  Molinos: derrota del MRTA en la región central; los pueblos indígenas y el caso de los asháninkas; el PCP-SL durante el auge de la droga en el Alto Huallaga; el frente nororiental del MRTA en San Martín; violencia y narcotráfico en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo;  estrategia de pacificación en la margen izquierda del río Huallaga; violencia en Huaycán; Raucana: un intento de comité político abierto;  sindicatos de la carretera central: entre el radicalismo o la resignación; batalla por las barriadas de Lima: el caso de Villar El Salvador; el PCP-SL y la batalla por Puno; Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga; Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta; Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Universidad Nacional del Centro; las cárceles; narcotráfico, conflicto armado interno y corrupción. Tomo VI, sección cuarta, crímenes y violaciones de los derechos humanos: capítulo 1, patrones en la perpetración de crímenes y violaciones de derechos humanos: asesinatos y masacres; desapariciones forzadas; ejecuciones arbitrarias; tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes; violencia sexual contra la mujer; violación del debido proceso; secuestro y toma de rehenes; violencia contra niños y niñas; violación de los derechos colectivos. Tomo VII, casos investigados por la CVR: ejecuciones extrajudiciales en el Hospital de Ayacucho (1982); atentado contra el local de Acción Popular (1983); ejecución extrajudicial en la base militar de Totos (1983); asesinatos de Canchacancha (1983); ejecuciones extrajudiciales en Sillaccasa (1983),  Lucanamarca (1983), Socos (1983), Ccarpaccasa (1983); desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales en la base militar Los Cabitos (1983-1985); ejecuciones extrajudiciales de creyentes evangélicos en Callqui (1984); ejecuciones extrajudiciales comprobadas en las fosas de Pucayacu (1984); desaparición del periodista Jaime Ayala (1984); tortura y ejecución extrajudicial de Jesús Oropeza (1984); ejecuciones extrajudiciales en Putis (1984), Accomarca (1985); lesiones graves producidas a Domingo García Rada (1985); ejecuciones extrajudiciales en Pucayacu II (1985); ataque del PCP-SL a la localidad de Marcas (1985); asesinatos del comando paramilitar autodenominado Rodrigo Franco (1985-1990); asesinato del almirante Ponce Canessa (1986);  asesinatos en Huayao (1992);  ejecuciones extrajudiciales de universitarios de La Cantuta (1992); ejecuciones extrajudiciales de Pomatambo y Parcco Alto (1986); asesinatos de Rodrigo Franco (1987) y de César López Silva (1987); Desapariciones en la base militar de Santa Rosa, Checaza,  (1988);  ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento en Cayara (1988); masacre en la comunidad de Aranhuay (1988); asesinato de autoridades comunales de Changos Alto y Chicche (1989); desaparición del jefe asháninka Alejandro Calderón (1989);  masacre de los pobladores de Pacchas en Huamanga (1989);  ejecuciones extrajudiciales de Abel Malpartida Páez y Luis Álvarez (1989); asesinatos durante el ataque al puesto policial de Uchiza (1989); asesinatos de Bárbara D’Achille y Carlos Bohórquez (1989) y Fermín Azparrent (1989); ataque al regimiento Húsares de Junín (1989); ejecuciones extrajudiciales en el distrito de Los Molinos (1989) y Pucará (1989); asesinato de nueve pobladores en Yumbatos, San Martín (1989);  desaparición de Ángel Escobar Jurado (1990); desapariciones y torturas en la base militar Los Laureles (Esaú, Cajas) (1990); desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Chumbivilcas (1990); asesinato de Orestes Rodríguez (1990); desapariciones de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro (1990-1992); ejecuciones extrajudiciales en Barrios Altos (1991); desapariciones forzadas y asesinato de autoridades en Chuschi (1991); desapariciones de los candidatos a la alcaldía de Huancapi (1991);  asesinato de Porfirio Suni (1991); asesinatos de los sacerdotes Strzalkowski, Tomaszek y Dordi (1991); ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara (1991); lesiones graves producidas a Ana Lira (1992); ejecuciones extrajudiciales en Apiza (1992); desaparición de campesinos del Santa (1992); secuestro y asesinato de David Ballón Vera (1992); asesinato de Manuel Tumba (1992); secuestro del empresario Samuel Dyer Ampudia (1992); asesinatos de María Elena Moyano (1992), Pascuala Rosado (1996) y  Pedro Huillca Tecse (1992); desaparición de Pedro Yauri (1992);  asesinatos y lesiones graves producidos en el atentado de Tarata (1992); asesinatos en Pichanaki (1993);  injusta incriminación y tratos crueles contra Juan Mallea (1993); asesinato de policías, autoridades locales y candidatos en Ajoyani y Antauta (1993); ejecuciones extrajudiciales durante la estrategia contrasubversiva en la margen izquierda del río Huallaga (1989-1994); asesinato de Indalecio Pomatanta (1995);  ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón (1997); ejecuciones extrajudiciales en el penal de El Frontón y Lurigancho (1986) y en el penal de Canto Grande (1992); asesinato de campesinos en Lucmahuaycco (1984); asesinatos y violaciones de los derechos humanos en Mazamari (1993); Violaciones de los derechos humanos en la base militar de Capaya (1987-1989); tortura y asesinato de Rafael Salgado Castilla (1992); ejecuciones extrajudiciales de Luis Morales Ortega, la familia Solier, Leonor Zamora y otros (1991). Tomo VIII, segunda parte: factores que hicieron posible la violencia, Capitulo 1: explicando el conflicto armado interno, 2, impacto diferenciado de la violencia, violencia y desigualdad de género, violencia y desigualdad racial y étnica. Tercera parte: secuelas de la violencia, Capítulo 1: secuelas psicosociales, 2,  sociopolíticas, 3, económicas, conclusiones generales, carta del General Luis Arias Graziani. Tomo IX: cuarta parte: recomendaciones de la CVR: hacia la reconciliación, Capítulo 1: Fundamentos de la reconciliación, 2, recomendaciones: reformas institucionales, programa integral de reparaciones, plan nacional de intervención antropológica forense, mecanismos de seguimiento. Anexos: 1: Cronología 1978-2000, 2, estimación del total de víctimas, 3, compendio estadístico, 4, casos y víctimas registradas por la CVR: nómina de personas muertas y desaparecidas entre 1980 y el 2000 reportadas a la CVR, lista de casos y hechos de violencia reconstruidos por la CVR según departamento y año, índice alfabético de víctimas y personas involucradas en hechos de violencia reportados a la CVR, 5, iniciativa sobre personas desaparecidas conformada por la CVR, la Defensoría del Pueblo, la CNDDHH y el CICR, 6, programa integral de reparaciones: cuadro sinóptico por programa, por beneficiario, legislación vigente que otorga beneficios a ciertos sectores, lista de organizaciones no gubernamentales que apoyaron el trabajo del área de reparaciones de la CVR.

 

He presentado todo el índice del informe final con el explícito deseo de que quienes lean este artículo puedan apreciar la magnitud del inmenso dolor y horror producido por la falta de respeto a las vidas y derechos de personas indígenas del Perú, secularmente excluidas y menos preciadas. ¿Se trata de casos excepcionales cometidos por algunos individuos o, por el contrario, de una conducta sistemática través de órdenes dadas por los altos mandos de las dos fuerzas en presencia? Una simple lectura del índice ofrece un inicial y panorámico elemento de respuesta.

 

El rechazo a la constitución de la CVR desde gran parte de la clase política y las fuerzas armadas fue mayor desde un mes antes de la entrega del informe final, a fines de agosto de 2003 [5]. Los apristas de Ayacucho organizaron una marcha de protesta cuando la CVR presentó públicamente, por primera vez, los testimonios de las víctimas de ambos bandos en la ciudad de Huyamanga. Los argumentos del APRA, compartidos con las fuerzas armadas, la cúpula de la iglesia católica y los dirigentes de Acción Popular, fueron: no tiene sentido volver al pasado, dejen a los muertos en paz, ninguna comisión tiene derecho alguno de juzgar, la CVR ha sido nombrada a dedo por el gobierno, hay ex comunistas entre sus miembros, no puede tratarse mal a las fuerzas armadas y policiales porque son instituciones tutelares que cumplen su deber de defender la democracia etc. Era evidente que las fuerzas armadas y la clase política no tenían voluntad alguna de ver auto críticamente su actuación en el caso de la violencia política. Con su facilidad para aparecer en los medios de comunicación, hicieron todo lo posible para minimizar la importancia del informe final. Sin haberlo visto o leído, pero seguramente informados sobre el contenido y las responsabilidades atribuidas, quienes se sentían víctimas de la CVR se opusieron rotundamente al Informe Final. No tuvieron la delicadeza de esperar su publicación para leerlo y discutirlo. No les pareció necesario, lo que les importaba era descalificar a la CVR, tratar de quitarle toda autoridad posible y evitar que sus conclusiones y sugerencias puedan dañar sus imágenes e intereses.

 

Una semana antes de la entrega del informe final los medios de información dieron cuenta de un supuesto ataque senderista en un centro minero de Ayacucho. Una columna armada hasta los dientes habría tomado muchos rehenes entre el personal técnico de la mina. ¿Sendero otra vez? Se preguntó una buena parte de la población urbana del país. El histórico sensacionalismo y amarillismo de una buena parte de los medios de comunicación apareció de modo transparente, anunciando que el Perú volvía a tiempos de bombas y violencia. En medio de esta preocupación, deliberadamente producida en la población, el comando militar de Ayacucho informó que los rehenes habían sido liberados gracias a un operativo valiente y decidido de las fuerzas armadas. No hubo un tiro, la columna armada de sendero desapareció por encanto, pese a que habría sido perseguida por centenares de soldados por aire y tierra. Desde entonces hasta hoy no volvió a hablarse más del asunto. ¿Fue cierta toda esta historia o se trató de un operativo psico social más? Una semana antes de la entrega del Informe final de la CVR la población peruana recibió algunos mensajes precisos: “Sendero no ha desaparecido”, “las fuerzas armadas defienden la democracia y la sociedad peruana”, “acaban de lograr una gran victoria”, “cuidado con los ataques que viene contra las fuerzas armadas, estas fuerzas son indispensables para enfrentar nuevamente a Sendero”.  

 

En la ceremonia de presentación del informe final en palacio de gobierno y ante cámaras de televisión pudimos ver el rostro del presidente Toledo en diversos pasajes del discurso pronunciado por el Dr. Salomón Lerner. Era inocultable su desagrado y molestia. Frente a la firmeza y emoción de Lerner, evidente y sinceramente conmovido por dos años de trabajo con el dolor y la tristeza, día a día, Toledo mostraba una cólera contenida. No hay duda que el presidente Toledo sabía lo que el informe contenía porque el General en retiro Arias Graziani, nombrado por él en la CVR era y es el jefe de a oficina de asesores de la presidencia, pero probablemente no conocía el discurso ni su tono firme y emotivo [6]. La CVR informó que un día antes de la entrega del informe final, el general Arias Graziani entregó una carta señalando su desacuerdo y distancias con las conclusiones del informe final. Se trata de un texto muy importante que debe ser leído como una posición de las fuerzas armadas. En efecto, inmediatamente después de presentado el informe general 43 ex comandantes generales de las fuerzas armadas firmaron un pronunciamiento público en el que afirman que las fuerzas armadas no siguieron una práctica sistemática e indiscriminada de violación de derechos humanos y que sólo podían aceptar algunos lamentables excesos cometidos por algunos individuos.

 

En su carta, el general en retiro Arias Grazziani afirma que suscribe el informe final “bajo reserva”. Sostiene que las fuerzas armadas cumplieron con su deber porque “participaron en la acción contra subversiva en cumplimiento de su misión Constitucional, por disposición de los Gobiernos de turno en dos décadas”, que el número de 69   muertos es una cifra no comprobada. El general reconoce que ha habido casos de violación de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzaza armadas. “Al margen de ser verdad que las huestes terroristas violaron sistemáticamente los derechos humanos, es innegable que en base a la recopilación de más de 16,000 testimonios hecha por la Comisión, se demostraría que también han existido casos en que miembros de las Fuerzas del Orden, excediendo su función, han violado los Derechos Humanos. Sin embargo, no debe dejar de considerarse que los referidos testimonios, por su propia naturaleza de prueba indirecta, son indicios y, por tanto, deberá ser el Poder Jurisdiccional el que, respetando el Debido Proceso, individualice y juzgue a los presuntos responsables, sin que pueda la Comisión adelantar juicio definitivo sobre situaciones jurídicas individuales. Esa actitud no es conducente con la Verdad. Sin perjuicio de ello, creo que en el Informe deben figurar los nombres de aquellos cuya responsabilidad se presume con un alto grado de veracidad y que en la mayoría de los casos son ya de conocimiento público, para evitar así que una reserva absoluta coadyuve a mantener un anonimato incompatible con la verdad comprobada. Es nuestra opinión que la relación del resto de presuntos responsables debe ser entregada reservadamente al Gobierno, para que éste, a su vez, lo remita al Ministerio Público para la investigación correspondiente. Esta institución y el Poder Judicial serán los que precisen las

responsabilidades a que hubiere lugar”. (CVR, Informe Final, tomo VIII) El general no dice cuántos casos.

 

Por su lado, los dirigentes del APRA y Acción Popular, en cuyos períodos la represión fue brutal y enorme el número de muertos, clamaron su inocencia y sostuvieron que el número de víctimas fue inevitable debido a la naturaleza de la guerra y que las fuerzas armadas habían cumplido con el encargo constitucional y no debían ser acusadas. Desde el Japón, Alberto Fujimori, ciudadano japonés y ex presidente del Perú, se declaró igualmente inocente. En la orilla contraria, lo poco que queda del senderismo dio a entender que las guerras son siempre cruentas y que la responsabilidad mayor correspondía a las fuerzas armadas. En consecuencia, prácticamente nadie aceptó responsabilidad alguna. En otros términos, se trataría de otro capítulo más de la vieja historia del “borrón y copia nueva”, de volver la página, de no buscar responsables ni culpables, seguir la ficción de perdonar, reconciliarse, seguir adelante y no mirar atrás.

 

Los familiares de las víctimas reclamaron que las conclusiones de la CVR sean atendidas por el gobierno para que los restos de sus seres queridos sean devueltos y enterrados, para que los responsables sean juzgados y condenados por el poder judicial y para que, finalmente, las reparaciones colectivas e individuales sean efectivas.

 

Diez meses después de entregado el Informe general desde el poder judicial no se ha avanzado prácticamente nada. No se han abierto los procesos judiciales sugeridos por la CVR contra un conjunto de personas cuyos nombres y apellidos figuran en una lista secreta. Jueces y vocales lamentan que el poder judicial no tiene recursos para ocuparse de las denuncias de la CVR. El propio presidente de la República y otros voceros del gobierno han declarado públicamente que no habrán reparaciones individuales para los familiares de las víctimas que cayeron por acciones de miembros diversos de las fuerzas armadas porque el tesoro público no tiene dinero para asumir un gasto tan grande. Sin embargo, las reparaciones individuales sí han sido acordadas a familiares de las víctimas en las fuerzas armadas a través de pensiones mensuales, casas, y becas de estudios para los hijos que quedaron huérfanos. Una injusticia como ésta ha sido rápidamente advertida y criticada por los familiares de las víctimas.

¿Cuántas fueron las víctimas?, ¿Quiénes fueron los responsables? Cito, a continuación algunas de las conclusiones pertinentes de la CVR:

Conclusión 2. “La CVR estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 personas.1 Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente.

Conclusión 3. La CVR afirma que el conflicto abarcó una proporción mayor del territorio nacional que cualquier otro conflicto,2 provocó enormes pérdidas económicas expresadas en destrucción de infraestructura y deterioro de la capacidad productiva de la población y

llegó a involucrar al conjunto de la sociedad.

Conclusión 4. La CVR ha constatado que existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social, y probabilidad de ser víctima de la violencia. En el departamento andino de Ayacucho se concentra más del 40 por ciento de muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Al sumar a ello las víctimas consignadas por la CVR en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín se llega al 85 por ciento de las víctimas registradas por la CVR.3

Conclusión 5. La CVR ha constatado que la población campesina fue la principal víctima de la violencia. De la totalidad de víctimas reportadas, el 79 por ciento vivía en zonas rurales y el 56 por ciento se ocupaba en actividades agropecuarias. Estas cifras contrastan con las del censo de 1993 según el cual el 29 por ciento de personas vivían en zonas rurales y el 28 por ciento de la PEA nacional estaba ocupada en el sector agropecuario.

Conclusión 6. La CVR ha podido apreciar que, conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. Del análisis de los testimonios recibidos resulta que el 75 por ciento de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno.

Conclusión 7. La CVR ha comprobado que, en términos relativos, los muertos y desaparecidos tenían grados de instrucción muy inferiores al promedio nacional. Mientras el censo nacional de 1993 indica que solamente el 40 por ciento de la población nacional tiene un nivel educativo inferior a la educación secundaria, la CVR ha encontrado que el 68 por ciento de las víctimas se encontraba por debajo de ese nivel.

Conclusión 8. La CVR concluye que la violencia impactó desigualmente en distintos ámbitos geográficos y en diferentes estratos sociales del país. Si la tasa de víctimas reportadas a la CVR respecto de la población de Ayacucho hubiera sido similar en todo el país, la violencia

hubiera ocasionado 1 millón 200 mil muertos y desaparecidos. De esa cantidad, 340 mil

hubieran ocurrido en la ciudad de Lima. (CVR informe final VOL VIII Conclusiones, pp 314-316)

 Conclusión 13. Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas a la CVR. Esta cuota tan alta de responsabilidad del PCP-SL es un caso excepcional entre los grupos subversivos de América Latina y una de las singularidades más notorias del proceso que le ha tocado analizar a la CVR.

Conclusión 55. La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación         de miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario. (CVR Informe Final, Vol VIII Conclusions, N 55, p. 323)

 

Es lamentable que la CVR no haya tenido con el número de desaparecidos el mismo interés  que tuvo con el número total de víctimas. Ocurre exactamente lo mismo con los responsables de esas desapariciones. La falta de tiempo no parece ser una razón suficiente. Para intentar llegar a una cifra global de desaparecidos y establecer proporciones de los responsables, voy a seguir el mismo razonamiento de la CVR en su proyección estadística. El número de víctimas de la guerra según los registros previos a la CVR fue de 24 692 y el número de victimas calculado por la CVR es de 69,280. La proporción de aumento entre ambas cifras es de 2,8. Por otro lado, el número de denuncias registradas sobre  desaparecidos antes de la CVR fue de 7,713 y de acuerdo a la CVR, se verificaron 2, 144 desapariciones y no tuvieron tiempo de analizar las 5,569 restantes. Del total verificado, al Estado (Fuerzas armadas, policiales, ronderos paramilitares y comités de autodefensa) le corresponderían 936 desapariciones, (43.65 %), a los grupos subversivos 730, (33.97%), y 478 habrían quedado indeterminadas, (22.38 %). Si multiplicamos el número de 7,713 denuncias sobre desaparecidos por 2.8, que es la proporción de aumento del número de victimas propuesta por la CVR tendremos un total de 21,596 desapariciones. Si mantenemos la tasa de responsabilidad de las desapariciones propuesta por la CVR en sus

2,144 desapariciones verificadas, al Estado le corresponderían 9,427 que representarían el 43.65 %; a los grupos subversivos 7,336 (33.97%) y las desapariciones sin autor conocido serían de 4,833, (22.38%).  

La cifra de 21,596 personas desaparecidas,  debe ser agregada a las grandes cifras citadas por la CVR y, con mismo énfasis e interés señalar que al Estado le corresponde la mayor responsabilidad con los 9,427 casos que representarían el 43.65 %. Establecidas estas cifras, es pertinente desprender dos conclusiones fundamentales. Una, las personas desaparecidas, fueron previamente detenidas, interrogadas, golpeadas, torturadas, liquidadas, quemadas y o enterradas en algún lugar. No hubo, en consecuencia, respeto alguno de sus derechos elementales: integridad física, defenderse en un juicio justo, vivir, ser devuelto a sus familiares para un entierro familiar y humano. Se trata de un festín de

derechos en nombre de la defensa de la democracia y del país. Dos, ¿Tiene sentido alguno que las fuerzas armadas sostengan que los casos de violaciones de derechos de las personas por parte del Estado (Fuerzas armadas, policiales, ronderos paramilitares y comités de autodefensa) sean sólo casos excepcionales atribuidos a ciertos individuos? ¿Qué constitución del estado peruano autoriza a las fueras armadas a hacer desaparecer a ciudadanos peruanos o a violar a mujeres, madres de familia o adolescentes para una supuesta defensa de la democracia? ¿De qué democracia se habla? Con prudencia la CVR afirma en su conclusión 55 que esas violaciones de derechos humanos “constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario”. Esta conclusión ha sido frontalmente rechazada por las fuerzas armadas y por gran parte de la clase política.

 

Vistas las cifras, establecidas las responsabilidades y leídos los relatos de diferentes tipos de violencia que el informe final contiene, es fácil inferir que las jerarquías de ambos bandos actuaron convencidas de que tenían derecho de matar, unos en nombre de la democracia y otros en nombre de su revolución. Compitieron para saber quién era peor y no para saber quién era mejor. No hubo superioridad moral y ética de un bando sobre el otro. Compartieron el mismo principio totalitario: “con nosotros o contra nosotros”.   Este es, en mi opinión, uno de los problemas no resueltos más graves de la confrontación entre 1980 y 2000.

 

Esta es una de las preguntas más dramáticas que brota luego de la lectura del Informe General de la CVR, después de haber visto la exposición Yupanapaq, para recordar (CVR 2003 a) y luego de haber asistido entre 1,980 y 2,000 a ese espantoso ciclo de violencia. Responderla es, seguramente, muy difícil. Apelar a la pobreza, a la falta de democracia, a la tradición autoritaria del país, a una grave confrontación étnica, puede ser útil pero insuficiente. Requerimos de un trabajo mayor para conocer nuestra historia y de un enorme esfuerzo auto crítico sin precedentes en el Perú para vernos cara a cara en el espejo y aceptar aunque nos duela la imagen que ese espejo devuelve de nosotros.

 

¿Donde y cuando situar el comienzo del desprecio por la vida? Para tratar de encontrar algunas pistas que renueven e iluminen nuestra reflexión será necesario volver los ojos sobre el papel de la iglesia católica desde 1532 y a partir de sus tesis políticas centrales llegar a la tradición greco romana como un pilar inicial de la cultura occidental. Luego, el otro pilar fundamental es la utopía de la modernidad, gestada desde el siglo XVI, que abre el horizonte político de nuestro tiempo.

 

Juan Ginés de Sepúlveda, un ilustre y sabio sacerdote católico, traductor de Aristóteles, capellán y traductor cronista del rey Carlos V, preceptor del futuro rey Felipe II, teólogo, jurista, filólogo, jefe de fila en España contra la reforma de Lutero, escribió a mediados del siglo XVI el libro Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios. Sus ideas fueron decisivas en la construcción del imperio colonial español. Su discípulo, el rey Felipe II, nombró virrey a Francisco de Toledo, forjador del imperio colonial español. Siguiendo la técnica de Sócrates, Jinés de Sepúlveda escribió un diálogo entre él, que escogió llamarse Demócrates y Leopoldo, que representa a un joven alemán equivocado por creer en las ideas de Lutero. Al final, Leopoldo, eco de Demócrates-Ginés, queda convencido de las justas causas para matar a los indios. Presento a continuación las cuatro justas causas para matar a los indios:

 

.“La primera es que siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros, incultos e inhumanos, se niegan a admitir la dominación de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos; dominación que les traería grandísimas utilidades, siendo además, cosa justas, por derecho natural que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, los hijos al padre, lo imperfecto a lo perfecto,, lo peor a lo mejor, para bien universal de todas las cosas. Este es el orden natural que la ley divina y eterna manda observar siempre. Y tal doctrina la has confirmado no solamente con la autoridad de Aristóteles…” (Ginés de Sepúlveda 1941 //1550,1780: 153).

“Los filósofos llaman servidumbre a la torpeza de entendimiento y a las costumbres inhumanas y bárbaras (Ginés de Sepúlveda 1941 //1550,1780: 83)p. 83 “Esto dice Aristóteles y con él conviene San Agustín en su carta a Vicencio” (Ginés de Sepúlveda 1941 //1550,1780: 87). 

. Segunda:“el desterrar las torpezas nefandas y el portentoso crimen de devorar carne humana, crímenes que ofenden a la naturaleza para que sigan dando culto a los demonios en vez de dárselo a Dios” (Ginés de Sepúlveda 1941 //1550,1780: 155) “A estos bárbaros contaminados con torpezas nefandas y con el impío culto de los dioses, no sólo es lícito someterlos a nuestra dominación para traerlos a la salud espiritual y a la verdadera religión por medio de la predicación evangélica , sino que se les puede castigar con guerra todavía más severa” (Ginés de Sepúlveda 1941 //1550,1780: 117).

La tercera causa justa “es salvar de graves injurias a muchos inocentes mortales a quienes estos bárbaros /los habitantes de América/ inmolaban todos los años” (Ginés de Sepúlveda 1941 //1550,1780: 155).

Finalmente, “En cuarto lugar probaste con adecuadas razones que la religión cristiana debe ser propagada por medio de la predicación evangélica … se ha desterrado de los pueblos bárbaros todo temor de sus príncipes y sacerdotes para que puedan libre e impunemente recibir la religión cristiana, desterrados en lo posible todos los obstáculos y especialmente el culto de los ídolos renovando las piadosa y justísima ley del emperador Constantino contra los paganos y la idolatría, todo lo cual has probado con autoridad de San Agustín y de San Cipriano y es evidente que nada de esto hubiera podido hacerse sino sometiendo a los bárbaros con guerra o pacificándolos de cualquier otro modo (Ginés de Sepúlveda 1941 //1550,1780//: 155)

 

Me parece pertinente subrayar la importancia del lenguaje como instrumento de dominación más allá de su función de comunicación: Jinés de Sepúlveda, amparado en los grandes sabios y doctores como San Agustín y Santo Tomás, sólo usó adjetivos para referirse a los habitantes originarios de América, denigrándolos: se refiere a ellos sólo con categorías negativas como “infieles”, “paganos”, “sodomitas”, “bárbaros”, “salvajes”, “tiranos”, “idólatras”, “incultos”, “inhumanos”, “infelices”, “necios”, “brutos”, y hasta “animales”, como “los monos” [7].  

 

Estas ideas de Ginés de Sepúlveda no serían tan importantes si sólo estuvieran impresas en un libro que terminó empolvado y olvidado en una o varias bibliotecas. Lo son porque formaron parte del pensamiento oficial de la administración colonial. En otros términos, esas ideas guiaron prácticas efectivas, se encarnaron en personas, fueron por caminos diversos, se guardaron en miles de memorias, de reprodujeron y transformaron lentamente a lo largo de cuatro siglos y medio. En la otra orilla, dentro de la iglesia, Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, se opuso a Ginés de Sepúlveda, defendió a los llamados indios considerándolos hijos del Dios católico. Pero sus ideas fueron parte de la oposición minoritaria. Las de Ginés de Sepúlveda formaban parte de la verdad oficial. No es gratuito que en el virreinato peruano se prohibiera la difusión de los textos de Bartolomé de las Casas. En esas condiciones de gran privilegio las ideas de Ginés de Sepúlveda quedaran en el inconsciente de españoles, criollos, curas, militares y hombres y mujeres del común. También en la memoria-corazón de los propios indígenas que interiorizaron y aceptaron en buena parte ese discurso contra ellos mismos.

 

Ginés de Sepúlveda estudió a fondo la tesis de la esclavitud natural propuesta por Aristóteles y la reinventó con el nombre de servidumbre natural. Los intelectuales griegos elaboraron un discurso para justificar la división de la sociedad en dos mundos: uno de ciudadanos libres y otro de esclavos; es decir de no seres humanos, para servirse de ellos, venderlos, y comprarlos, como simples mercancías. Con los valores de la sociedad feudal europea, dividida entre señores y siervos, los curas fueron los intelectuales que produjeron el discurso justificatorio de esa división. En la tradición greco romana la vida de los esclavos no tenía valor en sí, salvo como fuerza de trabajo. El valor de la vida (a secas), independientemente de la condición biológica o económica es una elaboración tardía, aún no terminada, que podría ser situada a partir de 1948 con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, inmediatamente después de la segunda guerra mundial y sus decenas de millones de muertos. En el caso peruano, APRODEH, la primera organización para la defensa de los derechos humanos, sobre todo el respeto de la vida y la libertad de las personas, fue fundada en 1983 inmediatamente después de las grandes masacres, de indígenas quechua en Ayacucho, particularmente en Huanta. Hay pues, una tradición greco romana y judeo cristiana de no respeto por la vida de los otros, considerados como inferiores, y de matar a los adversarios con absoluta facilidad y con grandes elaboraciones ideológicas fundadas en las ficciones llamadas “ley natural”, “ley de Dios”, “esclavitud natural” y “servidumbre natural” [8].  

 

En 1516, Thomas Moro, un sacerdote católico británico escribió un precioso libro de ficción, titulado Utopía, palabra inventada por él, para nombrar un lugar fuera del tiempo y del espacio. En el tiempo y espacio del medioevo europeo la sociedad era profundamente desigual: de un lado, señores y curas de la iglesia, con todos los privilegio derivados de la riqueza y el poder político; de otro, los siervos con hambre permanente y excluidos de toda posibilidad de cambiar su situación porque esa división era atribuida a la incuestionable voluntad del Dios católico. En ese tiempo, un cura crítico de su iglesia podía perder su puesto y la vida por atreverse a cuestionar el orden establecido. Tenía un recurso a su disposición: apelar a la ficción literaria. En la isla de Utopía, no había hambre, los alimentos estaban disponibles libremente en los mercados porque no había dinero. Cada uno tomaba lo que quería y podía. Todos tenían sus casas, nadie padecía de frío. La vida era maravillosa porque no habían abogados. Sin embargo, un paraíso como ese no podía ser total: los esclavos aseguraban el bien estar del resto de los habitantes. Moro, al igual que los posteriores pregoneros de la libertad cuando el mercantilismo y el capitalismo marcharon por el mundo no pudieron desprenderse de todas las ataduras de su tiempo.

 

El sueño de Moro fue considerado utópico en el sentido preciso de irrealizable o imposible.

Más tarde, cuando llegó a Europa la información de la existencia en la tierra -en América, en el Perú- de un reino sin hambre en el que cada niño venía al mundo con un topo de tierra atribuido por el ayllu para su sustento, el sueño aparentemente irrealizable parecía posible. Los cronistas españoles contaron que camino al Cusco habían qullqas, despensas con reservas de alimentos disponibles para seis meses. Garcilaso Inca de La Vega contó que el mundo de los incas se parecía muy poco a lo que escribían los cronistas de la verdad oficial de los conquistadores. No eran salvajes ni bárbaros sino creadores de una gran civilización. Con la contribución de América, fue posible que en Europa naciera la utopía de la modernidad, en el sentido preciso de un sueño posible, al alcance de las manos, como una nueva acepción de la palabra utopía [9]. 

 

La utopía de la modernidad como sueño posible con un reino de justicia y libertad abrió el horizonte de la política moderna. En el espacio del conocimiento, la razón sustituyó a la fe. Con el viejo espíritu religioso de cien mil años de la especie homo sapiens, la razón fue convertida en diosa y el etnocentrismo occidental empezó a dividir el mundo entre seres racionales e irracionales, estableciendo rotundamente el primado de la razón sobre la fe y de la racionalidad sobre la irracionalidad. Me parece pertinente citar un cuadro en aguafuerte de Francisco de Goya, célebre pintor español, que luego de los horrores de la ocupación francesa de España guerra de los franceses, pintó “El sueño de la razón produce monstruos”, que aparece en la página siguiente y es parte de su serie “Caprichos”. El pintor aparece recostado sobre un pupitre, dejando de lado sus pinceles, casi aplastado y rodeado por animales, búhos (esos que siempre presagian la muerte, uno de aparente rostro humano), un felino y varios murciélagos. El pintor había quedado profundamente herido y dolido por la invasión francesa de España y su secuela de dolor y muerte. Otro célebre cuadro suyo, aquel de los fusilamientos, es también parte de su protesta contra los monstruos. En Francia la razón fue venerada como una diosa y en su nombre fue afirmándose el sueño de una sociedad justa, libre, igualitaria, fraterna. Ese sueño parecía realizado con la revolución francesa de 1,789, pero muy pocos años después, el ejército de Napoleón invadió España y al lado de las virtudes del sueño utópico, aparecieron también sus monstruos. Desde un punto de vista distinto, puede suponerse que la razón libera los fantasmas del pintor preanunciando el surrealismo. Esta protesta de Goya es extraordinaria porque se sitúa en los primeros treinta años del siglo XIX, cuando nadie imaginaba que después vendrían las guerras llamadas mundiales del siglo XX, el GULAG y las masacres en el socialismo realmente existente de la Unión soviética. La voluntad y facilidad de matar seres humanos es el otro lado de la razón, la otra cara de la utopía de la modernidad.

 

El concepto de cambio es también una categoría esencial derivada de la utopía de la modernidad es, impuesto desde entonces como una necesidad universal. Ni en los predios de la derecha fue posible imaginar una sociedad sin cambios. Cambiar el mundo fue una promesa política primero de liberales, luego de marxistas utópicos, de socialistas, más tarde de marxistas revolucionarios y luego de social demócratas. En la vertiente marxista revolucionaria y sus diferentes tendencias se encuentran los desarrollos más extremos de la cultura política occidental creada a partir de la modernidad. Engels sostuvo que el Estado terminaría siendo un cacharro viejo en un museo y Lenin y Mao llevaron más lejos la tesis de la destrucción-demolición del estado del estado. Mao sintetizó sus propuestas afirmando que el poder nace del fusil y que sin el fusil ningún cambio es posible. Esta es la segunda gran fuente de la cultura occidental europea y su prolongación asiática para encontrar fundamentos a la facilidad de matar a adversarios y enemigos, a no tener respeto alguno por la vida da de matar. Corresponde a Mao Tse Tung la paternidad de la tesis sobre las dos líneas al interior del partido: una “revolucionaria” fundada en la verdad y otra, “contrarrevolucionaria”, fundada en la mentira. Por este principio de organización la división y multiplicación del partido en tendencias estaba asegurado y a los responsables de la línea contrarrevolucionaria había que demostrarles su error y si persistían en él, expulsarlos o matarlos. El no reconocimiento del error y del derecho a equivocarse y el castigo del error con la cárcel y la muerte es parte de la prehistoria de un sistema político llamable democrático.

 

Abimael Guzmán y sus camaradas de partido, son herederos directos de la tradición occidental moderna de hacer política y de obtener el poder a cualquier precio. No hay en su teoría y práctica ningún elemento de la cultura andina quechua, pese a haber tenido militantes de origen quechua. Han sido pocas las veces en las que las comunidades campesinas han apelado a la muerte como recurso para castigar a quienes les hacen daño. Si puede hablarse de una justicia campesina o étnica, ha sido ejercida dentro del marco de una comunidad, con un promedio de 500 personas luego de cuatro requisitos fundamentales: 1. el conocimiento exacto de la persona a la que deciden matar. 2 Luego de una situación extrema, un abuso más fuera de los ya conocidos y sufridos. 3 Luego de haber apelado una y muchas veces, inútilmente a la justicia oficial. Y 4, como consecuencia de un acuerdo colectivo unánime –“fuente ovejuna, todos a una”- para compartir la responsabilidad [10] .

 

  

 

Por otro camino, dentro del mismo horizonte histórico y político, las fuerzas armadas tienen un discurso y una práctica fundadas en la preparación para matar como un recurso legal del estado para defenderse. “El mejor enemigo es el enemigo muerto” es una consigna que expresa muy bien este principio.

 

Otro elemento de respuesta a la pregunta ¿por qué hay en el Perú esta extraordinaria capacidad de  matar ciudadanos como si no fuesen seres humanos? podría ser encontrada en el libro El malestar de la cultura de Sigmund Freud (Freud, 1930). Diez años antes de la segunda guerra mundial, Freud llamó la atención sobre la debilidad de la cultura europea de entonces para controlar el tánatos o principio de agresividad y muerte. Su tesis mayor fue muy sencilla: los seres humanos inventamos la cultura para controlar nuestros instintos, para poner límites a nuestros deseos. Cada individuo de la especie humana está habitado por una especie de instinto de agresividad, de destrucción, de auto destrucción y de muerte y; al mismo tiempo, por un instinto de vida y amor, Eros. Cuando los seres humanos somos capaces de matarnos en grandes y pequeñas guerras es porque nuestros instintos de agresión pesan más que los de vida y amor. Esta es una pista muy importante dejada por Freud y puede servirnos para entender la relación tan profunda entre la cultura occidental y la violencia. En el cine, un director como Tarantino nos invita a disfrutar viendo imágenes atroces de violencia. Una propuesta como esa goza de gran aceptación porque es presentada con las técnicas más sofisticadas de hacer cine.

 

Una pregunta es inevitable luego de haber llegado al fina de esta sección: ¿por qué la violencia en el Perú y no en Bolivia o Ecuador, países tan parecidos a Perú? Muchas son las diferencias pero dos podrían ser las de mayor importancia: de un lado, la ausencia en los países vecinos de una organización como la de Sendero Luminoso; de otro, el enorme peso de Lima sobre el resto del país. La Paz y Quito, son capitales que están en los Andes. Lima fue fundada lejos y contra el Cusco, como parte de una estrategia militar defensiva. Nos queda mucho trabajo aún por hacer para poder contestar a la pregunta objeto de esa sección.

 

La CVR hizo un estudio sobre el caso del asesinato de presos en los penales de Lima, en Julio de 1986 y otro sobre el caso Cayara. En ambos, contradice plenamente la versión aprista:

 

“Las causas de la decisión política de enfrentar el motín de esta manera se encuentran en: 1.

El plan de motín armado de Abimael Guzmán, dirigido a quebrar la política inicial de García y demostrar que en este enfrentamiento primaba una lógica de exterminio; 2. la disposición de las Fuerzas Armadas a poner en marcha la solución más violenta posible, aún mediante la improvisación de operaciones confusas y problemáticas para su profesionalismo; 3. la iniciativa del Presidente de la República, secundado por su Consejo de Ministros, sin cuyas órdenes directas, dadas al calor de los hechos, no habrían ocurrido las dos matanzas sucesivas. El 21, el gobierno ordenó al Comando Conjunto instruir al fuero militar para que investigue la matanza. El 24, García dio un mensaje al país en apoyo a las FFAA y condena al terrorismo. El 27 pronunció el famoso ultimátum «o se van ellos o me voy yo», refiriéndose a los autores de la matanza. Pero ya en setiembre, el premier Alva Castro, en un informe de investigación oficial, justifica el accionar militar en los penales, limita al mismo tiempo la responsabilidad del gobierno y habla de una nueva estrategia contrasubversiva con acciones integrales en los campos político institucionales, socioeconómicos, psicosociales y militares. El gobierno de Alan García había abandonado la consigna del «no a la barbarie» y la matanza de los penales tomaba el camino de la impunidad. Meses después, en octubre, Alan García propone, con apoyo público del Ministro de Marina, un proyecto de ley de tribunales especiales para acusados de terrorismo. La tendencia continuó, hasta culminar en el informe exculpatorio sobre la matanza de Cayara (1988)39 y la indiferencia de Alan García frente a la cuestión de si hubo sobrevivientes del MRTA o cuántos fueron los civiles muertos en el enfrentamiento de Molinos. (CVR Informe Final, Tomo II1.3. p. 278).

 

A pesar de probar la responsabilidad de Alan García, “sin cuyas órdenes directas, dadas al calor de los hechos, no habrían ocurrido las dos matanzas”, en su Conclusión 93,

 

 

¿Por qué de premisas tan firmes y duras la CVR extrae una conclusión tan débil? El señor Alan García Pérez, se sintió liberado de culpa y feliz de que la CVR le haya atribuido sólo una “responsabilidad política”, que en términos prácticos quiere decir poco o nada. Habría sido muy diferente si su nombre hubiese sido entregado en la lista secreta de casos que ajuicio de la CVR deberían ser investigados y castigados judicialmente.

 

La CVR confirma la matanza de Cayara que el APRA negó que hubiese existido y establece sólo su responsabilidad política, pese a que en ese caso Alan García nunca fue acusado de haber dado las ordenes directas para matar a los campesinos.

 

 

 

 

Yo esperaba que la CVR hiciese un estudio a fondo de lo ocurrido en Uchuraccay y sentí una gran decepción al saber que la CVR se limitaba a confirmar las conclusiones de la Comisión nombrada por el presidente Belaúnde y dirigida por Mario Vargas Llosa, en 1983. Suponía también que el camino a seguir fuese otro, muy distinto al de encargar a dos personas que limitaron su trabajo a buscar en Uchuraccay más versiones de los comuneros de lo que ya se conocía sin haber logrado ningún hallazgo suficientemente importante como para acercarse a la verdad de lo que ocurrió.

 

Lamento citar aquí mi largo artículo Otra pista para entender lo que pasó en Uchuraccay de respuesta, punto por punto, al informe de la Comisión Vargas Llosa que la CVR no tuvo en cuenta y que los dos encargados del capítulo Uchuraccay del Informe Final tampoco leyeron (Montoya, 1983). Cualquier persona que intente saber algo más de lo que pasó en Uchuraccay debiera partir de algunas preguntas básicas que la Comisión Vargas Llosa no quiso plantear. La primera y más importante es ¿Qué vieron los ocho periodistas antes de ser asesinados? o ¿qué iban a descubrir? Ellos fueron para saber si era cierta la versión oficial de la muerte de senderistas por comuneros de la región, celebrada como un gesto “gallardo” por el presidente Belaúnde. No los dejaron volver para contar lo que vieron. Sería ingenuo imaginar que los servicios de inteligencia en Ayacucho no sabían que los periodistas querían llegar a Waychau. El ejército, la marina, y la policía estaban en la zona, sabían lo que estaba pasando.

 

¿Qué armas tenían los de Uchuraqay para desafiar a Sendero? No se requiere mayor osadía para suponer que se habrían atrevido a desafiar a Sendero sólo si se sentían apoyados y defendidos por las fuerzas armadas y policiales.  

 

«Los mismos sinchis dijeron: nosotros no vendremos por tierra, sólo en helicóptero. Y si algún desconocido viene por tierra, lo matan. Así pasó» (entrevista realizada por el Comisionado Alberto Morote Sánchez el 27 (CVR Informe final Tomo V, 2.4.pp.132). Esa versión ya era conocida desde el comienzo mismo (“defiéndanse y mátenlos”). ¿Por qué los miembros de la Comisión Vargas Llosa y de la CVR no entrevistaron al General Clemente Noel, al  Teniente de la  Armada Peruana: Ismael Bravo Reid, al Teniente Guardia Civil Hugo Vidal Ulloa, al Capitán Guardia Civil Novato Soto Barreda y al Mayor FAP Jorge Ernesto Barboza Salaverry?¿No era, y es aún hoy, importante preguntar de donde bajó la orden de matar a quienes llegaran por tierra?. Si esa fue la orden por qué dejaron pasar a los periodistas si sabían que los matarían? Es altamente probable suponer que si los miembros de ambas comisiones intentaron buscar a los oficiales, estos no hayan querido responder por orden de sus comandos, como es habitual en casos parecidos. Si así fue, bueno sería saber que no quisieron responder y que ambas comisiones no pudieron hacer más. Limitarse a entrevistar a los pocos sobrevivientes que quedan en Uchuraccay es un consuelo demasiado triste y una vía que en las actuales circunstancias sigue siendo muy pobre. Veinte años después el miedo sigue habitando a los pocos actores y testigos que quedan. La propia CVR ofrece la cifra de 135 personas de Uchuraccay muertas.

 

La tesis del malentendido cultural debido al carácter primitivo de los comuneros de Uchuraccay, sostenida por la Comisión Vargas Llosa es inadmisible. Que los comuneros de Uhcuraccay hayan confundido una metralleta con una máquina fotográfica y al periodista fotógrafo de La República Jorge Sedano de 52 años, y muy gordo para quien tuvieron que alquilar una mula, con un senderista elástico de18 años, carece de todo sentido. En el informe de la CVR vuelve a hablarse de la bandera roja que los periodistas habrían llevado al aproximarse a Uchuraccay y que también por eso fueron considerados como “terrucos”. Se sabe desde hace 20 años que la historia de esa bandera fue simplemente inventada. Es absurdo suponer que los periodistas podrían haberla tenido y mostrado a los comuneros. Es imposible que los 2 quechua hablantes del grupo de periodistas y el guía Argumedo no dijeran una palabra para explicar y confirmar que los periodistas no eran senderistas. Las fotos de Willy Reto, conocidas después de la publicación del informe de la comisión Vargas Llosa prueban que los periodistas hablaron con los pobladores de Uchuraccay y que no fueron atacados de lejos como creían. Si los comuneros de Uchuraccay vieron y hablaron con ellos tuvieron que darse cuenta de que no eran senderistas.

 

En mi crítica al informe de la Comisión Vargas Llosa he señalado que la división del país en dos mundos, uno moderno y otro primitivo, corresponde a una visión antropológica hace tiempo superada y con esa dicotomía no es posible entender el país. Hay, por el contrario una articulación del mundo indígena con el Estado y la cultura occidental, desde 1532 en adelante. No son mundos separados como islas de un archipiélago que es la metáfora dualista por excelencia. Las autoridades indígenas (alcaldes Varas, por ejemplo) están sometidas a los gobernadores y subprefectos y cumplen sus órdenes. Dentro de ésta lógica, la sumisión de los alcaldes varas de Uchuraccay a la policía es un simple dato de la realidad. Ninguna de las dos comisiones se dio el trabajo de explorar posibles consecuencias de este elemento estructural de la sociedad peruana en el caso del asesinato de los periodistas.  

 

¿Puede ser aceptable que el entierro de los ocho cadáveres, desnudos, de dos en dos   y a veinte centímetros de la superficie se explique sólo por el apuro o porque era de noche? ¿Y la cultura? Desde el 28 de enero de 1983, día en el que vimos, con horror, el desentierro de los cadáveres, defendí una tesis que me parece central: Si fuera verdad que los comuneros de uchuraccay enterraron a los periodistas desnudos, de dos en dos y a veinte centímetros de la superficie, lo habrían hecho cumpliendo órdenes de personas que no tienen idea alguna de los patrones culturales andinos de la muerte. En la tradición andina quechua y aimara no se entierra jamás cadáveres desnudos. El rito del lavado de la ropa y el entierro con ropa nueva o buena y limpia es fundamental. Reunir dos cuerpos desnudos en una misma tumba es inimaginable. Y si entierra a los cuerpos a sólo veinte centímetros de la superficie eso significa entregarlos a las aves rapaces y a los zorros. Un metro y medio de profundidad es la norma, precisamente para proteger los cuerpos. Los responsables del informe sobre el caso de Uchuraccay de la CVR sostienen que los patrones culturales son diferentes en tiempos normales y en tiempos de violencia, sin decir cómo ni por qué y sin ejemplo alguno dentro de la larga tradición antropológica peruana. 

 

Al limitarse a hablar con los sobrevivientes de Uchuraccay los encargados por la CVR de estudiar el caso sólo confirmaron la versión ya conocida, que se parece a un discurso aprendido con una unanimidad preocupante: Nosotros fuimos los que matamos, todos apoyamos al presidente Belaunde, que nos defiendan y protejan. ¿Por qué mataron a todos los testigos?, ¿por qué se prohibió el ingreso de otros periodistas?, ¿por qué no se permitió que la Cruz Roja entre en la zona? Tantas prohibiciones al mismo tiempo inducen a pensar que algo muy serio debía ser plenamente escondido.

Las preguntas centrales sobre el asesinato de los ocho periodistas no tienen aún respuestas convincentes. Ya son dos comisiones y la oscuridad continúa. Si no se investiga lo que ocurrió en la orilla de oficiales del ejército, marina, aviación y soldados y policías, no sabremos lo que pasó realmente. Sería importante que los miembros de la CVR expliquen por qué le dieron tan escasa atención al caso Uchuraccay.

 

Luego de una atenta lectura del informe final de la CVR y de las reacciones sobre su trabajo antes y diez meses después de su publicación es posible ofrecer algunas conclusiones:

 

Una. A pesar de sus debilidades, errores y vacíos, prácticamente inevitables en un encargo de tal envergadura, el trabajo de la CVR debe ser respaldado. Sería lamentable que en nombre de algunas discrepancias, por importantes que estas sean, me sitúe del mismo lado de las fuerzas armadas y casi la totalidad de la clase política que rechazan ese informe para no asumir sus responsabilidades y seguir actuando impunemente. 

 

Dos. Hemos perdido una nueva oportunidad para vernos en el espejo y aceptar la imagen que éste ofrece de un país fracturado, desde el comienzo mismo de su historia en 1532. En las fuerzas armadas y policiales y en la clase política (Apra, Acción Popular y fujimorismo, principalmente) ha sido más importante ocultar sus millares de violaciones de derechos humanos que reconocer sus responsabilidades. En el otro lado, miles de senderistas y emerretistas han muerto, están presos, están desaparecidos y otros están en las cárceles pagando sus delitos. Si las jerarquías de las fuerzas armadas y policiales continúan negándose a aceptar sus responsabilidades porque creen que actuaron por encargo constitucional, cumpliendo con sus deberes, salvando al país y a la democracia, y que, por el contrario los civiles debiéramos agradecerles los servicios prestados en vez de pedirles que los juzguen y sancionen, nos están advirtiendo que cuando las circunstancias lo exijan, harán lo mismo. Si los jefes de partidos se declaran inocentes de toda responsabilidad no hay modo de resolver los problemas y por esa vía el futuro parece sombrío. Cuando los problemas no se resuelven, vuelven a presentarse, siempre recreados y generalmente agravados.

Tres. Lo importante es que el trabajo de la CVR ha servido para que se afirme en el país un espíritu de defensa de la vida y la libertad como derechos esenciales de peruanas y peruanos. Una masiva difusión del informe general en formas diversas libros, cds   exposiciones, foros y debates itinerantes en el cercado, distritos y conos de Lima y en capitales de departamentos y de provincias son sumamente útiles.

 

Cuatro. Nunca será tarde para que las fuerzas armadas y los partidos como el APRA y Acción Popular y el fujimorismo pidan público perdón por lo que hicieron y prometan nop volver a violar los derechos de ciudadanas y ciudadanos peruanos.

 

Cinco. Lo importante es que tengamos conciencia de que una tragedia como la que ha vivido Perú entre 1980 y 2000 no vuelva a repetirse. Ojalá podamos empezar a aprender del pasado para no repetir los errores y ahorrarnos nuevos millares de víctimas. La tristeza y el dolor que los asesinatos de personas indefensas producen y que resulta de modo general de todo enfrentamiento armado son demasiado grandes. Dejan heridas que no cicatrizan y personalidades de desarrollo a medias o bloqueadas.

Seis. Los nueve volúmenes del informe final de la CVR son una contribución de primer orden para conocer mejor el Perú, son valiosas fuentes para que lectoras y lectores se vean

en el espejo del Perú y aprendan a aceptar las imágenes de nuestro país escindido como condición para forjar un país distinto en que peruanos y peruanas nos veamos con respeto y consideración, como ciudadanos en igualdad de condiciones y con los mismos derechos. Ese es el clamor, la voz dolida pero firme de los familiares de decenas de millares de indígenas quechuas y amazónicos muertos, tratados como en el siglo XVI como si no fueran seres humanos o ciudadanos con derechos.

Siete. El trabajo de la CVR terminó pero quedan pendientes las tareas de seguir investigando lo que ocurrió, de devolverles los cuerpos de las víctimas a sus familiares para que el duelo termine, se cierren las heridas, se acepte la realidad como fue y los responsables sean juzgados y condenados. Con lo avanzado hasta aquí, se ha dado un paso adelante en encontrar la verdad, la justicia queda aún pendiente y el perdón y la reconciliación están muy lejos.    

 

 

Comisión de la Verdad y Reconciliación

2003 a Yuyanapaq. Para recordar 1980-2000 relato visual del conflicto armado

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1981  Demographic collapse, indian Peru 1520-1620. Cambridge University Press, Cambridge.

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1930 /19457  El mal estar en la cultura. En Obras completas, tomo III. Biblioteca

Ginés de Sepúlveda Juan

1941 /1550, 1780/ Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios.

Con una advertencia de Marcelino Menéndez y Pelayo y un estudio de

Gorriti Gustavo

2004 Mientras tanto, en palacio, Artículo de opinión en el diario “Perú 21”, del

sábado 26 de junio, pág. 8. Lima.

Guamán Poma de Ayala

Mariátegui José Carlos

1968  Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Biblioteca Amauta, Lima.

Montoya Rojas Rodrigo

2002 Mensaje de Cipriani para la Comisión de la Verdad, Diario La República, 1 de

septiembre, página de opinión. Lima.

1984 Otra pista para entender lo que pasó en Uchuraccay, artículo de nueva páginas en

el suplemento especial “Uchuraccay es una herida abierta” publicado por el diario La República el 21 de enero.

Quijano Aníbal

1988    Modernidad y utopía en América Latina. Ediciones Sociedad y Política. Lima

 

Un cuadro de pintura: Francisco de Goya, El sueño de la razón produce monstruos

 

 
 

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